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En los últimos meses, el impuesto predial se ha convertido en uno de los temas centrales de la conversación pública en Barranquilla. El malestar de un sector de la ciudadanía, motivado por incrementos que en varios casos han superado las expectativas, ha puesto bajo la lupa la gestión catastral de la ciudad. Ante este panorama, el centro de pensamiento Fundesarrollo presentó un análisis que explica el origen de estas alzas y los desafíos que enfrenta la administración para mantener la legitimidad fiscal. Lea también: Lo que debe saber sobre avalúo catastral e impuesto predial La fórmula detrás del cobro Según el documento de trabajo, el valor del impuesto predial no es caprichoso; depende de una fórmula de dos variables: el avalúo catastral y la tarifa aplicada. Fundesarrollo aclara que, dado que las tarifas no han sufrido cambios drásticos, el aumento reciente se explica primordialmente por la actualización de los avalúos. Estas actualizaciones tienen como objetivo corregir los "rezagos acumulados". Es decir, ajustar el valor registrado del predio a la realidad del mercado inmobiliario actual, que en Barranquilla ha mostrado un crecimiento sostenido, similar al de otras grandes capitales del país. Un fenómeno nacional con impacto local El informe destaca que Barranquilla no es un caso aislado. Más de 500 municipios en Colombia han atravesado procesos similares de ajuste en sus avalúos. Sin embargo, la velocidad y magnitud del ajuste en la capital del Atlántico ha generado una presión de liquidez notable en los hogares. Lea también: ¿Por qué ese aumento desaforado del avalúo catastral en 2026? El estudio advierte un punto crítico: aunque la actualización catastral busca mayor equidad tributaria (que cada quien pague según lo que vale su propiedad), puede ser contraproducente si no se tiene en cuenta la capacidad de pago real de los contribuyentes. "Se pueden generar presiones de liquidez cuando los aumentos no están acompañados por mayores ingresos en las familias", señala el análisis. El camino hacia la confianza Para Fundesarrollo, el éxito del sistema predial no solo reside en la precisión técnica de los avalúos, sino en su legitimidad social. Para ello, propone tres pilares fundamentales que la administración debería fortalecer: Transparencia: Claridad absoluta sobre cómo se calculan los nuevos valores. Gradualidad: Implementar esquemas que permitan que los aumentos sean escalonados y no un choque financiero inmediato. Comunicación pública: Mejorar el diálogo con los ciudadanos para explicar los beneficios y la necesidad del sistema. Lea también: ¿Qué esperas para hacer tu reclamo por el aumento del predial? En conclusión, el reto para Barranquilla será equilibrar la necesidad de actualizar su base fiscal con la realidad económica de sus habitantes, garantizando que el crecimiento de la ciudad no se convierta en una carga insostenible para quienes residen en ella.

En un movimiento clave para blindar la transparencia de los comicios de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el sistema de veeduría ya cuenta con 523 actores acreditados. Sin embargo, la autoridad electoral lanzó un llamado "enfático" a las 13 campañas presidenciales para que postulen a sus auditores de sistemas antes de que expire el plazo legal. Lea también: El CNE digitaliza la vigilancia electoral para las presidenciales El componente tecnológico, eje central de la logística electoral, requiere de una supervisión rigurosa por parte de las agrupaciones políticas. El CNE recordó que el plazo máximo para postular a estos expertos vence el próximo 17 de mayo a las 11:59 p.m.. Estos auditores de sistemas operan como "testigos técnicos", encargados de verificar los simulacros y los componentes tecnológicos dispuestos por la Registraduría Nacional. Su labor es fundamental para garantizar la trazabilidad, el control y la confianza en los resultados del 31 de mayo. A la fecha, el despliegue de control institucional se distribuye de la siguiente manera: 343 auditores de sistemas: Representan a distintas fuerzas políticas en niveles municipales, distritales, departamentales y nacionales. 180 observadores internacionales: Integrantes de misiones que brindarán acompañamiento durante la jornada. Entre las misiones internacionales de alto perfil ya acreditadas destacan la Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el Eurolat Global Democracy Forum (EGDF) y Latinoamericana SAS. Soporte permanente para las campañas Para asegurar que ninguna agrupación quede fuera del proceso por falta de asistencia, el CNE ha habilitado una infraestructura de apoyo que incluye: Lea también: CNE fortalece la presencia institucional en la Región Caribe Mesa de ayuda: Disponible a través de la línea #259. Plan Padrino: Un sistema de acompañamiento personalizado y atención las 24 horas del día para las agrupaciones políticas. Con esta estructura, el organismo busca ratificar la solidez de la plataforma tecnológica y asegurar que el proceso democrático se rija bajo principios de absoluta legitimidad y transparencia.

Por: John Jairo Gelvis Vargas Desde hace varios años, las universidades públicas del país han estado envueltas en controversias relacionadas con el denominado “cartel de los puntos”, un fenómeno que ha puesto en evidencia serias distorsiones en la asignación salarial de algunos docentes de planta. Diversos casos han mostrado cómo se han sobrepasado los límites establecidos por el Decreto 1279 de 2002, normativa que fija los criterios y topes para la remuneración del profesorado universitario. Resulta difícil sostener que estas situaciones sean hechas aislados cuando se repiten en distintas instituciones, lo que sugiere fallas estructurales en los mecanismos de control y supervisión. Esta problemática no solo plantea interrogantes legales, particularmente frente a posibles vulneraciones del artículo 15 del mismo decreto, sino que también abre un debate ético profundo sobre la equidad dentro del sistema educativo público. En este contexto, se percibe una desconexión entre el espíritu de la norma y su aplicación real, generando un escenario de desconfianza institucional. La falta de correctivos oportunos ha permitido que estas prácticas se normalicen en ciertos espacios académicos. A su vez, esto ha debilitado la credibilidad de las universidades frente a la sociedad. El problema no radica únicamente en los montos salariales, sino en las condiciones bajo las cuales estos se justifican. Así, se configura un ambiente propicio para tensiones internas. Todo ello sienta las bases de un posible conflicto social latente. Lea también: ¿Por qué América Latina le está dando la espalda a la Universidad? Las consecuencias de esta situación podrían ser profundas tanto en el ámbito financiero como en la estructura académica de las universidades públicas. El incremento desproporcionado de algunos salarios ha generado sobrecostos que afectan directamente la sostenibilidad presupuestal de las instituciones. En este escenario, surgen dos caminos preocupantes: una eventual reducción drástica de los salarios más altos o el incremento progresivo de las matrículas estudiantiles. Esta última opción pondría en riesgo políticas como la matrícula cero, que ha permitido ampliar el acceso a la educación superior para miles de jóvenes. Paralelamente, la concentración de recursos en un grupo reducido de docentes limita la posibilidad de abrir nuevos concursos de planta, perpetuando la precarización laboral de profesores catedráticos y ocasionales. Esta inequidad genera un sistema fragmentado, donde no todos los actores cuentan con las mismas garantías laborales ni oportunidades de crecimiento. Además, la narrativa de falta de presupuesto para avanzar en procesos de formalización, como los planteados en normativas recientes, pierde legitimidad frente a estos desequilibrios. En consecuencia, se profundiza la percepción de injusticia dentro de la comunidad universitaria. Esto podría desencadenar movilizaciones y protestas en el corto o mediano plazo. La estabilidad institucional, por tanto, comienza a verse comprometida. Todo ello configura un panorama de alta incertidumbre. Lea también: Universidades gradúan profesionales que el mercado laboral no necesita Desde la perspectiva estudiantil, la preocupación no solo gira en torno a los costos de matrícula, sino también a la calidad y condiciones del entorno académico. Existe un cuestionamiento creciente sobre el destino de los recursos públicos, especialmente cuando no se reflejan en mejoras sustanciales en laboratorios, infraestructura, movilidad académica o servicios de bienestar como comedores universitarios. Esta percepción de desbalance entre inversión y resultados alimenta el malestar colectivo. En espacios de representación profesoral, como algunas discusiones sindicales, se ha reconocido que los altos salarios corresponden a una minoría, pero ello no disipa la inquietud sobre el cumplimiento normativo ni sobre la ética en la gestión de recursos públicos. Aunque en ciertos casos estas prácticas puedan encontrarse dentro de vacíos legales, su legitimidad social es cada vez más cuestionada. La universidad, como institución pública, debe garantizar no solo legalidad, sino también transparencia y equidad. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar la brecha entre sus distintos estamentos. Es fundamental avanzar hacia un modelo más equilibrado, donde todos los actores tengan condiciones dignas. La construcción de confianza será clave para evitar conflictos mayores. En definitiva, el desafío radica en armonizar justicia, sostenibilidad y calidad educativa.

Por: Nerio Luis Mejía El Catatumbo, esa región del nororiente colombiano, ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y, sin embargo, hoy recibe muy poca atención. Este rincón de Colombia ha sido epicentro de episodios oscuros de violencia, pero su gente insiste en levantarse de las desgracias sufridas, enfrentando un silencio estatal que los condena al olvido. Lea también: En el Catatumbo se vive entre la guerra y el olvido Hablar del Catatumbo no es únicamente evocar selvas de coca y grupos criminales que se destrozan a balazos en una feroz disputa por el control territorial y las economías ilícitas. El Catatumbo también es historia, pueblos ancestrales y una mezcla racial de quienes llegaron de distintas partes del país en busca de un sueño esquivo, despertando cada día entre clamores y bombazos. De todos los conflictos que han tenido lugar en esta región, ninguno había sido tan sanguinario como el iniciado el 16 de enero de 2025: la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esta guerra ha dejado una estela de terror sin horizonte de final. Los intentos del gobierno nacional por desescalar la violencia mediante diálogos de paz han fracasado, al igual que los múltiples esfuerzos de organizaciones humanitarias. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre el riesgo de desplazamientos masivos, mientras la ONU y la Cruz Roja Internacional han insistido en el respeto al Derecho Internacional Humanitario y en la protección de la población civil. Sin embargo, todo se evapora como los cuerpos alcanzados por las bombas lanzadas desde drones o los pesados artefactos que caen desde los cazas K-FIR de la Fuerza Aérea Colombiana. El secuestro y asesinato de menores, las masacres y los homicidios selectivos se han vuelto prácticas cotidianas, mostrando la degradación del conflicto. Por un lado, el clamor de madres que suplican la devolución de sus hijos; por otro, los bombardeos de las fuerzas legítimas de la nación. Esta es la verdad silenciosa que se respira en el Catatumbo: un aire impregnado de humo, explosiones y metralla que destroza incluso las esperanzas de un pueblo que se resiste a ser una cifra más en las estadísticas de la violencia. Según informes de organizaciones internacionales e instituciones del Estado, la región concentra algunos de los más altos índices de desplazamiento forzado en el país. Lea también: En el Catatumbo: después del desastre, las heridas siguen abiertas El primer gobierno progresista se despide junto con la promesa de la “paz total”. En la región queda suspendido el miedo, atrapando a una población que no encuentra camino. Las esperanzas cuelgan de la incertidumbre sobre quién será el nuevo mandatario del país: si traerá una paz dialogada que quizá termine fracasada, como tantas veces en la historia, o una paz impuesta mediante las armas, que podría significar más desasosiego para una población acostumbrada a vivir entre clamores y explosiones, frente a un Estado indiferente que guarda silencio. Es muy importante tener en cuenta las consideraciones de La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que sin una estrategia integral que combine seguridad, inversión social y presencia institucional, el Catatumbo seguirá siendo rehén de la violencia.

Por: Jesús Mora Díaz Entre 1955 y 1975 se desarrolló uno de los conflictos bélicos más prolongados y de mayor connotación mundial en la historia reciente: la Guerra de Vietnam. Fue también uno de los pocos escenarios en los que Estados Unidos se vio superado por su adversario, pese a su supremacía armamentista. En ese contexto guerrerista, el “fuego amigo” fue relativamente frecuente debido a la densidad de la selva, la dificultad para distinguir al enemigo y las fallas en la comunicación, lo que acarreó miles de bajas y una profunda derrota moral para el ejército estadounidense. Lea también: La derecha lidera proyecciones de segunda vuelta en Colombia Hoy, cerca de 50 años después de aquel episodio militar y a miles de kilómetros de distancia, asistimos a una nueva forma de “fuego amigo”. Esta vez no implica armas, sino ataques mediáticos, desinformación y sabotajes dentro del escenario político. En particular, desde la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella contra la candidata Paloma Valencia. La magnitud de estos ataques ha sido tal que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente, exhortando al candidato a moderar su discurso y el de sus influenciadores. Estos no han escatimado en señalamientos contra la fórmula presidencial Paloma–Oviedo. Estos hechos, sin duda, lastiman a la derecha y profundizan las diferencias entre ambas campañas, dificultando la cohesión y una eventual adhesión plena de las bases en un escenario de segunda vuelta, frente al candidato del petrismo. Lea también: La incapacidad de la derecha le está dejando el camino libre a Cepeda El mensaje debe ser claro: la derecha debe actuar en función de preservar la democracia, la institucionalidad, las libertades y los principios conservadores. Por tanto, candidatos y seguidores deben despojarse de egos y de estrategias poco transparentes. El amor por Colombia debe estar por encima de cualquier interés particular; divididos nos jodimos, pero unidos podremos construir una nación donde todos tengamos espacio.

Por: Diógenes Armando Pino Sanjur La Institución Educativa Agropecuaria de Tamalameque abrió sus puertas el 22 de abril de 1968 bajo el nombre de Escuela Agropecuaria. A lo largo de su historia, ha sido considerada el alma mater de la educación en el municipio: forjadora de generaciones de bachilleres que lograron trascender y convertirse en profesionales que hoy prestan sus servicios en empresas y entidades públicas y privadas. Lea también: ¿Cuál será el futuro de la paz en Colombia en los próximos cuatro años? En sus años de esplendor, la institución no solo contaba con una amplia infraestructura, sino con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad su misión: extensos terrenos, dos fincas, ganado, bus escolar, tractor y una planta de personal robusta. El andamiaje garantizaba un funcionamiento eficaz y permitía desarrollar procesos de enseñanza acordes con la modalidad agropecuaria. ¿Cómo no recordar las prácticas en porcicultura, avicultura, ganadería y huertas escolares? Allí, los estudiantes no solo adquiríamos conocimientos, sino que aprendíamos haciendo. Sin embargo, con la departamentalización comenzó el declive. Al no contar Tamalameque con certificación educativa, el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) pasó a manos del departamento. Desde entonces, el deterioro ha sido progresivo y, sobre todo, tolerado. Las plazas de personal técnico —pagador, bibliotecario, celadores, conductores— no han sido reemplazadas a medida que sus titulares se pensionan. Las plazas docentes nacionalizadas han sido trasladadas al norte del departamento, desmantelando sistemáticamente la institución. A esto se agrega una distribución inequitativa de los recursos. La Secretaría Departamental descuida a los municipios no certificados mientras concentra la inversión en la capital, Valledupar. La evidencia es visible: el abandono de las instituciones del sur contrasta con la opulencia de la infraestructura en la capital. Las consecuencias son evidentes: deterioro de la calidad educativa y debilitamiento institucional. La Institución Educativa Agropecuaria de Tamalameque ha perdido su vocación; su planta física es obsoleta y la seguridad es inexistente. Semana tras semana, los “amigos de lo ajeno” hacen de las suyas ante la ausencia de celadores que resguarden lo poco que queda. Lea también: Después de las masacres en Media Luna nada volvió a ser igual Resulta paradójico que, siendo cuna de grandes profesionales, hoy parezca una institución sin dolientes. El abandono y la desidia de la dirigencia departamental encuentran un aliado silencioso en nuestra propia indiferencia. El riesgo no es menor: no se trata solo de paredes viejas, sino de la pérdida de la identidad de Tamalameque. Es hora de romper esa inercia. Despierta, pueblo. Recupera tu escuela agropecuaria. Defiende el futuro.

La configuración del mercado laboral en América Latina atraviesa una transformación sin precedentes. Impulsados por la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, así como por las nuevas dinámicas económicas globales, diversos gobiernos han puesto en marcha reformas para disminuir el tiempo de trabajo. A pesar de que el modelo de 48 horas semanales sigue siendo el estándar legal en varios Estados, la tendencia hacia las 40 horas —promovida por estándares internacionales— gana terreno como el nuevo objetivo regional. Lea también: MinTrabajo pide anticipar reducción de jornada laboral en Colombia El "Club de las 40 horas": los países con jornadas más cortas Actualmente, tres naciones lideran el ranking de bienestar temporal en la región, manteniendo una jornada estandarizada de 40 horas por semana: Uruguay: Consolidado como uno de los referentes en legislación laboral. Venezuela: Mantiene el tope de 40 horas en su marco legal. Ecuador: Implementa este modelo como base de su estructura productiva. En transición: reformas progresivas y debates activos Este grupo de países se encuentra en una fase de ajuste. Algunos ya han iniciado la reducción gradual, mientras que otros mantienen debates legislativos intensos para reformar sus códigos del trabajo. País Jornada Observaciones Chile 44 horas Reducción progresiva hacia las 40 horas. Colombia 44 horas Meta legal de 42 horas en 2026. Brasil 44 horas Discusión en el Congreso sobre reducción. Guatemala 44 horas Con esquemas de 42 y 36 horas El Salvador 44 horas La jornada nocturna de 39 horas. Rep. Dominicana 44 horas Modelo estándar nacional. Cuba 44 horas Sin información Honduras 44 horas Sin información El modelo tradicional de 48 horas Para este sector, la semana laboral de seis días o jornadas extendidas sigue siendo la norma. No obstante, en países como México, el panorama está a punto de cambiar drásticamente. México: Aunque hoy se rige por las 48 horas, existe un proyecto firme de reducción hacia las 40 horas para el año 2030. Argentina y Bolivia: Mantienen la jornada de 48 horas como tope legal sin reformas inmediatas en firme. Lea también: Reducción de la jornada laboral aumentará la productividad Panamá: 48 horas, aunque con regímenes de excepción según el sector. Paraguay y Perú: Ambos mantienen las 48 horas, pero enfrentan una presión social creciente y debates en comisiones legislativas para modernizar sus leyes. El liderazgo de Chile, Colombia y México en estos procesos de reforma sugiere un cambio de paradigma en la región. La meta no es solo la productividad, sino la alineación con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el bienestar del trabajador se considera un motor fundamental para el desarrollo económico sostenible, promoviendo una jornada laboral estándar de 40 horas.

Por: Jaime Vélez Guerrero Tras los hechos registrados la semana pasada en la Heroica, donde barras del equipo Junior protagonizaron enfrentamientos con seguidores del Real Cartagena, se hace evidente la grave problemática de violencia vinculada al fútbol en Colombia. En este contexto, los disturbios tuvieron lugar pese a que en el Estadio Jaime Morón León no se disputaba un encuentro entre los oncenos mencionados, sino un compromiso internacional en el marco de la Copa Libertadores, con la participación del club brasileño Palmeiras. Lea también: La mediocridad del fútbol profesional colombiano Desde el arribo de los seguidores del Junior, movilizados en caravanas de buses, se evidenciaron conductas que transgredían las normas de tránsito, entre ellas viajar sobre los autobuses en movimiento. Posteriormente, se documentaron hechos violentos por parte de hinchas del equipo cartagenero, presuntamente con apoyo de simpatizantes de otros clubes, quienes arrojaron guijarros y objetos contundentes hacia los visitantes. También se han presentado comportamientos similares por parte de seguidores del Junior en distintas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Conviene precisar que el traslado de estos individuos en autobuses suele contar con significativo acompañamiento de la fuerza pública. Sin embargo, dicha concentración de efectivos en labores de custodia genera un efecto colateral relevante: otros sectores de la urbe quedan transitoriamente desprotegidos, al destinarse recursos gubernamentales a la vigilancia de sujetos vinculados a entornos delictivos. La situación descrita exige una atención inmediata por parte del Estado. El Gobierno Nacional debe actuar de forma decidida en el ámbito del fútbol profesional colombiano, con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana y garantizar el derecho fundamental a la vida. A este respecto, los homicidios y las lesiones personales asociados a ese tipo de actores han mostrado un incremento preocupante. Un antecedente grave tuvo lugar en abril de 2022, cuando un integrante de la barra “Garra Samaria” fue asesinado en el escenario deportivo Sierra Nevada, en un evento atribuido a colectivos del Junior, los cuales, de manera reiterada, hacen uso de armas blancas, contundentes y de fuego. La intervención del Ejecutivo no admite dilaciones. Es necesario adoptar reformas estructurales que contemplen la regulación de estos grupos beligerantes, la restricción del uso de indumentaria alusiva a escuadras dentro del coliseo futbolístico, y el fortalecimiento de los controles de acceso mediante el uso de tecnología avanzada, como escáneres. En consecuencia, toda persona que porte elementos prohibidos deberá ser aprehendida y sometida a las correspondientes actuaciones penales, con imposición de sanciones ejemplarizantes. Asimismo, deben prohibirse los artefactos pirotécnicos y disponerse la expulsión e investigación de quienes incurran en actos antisociales o discriminatorios. Lea también: Este sería el mejor equipo de la historia del fútbol De igual manera, resulta indispensable determinar las fuentes de financiación de dichas agrupaciones: identificar quiénes sufragan su transporte, facilitan el acceso a sustancias como alcohol o estupefacientes, y establecen las estructuras que permiten su funcionamiento. Elementos de esta naturaleza contribuyen de forma significativa al incremento de acciones delictivas. Finalmente, es pertinente señalar que cuando los “ultras” se desplazan masivamente a otras ciudades o países, tienden a intensificar su forma de actuar agresiva, favorecidos por la sensación de anonimato, la limitada supervisión y el estrés. En determinados casos, el consumo de drogas o incluso el síndrome de abstinencia pueden exacerbar este patrón, derivando en la comisión de delitos como hurtos, agresiones y altercados. Un hecho reciente ocurrió en la capital paraguaya, durante la antesala del partido frente a Cerro Porteño, donde la fanaticada tiburona protagonizó episodios violentos que culminaron con la detención de varios de sus integrantes.

En la década de los 80, una noticia sacudió al mundo: estábamos perforando el escudo invisible que permite la vida en la Tierra. El "agujero" de la capa de ozono sobre la Antártida se convirtió rápidamente en el icono del desastre ambiental. Sin embargo, hoy la narrativa es distinta. Tras décadas de esfuerzos globales, la pregunta ya no es si se cerrará, sino exactamente cuándo ocurrirá. La recuperación actual no es un fenómeno natural azaroso, sino el resultado directo del Protocolo de Montreal (1987). Este acuerdo es, hasta la fecha, el tratado ambiental más exitoso de la historia. Su objetivo fue tajante: erradicar las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), centrándose en los clorofluorocarbonos (CFC) que antes abundaban en aerosoles y refrigeradores. Lea también: La capa de ozono se está recuperando: ONU Para entender la magnitud del daño, basta observar la eficiencia destructiva de los CFC. Al alcanzar la estratosfera, la radiación ultravioleta descompone estas moléculas, liberando átomos de cloro. Un solo átomo de cloro tiene la capacidad de aniquilar más de 100,000 moléculas de ozono antes de abandonar la atmósfera. Esta reacción en cadena fue la que puso en jaque la estabilidad planetaria. Cronología de una restauración: el calendario de la ONU Según el Panel de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal, la capa de ozono está sanando a un ritmo constante. Si se mantienen las políticas actuales, estos son los hitos que marcarán el fin de la crisis: 2040: La mayor parte de la atmósfera global habrá recuperado los niveles de densidad previos a 1980. 2045: El Ártico, tras años de fluctuaciones, alcanzará una restauración total. 2066: La Antártida, la zona más crítica debido al frío extremo que acelera la degradación química, terminará de cerrar su agujero definitivamente. Las amenazas que aún acechan A pesar de las proyecciones optimistas, el camino hacia el 2066 tiene obstáculos. La vigilancia científica no puede bajar la guardia ante tres factores clave: Emisiones fugitivas e ilegales: En la última década se detectaron picos inexplicables de CFC-11 en Asia Oriental, recordándonos que el cumplimiento del tratado requiere inspección constante. La paradoja climática: Mientras la superficie terrestre se calienta, la estratosfera tiende a enfriarse. Este enfriamiento puede facilitar la formación de nubes polares que, irónicamente, aceleran la destrucción del ozono. Fenómenos naturales extremos: La erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 inyectó cantidades masivas de vapor de agua en la atmósfera, lo que provocó un ensanchamiento temporal del agujero en 2023. Lea también: Una nueva amenaza contra la capa de ozono Una hoja de ruta para el cambio climático La recuperación de la capa de ozono es la prueba viviente de que la acción multilateral es efectiva. Nos demuestra que cuando la ciencia lidera la toma de decisiones y la industria se ve obligada a innovar, es posible revertir daños que parecían irreversibles. Aunque debemos esperar unas décadas más para declarar "caso cerrado", el agujero de ozono ya no es una sentencia de muerte, sino un recordatorio de nuestra capacidad de reparación. Gracias a este esfuerzo, se han evitado millones de casos de cáncer de piel y se ha protegido la seguridad alimentaria global, dándonos una lección invaluable: el planeta puede sanar si nos ponemos de acuerdo.

Por: Nerio Luis Mejía Muchos de quienes leen estas líneas provienen de aquellas familias numerosas de antaño. Nuestros abuelos y padres se unieron en matrimonio sin certezas sobre el futuro, sin títulos académicos ni patrimonio económico asegurado, pero con la firme convicción de asumir la responsabilidad de sacar adelante el fruto de sus amores. Con sacrificio y trabajo duro lograron convertirse en artífices de la sociedad que hoy llamamos país. Lea también: Colombia desde la mirada campesina Era común nacer en hogares con cinco, diez o más hijos. Sin planificación previa, pero con valentía, nos dejaron herencias que aún sostienen nuestra identidad. Hoy, en contraste, vemos a nuestros hijos —profesionales, respaldados por padres que les aseguran techo, alimento y transporte— planificar tanto su porvenir que ponen en riesgo la continuidad de la familia y, con ello, de la vida misma. Gradualmente nos estamos extinguiendo. Según la más reciente estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2025 el número de nacimientos se redujo en un 4,5% respecto al año anterior, lo que equivale a una disminución de más de veinte mil nuevos nacimientos. Una situación preocupante, pues no se trata de un fenómeno exclusivo de Colombia: la reducción es global. Las explicaciones son múltiples: incertidumbre económica, guerras, enfermedades, entre otras. Sin embargo, lo paradójico es que, mientras creemos estar mejor preparados para enfrentar el futuro, la respuesta es contraria a lo esperado. El desarrollo científico y tecnológico ha mejorado la salud, la producción de alimentos y la prestación de servicios, pero el decrecimiento poblacional parece irreversible. No hace falta consultar grandes firmas de estadística para percibirlo. Hace algunos años era común ver mujeres embarazadas en las calles, el transporte público, las tiendas y las zonas rurales. Hoy son pocas las que transitan en estado de gestación. En Colombia, la mayoría de embarazos se concentran en barrios populares, mientras que en sectores de mayores ingresos rara vez se ven mujeres esperando un hijo. Tal vez esto obedezca a que quienes reciben mayor formación académica y económica son más temerosos al momento de constituir una familia. En otras palabras, la excesiva planificación nos está acercando a la extinción. Quizás la paradoja más grande de nuestro tiempo sea que, mientras más planificamos el futuro, menos futuro estamos dejando. La vida no se sostiene únicamente en cálculos y proyecciones; se sostiene en la valentía de quienes deciden apostar por ella. Si seguimos temiendo tanto al mañana, corremos el riesgo de que el mañana simplemente no exista. Lea también: La Sierra Nevada de Santa Marta: Belleza y Violencia La planificación es necesaria, pero cuando se convierte en excusa para aplazar la vida, se transforma en un camino hacia la extinción. La sociedad que heredamos nació de la osadía de quienes, sin nada asegurado, eligieron traer hijos al mundo. Hoy, si no recuperamos esa confianza elemental en la vida, el silencio de las cunas vacías será el eco más triste de nuestra modernidad.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó este lunes los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) correspondientes al año 2025, revelando transformaciones significativas en la estructura de las familias colombianas y una mejora progresiva en las condiciones de vivienda en todo el territorio nacional. Uno de los hallazgos más notables de la encuesta es la consolidación de una tendencia decreciente en el tamaño de los hogares. En 2025, el promedio de personas por hogar en Colombia se situó en 2,82, frente al 3,10 registrado en 2019. Esta reducción es más evidente en las cabeceras municipales, donde el promedio bajó a 2,77 personas. Lea también: Atlántico redujo la pobreza multidimensional al 8,2 % en 2025 La composición interna de las viviendas también muestra cambios. Aunque los hogares biparentales (madre y padre con hijos) siguen siendo mayoría con un 51,3%, los hogares unipersonales continúan ganando terreno, alcanzando ya el 20,2% del total nacional. Geográficamente, departamentos como Vaupés (3,70) y Atlántico (3,47) mantienen los núcleos familiares más numerosos, mientras que Putumayo (2,32) registra el menor número de personas por hogar en el país. Reducción del déficit habitacional El país ha logrado avances importantes en la calidad de sus viviendas. El déficit habitacional total descendió al 25,6% en 2025, una caída considerable comparada con el 32,8% de 2019. Este indicador se divide en dos grandes realidades: Déficit cualitativo: Un 20,0% de los hogares vive en condiciones que requieren mejoras estructurales o de servicios básicos (hacinamiento mitigable, materiales de pisos o falta de alcantarillado). Déficit cuantitativo: Solo un 6,3% de los hogares requiere una vivienda nueva debido a deficiencias estructurales insalvables o hacinamiento no mitigable. A pesar de la mejoría general, la brecha entre el campo y la ciudad persiste: mientras en las cabeceras el déficit es del 16,5%, en los centros poblados y áreas rurales dispersas la cifra se dispara al 58,6%. Jefatura femenina y propiedad de la vivienda La encuesta destaca que el 46,4% de los hogares colombianos reconoce a una mujer como jefa de hogar, una cifra que ha mostrado estabilidad tras años de crecimiento constante. En cuanto a la tenencia, el 40,8% de los colombianos vive en arriendo o subarriendo, superando ligeramente al 34,8% de hogares que cuentan con una vivienda propia totalmente pagada. En regiones como el Chocó, el porcentaje de vivienda propia es el más alto del país con un 53,5%, contrastando drásticamente con Vichada, donde solo el 12,0% de los hogares habita en casa propia. Lea también: Gobernación del Atlántico inició 4.000 mejoramientos de vivienda Conectividad y servicios El acceso a la tecnología sigue siendo un pilar de la calidad de vida moderna. En 2025, el 73,9% de los hogares en Colombia cuenta con acceso a internet. Sin embargo, la disparidad es notable: mientras en las cabeceras la conectividad alcanza el 78,8%, en las zonas rurales apenas llega al 41,4%. La ECV 2025 se consolida como la herramienta técnica fundamental para que el Gobierno Nacional y los entes territoriales diseñen políticas públicas basadas en la realidad actual de una población que hoy asciende a 53,3 millones de personas.

Faltan menos de seis semanas para la apertura de las urnas de la primera vuelta presidencial. El próximo 31 de mayo el país podría conocer el nombre de su nuevo presidente o presidenta o, como muchos esperan, los nombres de los dos candidatos que se medirían en la segunda vuelta del 21 de junio. Lea también: Estas son las principales propuestas de los candidatos punteros Aunque la contienda ya está lanzada y las campañas enrutadas en la búsqueda de los votos, aún hay varios puntos pendientes del calendario electoral. El próximo 30 de abril vence el plazo para la modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales. Hasta el momento no se han presentado mayores cambios al tarjetón, pues del mismo solo salió Clara López, quien se sumó a la campaña de Iván Cepeda y dejó en 13 el número de aspirantes. A esto se suma que el próximo 8 de mayo se elegirán los delegados del Consejo Nacional Electoral y el 15 de mayo a los designados para las comisiones escrutadoras. Además, al día siguiente termina el periodo para la designación de los jurados de votación. Precisamente, el 21 de mayo se conocerá la lista completa de los ciudadanos que deberán velar por los votos como jurados y el lunes 25 de mayo se iniciará el proceso de votación para los ciudadanos residentes en el exterior. El 29 de mayo es la fecha límite para la postulación de testigos electorales por parte de los partidos políticos. Ese mismo día finalizan los espacios gratuitos en los medios de comunicación para los partidos y grupos significativos. Lea también: Estos son los 14 candidatos en la carrera por la Casa de Nariño Finalmente, el 30 de mayo, a las 6:00 de la tarde, se dará inicio a la Ley Seca y el 31 de mayo, a las 8:00 de la mañana, se abrirán las urnas, las cuales estarán abiertas hasta las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento comenzará el trabajo de los jurados y las comisiones escrutadoras.