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América Latina está experimentando una transición demográfica caracterizada por un proceso de envejecimiento acelerado, lo que implica repensar los sistemas de salud y pensión, pero también la necesidad de políticas natalistas y de cuidado acordes a los tiempos que se avecinan. Así lo señala un informe elaborado por la Universidad Austral de Argentina y la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de la Familia (Redfam). “La región pasó de ser una sociedad joven a una adulta joven en 2021 y se proyecta que para 2050 se convierta en una sociedad envejecida”, dice el reporte. Solo dos países latinoamericanos superan el umbral mínimo necesario para el reemplazo generacional, que es de 2,1 hijos por mujer, y aseguran la reposición de mujeres en edades reproductivas: Paraguay (2,4) y Bolivia (2,6). Lea también: ¿Estamos al borde del colapso demográfico? Perú y Ecuador, por su parte, son los únicos países en línea con la tasa global de fecundidad (TGF) de la región, de 1,8. El resto se sitúan debajo de este tope: México (1,6), Brasil (1,5), Argentina (1,4), Uruguay (1,3), Colombia (1,2) y Chile. Aunque la transición demográfica, que implica la reducción en la tasa de natalidad y de mortalidad, es un proceso que ha atravesado todo el mundo, en Latinoamérica comenzó más tarde que en Europa, pero fue más acelerada. “Este fenómeno en Latinoamérica implicó una caída en la natalidad bastante más abrupta, pero intensivamente marcada en Argentina, tanto, que disminuyó en un 40% en los últimos 10 años”, dice Dolores Dimier, doctora en Filosofía de la Universidad de Navarra y secretaria del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. La transición, en cambio, “fue más progresiva en Colombia”, pero no por ello menos llamativa. “Es el segundo país de Latinoamérica con la baja de natalidad más importante”, agrega Dimier. Los países más envejecidos de la región Pese a la caída de su natalidad, Argentina y Colombia no tienen la población más envejecida de Latinoamérica, según un cálculo de la edad mediana de cada país de la región. “Es la edad a partir de la cual la mitad de la población es más joven y la otra mitad más vieja. A mayor edad mediana en el país, más envejecida está su población”, explica el reporte de la Universidad Austral y Redfam. Lea también: Por primera vez la humanidad no logra la tasa de reemplazo En ese sentido, Uruguay, con una edad mediana de 36,4 años, es el país más envejecido de la región, seguido de Brasil (34,8) y Chile (34,3). El caso uruguayo es atípico, puesto que ha sido el país con menos crecimiento de su población: solo aumentó en 500.000 habitantes desde 1985 y no supera los 3,5 millones. En algún momento, el expresidente José Pepe Mujica advirtió que Uruguay tenía “signos peligrosos de extinción”. Después se ubican Argentina (32,9), Ecuador (32,5), Colombia (32,0), México (30), Venezuela (29,34), Paraguay (29,0) y Bolivia (25,2). Otro dato llamativo del informe es el índice sobre envejecimiento: indica que en la región hay al menos 12 personas de 80 años y más por cada 100 personas de 65 años y más. “Es urgente considerar la necesidad de reestructurar los sistemas de salud, previsionales y de protección social para atender en pocos años las demandas de una población cada vez más longeva”, dice el informe. “Así mismo, debemos resignificar la alta proporción de personas mayores a fin de que represente un valioso capital social y humano para contribuir participativamente al desarrollo”. Lea también: El Congreso aprobó la reforma pensional ¿Por qué los jóvenes tienen menos hijos? Dolores Dimier explica que la caída en la tasa de natalidad está asociada, entre otras, al nivel educativo de las mujeres y su inserción al mercado laboral. “En Argentina, la tasa de ingreso de la mujer a todos los niveles educativos, en los ciclos secundario, terciario o universitario está muy por encima que la del hombre”, dice la experta. “Esto marca una tendencia donde la mujer invierte la mayor parte de su proyecto vital en el desarrollo profesional”. A ello se suma que los latinoamericanos están teniendo hijos en edades relativamente más avanzadas, y como a mayor edad, menor probabilidad de tener hijos, las familias están siendo cada vez menos numerosas, explicó Andrés Giraldo Palomino, profesor del departamento de Economía de la Universidad Javeriana de Colombia. “En América Latina, el promedio de edad para tener el primer hijo estaba alrededor los 20 años, y ahora es cercano a los 26. Al alejarse de edades más tempranas, las mujeres no desean tener más hijos”, dice Giraldo Palomino. La globalización, que trajo consigo la transmisión de nuevos valores culturales e ideas, como que la salida al mundo adulto no necesariamente implica formar una familia, tener una pareja estable o ser padre, es otro factor. Lea también: Encuesta muestra la dura realidad de los jóvenes en Barranquilla Incluso la pandemia por el Covid-19 pudo haber sido determinante, aunque sus consecuencias todavía no son claramente observables. “La pandemia pudo haber dejado varias secuelas, como el síntoma de la soledad y la sensación de incertidumbre; para poder contar con un proyecto de vida que implique la paternidad o maternidad, el joven necesitaría proyectarse a futuro, pero la incertidumbre y el miedo lo paralizan”, dice Dimier. El pasado junio, un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas evidenció, tras una encuesta en 14 países, que si los jóvenes están teniendo menos hijos que antes no es por gusto, sino por la precariedad económica, la discriminación de género, el escaso apoyo de las parejas y el pesimismo frente el futuro. Aunque los jóvenes desean tener al menos dos hijos, el 18% considera que lograrlo es imposible, según el informe. Además, el 31% de los adultos mayores de 50 años consultados aseguró haber tenido menos hijos de los que hubiera deseado. Entonces, ¿qué hacer? El reporte de Redfam plantea que las nuevas políticas demográficas en la región no solo deberán atender al grupo poblacional más añoso, sino incentivar la natalidad y la parentalidad, “que valoricen el rol de madres y padres, que fortalezcan las relaciones familiares”. Dimier cree que una manera de incentivar la natalidad es brindando apoyos financieros a los jóvenes, como garantizar mayor acceso a créditos, y reducir las cargas sociales a la familia, eliminando el cobro del impuesto de renta a las madres, por ejemplo. Lea también: Edad de pensión debe aumentar en la próxima década: Colpensiones Pero las políticas públicas en los países de la región también deberían estar enfocadas en reconocer el capital social y humano de los adultos mayores. “En el primer mundo, las personas mayores cubren ciertos espacios de tiempos laborales parciales, como las licencias de paternidad, posibilitando a los padres jóvenes que acompañen a la familia del recién nacido”, dice Dimier. Tener en cuenta fenómenos como la migración latinoamericana también será determinante a la hora de tomar decisiones para abordar el envejecimiento y crear políticas de cuidado. Entender lo que hoy sucede en Europa será clave, según la experta. “En Europa, la respuesta a este fenómeno de envejecimiento poblacional ha generado, por ejemplo, que los mayores cuidadores en Italia sean bolivianos y peruanos”, dice Dice Dimier. BLOOMBERG

Por. Jorge Vergara Carbó Este escrito no es ficción, ni pretende enseñarles a los lectores como quedarse con esa plata, sin que les pase nada, es decir sin ir un solo día a la cárcel. Y ni siquiera ser investigado por la Fiscalía y Procuraduría, y menos ser sancionado por un club social. Pero ese hecho, si fue real y sucedió en la arenosa, la Puerta de Oro de Colombia, mi querida Barranquilla y sus protagonistas son los llamados ladrones de cuello blanco, que hacen todo tipo de fechorías, componendas, argucias amparadas por el poder que ejercen en la ciudad, que les permite cierto manejo en las ramas judiciales y por supuesto en las instituciones de control del Estado. Tienen licencia para delinquir. No les pasa nada. Mientras al que se roba un celular o una libra de arroz en un centro comercial lo detienen y lo envían a la cárcel, por cinco (5) años. Lea también: Con orangutanes favorecieron al comercio y al gas natural Así fue como sucedió y como tramaron todo, para quedarse con $25.000 millones del año 2012, dinero que les entregó la AEROCIVIL, que hoy equivalen a $170.000 millones. Unos angelitos, que le dan clase a los Castores y Palominos de cómo deben proceder para enriquecerse sin disparar un solo tiro. La historia empieza con la construcción del aeropuerto mal llamado de Barranquilla, que queda en Soledad por parte del gobierno del presidente Turbay Ayala y el director de la Aeronáutica el joven economista Álvaro Uribe Vélez, quién años más tarde se convertiría en presidente de la República durante dos periodos al lograr reformar nuestra constitución para su beneficio personal. Si, fue durante ese gobierno que se aceleró y terminó la construcción del nuevo aeropuerto de Barranquilla, a través de un acuerdo entre la Aerocivil y la Cámara de Comercio de esta ciudad, acuerdo que consistía en que la CCB se convirtiera en la intermediaria entre los contratistas de la obra y la Aerocivil, y fuera la CCB la que presentara las cuentas de los contratistas a la Aerocivil, a fin de evitar contacto entre los funcionarios de la Aerocivil y los contratistas, para evitar posibles actos de corrupción. Eso fue lo que exigió Álvaro Uribe Vélez, como condición para acelerar las obras y terminar el aeropuerto. Labor que desarrolló la CCB de ese entonces sin costo alguno para los contratistas. EL 7 de abril de 1981, se inauguró el nuevo aeropuerto de Barranquilla por parte del presidente Julio César Turbay Ayala y el doctor Álvaro Uribe Vélez como director de la Aerocivil. El aeropuerto fue manejado directamente por la Aerocivil hasta enero de 1.997, cuando por problemas administrativos se decidió concesionarlo para que una firma experta en el tema lo manejara. Ahí empezó a armarse el muñeco, para manejarlo a su antojo y tumbarse la plata. Qué maravilla, como diría marcos Pérez Caicedo. Se abrió una licitación por la Aerocivil para que un privado administrara el Ernesto Cortissoz que hasta ese momento tenía problemas en su operación. La licitación se la ganó la empresa Colombo-española, Aeropuertos del Caribe S.A. (ACSA) operada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), quienes asumieron la operación, comercialización y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y se quedaron con el 40% del negocio. Los otros socios eran la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el 24.2%, Promigas 9.62%, Intergremial del Atlántico 3.21%, Fenalco 3.21%, Terpel 9.62%, Sociedad Portuaria de Barranquilla 7.87%, Argos 4.66%, Gran Central de Abastos 4.66%, industrias Cannon 4.66%, Sociedad de usuarios Aeropuerto de Barranquilla 4.66%, Fundación Pro Barranquilla 3.21%, Zona Franca Barranquilla 3.21%, Gases del Caribe 1.75%, Cofinorte 0.87%, y los particulares Fernando Arteta 4.37%, Guido Nule Amín 3.50%, Raúl Riveira 3.21%. Alex Riveira 0.29% y Juan Sarué 0.29%. Lea también: La corrupción es un cáncer que nos corroe y nos condena al fracaso ACSA empezó operaciones el 28 de febrero de 1.997, hasta el 29 de febrero de 2012, por decisión tomada por la Aerocivil de no renovar la concesión ante los malos manejos administrativos y técnicos del concesionario durante los 15 años de tener en sus manos la administración del aeropuerto. Su último gerente fue Raúl Riveira. No le fue fácil para la Aerocivil dar por terminada la concesión con ACSA, se valieron de tutelas impetradas por sus trabajadores, demandaron a la Aerocivil por daños y perjuicios, utilizaron a sus oficinas satélites, columnistas de opinión y por supuesto la presión de los gremios socios de la concesión y utilizaron la relación de amistad del director de la Cámara de Comercio en el 2012, Luís Fernando Castro Vergara con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, para que les prorrogarán la concesión. Pero entidades como la ONG “Cívicos en Acción “impetraron un derecho de petición el 12 de enero de 2012, a los organismos de control con la finalidad de que intervinieran ante el presidente Juan Manuel santos para que no prorrogaran esa concesión. Fue así, como se pronunció la Contralora General de La República, Sandra Morelli, afirmando que esa concesión era leonina para el país y en especial para Barranquilla, decisión que se basó en el estudio técnico contratado por la Aerocivil a William Bruce Mac Master y Juan Carlos Echeverri respaldados por la banca de inversión Marcela Gómez Clark y la firma de ingeniería MSB solutions. Estudio acogido por el director de Aerocivil Santiago Castro, quién decidió dar por terminada la concesión de ACSA. El presidente Santos, ante la posición tomada por su ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri y su viceministro técnico de Hacienda Bruce Mac Master, como la del director de la Aerocivil Santiago Castro y la Contralora Sandra Morelli, le dijo a ACSA que no le prorrogaban la concesión. A partir de febrero 28 del 2012, empieza la Aerocivil la pelea con ACSA para que devuelvan los $25.000 millones, que le habían entregado a los concesionarios para que construyeran las pistas e hicieran mantenimiento a las localidades del aeropuerto, pero que no invirtieron los recursos que le entregó la aeronáutica, se quedaron con esa plata. Ante la negativa de ACSA de no devolver la plata, la Aerocivil empezó un proceso jurídico que lleva 13 años con el objetivo de recuperar esa plata, logrando solo recuperar en ese tiempo unos $1.200 millones. Si a si como lo esta leyendo, en 13 años el departamento jurídico de la Aerocivil, no ha podido embargar las cuentas de la CCB, de los señores Guido Nule Amín, Raúl Riveira, la del intergremial y empresas como Argos, Promigas, Gases del Caribe, Zona Franca, Central de Abastos y otras. Tampoco los organismos de control, han sancionado a alguno relacionado con esta concesión y la Aerocivil. Se quedaron con $170.000 millones, viven felices, y hoy sin arrugárseles la cara, y como si no hubiera pasado nada conformaron una Veeduría Ciudadana para hacerle seguimiento a las obras que se comprometió la Aerocivil a desarrollar estos dos próximos años, mientras se diseñan los pliegos para una nueva concesión. Que nos imaginamos pretenderán que se les vuelva a otorgar. Es ser cínicos. Crear una Veeduría Ciudadana, cuando fueron permisivos toda la vida con sus amigos de la CCB y los gremios, viendo como acababan con el aeropuerto al no invertir los recursos, e igualmente nunca se pronunciaron sobre la segunda concesión entregada a sus amigos los Gerleín, que tampoco invirtieron lo que tenían que invertir. El cinismo, llega tan alto que el principal periódico de la ciudad editorializa defendiendo a quiénes fueron culpables de que Barranquilla desde el año 1.997 no contará con un aeropuerto que por su ubicación geográfica era el llamado a convertirse en el aeropuerto HUB de Latinoamérica. Posición que hoy ocupa el aeropuerto de Panamá, que no cuenta con la seguridad del nuestro. Lea también: Poder público, institucionalidad y corrupción Fuimos ilusos, pensando que en el gobierno del Cambio lograrían recuperar esa plata, pero hasta ahora no ha sucedido. Los señores de los gremios y sus amigos cercanos, siguen tranquilos en sus clubes sociales disfrutando de la pequeña suma de $170.000 millones, unos US$43 millones. Dirán ellos, eso es vida. No hay justicia o autoridad en Colombia y menos en Barranquilla que se atrevan a tocarnos. Ni siquiera una sanción moral. ¿Podrá el señor Manuel Fernández decirle a los barranquilleros donde esta esa platica y porque no la devuelven, la CCB tiene el 24.2% de ese dinero? Finalmente, pedirle al presidente Gustavo Petro que, en los 11 meses, que le faltan para terminar su mandato judicialice a las entidades y personas que se quedaron con el dinero de los colombianos, y por supuesto que recupere esa platica. ¿Si lo hará señor presidente o señor ministro de interior Armando Benedetti usted que aspira a ser nuestro alcalde? Amanecerá y Veremos. Anexamos correspondencia recibida de la Aerocivil sobre este tema. Link Aquí

Durante el mes de agosto se presentó una reducción en la tendencia de ocho delitos en Barranquilla, entre ellos los que más afectan a la comunidad como el hurto a personas, hurto a comercio, el cual descendió un 81%, hurto de automotores, que bajó 12%, entre otros. Desde la Alcaldía distrital se han liderado espacios para la planificación de los diferentes planes preventivos y operativos con la Policía y las fuerzas militares, todo bajo el análisis semanal de las estadísticas y los contextos, con la finalidad de mitigar el impacto delincuencial. Lea también: Los homicidios por sicariato están sin control en Barranquilla De esta forma se han adoptado acciones como las ‘Caravanas por la vida’, los denominados puntos fijos, puestos de control dinámicos, patrullajes mixtos, entre otros, focalizados en zonas donde los mapas de calor indican mayor injerencia delictiva. Además, se están utilizando herramientas tecnológicas como el sistema de videovigilancia que contempla cámaras analíticas para la identificación de placas de vehículos, cámaras con reconocimiento facial, cámaras con bocinas que permiten una interacción directa con los ciudadanos, equipos de alta tecnología de seguridad y defensa para la obtención y procesamiento de información de alto valor probatorio, entre otros. Delitos en reducción Todas estas estrategias desarrolladas por los organismos de seguridad hicieron posible que ocho delitos disminuyeran considerablemente en la ciudad, entre ellos el hurto a comercio con una reducción del 81%; lesiones personales por sicariato, con reducción del 64%; hurto de motocicletas, el cual redujo un 29%; el hurto a residencias, con una disminución del 27%; los delitos sexuales descendieron un 30%, el hurto a personas descendió un 17%; el hurto de automotores bajó un 12% y los casos de extorsión, un 62%. Lea también: Barranquilla está desafiada por la delincuencia Además, la tendencia semanal de estos delitos va a la baja, lo que permite inferir que, de continuar desarrollándose los planes preventivos y operativos y el fortalecimiento de estos, se podría registrar un mayor descenso de estos y otros delitos. Más acciones Durante septiembre, todas estas actividades de seguridad se intensificarán en el marco del ‘Plan Bre’, con el cual todos los organismos de seguridad y dependencias del Distrito focalizan sus esfuerzos para la contención del delito, todo en coordinación con los distintos gremios. También, se publicará por parte del Gaula de la Policía, el cartel de los más buscados por el delito de extorsión, con el cual se incentiva a la comunidad a denunciar y recibir una recompensa de acuerdo con la información que pueda aportar y que conlleve a las capturas de los delincuentes. Lea también: Barranquilla: la seguridad ciudadana en jaque Así mismo, se fortalecerán las ‘Caravanas por la vida’ y se realizará perifoneo desde las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y los CAI móviles de la Policía Metropolitana, así como desde las cámaras con bocinas de la Alcaldía Distrital, con la finalidad de generar un impacto disuasivo en la comunidad. También, se robustecerán los patrullajes mixtos entre Policía y Ejército, sobre todo en sectores priorizados o zonas de atención. De igual manera, miembros de la Interpol harán presencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en conjunto con Migración Colombia.

Por: Jorge Vergara Carbó Parece que el gobierno de Gustavo Petro, se le olvida la historia y principalmente la sucedida recientemente porque vuelve a cometer el mismo error dos veces, al presentarle al Congreso un presupuesto desfinanciado para que se lo apruebe basado en la aprobación de una reforma tributaria disfrazada que volverán a llamar de financiamiento. Esta pretende recaudar $26.5 billones de pesos, y que se apruebe el presupuesto 2026, por $557 billones. El año pasado el Congreso no le aprobó ninguna de los dos proyectos de ley, viéndose obligado el gobierno mediante decreto presidencial aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 2025. Un presupuesto desfinanciado donde el 85% de los recursos, los destinan para gasto de funcionamiento y pago de la deuda, y un 15% teórico para la inversión. Teórico porque la ejecución de la inversión por este gobierno ha sido deficiente, especialmente en vivienda y obras de infraestructura. Lea también: Con orangutanes favorecieron al comercio y al gas natural Lo mismo que el año pasado, en este también se repiten las amenazas del presidente Gustavo Petro a los congresistas, esto en dos X expresó: "El ambiente de la tributaria lo determina las finanzas estatales. Si el Congreso no quiere condenar al país". Ya se negó el Congreso el año pasado y la Corte tumbo media reforma aprobada en 2022. Entraríamos a una situación de verdad difícil. Jamás se debieron entregar 70 billones a Ecopetrol para pagarle un subsidio de gasolina a los dueños de las camionetas cuatro puertas. El monto de ese subsidio es el mismo del déficit fiscal total. "Si el congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo. Ya pusieron a examinar la reforma tributaria presentada, a sus asesores bien pagos, y se dieron cuenta que les toca pagar impuestos, y de nuevo no quieren pagar mínimos impuestos de su inmensa riqueza, No nos dejemos engañar. El impuesto a comestibles, es a los venenos que acaban la vida, el impuesto a los espectáculos es para boletas de más de un millón de pesos, el impuesto al turismo es para extranjeros no residentes, los impuestos a hidrocarburos son para salvar la vida. Todo lo demás es impuestos a riquísimos". Las mentiras del déficit del FEPC En varios documentos de nuestra autoría, hablamos sobre el precio de los combustibles en Colombia y el costo de subsidiar los mismos recomendando que estos bajo ningún punto de vista deben subsidiarse. Ese es el error más grande que pueda cometer gobierno alguno. Lo hizo el gobierno del presidente Duque, congelando el precio de la gasolina y del Diesel (ACPM) en una forma irresponsable ocasionando en déficit fiscal de $33 billones, que terminó en $25 billones, al pagarle al Fondo de Combustibles $8 billones de la utilidad de Ecopetrol. Estos son recursos que el gobierno tiene que cubrir con el PGN, lo que significa menos obras y apoyo para los más necesitados. No es cierto el dato que viene utilizando el presidente Petro de $70 billones de déficit dejado por el gobierno anterior. La misma Ecopetrol en declaraciones a los medios de comunicación del país, desmiente al presidente al decirle que la deuda por subsidios a la gasolina y el diésel no causó el déficit fiscal de Colombia Presidente Petro, el déficit del FEPC que usted recibió del gobierno anterior fue de $25 billones, y no de $70 billones, como ha venido informando estos días por su cuenta de X. Lo que ha pasado, es que usted hizo el trabajo a medias, solo subió el precio de la gasolina, pero no lo hizo con el ACPM, que hoy sigue subsidiado. No asumió el costo político que le correspondía, cayendo en el mismo error de Duque, a pesar que usted mismo en declaraciones a los medios ha dicho, que el peor error de un presidente es subsidiar los combustibles, porque eso solo beneficia a los ricos. Pudo más el poder de los transportadores que utilizan como combustible el ACPM y no la gasolina. Igual sus famosas cuatro puertas, consumen en su mayoría ACPM. El subsidio al ACPM en el gobierno Petro cuesta unos $23 billones Hoy un galón de ACPM vale en Barranquilla $10.661, es decir US$2.66, mientras ese mismo galón en la Florida vale US$3.71, lo que significa que su gobierno está subsidiando US$1.05, unos $4.203 por galón. El consumo diario de ACPM, es de 6.3 millones de galones, o sea $2.300 millones de galones al año, que al multiplicarlo por el subsidiado otorgado $4.203 nos da un subsidio de $9.7 billones por año. Lo que significa que en el gobierno del 7 de agosto de 2022, al 31 de agosto de 2025, el déficit ha sido de $23 billones, por no haber subido el precio del ACPM. ¿Por qué usted, presidente, decidió no aumentarlo? Le tuvo miedo que el estallido social del 2021, se repitiera en su gobierno. No hay una sola razón válida, para que no hubiera procedido a eliminar el subsidio al combustible, lo hizo con la gasolina y no paso nada, ni siquiera la inflación se disparó, antes, por el contrario, ha venid bajando. Por favor aclare las cifras del déficit fiscal del país, para que sepa en realidad que sectores o que decisiones administrativas lo están generando. Para empezar a disminuir el déficit, ordene subir el precio del ACPM que significan $10 billones anuales. Lea también: ¿Hay ambiente en el Congreso para aprobar una reforma tributaria? Efectos de la propuesta de reforma tributaria No es tan cierto, que la reforma solo tocará el bolsillo de los 4.000 riquitos que dice el presidente hay en Colombia. Tocará el bolsillo de todos los colombianos, porque la base de la reforma son los impuestos indirectos, y ha de saber el presidente Petro como economista que los impuestos indirectos son trasladados finalmente al consumidor que es quién los paga. Distinto es la tributación directa, que recae sobre las personas o sobre las empresas, aunque este tipo de impuesto en parte puede ser trasladado. Es un error subirle los impuestos a licores y cigarrillos, porque con ello estimula el contrabando que hoy es el flagelo que se sufre en el país. Hoy Colombia deja de recibir por el contrabando de licores y cigarrillos alrededor de $4 billones anualmente. Usted sabe que hoy, estos negocios están ligados con el narcotráfico y el lavado de dinero y además por su precio estimula a la industria de adulteración de licores, con las consecuencias para la salud de los colombianos. Para desestimular el contrabando lo recomendable es bajarle los impuestos para que el producto sea asequible al consumidor y lo adquiera en un establecimiento de comercio y por supuesto incrementar los controles en puertos y aeropuertos que es por donde entra hoy la mayor parte del contrabando y sale la droga del país, igualmente buscar los mecanismos administrativos para disminuir el contrabando técnico que bastante daño le hace a la economía. Hoy pagamos por la gasolina $3.033 más que los gringos Del precio que pagamos por los combustibles, el 23% son impuestos, por lo que no se justifica aumentar más el IVA del 5% al 19%. Hoy pagamos por la gasolina US$3.94, mientras en USA se paga US$3.18, una diferencia de US$0.78, es decir, hoy los colombianos pagamos por encima del precio internacional de la gasolina $3.033 por galón. Los que consumen gasolina en Colombia presidente Petro están subsidiando a los que consumen Diesel, lo que indica que el precio que hoy pagamos por el galón de gasolina debería bajar de acuerdo al precio internacional del petróleo y no aumentarlo más como usted lo está planteando en sus amenazas, de que si no le aprueba la reforma tributaria tendrá que subir el precio de la gasolina. Pídales la información real a sus asesores para que este bien informado y no diga absurdos como los 10 millones de toneladas de lechona o los 1.300 millones de visitantes a la Feria en Japón. ¿Por qué sucede esto? Por la sencilla razón que, en Colombia, el precio de la gasolina sube cuando el precio internacional del petróleo sube, pero no baja cuando ese precio disminuye. Eso si sucede en los Estados unidos. Con el Diesel es lo contrario, en USA vale US$3.73, y en Colombia US$2.66, una diferencia de US$1.05 que es el subsidio que esta dando el gobierno Petro, $10 billones anuales al no subir su precio, lo que significa unos $23 billones en lo que va de su gobierno. (datos a septiembre 3 de 2025). No es cierto, presidente que los riquitos son los que consumen gasolina, los pobres también la consumen y en las redes sociales son muchas las burlas sobre este tema. Comentarios a la propuesta de reforma tributaria El planteamiento del gobierno, sobre su propuesta de Ley de Financiamiento, es que esta no se centrará en subir impuestos a todas las empresas, sino en redistribuir la carga fiscal. Se busca reducir impuestos a las empresas (excepto combustibles fósiles), aumentar la carga tributaria a personas naturales, crear nuevos impuestos sobre la improductividad de la tierra y sobre los ahorros en los paraísos fiscales, al igual que aumentar los aranceles a las importaciones. El gobierno aspira a recaudar $26.5 billones. Principales críticas a la Ley de financiamiento LA ANIF “podría tener un impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico, con medidas que califican como "casi confiscatorias" y tasas impositivas excesivamente altas, particularmente en sectores como el energético y el financiero, lo que reduciría su rentabilidad y el atractivo para la inversión extranjera. Además, la asociación alerta sobre el aumento de los costos energéticos, el impuesto al patrimonio permanente y la falta de soluciones al problema fiscal del país”. Según Portafolio, “es inconveniente un impuesto al consumo de venta de vivienda nueva y usada. Es inequitativo gravar con imporenta el componente inflacionario de los rendimientos financieros. El mensaje parece ser carga tributaria a los mismos de siempre y a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Negativo para la inversión y los inversionistas”. Por su parte, la parlamentaria Katherine Miranda indicó: “Yo no sabía que una persona que ganara $6.5 millones era parte de los 4.000 ricos del país. Megas ricos de TEMU, Petro mentiroso”. El Exministro Ocampo pidió al gobierno "recortar gastos antes de pensar en una nueva reforma tributaria, y le pide al Congreso no seguir adelante con los debates de esta reforma” José Manuel Restrepo indicó que la medida “Se va a traducir en desconfianza de la inversión privada, más informalidad empresarial más inversionistas y personas naturales cambiando de domicilio fiscal y una desactivación de la economía. Metámosles más pragmatismo a estas decisiones”. Nuestra posición es “Creemos, que antes de presentar un presupuesto desfinanciado y una nueva reforma tributaria, el gobierno debería asumir el costo político de eliminar el subsidio al ACPM. Igualmente debería reestructurar el Estado, eliminando ministerios, como entidades públicas, embajadas, consulados cuyas funciones pueden ser desempeñadas con éxito por otros ministerios y embajadas. Disminuir a su mínima expresión las OPS, como los gastos inoficiosos. Un déficit fiscal del 6.8%, con posibilidades de terminar este año en el 7.2%, requiere un ajuste inmediato, es mejor hacerlo hoy que mañana, entre más se demoré el ajuste, peor serán las consecuencias para los más pobres”. Finalmente, es una reforma tributaria cuya base fundamental son los impuestos indirectos (IVA), consumo y combustibles que representan el 51.1%%, de los ingresos esperados, que terminan pagándolos todos los consumidores con el agravante de que estamos a seis(6) meses de un debate electoral donde los parlamentarios cuya mayoría aspira a repetir curul no le jalará a esa iniciativa, tanto es así, que ya le negaron al gobierno la aprobación del presupuesto desfinanciado que le presento al Congreso. Lea también: Cómo se gastó la plata el gobierno del cambio en 2024 Vuelva y juega, el gobierno comete los mismos errores del año pasado, lo más seguro es que tato el presupuesto como la reforma tributaria sean negadas por el Congreso, La decisión recientemente tomada por el senado de votar en contra de la ternada por el presidente es una señal clara de lo que va a pasar con estas iniciativas. Ojalá, y la decisión del Congreso con el presupuesto y la reforma tributaria sea tomada después de debatirla con altura y no como ocurrió el año pasado, que fueron negadas ambas propuestas sin antes debatirla. No compartimos la tesis de OCAMPO cuando le pide al Congreso que no debata dicha ley. NO ES TIEMPO PARA MAS IMPUESTOS, ES TIEMPO DE REDUCIR GASTOS. SOLO LE QUEDAN ONCE (11) MESES Y EL CARIBE ESPERANDO SUS OBRAS.

Por: Daniel Salazar Castellanos El 10% de la población más rica en Latinoamérica acapara en promedio el 34% de los ingresos nacionales, lo que refleja las brechas persistentes en los países de la región, de acuerdo a cálculos de la ONG Oxfam y compartidos en exclusiva con Bloomberg Línea. La concentración del ingreso es la parte de todo el dinero que gana un país que se queda en manos de un grupo pequeño de la población, de acuerdo a la definición de Oxfam. Entre los países analizados, Colombia tiene una de las mayores concentraciones de renta del 10% más rico de la población, puesto que acaparan el 43,5% de los ingresos. Le siguen Brasil, en donde el 10% de los más ricos acapara el 40,9% de los ingresos, y Panamá, en donde concentran el 36,7%, ambos también por encima del promedio regional y México, donde Oxfam indica que el 10% más rico acapara el 36,6%. Lea también: Colombia tiene las mayores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad Países como Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Honduras y Ecuador se encuentran muy cerca del promedio, con valores que oscilan entre 34,1% y 36,4%. En contraste, las naciones con menor concentración de renta en este grupo son Argentina, Uruguay, El Salvador y República Dominicana, cuyos valores se sitúan por debajo del promedio regional. En todos los países de la región, el 1% más rico concentra más renta que el 50% más pobre, excepto Argentina. Concentración de renta Porcentaje de la riqueza que acapara el 10% más rico en Latinoamérica en (%): Colombia: 43,5 Brasil: 40,9 Panamá: 36,7 México: 36,6 Guatemala: 36,4 Costa Rica: 35,6 Paraguay: 35,2 Honduras: 35,1 América Latina (promedio simple): 34,3 Ecuador: 34,1 Perú: 31,2 Argentina: 30,7 Uruguay: 30,6 El Salvador: 30,5 República Dominicana: 29,3 Brechas en ingresos De acuerdo a un reciente informe de Oxfam, en México “las desigualdades extremas se han mantenido muy amplias, incluso si algunos grupos sociales han registrado avances importantes en los años recientes". En el país, el 1 % más rico gana 442 veces más que los hogares más empobrecidos. Los ingresos del 1% más rico alcanzan los MXN$958,777 mensuales por persona integrante del hogar (US$51.160). Entre tanto, el 10% de los hogares con menos ingresos en el país (es decir, el decil I) percibe ingresos mensuales de MXN$2.168 por persona (US$116). Además, en México su ingreso es 44 veces mayor al promedio nacional, de acuerdo al documento elaborado junto al Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (INDESIG). Lea también: Oxfam propone tributación que mitigue la desigualdad en A. Latina Entre tanto, en Brasil el 10% de la población brasileña con mayores ingresos recibió en 2024 13,4 veces más de lo que gana el 40% de la población con menores ingresos, de acuerdo a información divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Mientras el 10% más rico ganó R$8.034 (US$1.480), el 40% más recibió en promedio R$601 (US$110). En el caso del 1% más rico de Brasil (R$21.767/US$4,010), la brecha en 2024 fue de 36,2 veces más frente al ingreso del 40% más pobre. A pesar de la persistente desigualdad, la diferencia es la más baja desde el inicio de la serie histórica de la investigación en 2012. Desigualdad como fenómeno estructural y político La académica y doctora en Economía en la Universidad del Rosario, Clara Inés Pardo, explica que la desigualdad en América Latina es un fenómeno estructural. “Las élites no son simplemente beneficiarias pasivas de la desigualdad, sino que en muchos casos la perpetúan activamente mediante el control de instituciones, la manipulación del discurso público y el bloqueo de reformas redistributivas”, dijo Pardo. Pardo subraya que lejos de ser actores neutrales, las élites muchas veces defienden activamente el statu quo, “ya que se benefician de él”. En este marco, analiza que frecuentemente logran influir o controlar instituciones estatales para proteger sus intereses económicos, lo que impide la implementación de políticas redistributivas eficaces. Orígenes históricos Según Pardo, los orígenes históricos de estas brechas se remontan a la colonización, cuando se establecieron estructuras sociales jerárquicas y extractivas, en las que una élite (europea o criolla) concentró el poder y la riqueza. Además, “el sistema de encomiendas y latifundios marginó a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, perpetuando una distribución desigual de la tierra y los recursos”. A su juicio, esta herencia histórica ha mantenido la concentración de tierra y riqueza incluso después de las independencias. Explica que, aunque las independencias del siglo XIX rompieron con el dominio colonial, no modificaron sustancialmente las estructuras de poder ni redistribuyeron la riqueza. “Las élites criollas mantuvieron el control económico y político”, dijo. Factores estructurales y económicos La región ha dependido históricamente de la exportación de materias primas, lo que “genera crecimiento económico, pero con escaso efecto redistributivo y alta vulnerabilidad a choques externos”, en opinión de Clara Inés Pardo. Asimismo, considera que el sistema fiscal es regresivo: “Los impuestos en la región tienden a ser bajos y poco progresivos. Además, hay alta evasión fiscal, lo que reduce el margen de acción del Estado para invertir en educación, salud y protección social”. Atado a lo anterior, el mercado laboral informal y segmentado “excluye a millones de personas del acceso a derechos laborales y seguridad social.” Desigualdad como estrategia de control Otro punto es que la desigualdad mantiene a grandes sectores de la población dependientes o marginados, lo que permite explotar fuerza laboral barata y fragmenta a la sociedad en términos de clase, raza y territorio, debilitando movimientos populares. Por ello, cualquier estrategia para reducir las brechas de ingreso debe enfrentar estas estructuras de poder, lo que requiere voluntad política, movilización social y fortalecimiento institucional, según el análisis de Pardo. Lea también: La preocupación global por la desigualdad: qué pasa en Colombia Retos fiscales e institucionales La académica resalta que la desigualdad también se mantiene por fallas fiscales e institucionales. “Se debe a una combinación de diseño institucional deficiente, resistencia política y fallas en la implementación.” Señala que el IVA, considerada una de las principales fuentes de recaudación, es regresivo en muchos países. Entre tanto, la evasión fiscal por grandes fortunas y corporaciones reduce los recursos disponibles para políticas sociales. A estos factores se suma el hecho de que parte del gasto público se dirige a subsidios regresivos, mientras que las transferencias sociales, aunque crecientes, suelen ser pequeñas y focalizadas, sin transformar la estructura de desigualdad.

La economía de Barranquilla habría crecido 3,4% en junio de 2025 frente al mismo mes de 2024, según los resultados más recientes del IMED. Esta variación es consistente con la dinámica nacional; el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE reporta un crecimiento de 2,9% para el país en el mismo periodo. A su vez, el desempeño local se alinea con el mayor crecimiento productivo del departamento durante 2025; tomando como referencia los resultados publicados del Índice Trimestral de la Actividad Económica Departamental (ITAED) para Atlántico, que indica un crecimiento del 2,6% en el primer trimestre del año. Lea también: Sube la confianza de comerciantes e industriales colombianos El avance del distrito se explica, principalmente, por la recuperación sostenida del comercio durante 2025, actividad que representa cerca del 20% de la producción local, junto con el dinamismo de los servicios profesionales y del sector de información y comunicaciones. En junio se sumó el aporte de la agricultura y de los servicios públicos domiciliarios, que desde mayo muestran un mejor desempeño, en contraste con el menor ritmo observado al inicio del año. El resultado del sector primario se reflejó en un incremento anual de 6,4% en el abastecimiento de los mercados locales, mientras que la mayor dinámica de los servicios públicos obedeció a un aumento de 5,9% en la demanda de energía no regulada en KWh, frente a junio de 2024. Asimismo, se ha observado un crecimiento moderado, pero positivo, en las actividades artísticas y de entretenimiento. En contraste, la industria registró su primera variación anual negativa tras haber sido uno de los principales impulsores de la actividad económica, y la construcción presentó una contracción menos pronunciada de la observada en los últimos tres meses. Lea también: Gasto de los hogares en Colombia creció 5,6% real en julio de 2025 En contraste, las actividades vinculadas al sector público, como los impuestos y la administración pública, mantuvieron durante 2025 una tendencia a la baja. Por su parte, el sector inmobiliario acentuó su desaceleración durante el trimestre abril–junio. A esto se suma el retroceso de las actividades financieras, cuyo desempeño negativo se observa desde mayo de 2025. Para los próximos dos meses, Fundesarrollo estima un crecimiento similar al de junio, cerca de 3,3% en julio y agosto de 2025

Con motivo de la celebración de la Semana del Adulto Mayor, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gestión Social, realizó el lanzamiento del proyecto de Salud Oral que beneficiará a 2.500 adultos mayores de los Centros de Vida y de las comunidades de la ciudad en general. Este proyecto, que forma parte de las acciones de apoyo a la gestión para promover la salud oral en esta población, se desarrolló en el Centro de Vida Conidec con la asistencia de la primera dama del Distrito, Katia Nule; el secretario distrital de Gestión Social, Ismael Marín Daza, y Vianet Niebles Obredor, líder del Programa Adulto Mayor. “A partir de hoy se lanza el proyecto de salud oral para los adultos mayores de la ciudad de Barranquilla, vamos a estar atendiendo 2.500 adultos mayores, a todos se les va hacer valoración y el que necesite o amerite su prótesis dental se le va a entregar. Queremos abuelitos con una sonrisa bonita y que puedan alimentarse y sentirse bien. Desde la Alcaldía de Barranquilla estamos pensando todo el tiempo en ustedes”, expresó con alegría la primera dama Katia Nule. Esta campaña está diseñada para atender a adultos mayores de 60 años o más, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema o abandono social, y pertenezcan a los 26 Centros de Vida fijos y parques. El programa incluirá jornadas de orientación, limpieza dental y valoraciones odontológicas, además de la entrega de kits de protección oral. Durante el evento de lanzamiento, 140 adultos mayores del Centro de Vida Conidec recibieron estos elementos de apoyo y 8 de ellos fueron valorados y serán beneficiados con prótesis dentales, como el caso de Dolores Herrera, quien dijo sentirse muy feliz: “Muy emocionada! Yo fui una de las primeras que me alegré, yo estaba llorando pero era de la alegría. A mí me gusta reírme mucho y a veces me tapaba la boca. Mii hija me decía: mami, algún día te hacemos una nueva prótesis, no te preocupes. Estoy superalegre de que al fin voy a volver a sonreír. Gracias, Alcaldía de Barranquilla, por esta oportunidad tan bonita como es la dentadura para nosotros, para poder sonreír bien”. Este proyecto subraya el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos más vulnerables, incluso aquellos que no cuentan con una red de apoyo familiar, pero que asisten a los Centros de Vida. “Queremos que los abuelitos la pasen alegre, feliz y en estos espacios como son los Centros de Vida, importantes sobre todo para su salud mental. El lema del alcalde y primera dama es sencillez, calidad, alegría, respeto, buen trato y pasarla feliz y vivir cada día bonito y alegre”, agregó el secretario de Gestión Social, Ismael Marín.

Con expectativa, ilusión y entusiasmo, los estudiantes de la IUB iniciaron este martes su tercer cuatrimestre académico. Tras compartir con sus compañeros y disfrutar de muestras artísticas y culturales, los 2.559 nuevos estudiantes, dentro de los cuales 1.100 corresponden al proyecto IUB al Barrio, recibieron la bienvenida a este nuevo ciclo por parte del alcalde Alejandro Char, quien celebró que esta institución de educación superior acreditada en alta calidad representa una oportunidad para el futuro de cada uno de los que ingresan. A través de su cuenta de X, el mandatario distrital manifestó: “¡Les damos la bienvenida a más de 2.500 nuevos estudiantes de la @UniBarranquilla y la IUB al Barrio! Qué orgullo ver cómo cada vez más jóvenes ingresan a esta universidad de alta calidad para crecer profesionalmente, formarse como ciudadanos integrales y hacer realidad sus sueños con la carrera que eligieron. Hoy ya son cerca de 17 mil estudiantes. Celebramos a quienes tomaron el camino más valioso: la educación, una riqueza que abre puertas, crea oportunidades y cambia realidades de miles de familias. ¡Con toda, muchachos!” (Ver publicación). De igual manera, el alcalde Char aseguró a los asistentes que “la mayor riqueza que puede tener Barranquilla no son sus carreteras, no son sus puentes, es el conocimiento de cada uno de ustedes. Ustedes van a hacer de esta ciudad más grande de lo que es, más importante, más sabia, con más oportunidades. A Barranquilla nada la detiene”. Al finalizar su intervención, Char invitó a los estudiantes a tener toda la disposición de aprender y aprovechar la oportunidad: “Así que hoy yo me siento orgulloso de este nuevo contingente de jóvenes, muchachos y muchachas, que entran a esta institución. Aprovechen cada día de esta universidad y no se arrepentirán nunca en la vida que este es el activo, este es el oro más preciado que pueden entregarle a ustedes y a su familia, el conocimiento”. Este proyecto es una apuesta innovadora en la que la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), en alianza con el Distrito de Barranquilla y con recursos de gratuidad del Gobierno nacional, busca romper las barreras de acceso a la educación superior. En ese sentido, a través de un convenio interadministrativo, la IUB instaló sus programas de pregrado en la infraestructura de 15 instituciones educativas distritales, convirtiéndolas en sedes alternas para llevar la universidad hasta las comunidades. La universidad más cerca de todos La iniciativa ha descentralizado la educación superior, permitiendo que más jóvenes barranquilleros puedan iniciar sus estudios cerca de casa. Los colegios distritales, que en el día funcionan como escenarios de formación básica y media, se transforman en la tarde y la noche en espacios universitarios, con docentes, acompañamiento administrativo y actividades académicas completas. Pedro Daniel Sánchez Rodríguez, a sus 45 años, está iniciando su formación profesional y contó lo que significa para él esta oportunidad de formarse: “Yo pensé que ya no podía lograr ese sueño de estudiar en una institución superior. Hace 45 años, en Barranquilla no se podía pensar en estudiar en la universidad. Cuando terminé mi bachillerato, en el año 98, cuando tenía 18 años, y quería seguir estudiando una carrera profesional, desgraciadamente no lo pude conseguir por motivos financieros, y en ese tiempo, la educación superior era de difícil acceso. Entonces las ganas quedaron ahí guardadas, me puse a trabajar independientemente, hasta que el año pasado vi una publicidad de la Alcaldía de Barranquilla sobre los programas de la IUB al Barrio, me aceptaron en la educación gratuita, gracias a Dios, y escogí la carrera de Administración de Negocios Internacionales, estoy en la sede María Cano”. 15 barrios con sello universitario Hoy, barrios como Las Nieves, Lucero, La Magdalena, Rebolo, El Bosque, Las Américas y Ciudadela 20 de Julio ya sienten el impacto de tener a la IUB en sus calles. En total, son 15 sedes en las distintas localidades de la ciudad. Este proyecto de IUB al Barrio beneficia principalmente a egresados de colegios oficiales, aunque está abierto también a estudiantes de instituciones privadas del Distrito. Una universidad abierta a la ciudad Hoy, en cada salón de clase del proyecto IUB al Barrio se enciende una chispa distinta: la de quienes se ven, quizá por primera vez, como universitarios. El sueño de estudiar ya no está lejano ni atado a un bus que cruza media ciudad; está a la vuelta de la esquina. Las carreras se cursan por cuatrimestres y la duración de ellas, como por ejemplo la carrera de Física Computacional, en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) dura 4 años y 4 meses.

Por: Jorge Vergara Carbó Para exonerar del pago del 20% de contribución, para cubrir los subsidios de energía a los más pobres del país, tanto el gobierno de turno como los parlamentarios durante los años 2010 al 2013, se valieron de artimañas para birlar el artículo 47 de la Ley 143/94, primero lo hicieron con la industria argumentando que por las alta tarifas de energía perdían competitividad, lo que les impedía exportar, después para exonerar al gas natural el gobierno o lo parlamentarios incluyeron un “orangután” en la ley 1450/11, y para culminar la faena, en el Decreto 2860/13, se incluye otro “orangután” para exonerar al sector comercial o a las grandes superficies de comercio. A parlamentarios y ministros de Hacienda y Minas y Energía no les tembló la mano para partirle el espinazo al artículo 47 de la Ley 143/94. A ellos solo les interesaba, favorecer a la industria y el comercio. Se les olvido, que lo que esos sectores dejaban de pagar, lo tenía que cubrir el Estado con recursos del PGN. Recursos que al no tener como generarlos, terminó afectando doblemente a los pobres del país, por una parte, la dificultad del gobierno para cumplir con el pago del subsidio a las empresas y la segunda tener que destinar recursos del PGN para cubrir los fondos que dejaron de pagar, dinero que se ha podido invertir en vivienda, salud, educación, agua y alcantarillado, obras de infraestructura. Lea también: Tarifas de energía: lo peor está por venir En la discusión de la Ley 143 de 1994, la cual se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado, la mayoría integrada por senadores del Caribe colombiano, se incluyó después de varias discusiones, el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, que establece que se aplicarán factores para determinar los recursos que los usuarios residenciales de estratos altos y los no residenciales deben aportar para subsidiar el consumo de subsistencia de los usuarios de menores ingresos, sin que dicho aporte exceda el 20% del costo de prestación del servicio. El artículo buscaba la solidaridad en el sistema eléctrico, donde los usuarios de mayores ingresos o consumos más elevados contribuyeran para que los usuarios de menores ingresos pudieran acceder a la electricidad necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Dieciséis (16) años después de emitida la ley 143/94, por presión de la ANDI y otros gremios, se decide empezar a partirle el espinazo al pago de los subsidios aprobando en diciembre 29 de 2010, la Ley 1430, una ley sobre normas tributarias para la competitividad, como la llamaron argumentando con una mentira que la industria colombiana no era competitiva y no exportaba por el alto valor del kilovatio de energía que pagaba. Le reconocieron a la industria descontar el 50%, del pago de sus impuestos en el año 2011, y exonerarlo en el 100%, a partir del año 2012. La ley le otorgó facultades al gobierno para que en el futuro decida quién es el usuario industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa. No contentos con lo anterior, continúan partiéndole el espinazo al artículo 47 de la ley 143/94, al aprovechar la expedición de la Ley 1450 de junio 16 de 2011, Plan de Desarrollo “Prosperidad Para todos”, para introducir un “orangután” en su artículo 64, parágrafo 2, exonerando al gas natural de la contribución del 20%, para subsidios de energía eléctrica. Una ley, sin conexión en materia tributaria, como tampoco nada que ver con el gas natural. Esa misma ley, en su artículo 114, trata lo relacionado con las zonas no interconectadas, y dice textualmente “Adicionalmente, en las Zonas No Interconectadas la contribución especial en el sector eléctrico, de qué trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, no se aplicará a usuarios no residenciales y a usuarios no regulados. ¿Quién o quienes introdujeron el mico en la ley 1450 de 2011? El presidente del senado en ese año, era el hoy ministro del interior “Armando Benedetti” y el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, Carlos Rodado ministro de Minas y Energía hasta septiembre de ese año, siendo reemplazado por Mauricio Cárdenas. Cárdenas paso a ministro de Hacienda, y fue reemplazado por Federico Rengifo y este por Amylkar Acosta que estuvo del 2013 al 2014. Lea también: El negacionismo de la crisis energética Decretos que reglamentaron la Ley 1430 de 2010 Tal cuál se señalo anteriormente, cuando hacíamos mención a la Ley 1430 de 2010, esta se reglamento por el gobierno de Juan Manuel Santos mediante la expedición de tres decretos, los cuales comentaremos con detalle, para ver su trascendencia. Con relación a la Ley 1430 de 2010, el gobierno expidió en el año 2011, dos Decretos Reglamentarios el 2915 y el 4955, en el primer decreto el ministro de Minas era el señor William Bruce Mac Master, en el segundo el ministro fue Mauricio Cárdenas, en ambos decretos se estableció la exención únicamente para el sector industrial cobijado por los códigos RUT 011 a 456, determinados por la DIAN en la resolución 00432 de 2008. Estos decretos que en esencia decían lo mismo, fueron modificados por el Decreto 2860 del 9 de diciembre 2013, con una particularidad que constituye el “orangután” más grande introducido en nuestra legislación por el ministro de Minas y Energía de ese entonces, quién lo firma Amylkar Acosta medina y Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda. No fueron en esta ocasión los parlamentarios los que introdujeron el “mico”, sino los ministros y el presidente Santos. Se extralimitaron hasta tal punto que convirtieron al sector comercio para poderlos exonerar de la contribución del 20%, como si fuera industrial. ¿Con que finalidad metieron ese orangután? con el único fin, porque no hay otro de favorecer a los afiliados a FENALCO el gran comercio o de grandes superficies exonerándolos del pago de la contribución del 20%, al igual que el orangután que incluyó la Ley 1450/11, al exonerar al gas natural del pago. En el primero y segundo decreto para la exoneración se tuvo en cuenta el RUT del código 011 a 456, que cobijaba a todo el sector industrial. El decreto 2860, modificó los códigos de los decretos anteriores, estableciendo los siguientes: RUT 011 a 360, el 581 y del 411 al 439. Con gran astucia incluyen entre los dos códigos citados de la industria el código RUT 581. ¿Qué comprende ese código? O milagro, los ministros convirtieron al comercio como sector industrial para exonerarlos de la contribución del 20%, sobre el consumo de energía. ¿Cuánta plata se ahorró el gran comercio desde el año 2014? Es fue el gol, un gol sin arquero en ese decreto. El código 581 en Colombia corresponde a "Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico” ¿Por qué favorecer a un sector que no tiene relación con la industria? ¿Por qué seguir favoreciéndolos? Los tres decretos, contribuyeron a generar la crisis que actualmente vive el sector de la energía eléctrica especialmente en el Caribe , y sus dos empresas al no recibir de parte del gobierno el monto de los subsidios que le toco asumir por exonerar a la gran industria y al gran comercio del pago de la contribución del 20%, del consumo de la energía, y que hoy le significa al país $3 billones anuales, dinero que bien podía utilizarse para desarrollar otros programas sociales que beneficien a los más pobres del país. Razón tiene el gobierno Petro en eliminar las exenciones En el año 2010, los argumentos para eliminar el pago de la contribución del 20%, a la industria para subsidios de energía se basaron principalmente en la necesidad de aliviar la carga financiera de los industriales para fomentar la inversión y la competitividad del sector, sugiriendo que esta contribución afectaba negativamente los costos de producción y la capacidad de exportación de las empresas colombianas. Igual argumento se utilizó para disminuir los parafiscales al sector empresarial. A pesar de esas gabelas, los resultados esperados no se dieron el desempleo siguió siendo de los más altos de Latinoamérica y las exportaciones con 17 TLC firmados, no llegan a los US$50.000 millones. Hoy exportamos menos que en el año 2011. Seguimos dependiendo del carbón, petróleo, café, flores y banano. El costo del subsidio del año 2013 al 2025, es aproximadamente de $25 billones, en estos 15 años. Una reforma tributaria completa y de la mayor cuantía. Por esas exoneraciones que le partieron el espinazo a la ley 143/94, en su artículo 47, le corresponde al gobierno asumir con sus recursos el faltante que no se llega a cubrir con los aportes que hacen los estratos 5 y 6. Justamente, lo que no se quería que sucediera cuando se discutía y aprobaba la Ley Eléctrica, de que los subsidios deberían como lo dice su artículo 47, ser cubiertos por la industria, el comercio y los estratos 5 y 6. Lea también: La espiral alcista de los precios de la energía ¿Quiénes se oponen al borrador de decreto del gobierno? Ahora, que el gobierno actual encontró el camino correcto para volver al espíritu de la Ley 143/94, quienes de una u otra forma tuvieron que ver con la exoneración del pago de la contribución al sector empresarial, hoy son los voceros de los gremios para oponerse al nuevo decreto que saco el gobierno para que parte del sector industrial, el comercio y la industria del gas natural vuelvan a pagar la contribución para recaudar al menos $1.4 billones, de los $3 billones que debe pagarse a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, que a su vez tienen una alta deuda con las empresas generadoras. Se les olvida a los directores de los gremios, empezando por el señor William Bruce Mac Master de la ANDI y al de FENALCO Jaime Alberto Cabal que el país, hoy tiene un déficit fiscal del 6.8%, con tendencia a aumentar, con un precio del petróleo de US$66, mientras en los años del 2012 al 2014, cuando tomaron la decisión de exonerarlos, el déficit fiscal del país era de 2.4%, y el precio del petróleo US$110 el barril. Dos condiciones diferentes, que los llevó de una manera irresponsable a exonerarlos del pago de la sobre tasa, afectando el PGN y por ende limitando el accionar del Estado para invertir esos recursos. El gobierno lo que debe hacer es modificar el decreto 2860 de 2013, reglamentario de la Ley 1430 de 2010, tal como lo hicieron Bruce Mac Master, Mauricio Cárdenas y Amylkar Acosta y con la DIAN determinar que industrias siguen exoneradas y cuales deben pagar, y eliminar la exoneración para el sector comercio, el adefesio más grande cometido en la historia del país. No necesita el gobierno Petro, presentar un proyecto de ley, como vienen algunos sectores señalando, que por decreto no puede hacer modificaciones, olvidándoseles que todas las modificaciones las hicieron ellos por decreto. Incluso decretos que no sometieron a comentarios por parte de los colombianos. Lo que sí, no puede hacer el gobierno a mi juicio es mediante un decreto eliminarle el privilegio al gas natural, ya que el beneficio se le concedió mediante la Ley 1450 de 2011, por lo que necesita presentar una ley especial o incluir un artículo en la Ley de Financiamiento que piensa presentar, tal como lo hicieron ellos en la Ley 1450. Lea también: Gobierno insiste en bajar el precio de tarifas de energía Creemos, que no debe darse ningún tipo de exoneración a ningún sector productivo, debe mantenerse el % de los subsidios para los estratos1,2 y 3 sin gravar al estrato 4, y que los estratos 5 y 6 sigan pagando la contribución como lo han venido haciendo todos estos años. Por último, señalar, que no es cierto como lo vienen afirmando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que con este decreto la tarifa de energía va a subir a los usuarios regulados y los estratos 5 y 6, tendrán que pagar un 20% adicional al que vienen pagando. Eso es falso. Igualmente es falso lo que dicen, que la tarifa que paga la industria es la más alta del mundo, $780. Esa, no es la tarifa que pagan los industriales y el gran comercio en el país, la tarifa promedio que pagan en contrato de largo plazo es de $300 el kilovatio, muy lejos de la de $780, que irresponsables señalan. Eso significa, a la TRM de hoy, una tarifa de US$0.074 Tarifa por debajo de lo que paga la industria en la Florida US$0.088.

Por: Cristina Papaleo El asesinato del senador y precandidato de derecha Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático (CD), baleado el 7 de junio, parece haber marcado el inicio de otro capítulo de la violencia en Colombia, reviviendo para muchos los fantasmas de 1980 y 1990, cuando fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales. A ese asesinato le siguieron en agosto ataques armados que dejaron 18 muertos y más de 60 heridos. A nueve años de la firma del acuerdo de paz (2016), el Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro ―que apostó por seguir promoviendo el diálogo con los exguerrilleros de las FARC, las disidencias― hace frente con una estrategia militarizada a los recientes ataques, que sumen al país en una nueva crisis de violencia política, la peor en una década. Lea también: Conflicto armado dejó más de 953.000 víctimas en cuatro meses "El Gobierno está desarrollando una política dual difícil de conjugar. Por un lado, con conversaciones para llegar a acuerdos con grupos de exguerrilleros para reincorporarlos a la vida civil. Por el otro, con declaraciones de guerra muy fuertes", dice a DW Camilo González Posso, presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Ataques de exguerrilleros provocan división en Colombia A Petro le llueven críticas de la oposición de derecha por haber priorizado el diálogo, y la inseguridad pasó al centro del debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció el viernes (23.08.2025) la implementación de la Operación Sultana, a fin de proteger al país "del terrorismo y el crimen". "Tanto de cara a las elecciones como en la controversia política, la situación se ha polarizado", agrega González Posso. "Por un lado, con una línea dura, alineada con Estados Unidos, que se vuelca con todo a la seguridad y la militarización, retomando la lógica de guerra que instauró durante su mandato el expresidente de derecha Álvaro Uribe. La línea contrapuesta es la de sectores de centroizquierda de que se debe poner todo el énfasis en las políticas de democratización y de justicia social, lo que no descarta, sin embargo, estrategias de seguridad y acciones de fuerza legítimas por parte del Estado", explica. Situación diferente a los años 90, pero iguales desafíos Stefan Peters, director académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), condena "enérgicamente" en entrevista con DW los actos de violencia "que ponen en riesgo a la sociedad". Y explica que, "en los territorios que habían sido controlados por las FARC, se generó un vacío de poder por no haber suficientes políticas sociales del Estado". Un vacío que es aprovechado por grupos de guerrilleros disidentes, de paramilitares e incluso por organizaciones criminales del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Sin embargo, a pesar de que "hay un aumento de las hectáreas de cultivo de coca, el escenario no es el mismo que en los años 90", indica. Y aunque el Gobierno "no tiene más alternativa que combatir militarmente a esas economías ilegales transnacionales, también debido a la presión política, este conflicto no se va a resolver solo a través de las armas. Hay que ocuparse de la situación humanitaria de la sociedad civil, de la pobreza y de la desigualdad social", puntualiza. "Tal vez por haber vivido tanto tiempo en estas confrontaciones armadas, hay una parte importante de la sociedad que piensa que no se debe renunciar a buscar la paz también mediante el camino de las reformas y el diálogo", coincide Camilo González Posso. Lea también: El Cauca como reflejo de las 8 guerras internas en Colombia "El discurso de la extrema derecha" ante la opinión pública Petro denunció en junio un "intento golpista de la extrema" derecha de Colombia y Estados Unidos, y negó la víspera en X la existencia del Cartel de los Soles en Venezuela, insistiendo en que es una "excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no le obedecen". Al respecto, González Posso dice que "la extrema derecha está pidiendo que haya una alianza internacional de Colombia con Estados Unidos, Israel, la inteligencia de Occidente y la OTAN para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y de los grupos armados". Al mismo tiempo, advierte que "identificar a los grupos disidentes armados con el narcotráfico es una mala lectura". En su opinión, "el narcotráfico que opera en Colombia y genera violencia es un régimen internacional cuya cabecera está en las potencias consumidoras de cocaína y otros psicoactivos, y en las redes de lavado de dinero". Las acciones de las disidencias armadas, en cierta forma, "apoyan el discurso de la extrema derecha ante la opinión pública", consigna Peters, "de que las políticas ambiciosas de paz total no han logrado los resultados que el Gobierno buscaba". El riesgo de una estrategia armada para combatir la violencia ¿Cuál es el interés de estos grupos en desatar una nueva ola de violencia, y qué rumbo podría tomar Colombia con una medida como la de Petro? De algún modo, dice el director de CAPAZ, el accionar de las disidencias "es una demostración de fuerza hacia el Gobierno y hacia sus bases. Así, están en una buena situación para exigir en caso de negociar". Pero no ve una estrategia definida de los diferentes grupos, aunque sí una reacción ante las incautaciones. "Se puede decir que son grupos híbridos que mantienen una etiqueta con origen en razones ideológicas, pero su práctica actual está orientada a los negocios y a la alianza con estructuras criminales más poderosas", sostiene el presidente de Indepaz. Esas "ramas sueltas" manejan una narrativa ambigüa. A caballo entre la gestión militar del conflicto, golpeando la economía de los grupos armados, y el intento de desmovilizar a través del diálogo, "hoy, ante las elecciones de 2026, las expectativas de paz están chocando con las realidades de estas dinámicas violentas", subraya González Posso. Lea también: Cauca, un grito desesperado "Frente a esas acciones, solo invitar al diálogo es probablemente poco viable y quizás tampoco recomendable", considera Stefan Peters. "Sin embargo, la solución no va a ser a través de las armas. No solo hay que ver cómo poner fin a este conflicto y desmantelar el mayor número de grupos ―Colombia es casi campeón del mundo en desmovilización― sino también trabajar sobre las causas del conflicto para que no haya un reciclaje de la violencia". "Si se busca terminar con estos múltiples conflictos solo a través de las armas va a haber una escalada del conflicto armado y puede correr mucha sangre. Eso es un riesgo real", advierte. Y concluye: "No es una guerra que podemos ganar, sino que necesitamos ver cómo podemos, a través de la política, resolverla". DW

El exjefe de Despacho Presidencial de Colombia Alfredo Saade, una de las figuras más controvertidas del Gobierno de Gustavo Petro, anunció este miércoles que entrará en la carrera presidencial para, si gana, reformar la Constitución con el fin de que el actual mandatario regrese al poder en unos años. Lea también: Alfredo Saade confirma acuerdo con Portugal para pasaportes Saade, que el 19 de agosto fue suspendido del cargo por tres meses por orden de la Procuraduría (Ministerio Público) que lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes, dijo en su cuenta de X que participará en la consulta en la que el Pacto Histórico, partido de Gobierno, escogerá su candidato presidencial. También: Viuda de Miguel Uribe se fue del país: "No quiere participar en ninguna actividad política" "Lucharé en la calle como lo sé hacer para lograr ganarme aún más el favor del pueblo y ser elegido en octubre como candidato a la Presidencia. Mi visión es la misma, buscaré una vez sea elegido presidente de Colombia una constituyente que permita el regreso de Petro reelegido", dijo Saade. La reelección fue eliminada de la Constitución colombiana en 2015, pero Saade, que estuvo solo dos meses en el Gobierno, defiende que Petro debe volver a la Presidencia y gobernar varios años más, al tiempo que promueve el cierre del Congreso y de medios de comunicación que sean críticos con el mandatario. Lea también: Polo Democrático Alternativo decide fusionarse con el Pacto Histórico "Insisto en que los medios de comunicación deben regularse y no mentir más so pena de ser sancionados, la Procuraduría hay que cerrarla, los empresarios encontrarán en mí un aliado más no un empleado, el poder popular será quien me dirija y será el pueblo quien después de Dios el que me sostenga, el Congreso tendrá que traba. EFE

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de julio, divulgada por Fedesarrollo, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 27,2%, lo que representa un incremento de 3,2 puntos porcentuales frente al mes anterior. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó 6,7%, con un aumento de 5,2 puntos porcentuales respecto a junio. Lea también: Pobreza monetaria en Colombia cayó a mínimos históricos en 2024 El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “El incremento de 3,2 pps del Índice de Confianza Comercial respecto al mes anterior se debe a un incremento en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio y en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, compensado parcialmente por un aumento en el nivel de existencias. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial aumentó 5,2 pps respecto a junio, explicado por un aumento en el volumen actual de pedidos, una disminución en el nivel de existencias y un incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre”. En materia de comercio exterior, Fedesarrollo señaló que para el segundo trimestre de 2025 se presentó una variación positiva en el valor exportado en dólares (16,7 pps), en la percepción de los pedidos de exportación (14,0 pps) y en la rentabilidad de la actividad exportadora (1,4 pps). No obstante, las expectativas a tres meses del valor exportado en dólares registraron una variación negativa de 7,5 pps. Lea también: Gasto de los hogares en Colombia creció 5,6% real en julio de 2025 De acuerdo con los empresarios consultados, el factor más favorable para la actividad exportadora fue el sistema de Plan Vallejo, mientras que el transporte internacional se ubicó como el factor más desfavorable. DATAIFX