Colombia en suspenso: el precio de defender la verdad y el territorio

Por: Nerio Luis Mejía

Triste y vergonzoso, pero incuestionable: Colombia sigue siendo un territorio hostil para quienes se atreven a levantar la voz y denunciar las realidades de sus regiones. El matrimonio entre el crimen organizado y los poderes políticos tradicionales ha dejado una estela de muertes con la que pretenden imponer el miedo. Sin embargo, frente al exterminio sistemático, persiste la valentía de quienes insisten en decir la verdad aun a costa de sus propias vidas.

El asesinato de periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos envía un mensaje implícito pero devastador a la ciudadanía: callar es la única garantía para seguir vivo. El miedo actúa entonces no solo como un estado de ánimo, sino como una doctrina impuesta por una arquitectura criminal que no da tregua.

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El inicio del gobierno de Abelardo De la Espriella genera una profunda incertidumbre entre diversos sectores de la comunicación, organizaciones de derechos humanos y liderazgos comunitarios. Los desafiantes discursos de campaña del abogado cordobés —marcados por posturas radicales y expresiones tajantes— han encendido las alarmas en una sociedad ya polarizada entre la doctrina de la "mano dura" y las demandas de diálogo social.

La principal preocupación para quienes ejercen la vocería social y el periodismo no radica únicamente en la violencia física, sino en el acoso judicial. El uso reiterado de acciones legales e intimidaciones amenaza con estrechar aún más el margen para el control ciudadano, la veeduría comunitaria y la prensa libre. Frente a este panorama, los liderazgos y comunicadores se ven empujados a una disyuntiva crítica: ceder ante la autocensura o asumir las consecuencias penales, económicas y de seguridad que implica sostener la denuncia pública.

Desde la toma de posesión presidencial, las redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han transformado en escenarios de llamados a la solidaridad interinstitucional. En Colombia, el liderazgo comunitario y la prensa han pagado un precio desmedido por cumplir su labor, roles fundamentales para la democracia dado que constituyen el canal primario a través del cual las comunidades ejercen el control político y defienden sus territorios.

Es imprescindible recordar que la libertad de expresión, la protesta social y la defensa de los derechos humanos no son privilegios concedidos por el gobierno de turno, sino derechos fundamentales con protección constitucional reforzada (Artículos 20 y 93 de la Constitución Política de Colombia) y respaldo en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La jurisprudencia interamericana ha reiterado que el uso del aparato estatal o del litigio malicioso para amedrentar a líderes, defensores y comunicadores vulnera el debate democrático.

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Defender el territorio y ejercer la comunicación no es solo registrar hechos judiciales o la coyuntura política; es también memoria, dignidad, cultura e historias rurales que le devuelven la voz a las comunidades vulneradas. Imaginar a la sociedad sin líderes sociales ni periodistas es aceptar la ceguera colectiva y el sesgo institucional.

Cuando el miedo opera como mordaza y el Estado falla en brindar garantías reales de protección a quienes defienden la vida y la verdad, la democracia se erosiona desde adentro. Romper el cerco de la violencia armada y las amenazas judiciales exige no rendirse ante el aislamiento. El dilema no puede ser la sumisión o el entierro; la garantía de la verdad y el territorio debe ser el primer compromiso de cualquier sociedad que pretenda llamarse libre.