La Regeneración del "Tigre": la ilusión del orden sin Constitución

Por: Dany Oviedo Marino

Cuando Abelardo De la Espriella desempolva la palabra Regeneración, no está acudiendo a un simple adjetivo. Está invocando, de manera deliberada, el fantasma doctrinal de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Aquella épica decimonónica que sepultó el federalismo para erigir la Constitución de 1886 sobre tres vigas maestras: centralismo político, autoridad del Estado y alianza con los valores tradicionales. Matizado con la influencia de Álvaro Gómez Hurtado y su clamor por restaurar "lo fundamental", el proyecto de la "Patria Milagro" se presenta como la cura definitiva para un país agotado por la inseguridad, la problema fiscal y la desconfianza institucional.

El diagnóstico de De la Espriella conecta de inmediato con la fibra emocional de millones de colombianos. En un escenario donde el crimen organizado desafía la soberanía territorial y la extorsión asfixia al comerciante de a pie, la narrativa del "Tigre" que muerde sin concesiones ofrece la contundencia que muchos anhelan. Sin embargo, cuando se pasa del fervor del estrado a la frialdad de la hoja de cálculo y del texto constitucional, la propuesta empieza a revelar profundas grietas de viabilidad.

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La primera gran grieta es fiscal y raya en la paradoja matemática. De la Espriella promete un tijeretazo al gasto público del 25%, la eliminación del impuesto al 4 x mil y una drástica reducción tributaria a las empresas, todo en nombre del libre mercado y la eficiencia. Pero, al mismo tiempo, promete inyectar $10 billones al sistema de salud y ofrece créditos de vivienda con un irrealizable interés del 2%.

¿De dónde saldrán los recursos? Eliminar el 4 x mil le quita de un solo tajo reduciría en más de $12 billones de pesos anuales al Presupuesto General de la Nación. Suponer que el desmonte de unos cuantos ministerios financiará semejante expansión del gasto social no es solo una ingenuidad técnica; es una amenaza directa a la Ley de Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011) que pondría a Colombia en la mira de las agencias calificadoras de riesgo y al borde de la asfixia crediticia.

La segunda grieta —quizás la más profunda— es de naturaleza constitucional. La agenda punitiva que abandera el candidato —que incluye la cadena perpetua para abusadores de niños, el fin unilateral de la JEP, la reanudación de la aspersión aérea con glifosato y la prohibición de la adopción igualitaria— no choca contra la oposición parlamentaria; choca directamente contra la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El alto tribunal ya dejó claro en la Sentencia C-294 de 2021 que la prisión perpetua es inconstitucional por sustituir el principio fundante de la dignidad humana. Del mismo modo, la Sentencia C-683 de 2015 blindó la adopción igualitaria bajo el principio irrestricto de no discriminación, mientras que la Sentencia T-236 de 2017 impuso condicionamientos casi insalvables para la fumigación aérea. Pretender desmontar la JEP desconoce el Bloque de Constitucionalidad protegido por el Artículo 93 de la Carta Magna y los compromisos de Colombia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Para hacer realidad semejante listado de promesas, no bastan decretos ni leyes ordinarias. De la Espriella tendría que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (Art. 376 C.P.), una aventura institucional de mínimo dos años que requiere mayorías absolutas en un Congreso fragmentado y la titánica labor de llevar a las urnas a más de 13,5 millones de ciudadanos.

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Finalmente, su política exterior —marcada por el retiro de la ONU y la OEA para alinearse con Estados Unidos— aislaría a Colombia de la banca multilateral de desarrollo. ¿Cómo pretende convertir a Buenaventura en una potencia logística o construir el Tren de Cercanías del Valle del Cauca si al mismo tiempo le cierra la puerta a los créditos del BID y del Banco Mundial?

La nueva "Regeneración" propuesta por De la Espriella es, en última instancia, una fórmula de enorme efectividad electoral pero de dramática fragilidad ejecutiva. Colombia no necesita mesianismos que prometan dinamitar el marco constitucional para imponer el orden. La verdadera autoridad no consiste en desafiar las leyes de la República, sino en hacerlas cumplir con rigor, presupuesto real y respeto absoluto por las instituciones. Lo demás es retórica populista, humo y un peligroso espejismo de gobernabilidad.