Iván Duque está a punto de concluir su periódo en Colombia. El próximo 7 de agosto entregará las llaves de la Casa de Nariño a su sucesor, el progresista Gustavo Petro, o el populista de derecha Rodolfo Hernández, quien tendrá que tomar las riendas del que es hoy un país más violento que hace cuatro años.
El mandatario de derecha, del partido Centro Democrático, siguió la estela de su guía político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y puso la seguridad y la defensa en el centro de su programa.
Para ello, Duque presentó su "Paz con Legalidad", una suerte de versión adaptada de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, firmados en 2016 bajo la Administración de su antecesor Juan Manuel Santos.
Pese a sus reticencias iniciales para con la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Duque ha trabajado parcialmente en lo negociado en La Habana (Cuba) hace seis años. Sin embargo, está lejos de haber dado el protagonismo requerido a un proceso que ampara el futuro de millones de colombianos; motivo que explica, en parte, el recrudecimiento de la violencia en diversos departamentos del país andino.
Jorge Mantilla, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) considera que la "'Paz con Legalidad' tuvo avances que son importantes". Sin embargo, "en lo relacionado con la reforma rural integral, con las garantías de seguridad, con el tema de drogas a partir del programa PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos)... todos esos puntos se han estancado y, sobre todo, no se ha logrado avanzar de manera definitiva en la transformación territorial".
"En esa aplicación parcial de los Acuerdos hay asuntos que son los que el Gobierno acoge: los que tienen que ver con reincorporación de excombatientes, punto que reconocen como central; y aquellos asuntos que no pueden echar para atrás, como el reconocimiento del nuevo partido político de las FARC, Comunes, y de los beneficios políticos que el Acuerdo les otorgó en el marco de la justicia transicional. No pudieron hacer trizas el Acuerdo, pero tampoco lo implementaron de forma coherente", señala Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Sí a la guerra contra las drogas
Al margen del cumplimiento de lo firmado con las FARC, el presidente Duque apostó desde el comienzo de su mandato por reforzar la estrategia de la guerra contra las drogas, promoviendo la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, los cuales se situaban en cifras récord al final del Gobierno de Santos, con 173.000 hectáreas.
El mandatario quiso incluso retomar las aspersiones con glifosato para eliminar esos cultivos, un compuesto químico que se ha demostrado perjudicial para la salud. Finalmente, la Corte Constitucional le negó el deseo al presidente.
Las cifras de hectáreas de cultivos ilícitos han disminuido un 7% en los últimos años, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). No obstante, la producción de clorhidrato de cocaína ha aumentado un 8%, con más de 1.200 toneladas. Eso hace de Colombia el principal productor mundial de esta droga, según la oficina de la ONU.
En entrevista con France 24, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, subrayó, sin embargo, que "destruimos 20.000 laboratorios de coca para evitar que siguiera creciendo la productividad alrededor del laboratorio. (...) Además, hemos hecho interdicción: 700 toneladas el año pasado, máxima cifra de la historia".
"Este Gobierno confundió la política de seguridad con la política antinarcóticos. El Ejecutivo siguió concentrado en el número de hectáreas, mientras el país alcanzaba uno de los máximos niveles de producción de cocaína. Es decir, hoy hay un país con menos coca, pero con más cocaína", destaca Mantilla desde la FIP.
Pese a tener a la guerra contra las drogas en el epicentro de la estrategia y la persecución de cabecillas de los Grupos Armados Organizados (GAO) para menguar su capacidad delictiva, el programa de seguridad no ha dejado grandes resultados para el país.
"El Gobierno volvió a la guerra contra las drogas a través de una estrategia militar. Ya en la Administración Santos había comenzado ese camino bajo la presión de Estados Unidos y se había colocado en primer plano la erradicación forzosa. Pero en el anterior Ejecutivo se reconocía la importancia de los programas de sustitución, buscando una alternativa a la guerra contra las drogas. Sin embargo, en el Ejecutivo Duque se asumió el asunto como una cuestión plenamente militar, de seguridad nacional y seguridad continental en alianza con los EE. UU.", sostiene Camilo González.
930 líderes sociales asesinados, según Indepaz
El informe de balance de seguridad publicado por Indepaz concluye que durante el Ejecutivo del conservador la violencia contra líderes sociales en los territorios ha aumentado sustancialmente en comparación con los indicadores que dejó en herencia la anterior Administración.
A corte del 4 de junio, el saldo de asesinatos de líderes sociales era de 930, aunque en las últimas semanas, en el marco electoral, la cifra ha subido de forma preocupante en los territorios donde el conflicto nunca se fue y donde el Estado apenas hace presencia más allá de la militarización.
Además, la organización reporta que 245 excombatientes que se acogieron a los Acuerdos han sido asesinados durante el Gobierno Duque, donde asimismo ha habido 261 masacres que han dejado más de 1.100 víctimas mortales.
Detrás de estos crímenes están, según el titular de Defensa, los grupos armados ilegales: "El 80% de los homicidios colectivos y masacres se originaron por disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo. ¿Quiénes están asesinando a los reincorporados de las FARC? Son las mismas disidencias de las FARC. ¿Quiénes han cometido los principales actos terroristas? La guerrilla del ELN. Por eso, combatir esos grupos es una forma de disminuir esa violencia que ellos mismos generan".
Preguntado por cuántos de esos autores de masacres perseguidos por la Justicia, Molano afirmó que "180 de los cabecillas o del ELN, del Clan del Golfo, o de las disidencias de las FARC fueron capturados y judicializados", un dato que no ha reportado mayor tranquilidad en la cotidianidad de las comunidades afectadas por el conflicto, que observan cómo la defensa de sus territorios y su ancestralidad les puede costar la vida.
"La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con ACNUR y otras organizaciones han reportado que la situación este año se ha puesto muy grave", sentencia el presidente de Indepaz.
El sonoro paro armado del Clan del Golfo
"El presidente Duque recibe 13.800 hombres en armas y redes de apoyo en seis grupos armados organizados, no recibe un país en paz. Hoy, al final de su mandato, quedan tres grupos: ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y se han reducido de 13.800 a casi 11.150; 1.200 de ellos en Venezuela", sostiene el ministro de Defensa.
No obstante, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) advirtió en su más reciente informe "Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque" de un crecimiento en número de las principales estructuras criminales en Colombia en los últimos cuatro años.
El documento afirma que la presencia de los grupos armados ilegales se da en el 37% del territorio nacional, en 420 de los 1.103 municipios.
Así las cosas, pese a que el presidente señaló que el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo había desaparecido después de que en octubre de 2021 se detuviera a su principal cabecilla, Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel', el informe de la Fundación PARES sostiene que en la actualidad es la estructura armada más poderosa, presente en 241 municipios colombianos.
"En los reportes que nosotros tenemos, es una estructura que solo ha hecho que crecer en distintos departamentos del norte y noroeste del país. El Clan del Golfo tiene un brazo armado de al menos 33 estructuras y 1.500 hombres en armas, lo que está lejos de ser el fin", destaca Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de PARES.
Posteriormente a su captura, 'Otoniel' fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo, en un proceso controvertido y muy criticado por muchos, que no comprendieron por qué el capo del Clan del Golfo no se sometió primero a la Justicia colombiana.
"La extradición de 'Otoniel' es parte de una tradición ya. Colombia prefirió extraditar a los grandes perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Era prioridad que fueran a rendir cuentas a Estados Unidos sobre lo relacionado con el narcotráfico y colocaron en segundo plano todo lo relacionado con los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y eso es una maniobra de ocultamiento porque, sobre todo, deja de un lado la verdad", afirma el presidente de Indepaz Camilo González.
"Quedó demostrado que lo querían extraditar a toda costa, seguramente por las cosas que estaba hablando, especialmente de los presuntos nexos entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública colombiana y otros personajes de las esferas más importantes del país", sostiene la politóloga Daniela Garzón.
En respuesta a la extradición de 'Otoniel', el Clan del Golfo decretó un paro armado que se consolidó como el más violento en las últimas décadas. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se generaron 309 episodios de violencia en más de un tercio de los departamentos del país.
Entre tanto, y al contrario de lo que sucedió con el paro armado decretado por el ELN en 2020, el Gobierno desplegó a la Fuerza Pública tarde, cuando el constreñimiento a la movilidad y la zozobra a miles de ciudadanos ya era real.
"El paro armado dinamita el discurso oficialista porque la política de seguridad, no solo de este Gobierno, sino en general de varios Ejecutivos, ha sido la de apuntarle a las cabezas visibles de las organizaciones creyendo que así van a poder acabarlas de manera más eficiente, lo que se ha demostrado que no es así", dice la politóloga Garzón.
Paro nacional, unas protestas teñidas de represión policial
Otro de los puntos calientes de la política de seguridad de Iván Duque fueron los sucesivos paros nacionales que tuvieron lugar en 2019, 2020 y 2021, respectivamente, siendo este último la mayor movilización de la historia reciente de Colombia, en la que millones de ciudadanos salieron a las calles por 90 días a expresar su desaprobación hacia las políticas del presidente.
En las mismas, se produjo un elevado número de casos violentos entre la Fuerza Pública y grupúsculos de manifestantes. La represión policial y la militarización protagonizaron tensas jornadas, principalmente en Cali, la tercera ciudad del país.
La ONG Temblores reportó que durante el estallido social hubo más de 80 víctimas mortales en enfrentamientos con la policía y 2.700 episodios de violencia, un extremo que el Gobierno niega.
"Aquí el único que puede decir quién se murió o no es la Fiscalía General de la Nación, que está identificando 26 casos, sobre los que no ha juzgado si hubo una responsabilidad o no. Una cosa es la información que pueda dar una ONG, pero hay un sector de la Justicia que tienen legitimidad de determinar quién fue y por qué sucedió el hecho", sentencia Diego Molano.
Lo que sí parece evidente es la desproporción de la fuerza empleada por las fuerzas de seguridad durante las protestas, un aspecto que ha sido denunciado por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas.
Fruto de las polémicas sobre el uso de la fuerza por parte de policías y otras fuerzas de seguridad, posteriormente al paro nacional Iván Duque promovió una reforma de la Policía Nacional, la cual presentó como objetivo principal crear nuevas faltas, clasificadas como graves y gravísimas, y prevenir los abusos. La organización 'Human Rights Watch' calificó la reforma de "cosmética".
Así las cosas, el proyecto de Duque dejó por fuera uno de los asuntos más controvertidos en las protestas, que hace referencia al cuerpo de antidisturbios, el ESMAD, y su regulación. Este cuerpo protagonizó los mayores actos violentos contra manifestantes.
Por otra parte, y también tras el estallido social, el presidente colombiano promovió la Ley de Seguridad Ciudadana, polémica asimismo porque favorece, entre otras cosas, la "legítima defensa privilegiada", que exime de responsabilidad penal a quienes respondan ante un allanamiento en una propiedad; así como reprime la protesta y protege aún más a los funcionarios de la Fuerza Pública.
"Esta ley es un ejemplo de lo que es una inversión de valores en la acción de este Gobierno. Cuando se espera el elemento orientador sea el mandato constitucional, que la Policía debe velar por la garantía de los derechos humanos, (...) aquí lo que se advierte es que el riesgo son los ciudadanos y las posibles víctimas son los agentes del Estado y, sobre todo, los policías", concluye Camilo González.
El cuestionado Ministerio de Defensa del que el oficialismo saca pecho
Otra de las constantes en el Gobierno de Iván Duque ha sido el continuo cuestionamiento a su Ministerio de Defensa. La institución no solo acumula denuncias en la desproporcionalidad del uso de la fuerza en las protestas, sino que tiene casos en los que se ha denunciado asesinato de civiles en el marco de supuestas operaciones contra grupos armados.
Una investigación periodística determino que entre las 11 víctimas de un reciente operativo contra las disidencias de las FARC en el departamento de Putumayo hubo víctimas civiles. Esta cuestión hizo que Molano se viera sometido a una moción de censura que pudo superar con el apoyo del Legislativo.
Pero esta no ha sido la única polémica. En 2019, su antecesor en el cargo, Guillermo Botero, tuvo que dimitir después de que se demostrara que habían fallecido ocho niños tras un operativo militar en el departamento de Caquetá.
Sin embargo, estas cuestiones no han hecho cambiar el parecer del Gobierno respecto a lo que considera un éxito en materia de seguridad y defensa.
La persecución de actores de grupos armados ilegales; los golpes a la financiación de los mismos a través del narcotráfico; la reincorporación a la vida civil de más de 1.800 excombatientes; la promoción de la reforma policial y la Ley de Seguridad Ciudadana; la menor tasa de homicidios en más de cuatro décadas (en un contexto de no guerra) o la campaña Artemisa, que busca proteger, afectando la vida de los campesinos, la deforestación ilegal, son elementos que, desde Defensa, consideran éxitos de mandato.
Pero desde fuera del Ejecutivo, la realidad y la percepción es muy diferente: para Jorge Mantilla, de la FIP, "la política de seguridad del presidente Duque tuvo el efecto contrario al esperado, porque en estos cuatro años aumentó la violencia y su sociedad con el conflicto”.
El próximo presidente deberá hacer frente a un panorama complejo en las ciudades, donde la inseguridad ha empeorado desde la pandemia, y en los territorios más remotos, donde reforzar la presencia del Estado será clave para buscar soluciones alternativas a un conflicto que, aunque en estos momentos no se presenta como en la peor época de la guerra a escala nacional, de no atajarse sí puede hacer retroceder al país a su época más oscura. FRANCE 24