Organizaciones alertan "degradación de la violencia" en Colombia



Al asesinato de nueve líderes sociales se ha sumado en Colombia una serie de masacres que muestran una “degradación de la violencia”, según alertaron diversas organizaciones este domingo.


Una de las víctimas es Breiner Cucuñame, que tenía 14 años y quería ser guardia indígena; de hecho, cuando no atendía la escuela, patrullaba con los mayores con su pañoleta roja y verde, los colores identificativos de quienes cuidan los resguardos.


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El pasado 14 de enero, miembros de la columna Jaime Martínez, uno de los múltiples grupos de disidencias de las FARC, le pegaron un tiro; durante el ataque también murió Guillermo Chicame, otro guardia indígena.


“La guardia indígena se ha caracterizado por ser la organización que defiende el territorio frente a cualquier interés que va en contra de las comunidades y es, en ese sentido, el primer eslabón que se encuentra una organización armada como la Jaime Martínez que trata de imponer su orden y mantener el negocio del narcotráfico”, explicó el coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González.


El Indepaz ha registrado hasta la fecha nueve asesinatos de líderes sociales en 2022, los mismos que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).


A Breiner y a Guillermo se le sumaron el 17 de enero Luz Marina Arteaga, una líder campesina, médica y reclamante de tierras que fue desaparecida cinco días antes y cuyo cuerpo apareció a orillas del río Meta, y Mario Jonathan Palomino, profesor de escuela de 35 años, defensor ambiental, asesinado en el Carmen de Viboral en Antioquia.


“El 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales a lo largo del país”, aseguró Pares en un informe.


“El escenario muestra una degradación de la violencia que debe alertar tempranamente a toda la comunidad internacional”, indicó la organización.


Las cifras de 2021, aunque inferiores a las de 2020 en términos de asesinatos de líderes sociales (Indepaz contabilizó 171, la Defensoría del Pueblo 145 y la ONU 78) siguen alertando, sobre todo porque las masacres fueron superiores a las de 2020 y se cometieron en total 96 en las que hubo 335 víctimas.


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Este año sigue la misma tendencia: en 20 días se han cometido 10 masacres, según Indepaz. Es decir, se registra una masacre cada dos días. Se trata de miembros de una familia que son asesinados en mitad de una vía, como ocurrió en Ocaña (Norte de Santander) el 20 de enero, o que son sacadas de su vivienda en medio de la noche para ser asesinadas, como pasó en la zona rural de El Paraíso (Putumayo).


En ese caso, una de las personas, Wilson Costez, era presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC), un líder como Nilson Gil, que fue asesinado en otra masacre junto a una niña de 11 años y un joven el 17 de enero en el municipio de Medio San Juan (Chocó, noroeste).


Se asesina a los líderes comunales o presidentes de JAC “para que sea más fácil para los grupos armados ejercer su control”, también, las masacres se cometen como un tipo de “violencia que impacta en lo simbólico y que atemoriza al enemigo y a la población civil”, explicó Restrepo.


Es una forma, ya no de establecer control territorial de los grupos armados, sino de “intentar imponer normas, lógicas”, añade González desde Indepaz. “La práctica de las masacres lo que quiere es dejar un escarmiento”, subrayó.


Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, los grupos que quedaron al margen del acuerdo como el ELN o el Clan del Golfo comenzaron una disputa por el territorio y el control de actividades ilegales como la minería o el narcotráfico a la que se han sumado otros que se salieron del acuerdo.


Esto ha desembocado en este comienzo fatal de año, donde “no es que haya una orden a nivel nacional porque ningún grupo tiene dominio nacional”, dice González, pero el terreno está abonado para que la violencia siga multiplicándose.


La respuesta del Gobierno es “una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia”, como lo define Restrepo.


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El 2022 es un año electoral en Colombia, con lo que se espera que la violencia pueda aumentar en las próximas semanas, ya que, como aseguran desde Pares, “la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política”.


“Hemos encontrado que hay en muchos casos alianzas entre clanes políticos, grupos de seguridad privada, grupos armados que operan en los territorios y fuerza pública, que hace que quienes constituyan una amenaza para su privilegio político, sean considerados como objetivos militares y sean eliminados de forma violenta”, apuntó el analista de Pares. COLPRENSA