La Policía debe cambiar para recuperar su legitimidad



La insolidaridad, la indiferencia con los ciudadanos y la corrupción son los tres “monstruos” que destruirían la institución policial en cualquier país del mundo.


La insolidaridad se percibe cuando la Policía no ayuda al ciudadano, no se siente parte de este, y, por el contrario, se presenta con arrogancia o indolencia.


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La indiferencia aparece cuando a la Policía la embarga la displicencia y la frialdad, que incluso la lleva a ejercer sus funciones con desdén o desafecto, de alto impacto negativo para el ciudadano.


La corrupción se evidencia al vulnerar el interés general en función del particular, o cuando se usan los bienes y recursos de la Institución en provecho de un tercero y no del interés ciudadano.


Así lo explica el ingeniero Jorge Hernán Cárdenas, director de la firma Oportunidad Estratégica y ex vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien recuerda que las funciones de la Policía van desde proteger a los residentes hasta prevenir la comisión de hechos punibles, fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, y vigilar y proteger los recursos naturales.


La Policía Nacional de Colombia, una institución que nació hace 130 años (en 1891), tiene a la fecha cerca de 158.000 miembros uniformados –137.000 hombres y 21.000 mujeres– y 4.202 no uniformados.


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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 218, deja claro que la Policía Nacional es un cuerpo armado, pero que es de naturaleza civil, a cargo de la nación.


Así mismo, en la ley 62 de 1993 determina que la Institución está destinada a “proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política”. Así, sus servicios se prestarán según “los principios de igualdad, imparcialidad y control ciudadano”, y en “asegurar la paz ciudadana”. En ese sentido, sus servidores deberán “recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, ecológica, de liderazgo y servicio comunitario”.


Humanismo policial


Durante la Cátedra Nacional “Sentidos plurales de la paz, historia, educación y enfoque diferencial” el ingeniero Cárdenas apuntó que para evitar que estos “monstruos” destruyan la Institución es clave trabajar en la cultura organizacional y la formación policial.


“La ciudadanía demanda una participación plena de todos en las definiciones públicas del Gobierno y una activa participación en la sociedad; la ciudadanía también demanda respeto e igualdad ante la ley para todos”, agrega.


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A partir de 2007 la Policía Nacional se orientó al humanismo y a incluirlo en sus programas de formación y cultura organizacional, entendiendo ese concepto como el respeto al ser humano, a su libertad, sus derechos, obligaciones, ideas y proyecto de vida.


Aunque hay importantes avances conceptuales, el investigador Cárdenas considera necesario analizar qué tanto se aplica en las prácticas institucionales, a pesar de que la idea del humanismo policial está en libros de la Institución como Lineamientos generales de política para la Policía Nacional de Colombia.


Tanto los patrulleros como el personal que desarrolla labores ejecutivas reciben formación de la Dirección Nacional de Escuelas, con más de 20 de ellas en el país. La Dirección se enfoca en tres campos de formación: jurídica; policial y humanística; y administrativa, en la cual se imparten cursos de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y formación en principios y valores.


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“Los retos para la formación de policías, en calidad de ‘ciudadanos en uniforme’ obliga a un fortalecimiento institucional, en que se amplíen los tiempos de formación para garantizar que sea una educación integral de las competencias para ejercer sus funciones, incluso aprovechar la educación virtual y mixta en sus Escuelas”, comentó el ex vicerrector Cárdenas.


Otros desafíos incluyen: incrementar los escuerzos en la formación de derechos humanos, especialmente en la comprensión y el respeto hacia la igualdad jurídica y material, que respondería a la pluralidad y diversidad cultural; tener herramientas para la reflexión ética y evitar la pérdida de integridad; e incluir la perspectiva de género y el respeto por los derechos de la población LGBTI. AGENCIA UN