La propuesta de presupuesto por parte de ADLE incrementa los gastos de funcionamiento en $24.9 billones, un 6.8% con relación al presentado por Petro. El argumento central se dejó de incluir en el cálculo 8.926 funcionarios y, varias partidas que se omitieron en el pago de obligaciones con las universidades, subsidio a empresas de servicios públicos domiciliarios, salud, pensión, entre otros. El servicio de la deuda lo incrementaron en $34.9 billones, un aumento del 31.7% con relación al presupuesto presentado por Petro. De ser cierta la información presentada por ADLE, esto amerita una investigación por parte de la CGR y PGN, ya que los funcionarios que omitieron incluir esos compromisos por pagar deben responderle al país. Este hecho, es delicado por lo que el ministro Gómez Martínez debe hacer público, uno por uno los contratos de créditos que deberían cancelarse durante la vigencia del 2027, y no se incluyeron. Lea también: Comparación de recursos asignados por Petro y ADLE a las Universidades Igualmente, el gobierno debe explicarles a los colombianos el aumento del endeudamiento en $100.1 billones, por encima de lo que pensaba el gobierno Petro. Esa cifra, al igual que la del déficit fiscal debe ser real. No podemos esconderla con asientos contables, así como tampoco debe esconderse el monto del déficit fiscal. Solo conociendo las cifras reales, podremos tomar buenas decisiones. La inversión, que es la cenicienta del paseo, siempre es la sacrificada, en vez de aumentar disminuye en $3 billones, y solo representa el 13.7% del total del presupuesto. No hay cambio, en la mentalidad del gobierno entrante sobre la inversión, sigue la línea de los anteriores dejar de invertir. Con ese proceder nunca llegaremos a invertir el 30%, de los ingresos presupuestales. Cada vez, que un gobierno habla de recortar el gasto, solo mira hacia la inversión, ya que no es fácil recortar gastos, de los cuales el 73%, está comprometido en trasferencias obligadas por Ley, que le quitan flexibilidad al presupuesto. Incluso en vez de disminuir la inflexibilidad del presupuesto, cada cuatro años la aumentamos al aprobar leyes que comprometen los ingresos corrientes de la Nación. Petro lo hizo, con el Acto Legislativo No 003 de 2024, amarrad a una ley de competencias que aumenta las transferencias regionales del 29% al 39.5%, bajo el supuesto de trasladarle competencias a las entidades territoriales y un proyecto de ley, para crear la RET del Caribe y del resto del país. Iniciativas que ante la crisis fiscal (8% del PIB y deuda 62% del PIB) el gobierno debe decirle a gobernadores y alcaldes con claridad si en su gobierno esas iniciativas saldrán adelante o no es posible aprobarlas. El gobierno a diferencia del de Petro, presenta un presupuesto equilibrado, sin déficit, aspira a recaudar $634.9 billones, entre ellos $299.1 billón por parte de la DIAN (ingresos corrientes), cifra inferior en $10.7 billones de lo estimado por gobierno anterior. Por Parafiscales, Fondos Especiales y Establecimientos públicos espera recaudar $54.5 billones, cifra igual a la estimada por el gobierno de Petro. El equilibrio presupuestal lo logra por el endeudamiento interno y externo. Aumenta en $100.1 billones, la deuda con relación a la propuesta de Petro. Desde el punto de vista contable, esto es cierto, porque el “papel resiste todo”. Para lograr ese endeudamiento el ministro de Hacienda, con el director de Crédito Público, deben empezar desde ya, a realizar los trámites necesarios ante el Congreso para endeudarse y por supuesto con las entidades financieras nacionales y extranjeras para conseguir que esos recursos estén disponibles en el país, a precios del año 2027. Cubrir el déficit del presupuesto del 2027, endeudándose no es una buena decisión. El déficit es de $100.1 billones, unos $69.9 billones por encima del déficit de Petro $30.2 billones. ¿Es posible conseguir en el corto plazo $ 281.3 billones? ¿A que costo se conseguiría ese dinero? ¿Seguirá el gobierno endeudándose internamente, quitándole recursos al sector privado? Son preguntas, que esperan respuesta del gobierno. Los tramites de créditos con los organismos multilaterales son demorados, una vez aprobado el desembolso se hace entre tres y nueve meses. Los conseguidos a través de colocaciones de TES, son más rápidos, pero no podemos seguir pagándolos a tasas por encima del 14%. Ni una palabra del gobierno, en el recaudo de la DIAN, ni en la disminución de la corrupción( para que la platica rinda), ni en la disminución del contrabando (que acaba con la poca industria que tenemos y muy ligado hoy al lavado de dinero), ni en el lavado del dinero (distorsiona la economía), ni en el control de los dineros del narcotráfico (afectan el PIB), y lo más importante revisar la legislación tributaria para eliminar privilegios que le cuestan al país, según la misma DIAN $153 billones, dinero suficiente para cubrir el déficit del presupuesto. La discusión del presupuesto, debe darse con altura en las comisiones económicas y en las plenarias, primero sincerando las cifras del déficit fiscal y presupuestal y el monto de la deuda. Segundo revisar bien los gastos de funcionamiento para determinar cuales deben eliminarse o disminuirse sin afectar la actividad del Estado. Tercero aprobar los proyectos de inversión que el país necesita, esto debería implicar una revisión a los recursos de las regalías, las cuales en gran parte se gastaron en proyectos suntuarios y otra parte se la robaron. Nunca las sembramos como lo hicieron los noruegos, que hoy tienen un Fondo de Inversión de US$1.6 billones, producto de regalías e impuestos del petróleo y el gas, de los recursos que genera anualmente solo utiliza el 3%, para incluirlos en su presupuesto anual, eso significa mayor bienestar. Con esa plata garantizan educación y salud de calidad gratuita, y construyen la infraestructura que el país necesita para desarrollarse. En Alaska su Fondo le entrega anualmente a cada ciudadano un cheque de los rendimientos del Fondo. Nosotros, nos dedicamos a entregarle esas regalías a las regiones productoras en un principio, y después a repartirlas en todo el territorio “la famosa mermelada del ministro Echeverri”. La mal gastamos. No se nos ocurrió crear un Fondo nacional de inversión para sembrar esos recursos. Veo también con preocupación, que el gobierno, ni los parlamentarios hablan del estudio de la Comisión del Gasto que se acordó en el gobierno de Duque y finalizó su trabajo, en el gobierno de Petro. Señor presidente ADLE, el país no puede seguir gastándose recursos en estudios que no se ponen en práctica. Si hay un país que esta diagnosticado en materia presupuestal, tributaria y administrativa es Colombia. Muchas han sido las misiones del exterior y del país que han realizado estos tipos de investigaciones, pero lamentablemente no se aplican. Hablar con la verdad no debe darnos miedo, usted fue elegido por su temple y en especial por la forma de decir las cosas. El desafío es grande dada la situación fiscal y presupuestal que recibe el país, le corresponde a usted hacer lo que otros gobiernos no hicieron poner la casa en orden, decirle la verdad de los hechos a los colombianos, no hay excusa que valga, siga como ha empezado diciendo y haciendo. Lea también: ¿Quién gana y quién pierde con un dólar barato? Acertadas las palabras en el Consejo de ministros, del presidente ADLE: “vamos a desmontar las roscas, los monopolios y las redes de intermediación que durante años convirtieron la contratación pública en el negocio de unos pocos. El escrutinio será total y alcanzará también interventorías consultorías, auditorías, supervisiones y cualquier esquema utilizado para capturar los recursos colombianos. El Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco. Por eso ordené avanzar en una reestructuración integral del aparato estatal para suprimir o fusionar entidades redundantes, simplificar tramites y acabar con la burocracia innecesaria. Cada entidad, cada cargo y cada peso destinado al funcionamiento del Estado tendrá que demostrar que le sirve a Colombia” El país, no puede seguir funcionando con organismos de control, que cuesta mucho dinero y no controlan nada. Superintendencias que defienden a los empresarios y no a los consumidores, Fiscalía que no investiga las denuncias que se hacen, jueces que demoran sus sentencias, funcionarios públicos que no responden los derechos de petición. Solo con personas capaces y con experticia podremos tener resultados.

Por: Nerio Luis Mejía Los hijos son el regalo más preciado que nos da la vida. Para algunos, su llegada representa la continuidad de la sangre; para otros, menos optimistas, nacen ya con un camino trazado por el destino, un trayecto donde los padres somos apenas acompañantes en cada etapa. Sin embargo, traerlos al mundo no garantiza que vayamos a gozar de su cuidado y protección en el invierno de nuestras vidas. Aunque muchos siembran en ellos sus esperanzas, sería razonable pensar que, al mellar y desgastarse nuestras fuerzas, su vigor aparezca para sostenernos en el tramo más crítico de nuestra existencia. Pero es ahí donde surge una pregunta demoledora: ¿qué pasa con los viejos que un día tuvieron que ver cómo sus hijos partían a engrosar las filas de los distintos grupos armados de nuestro país? Lea también: Mil días detrás de la sombra de la esperanza Movido por esa inquietud, me di a la tarea de indagar cuál ha sido la suerte de aquellos padres cuya sangre marchó hacia las filas de la guerrilla de las FARC —estructura que tomo como referencia por el volumen de sus integrantes antes del desarme en 2016, tras el llamado Acuerdo de La Habana o el célebremente proclamado «fin del conflicto». Escuchar a quienes conocieron estas realidades —convertidas con frecuencia en anécdotas domésticas— deja testimonios desgarradores. Una fuente que por razones de seguridad prefirió omitir su nombre, me relató: —Nací en una zona del departamento de La Guajira y conocí a una familia compuesta por los padres y sus cuatro hijos; seis almas en total. Vivían del jornal. A medida que los muchachos crecían, aportaban al sustento del hogar y la economía de la casa empezó a florecer. Pero aquel lugar era transitado con frecuencia por la otrora guerrilla, que mantenía una presencia casi permanente. Mediante el engaño y la persuasión, se fueron llevando, uno a uno, a los hijos de aquella pareja de viejos. Los ancianos, impotentes, veían cómo su sangre terminaba enfilada en la guerra. Ya se habían llevado a los tres varones. La pareja solo cuidaba a la menor, una niña aún. Hasta que llegó el día en que pasó otra cuadrilla de las FARC y también se la llevó. Las esperanzas de aquella pareja se deshicieron en el aire al ver a sus hijos embarcarse en el destino más incierto, del que jamás escaparían. Cada vez que uno de ellos marchaba en esa espeluznante aventura, se presagiaba el desenlace más triste: la muerte. En ese hogar nada volvió a ser igual. De aquel rancho alegre y bullicioso solo quedaron la soledad y el desconsuelo. Cierto día, los guerrilleros volvieron a pasar por el rancho. Entraron sin más y pidieron un vaso de agua. La mujer, sofocada por la impotencia de tener enfrente a los mismos hombres que le arrebataron para siempre a sus hijos, exclamó con el alma hecha pedazos: —¡Ya se llevaron a nuestros cuatro hijos! ¿Qué más buscan? Aquí solo quedan los calzoncillos viejos de mi marido para que también se los lleven. Lea también: El silencio de la última luna llena de mayo Esa frase, cargada de valentía, dolor e indignación, sintetiza el drama desgarrador de miles de padres y madres que hoy, sumidos en la ancianidad, deberían estar bajo el amparo de los suyos. En lugar de eso, sus hijos terminaron envueltos en la más absurda tragedia: muertos en combates contra sus adversarios o a manos de quienes llamaban compañeros. Por eso, antes de tomar una decisión de esa naturaleza, la juventud no debería encandilarse con la ilusión de portar un arma, ni mucho menos con la falsa idea de transformar al país a punta de bombas y disparos. Deberían pensar primero en sus padres, en esos viejos que entregaron la vida para cuidarlos, verlos crecer y prepararlos para la sociedad. De esos viejos abandonados que ha dejado el conflicto colombiano nadie se atreve a hablar; quizás por miedo, o tal vez porque han quedado sepultados en el mismo olvido donde terminaron sus hijos.

Por: Jorge Vergara Carbó El gobierno de ADLE, no le aplico recorte a las universidades como viene afirmando el Pacto Histórico, es todo lo contrario como lo demuestra el cuadro No 1, la apropiación se incrementa en $602.000 millones en los gastos de funcionamiento. Solo a cuatro universidades se le reducen los gastos de funcionamiento, siendo superior la de la universidad Nacional $97.000 millones, y la del Atlántico 6 millones. A todas se les mantiene los recursos para inversión. Lea también: ¿Quién gana y quién pierde con un dólar barato? Llama la atención, el aumento a la UNAD $306.000 millones por parte de ADLE, y a l universidad militar Nueva Granada en $89.000 millones, seguidas de la del César $45.000 millones y la de Pamplona $49.000 millones. Valdría la pena que la ministra de Educación explicara a que se debe ese aumento o si hubo un error en las cifras porque un aumento del 53.2% m en los gastos de funcionamiento de la UNAD ameritan una explicación al país, al igual que los otros aumentos. Las universidades del Caribe se favorecieron con un aumento neto de $125.000 millones, solo Uniatlantico vio disminuido sus gastos de funcionamiento en $6.000 millones. Cifra que los parlamentarios del Atlántico, esperamos logren recuperar en las Comisiones Económicas del Congreso. Lo importante señora ministra de Educación y ministro de Hacienda, es que sus ministerios hagan la gestión correspondiente para que el gobierno le gire oportunamente los recursos para funcionamiento a todas las universidades sin distingo de ideología alguna e igualmente cumplan con los acuerdos de concurrencia firmados para girarle la plata de los pensionados en la fecha acordada en esos acuerdos. Lea también: Economía colombiana sigue creciendo por el gasto público La realidad señores ministros es, que el gobierno de Petro incumplió los acuerdos de concurrencia firmados durante sus cuatro años, los recursos los envió con ocho meses de atraso, y los bonos pensionales de este año, a la fecha no los ha grado cuando el del primer semestre ha debido enviarlo en febrero y el del segundo semestre en julio. Los pensionados de las universidades del país, le solicitan muy respetuosamente al señor presidente ADLE le e cumplimiento a los acuerdos firmados como a los fallos judiciales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez (foto), formalizó ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República la radicación del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2027. El monto total presentado asciende a la cifra de $634,9 billones de pesos, una magnitud equivalente al 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La presentación de este articulado se produce luego de que el Legislativo devolviera la propuesta presupuestal que había quedado radicada previamente, obligando al Ejecutivo a reestructurar el marco de ingresos y gastos. Desde la cartera económica se justificó este sustancial ajuste argumentando que las proyecciones iniciales se vieron alteradas de manera imprevista por la atención de la emergencia derivada del reciente terremoto y por la urgencia de cubrir vencimientos de deuda pública acumulada que no daban más espera. La estructura interna del presupuesto evidencia una marcada concentración de recursos hacia el sostenimiento del aparato estatal y el pago de obligaciones financieras, en detrimento de los fondos disponibles para proyectos de desarrollo. De la bolsa global de $634,9 billones, un total de $392,5 billones estará destinado a los gastos de funcionamiento, lo que representa el 61,8% de todo el gasto público. En este bloque, las transferencias territoriales, pensionales y del sistema de salud absorben $297,6 billones, al tiempo que los gastos de personal registrarán un incremento del 8,2%, situándose en $72,3 billones. Lea también: El nuevo gobierno desmanteló la reserva técnica del MinHacienda El componente que experimenta el salto más drástico es el servicio de la deuda pública, el cual se elevará un 54,7% en comparación con la vigencia anterior hasta alcanzar los $155,4 billones de pesos, equivalentes al 24% de todo el presupuesto nacional. En términos de su peso sobre la economía nacional, la deuda pasará de representar el 5,0% del PIB en 2026 a un 7,3% en 2027. El desglose de esta cifra muestra que los pagos dirigidos a amortizar el capital prestado prácticamente se duplicarán con un alza del 111%, mientras que los desembolsos por concepto de intereses subirán un 37,3 %. Como contrapartida al crecimiento de la burocracia y las obligaciones crediticias, la inversión pública —aquella orientada a la construcción de infraestructura, programas sociales y obras con impacto directo en las comunidades— sufrirá una reducción nominal del 2,8%, descendiendo de $89,5 billones a $86,9 billones de pesos. En relación con el tamaño de la economía, la inversión caerá del 4,4% al 4,1% del PIB. El balance de la distribución del gasto revela que, de cada 100 pesos que ejecute el Gobierno nacional en 2027, aproximadamente 86 pesos se irán de manera inflexible a mantener lo existente y pagar deudas, dejando tan solo 14 pesos para inversión nueva. Respecto a las fuentes de financiación, el plan del Ministerio de Hacienda reposa sobre dos pilares de dimensión similar. El primero corresponde a los ingresos corrientes de la Nación, los cuales aportarán $299,07 billones de pesos recaudados a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el impuesto de renta ($138,53 billones) y el IVA ($112,83 billones) como motores principales. El segundo pilar lo constituyen los recursos de capital por $281,35 billones, donde radica uno de los puntos de mayor inquietud analítica. Dentro de los recursos de capital, una suma de $238,6 billones —que equivale al 37,6% de todo el Presupuesto General de la Nación— corresponderá a nuevo endeudamiento que el Estado deberá contratar mediante operaciones de crédito interno ($150,88 billones) y crédito externo ($87,72 billones). Esto implica que casi cuatro de cada diez pesos que gastará la Nación el próximo año provendrán de préstamos que aún no se han desembolsado. De forma paralela, el Gobierno anunció un congelamiento preventivo de $21,9 billones en el gasto público para proteger la estabilidad fiscal. Frente a este panorama, las reacciones del sector financiero e industrial no se hicieron esperar. Durante la Convención Bancaria, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, lanzó una severa advertencia sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, el proyecto radicado contempla un déficit fiscal del 8,2% del PIB y podría llevar la deuda pública a rozar el 66% del PIB. Esta cifra sitúa al país peligrosamente cerca del límite crítico del 71% contemplado en la regla fiscal, umbral a partir del cual la deuda ingresa en un terreno de alta insostenibilidad. López enfatizó que corregir este desequilibrio requerirá un plan de ajuste plurianual riguroso y concreto que combine recorte de gasto y nuevas fuentes de ingreso, un proceso que no se resolverá en el corto plazo sino que podría demorar entre cuatro, seis y hasta ocho años. Lea también: El PIB debería crecer al 5% para sanear las finanzas públicas: ANDI En el ámbito legislativo, el proyecto deberá ser discutido en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, las cuales tienen plazo hasta el 15 de septiembre para fijar la cifra definitiva del monto presupuestal. Posteriormente, el debate en comisiones conjuntas deberá ser aprobado antes del 25 de septiembre para dar paso a las plenarias. La normativa vigente establece que, si el Congreso de la República no ha expedido el presupuesto antes del 20 de octubre de 2026, regirá por decreto el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate. El análisis detallado de este articulado deja al descubierto un contraste de profundas implicaciones políticas y económicas. Meses atrás, cuando la administración del saliente presidente Gustavo Petro presentó su propuesta presupuestal por $575,6 billones de pesos, diversos gremios económicos, analistas financieros y sectores políticos de oposición alzaron la voz de protesta calificando dicho monto de estar abiertamente desfasado, irreal y desfinanciado. No obstante, el presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella no solo no aplicó el prometido recorte al gasto, sino que resultó ser drásticamente superior. Con una diferencia que supera en más de $59,3 billones de pesos la cifra que en su momento fue catalogada como inviable y desmedida, la actual administración fija el techo del gasto público en el nivel más alto de la historia reciente del país, reabriendo una intensa discusión sobre la consistencia del discurso de rigor fiscal frente a las decisiones finales de la cartera de Hacienda.

La Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro asume la jefatura de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mientras que el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago tomará las riendas en el departamento del Atlántico. Ambos oficiales provienen de liderar complejas unidades operativas en el Valle del Cauca. La Dirección General de la Policía Nacional de Colombia dispuso una profunda reorganización en sus cúpulas de mando para el norte del país, oficializando el nombramiento de los nuevos oficiales que estarán al frente de la seguridad en el departamento del Atlántico y su área metropolitana. Esta decisión estratégica busca oxigenar los procesos operacionales, dinamizar la inteligencia institucional e intensificar la lucha frontal contra las estructuras delictivas que impactan la tranquilidad ciudadana en la región Caribe. De acuerdo con el informe oficial emitido por la institución castrense, la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro fue designada como la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, relevando en sus funciones al General Miguel Camelo. Por su parte, el mando del Departamento de Policía Atlántico quedará bajo la dirección del coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, quien sucede en la posición al coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval. Lea también: General Erick Rodríguez asume el comando de las Fuerzas Militares El elemento común en el perfil de ambos altos mandos radica en su procedencia reciente del suroccidente colombiano. Rodríguez Castro llega a la capital atlanticense tras estar al frente del Comando del Departamento de Policía Valle, un territorio signado por complejas dinámicas de orden público. A su vez, el coronel Berrío Buitrago arriba a la jurisdicción departamental luego de ejercer la comandancia de la Policía Metropolitana de Buenaventura, uno de los puntos más álgidos y exigentes en materia de contención delictiva del litoral pacífico. Trayectoria marcada por la criminalística La llegada de la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro representa la incorporación de una oficial con más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida en el servicio policial. Su ascenso al grado de Brigadier General se produjo el 1 de junio de 2025, un peldaño institucional que consolidó una carrera caracterizada por la vocación de servicio, la disciplina y el manejo estratégico de la seguridad pública. En el ámbito académico, la nueva comandante metropolitana cuenta con un perfil altamente especializado para el análisis y abordaje del fenómeno delictivo. Es profesional en Criminalística, posee una especialización en Seguridad y ostenta un título de maestría en Criminología y Victimología, herramientas teóricas que resultan clave para el diseño de planes de prevención e investigación judicial en contextos urbanos complejos. A lo largo de sus más de 30 años de servicio, Rodríguez Castro ha ocupado cargos de relevante responsabilidad a nivel nacional. Destaca su gestión al frente de la Policía Metropolitana de Ibagué, así como su desempeño en la Subcomandancia de la Estación de Policía de Fontibón en Bogotá. Asimismo, ejerció la comandancia del Servicio de Transporte Masivo de la capital del país, lideró como directora la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz y se desempeñó como subdirectora de la Dirección de Educación Policial, aportando a la formación de las nuevas promociones de uniformados. Para la alta oficial, el territorio del Atlántico no representa un escenario desconocido, ya que en etapas previas de su carrera fungió como comandante de estación en este mismo departamento. Experiencia en investigación criminal al servicio de los municipios El coronel Rubén Darío Berrío Buitrago asume la comandancia del Departamento de Policía Atlántico con el respaldo de aproximadamente 27 años de servicio activo en las filas de la institución. Su recorrido profesional abarca tanto el trabajo en patrullaje y vigilancia comunitaria como la investigación criminal profunda, una dualidad fundamental para coordinar operaciones de inteligencia y desarticular redes delictivas en los municipios del departamento. Su gestión inmediata al frente de la Policía Metropolitana de Buenaventura le otorgó una vasta experiencia en la contención de economías ilícitas, el combate a las bandas criminales armadas y la protección de poblaciones vulnerables. Esta experiencia acumulada en el Pacífico colombiano será el pilar sobre el cual articulará los planes de control y patrullaje en los 18 municipios que conforman su nueva jurisdicción operacional. Lea también: Traslado de cabecillas busca frenar la extorsión desde las cárceles Los grandes retos: homicidio, extorsión y microtráfico La llegada de la nueva cúpula policial se produce en un momento de marcada preocupación ciudadana en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y las distintas municipalidades del Atlántico. El incremento de delitos de alto impacto como el homicidio por encargo, las redes de extorsión a comerciantes y transportadores, y el microtráfico de sustancias estupefacientes exige una respuesta institucional contundente y coordinada. Frente a este panorama, uno de los principales objetivos fijados para Rodríguez Castro y Berrío Buitrago será el fortalecimiento del modelo de policía comunitaria y la optimización de los tiempos de reacción ante el llamado de los ciudadanos. De igual manera, las autoridades gubernamentales locales y los gremios económicos esperan una intensificación en la inteligencia estratégica para neutralizar las finanzas y las acciones violentas de las estructuras delincuenciales que pretenden disputarse el control territorial en la región. La combinación entre la visión victimológica y estratégica de la General Rodríguez Castro y la experiencia investigativa del coronel Berrío Buitrago configura un nuevo capítulo para la seguridad regional. La comunidad atlanticense se mantiene a la expectativa de las primeras acciones operativas y del despliegue táctico que los nuevos comandantes implementarán para devolver la tranquilidad a las calles, los barrios y las zonas comerciales de esta zona del país.

El debilitamiento del dólar estadounidense en los mercados internacionales no es un acontecimiento aislado ni una simple fluctuación pasajera del mercado. Detrás de la constante pérdida de terreno del billete verde se esconde una profunda crisis de confianza motivada por el abrumador endeudamiento de Washington y el agotamiento de sus maniobras de liquidez. Para un ciudadano de a pie en Colombia, esta situación se traduce en una realidad cotidiana y aparente paradoja: la divisa norteamericana cae en las casas de cambio y en las pantallas financieras, haciendo que el peso colombiano parezca apreciarse. Sin embargo, lo que a primera vista podría interpretarse como una buena noticia porque abarata algunos bienes importados o los viajes al exterior, representa en verdad una amenaza silenciosa para los campesinos, los industriales y los trabajadores del país. Cuando el dólar cae de manera brusca, a los exportadores de café, flores, banano o manufacturas les pagan menos pesos por cada dólar que ingresan a Colombia, mientras que sus costos operativos en salarios, arriendos y servicios públicos siguen siendo exactamente los mismos en moneda local. Ante esta coyuntura, surge con frecuencia la tentación de exigirle al emisor una intervención intempestiva y masiva. La receta fácil que suele escucharse en el debate público sugiere que la autoridad monetaria debería salir inmediatamente a comprar todos los dólares circulantes para forzar un aumento en su precio. No obstante, la economía real funciona con un engranaje mucho más delicado. Si el emisor inyecta billones de pesos a la economía para adquirir dólares de forma indiscriminada, termina multiplicando el dinero circulante y alimentando presiones inflacionarias que castigan el bolsillo de los hogares. Para corregir esa sobreoferta de efectivo, el banco tendría que emitir títulos de deuda a altas tasas de interés, lo que paradójicamente atraería más capitales especulativos del exterior buscando esos rendimientos, haciendo que el peso se aprecie aún más. Por esta razón, la respuesta del emisor debe alejarse de la compra desesperada e inclinarse por una estrategia prudente de flotación administrada. Lea también: EE.UU. dispara la recompra de su deuda para sofocar los tipos de interés En lugar de fijar metas arbitrarias de tipo de cambio que pongan en riesgo la meta de inflación, la autoridad monetaria debe emplear mecanismos graduales y transparentes de acumulación de reservas internacionales. La herramienta idónea consiste en activar programas de subastas de opciones de compra de divisas de manera predecible, permitiendo absorber los excesos de volatilidad sin enviarle al mercado la señal errónea de un precio garantizado. Al mismo tiempo, la junta directiva debe coordinar el ritmo de ajuste de sus tasas de interés de referencia para desestimular la entrada masiva de capitales de corto plazo que solo buscan rentabilidades especulativas a costa del valor del peso. Como se explica en el Glosario sobre la TRM en la web del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado refleja las operaciones reales del mercado cambiario; por ello, la labor técnica del emisor no es tapar el sol con un dedo, sino construir un colchón de reservas que fortalezca el blindaje financiero de la nación sin desestabilizar la economía interna. Ahora bien, la tasa de cambio es solo una de las variables de la ecuación. Pretender que el banco central resuelva por sí solo los desafíos del aparato productivo nacional es transferirle una responsabilidad que corresponde al poder ejecutivo. Es aquí donde la administración del gobierno de Abelardo De la Espriella debe desplegar una agenda económica audaz y pragmática. La competitividad de una nación no puede depender exclusivamente de tener una moneda devaluada que sirva de muleta para disimular ineficiencias internas. Si el dólar se mantiene débil a nivel global, Colombia debe reaccionar volviéndose más eficiente, más barata para producir y más ágil para llevar sus productos al resto del mundo. El gobierno nacional debe entender que la verdadera defensa del trabajo colombiano se logra reduciendo los costos estructurales de operar en Colombia. Lea también: El rescate encubierto de la deuda estadounidense a costa del Euro Para lograrlo, la gestión gubernamental debe concentrar sus baterías en una cruzada de choque contra el denominado "costo Colombia". Esto implica, en primer lugar, una reducción drástica de los costos logísticos y de transporte que asfixian a las regiones productoras. Llevar un contenedor desde el centro del país hasta los puertos del Caribe o del Pacífico suele ser más costoso que el flete marítimo hacia Asia o Norteamérica. El ejecutivo debe priorizar la optimización de los corredores viales, la modernización y digitalización de los trámites aduaneros y el otorgamiento de alivios focalizados en peajes y combustibles para el transporte de carga agrícola e industrial. Si a un floricultor o a un agricultor le resulta sustancialmente más barato mover y procesar sus mercancías, la pérdida de ingresos cambiarios se compensa con un menor costo operativo, salvaguardando los márgenes de ganancia y protegiendo el empleo rural. En segundo lugar, la administración nacional debe intervenir los factores que encarecen la energía y la operatividad de las fábricas. Una política decidida de reducción de tarifas eléctricas para el sector industrial y agropecuario, sumada a la simplificación de trámites innecesarios en entidades públicas, otorgaría un alivio inmediato a las empresas. El enfoque de desregulación e incentivos al sector privado debe encaminarse estratégicamente a fortalecer el tejido exportador. Asimismo, el gobierno de De la Espriella debe aprovechar la coyuntura del dólar bajo para sanear las finanzas públicas: al caer la cotización del billete verde, el costo en pesos para pagar los intereses y el capital de la deuda pública externa disminuye notablemente, fenómeno que se puede analizar al revisar el comportamiento de los indicadores en las Tasas de cambio e informes de política monetaria en el Banco de la República. Este ahorro fiscal automático debe ser canalizado hacia la inversión pública en infraestructura productiva e innovación tecnológica. Lea también: El modelo económico en Colombia no es competitivo Por último, en el terreno del comercio exterior, el gobierno debe actuar con pragmatismo diplomático. En lugar de recurrir a aranceles generalizados que violen tratados internacionales y desaten represalias comerciales, el Ministerio de Comercio debe hacer un uso riguroso y oportuno de los mecanismos de defensa comercial frente a prácticas de competencia desleal o importaciones subsidiadas que amenacen la producción nacional. De manera paralela, Colombia necesita acelerar la apertura y profundización de mercados en economías cuyas monedas mantengan mayor estabilidad, promoviendo esquemas de compensación o acuerdos bilaterales que reduzcan la vulnerabilidad frente a las turbulencias de la divisa estadounidense. En última instancia, enfrentar la caída del dólar exige una visión integral donde la técnica macroeconómica se imponga sobre el populismo cambiario. Ni la inacción del Estado ni la compra desmedida de divisas constituyen respuestas sostenibles para Colombia. El Banco de la República debe actuar como un regulador prudente que modere la volatilidad mediante la acumulación técnica de reservas, mientras que el gobierno de Abelardo De la Espriella debe convertir este desafío en la oportunidad histórica para acometer las reformas de productividad que el país ha pospuesto durante décadas. Solo a través de una economía con menores costos logísticos, tarifas energéticas competitivas, finanzas públicas saneadas y un sector productivo eficiente, Colombia podrá navegar las tormentas financieras internacionales sin poner en riesgo el bienestar de su gente.

Por: Nerio Luis Mejía Nací y crecí en una tierra de encantos, lejos del bullicio y del afán de la gran ciudad. Allí teníamos lo necesario no solo para vivir, sino para compartir: aguas cristalinas repletas de peces, un bosque verde que dibujaba en mi alma el retrato más fiel de la felicidad, y el coro de aves que desde distintas ramas anunciaban con alegría el comienzo del día. El sol apenas se asomaba entre las colinas cuando una brisa fresca me acariciaba las mejillas de niño; unas mejillas que poco a poco se fueron moldeando al calor de la tierra, dejando un olor a barro fresco grabado hasta en el interior de mis uñas, impregnado para siempre en el alma. Lea también: El privilegio de ser campesino Pero «tanta belleza no puede ser cierta», dicen mis paisanos costeños a la hora de contrastar una versión... y quizás tengan razón. Con el paso de los años, el campo colombiano dejó de ser un refugio apacible para todos. Aparecieron los grandes terranetientes acaparando las mejores tierras y desplazando a quienes, a la orilla del río, levantaban improvisadas chozas de palma para sacar adelante a sus familias con la sola fuerza de sus brazos y la fe puesta en Dios. A esa desposesión se sumó la violencia que ha castigado —y sigue castigando— a nuestras comunidades, junto a los rigores del clima que convirtieron el territorio en un verdadero escenario de supervivencia. Sin embargo, a pesar de las cicatrices, el campo sigue siendo ese lugar vivo en el que muchos aún soñamos habitar. Soy de los que sueñan despiertos con un país donde se separe la política de las necesidades reales de la tierra. Es el cordón umbilical de la ambición desmedida el que mantiene al sector rural atado a la desesperanza. La tierra es nuestro principio y nuestro final; pero se ha transformado en un lugar donde se anhela la paz mientras se sufre un miedo infligido por la guerra, el clima y una lucha eterna impuesta por quienes se creen con el derecho de decidir nuestro destino desde lejos. Poco a poco los recuerdos de la infancia parecen desvanecerse al chocar de frente con esta realidad. Quedan apenas destellos de aquellas épocas en que los diciembres y las Semanas Santas se vivían con una felicidad absoluta, sin espacio para el temor. Recuerdo cuando mirábamos al cielo buscando el origen de un estruendo para encontrarnos con un minúsculo objeto que abría paso entre las nubes; aquel avión del que dábamos por sentado que no podía llevar personas por dentro. Quisiera recuperar esa inocencia infantil en mi vida adulta, pero resulta imposible sumergirse en ese sueño ante tanta injusticia con mis comunidades. Tanto atropello, más bien, me despierta de golpe y me exige escribir hasta perder la sensibilidad en los dedos al teclear en este computador. Al lado me acompaña mi viejo pocillo de café sin orejas, el que va conmigo a donde quiera que voy y que refleja, en su forma rota, la realidad de un país fragmentado por la indiferencia. Colombia no es solo Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Para mí, lo verdaderamente vital es la libertad que se respira en medio del bullicioso silencio del campo. Resulta doloroso ver cómo las grandes decisiones nacionales se toman en oficinas con aire acondicionado, sin escuchar a esa otra mitad del país que termina siendo víctima de imposiciones ajenas y contrarias a sus necesidades. Lea también: Los campesinos le cumplimos al país La corrupción es el claro ejemplo de este drama: ¿cuántos campesinos han sido procesados por los grandes desfalcos del Estado? Ninguno. Pero, paradójicamente, es el campesinado el que paga el precio de ese mal mayor, sufriendo en carne propia las consecuencias de un abandono sistemático. A pesar de todo, desde la resistencia cotidiana de nuestra tierra, seguimos alzando la voz.

Durante los primeros milenios de la agricultura neolítica, el acto de sembrar dependía exclusivamente del esfuerzo físico humano aplicado a herramientas manuales de impacto o palanca: la vara de plantar y la azada de piedra o madera. Aunque efectivas a pequeña escala, estas herramientas imponían un límite biomecánico insuperable. Romper la capa superficial de la tierra a golpe de brazo consumía una cantidad exorbitante de calorías humanas y restringía el cultivo a pequeños huertos de suelo blando y suelto, ubicados principalmente en las márgenes aluviales de los ríos. La invención del arado de madera (conocido técnicamente en la arqueología de la Antigüedad como ard o arado de incisión) durante el IV milenio a.C. cambió para siempre la relación entre la sociedad humana y el suelo. No se trató únicamente de inventar una herramienta más grande; consistió en crear un sistema mecánico de transferencia de fuerza que sustituyó el trabajo muscular del agricultor por la bioenergía de los grandes ungulados domésticos. Al acoplar el esfuerzo de tracción de los bueyes a una reja simétrica de madera, la humanidad dejó de golpear la tierra puntualmente para comenzar a trazar surcos continuos. Esta innovación permitió roturar por primera vez extensas llanuras de vegetación densa y suelos arcillosos pesados, desencadenando la verdadera explosión demográfica y urbana de la civilización. Lea también: La domesticación de las plantas y origen de la agricultura Biomecánica del suelo: del esfuerzo puntual a la falla por corte continuo Para comprender la ventaja física del arado de madera es necesario analizar las propiedades mecánicas del suelo como medio granular denso. Un suelo no cultivado presenta una estructura compactada por la gravedad, la lluvia y la raíz de las plantas silvestres, generando una elevada resistencia al cizallamiento. Al utilizar una azada manual, el agricultor debe elevar una masa de piedra o madera contra la gravedad para almacenar energía potencial, la cual se convierte en energía cinética al golpear el suelo. Este movimiento discontinuo genera picos periódicos de fatiga muscular en la espalda y los brazos, con un rendimiento de apenas unos pocos metros cuadrados por hora. El arado de madera transforma este proceso discontinuo en un vector de fuerza horizontal de arrastre continuo. La reja del arado penetra en el suelo bajo un ángulo de ataque agudo, actuando como una cuña tridimensional. A medida que el animal avanza, la reja genera una concentración de tensiones en la matriz del suelo que supera su límite de fluencia, provocando una falla por corte plano continuo. La cuña del arado levanta y fractura la costra del suelo hacia arriba y hacia los lados sin voltear completamente la tierra (función que cumpliría milenios más tarde el arado de vertedera de hierro). Este corte de incisión descompacta la capa radicular, destruye la maleza competidora y aumenta exponencialmente la porosidad del suelo para la retención de aire y agua de riego. Tipología y anatomía del arado de madera A diferencia de las complejas máquinas de metal de la época romana o medieval, el arado neolítico y calcolítico era una estructura ligera, flexible y construida íntegramente de madera de alta densidad, articulada mediante encajes de espiga y ligaduras de cuero crudo o fibras vegetales. El registro arqueológico y la etnografía comparada clasifican los arados de madera primitivos en dos categorías mecánicas principales: Arado de Timón: La reja y el timón (la larga barra que se conecta al yugo) forman una sola pieza curva o están sólidamente ensamblados en la base. Es la variante más antigua, adecuada para suelos ligeros y arenosos como los de Mesopotamia o Egipto. Arado de Mancera: La reja se inserta en un cuerpo de madera más pesado (cabeza), al cual se unen de forma independiente el timón y la mancera (el mango vertical con el que el agricultor dirige la profundidad del surco). Además, la fabricación de un arado exigía una selección meticulosa de las maderas disponibles en los bosques antiguos: La Reja: Al estar expuesta a la abrasión continua contra piedras y arena, se tallaba en maderas de dureza excepcional y alta resistencia al desgaste por fricción, como el roble (Quercus), el olmo (Ulmus) o el encino. En muchos casos, la punta de la reja de madera se endurecía sometiéndola a un tostado superficial controlado en la hoguera, proceso piroquímico que deshidrataba la celulosa y aumentaba la densidad superficial de la fibra. El Timón: Requería maderas largas, rectas y con alta elasticidad para absorber los tirones repentinos cuando la reja tropezaba contra una roca subterránea. El fresno (Fraxinus) o el pino eran las especies predilectas. Lea también: La domesticación animal: biología y capacidad bioenergética La física de la tracción: el yugo y la transferencia de energía animal El arado de madera es mecánicamente inútil sin una fuente de energía capaz de arrastrarlo. El desarrollo del arado estuvo indisolublemente ligado a la domesticación del ganado vacuno y, de manera específica, a la invención del yugo de corneta o de cruz. Un par de bueyes (Bos taurus) castrados no solo proporcionaba una fuerza de tracción continua de entre 1.500 y 2.000 Newtons (equivalente al trabajo ininterrumpido de 8 a 10 hombres adultos), sino que aprovechaba la masa corporal del animal para vencer la resistencia del suelo. El yugo permitía acoplar la musculatura del cuello y los hombros de la pareja de bueyes a la lanza del arado. Esta interfaz transfería la fuerza de avance sin ahogar al animal ni comprimir su tráquea (problema que afectaba a los arneses de garganta antiguos aplicados a los caballos). La combinación del yugo y la reja de madera constituyó la primera red de energía no humana eficiente instalada en la tierra. Registro arqueológico: huellas en el fango y marcas de surco Dado que la madera se pudre con facilidad en la mayoría de los suelos continentales, las evidencias directas de arados completas son escasas. Sin embargo, la arqueología cuenta con una huella imborrable: las marcas de arado preservadas bajo túmulos o monumentos megalíticos. 1. Marcas de Surco Entrecruzado - Incisiones en forma de red "V" o "U" descubiertas en la arcilla base bajo dólmenes y túmulos en Europa del Norte (ej. Store Vangede, Dinamarca). Demuestran que, al no voltear la tierra, el arado debía pasarse dos veces en direcciones perpendiculares para romper bien los terrones. 2. Hallazgos Directos en Torberas y Medios Anóxicos - Arados de madera preservados por encharcamiento en Dinamarca e Italia. Destaca el Arado de Lavrup (Dinamarca, datado en el IV milenio a.C.), que conserva la mancera, el timón y la reja de roble casi intactos. 3. Iconografía Rupestre y Glíptica - Grabados en roca en el Valle de las Maravillas (Francia) y en el Monte Bego, que muestran escenas claras de un par de bueyes uncidos a un arado guiado por una figura humana. Lea también: Estos son los cultivos más antiguos de la humanidad La reestructuración territorial, económica y de género La introducción del arado de madera transformó drásticamente la geografía humana y la organización social de las comunidades del Calcolítico y la Edad del Bronce: Dado que girar un par de bueyes y un arado de tres metros de largo en los extremos del terreno requería un gran esfuerzo, la forma de los campos de cultivo cambió radicalmente. Se abandonaron las parcelas circulares o irregulares para adoptar campos rectangulares alargados. La necesidad de realizar pasadas en ángulo recto para completar el desmenuzamiento dio origen al característico paisaje agrario en cuadrícula de la Antigüedad. Por otra lado, un agricultor provisto de un arado de madera y una pareja de bueyes podía cultivar una superficie de tierra hasta diez veces superior a la de una familia equipada con azadas manuales. Esto generó por primera vez un excedente masivo y sistemático de grano. Este excedente liberó a un porcentaje considerable de la población de la producción directa de alimentos, permitiendo la existencia permanente de especialistas a tiempo completo: metalúrgicos, comerciantes, soldados, escribas y sacerdotes. Asimismo, la inversión intensiva requerida para mantener bueyes y arados consolidó el concepto de propiedad hereditaria de la tierra fértil. Igualmente, diversos análisis antropométricos e históricos señalan que la transición de la azada manual al arado alteró la división del trabajo por sexo. Mientras que la agricultura de huerto con azada era realizada de manera compartida o predominantemente por mujeres, el manejo del arado —que exigía dominar la fuerza brutal de bueyes de 500 kg y aplicar fuerza física constante en la mancera para sostener la profundidad de la reja— pasó a ser ocupación mayoritariamente masculina, reconfigurando la estructura del hogar y del parentesco. Lea también: La cestería tejida y la potenciación de la logística humana Impacto histórico El arado de madera (ard) representa una de las mayores revoluciones ingenieriles de la historia: la mecanización de la agricultura. Al integrar la bioenergía animal con una reja de madera calibrada para la falla por corte continuo del suelo, nuestros antepasados rompieron el techo geográfico y demográfico que limitaba al Neolítico inicial. Sin el arado de madera, las ricas pero pesadas tierras arcillosas de Mesopotamia, del valle del Nilo o de las llanuras europeas jamás habrían producido el volumen de trigo y cebada necesario para alimentar a las primeras ciudades-estado. El rayado inicial que la reja de roble trazó sobre la tierra fue, en última instancia, la primera línea sobre la que se escribió la historia de la civilización urbana.

Por: Omar Antonio Diaz Botiva Pasadas ya las dos primeras semanas del actual gobierno podemos reconocer que su accionar frente a la tragedia que atraviesa el país es, sin más, acciones acorde a un gobierno desconectado de la realidad de su población; pero sobre todo un gobierno que insiste en la construcción y sostenimiento de una narrativa que los llevó a ganar en campaña pero que no han podido sostener por sus propias decisiones gubernamentales. Son muchas las cosas de las que podríamos hablar frente a esto como por ejemplo: el ministro de Vivienda de vacaciones mientras la gente ve sus hogares destruidos, la captación de los recursos y ayudas económicas en una fundación creada por la primera dama un mes antes de la tragedia y que su respaldo jurídico es el presidente de la república, la incapacidad de caminar 80 metros en un cantón militar en donde tiene su propia versión de la Casa Blanca, el hecho de que para cada movilización lo hace mediante el helicóptero institucional costando cada viaje entre 100 y 120 millones de pesos, el “Libro de la verdad” en donde supuestamente presentan un balance de empalme, pero sin haber asistido al empalme. Lea también: ¿Pasó el miedo a la dictadura o entramos al ´modo dictadura´? Las cruentas acciones de los grupos armados en el Cauca, Norte de Santander, Guaviare y Antioquia, la decisión de derogar 11 circulares de protección laboral dejadas por el anterior gobierno, o culpar a Dios por el terremoto y tomar la posición mental del “mejor guerrero” escogido para afrontar estos momentos o el hecho de que ahora sí los empresarios salgan preocupados a reclamar por las tasas de interés cuando en el anterior mandato celebraban las decisiones del Banco de la República, pese a las advertencias que desde diferentes sectores de la sociedad se hicieron; son demasiadas cosas para tan pocas líneas. Pero más que hablar o criticar estos hechos es importante hablar del papel de los medios en la construcción de eso que llamamos verdad y la narrativa que se construye alrededor de esto para sostenerla, por eso es importante iniciar preguntando: ¿qué es lo que podemos denominar como “la verdad”? Para empezar, esta no es algo que podamos entender como una realidad absoluta u objetiva, es más bien una construcción social que se vincula estrechamente con el poder; es por esta razón que desde una perspectiva foucaultiana podríamos decir que cada sociedad tiene su propio régimen de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el poder ejercido sobre la sociedad lleva a esta misma a definir qué discursos se aceptan y funcionan como verdaderos (acorde a los intereses de quien ejerce este poder), cuáles mecanismos nos permiten distinguir lo verdadero de lo falso, cuáles son las técnicas para obtener esta verdad, y obviamente el estatus de quienes están autorizados para decir qué es lo que funciona como verdadero, y ojo con esto que no es poca cosa. Lea también: El cuento chino de ´Los nunca´ Como tal, podríamos definir que la verdad es un factor de dominación y de exclusión dado que el uso de esta por parte de quien ejerza el poder determina el rumbo de una sociedad y establece (o lleva al retorno) de un orden hegemónico; lo que implica la construcción del relato y la narrativa sobre amigo-enemigo o, para ser específico, estos discursos o relatos permiten señalar a ciertos sectores de la población como “el origen del mal” lo que convierte en legítimo ya sean acciones de violencia contra la población (bombardeos en el Catatumbo a campesinos —o a ganado en Antioquia—) o como el tweet de Jerome sobre el temblor; todo esto con base en la defensa de la sociedad.s En este sentido, ¿recuerdan lo del estatus de quienes están autorizados para decir qué es lo que funciona como verdadero? Es ahí donde viene el papel de los grandes medios del país, que durante el anterior cuatrienio no pasaba un día sin hacer crítica y oposición al gobierno, vigilando cada movimiento que realizara este y acusando constantemente de pérdida de institucionalidad, de destrucción de la economía, de ser la época más violenta que atravesaba el país en décadas. Bueno, esa narrativa tiene una explicación, dado que como tal las noticias son una construcción de la realidad y como tal no son un reflejo fiel de los hechos sino un “recorte de la realidad” que, como en un mapa, establece unas coordenadas para que el público construya su opinión dentro de los límites de lo que quienes ejercen el poder consideren verdadero. Entonces, si la verdad es un recorte de la realidad, estas son como unas ventanas sobre la realidad social que nos permiten ver solo lo que dentro del marco de objetividad de cada medio quieren enseñarnos, que a través del discurso orientan representaciones simbólicas sobre la audiencia orientando el sentido y la acción hacia determinados objetivos, mediante lo que se podría denominar el establecimiento de la agenda mediática, en donde los grandes medios fijan la agenda pública mediante una selección y jerarquización de los temas que entran en el debate público (como la controversia del senador por la curul afro al recaudar ayudas para sus comunidades mediante una fundación reconocida a lo largo del tiempo y la que se genera al saber que la primera dama capta todas las ayudas económicas en su propia fundación, creada hace menos de un mes; pregúntese: ¿cuál está en medio de la discusión pública?) y así podríamos dar más ejemplos. Pero ahora quiero dedicar esta última parte al llamado Libro de la Verdad publicado por el gobierno nacional en donde dice realizar un empalme anticorrupción con el anterior gobierno que en su página 12 en “Notas aclaratorias” busca establecer cómo, pese a no contar con una rigurosidad técnica, reconocer el no agotamiento absoluto de toda la información institucional, reconocer que no es informe, que no constituye auditoría ni investigación administrativa y tratando de justificar que pese al no ser producto de un proceso formal de empalme, justifica su importancia histórica al ser construida con información pública, información que casualmente ha sido borrada por las carteras de las páginas institucionales. Lea también: La cacería de brujas en tiempos de la patria milagro Noticia que fue mostrada como el resultado de un proceso riguroso del actual gobierno frente al desastre dejado por el anterior pero, verdad, que estamos dirigidos por el "mejor guerrero de Dios" escogido para afrontar estos momentos tan difíciles de la patria, un guerrero que no puede caminar 80 metros, que tiene que movilizarse constantemente en helicóptero, que busca la reconstrucción bajando las tasas de interés para que las familias afectadas vuelvan a pagar las casas (pero con menos intereses), que prefiere que israelíes aterricen en el territorio nacional en misión humanitaria pero con armas y uniformes, desplazando a quienes estuvieron durante días removiendo escombros (un intento de lavado de imagen) y que obviamente, como buena familia tradicional (por lo menos japonesa) la mujer maneja las finanzas, por eso la primera dama se encarga de recibir la ayuda. El gran peligro de Colombia no es solo la ultraderecha en el poder, es sin lugar a duda la construcción de narrativas que simplifican la realidad nacional a un blanco o negro manipulando emociones y creando verdades ficticias; pero pese a todo, a sabiendas que la democracia es imperfecta, a veces incoherente y desordenada, no debemos, como sociedad, caer en narrativas creadas desde la confrontación constante y del “todo vale” tan nuestro y tan enraizado en nuestra historia del conflicto nacional.

En una decisión que sienta un precedente de enorme calado para el ejercicio del poder en Colombia, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al presidente de la República, Abelardo De la Espriella, pedir disculpas públicas a toda la ciudadanía por haber vulnerado el principio de neutralidad religiosa durante su ceremonia de posesión, celebrada el pasado 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali. El fallo judicial, que da respuesta a una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, determinó que la inclusión formal de ritos de culto, lecturas sagradas, símbolos confesionales y discursos de líderes religiosos dentro del orden del día oficial transgredió las garantías fundamentales a la libertad de conciencia y de culto de la ciudadanía. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella La providencia fija un plazo perentorio: a más tardar el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026, exactamente a las 7:00 de la noche, el jefe de Estado deberá dirigirse al país a través de una alocución por cadena nacional de radio y televisión. En dicha intervención, el mandatario no solo tendrá que ofrecer excusas explícitas, sino también manifestar públicamente su compromiso ineludible de abstenerse de realizar actos oficiales que reflejen una inclinación institucional hacia la Iglesia Católica o hacia cualquier otro credo particular. La trascendencia de la sentencia, sin embargo, no se agota en el gesto simbólico de las excusas presidenciales. El despacho judicial le impuso a la Casa de Nariño la obligación de redactar y expedir, a lo largo del mes de septiembre, una directiva administrativa de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos del orden nacional. Esta norma interna deberá impartir instrucciones precisas para que ningún funcionario instrumente los escenarios o actos institucionales con el fin de promover, respaldar o proyectar adhesiones hacia religión alguna. Adicionalmente, el fallo incluye al presidente del Congreso de la República, el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer excusas públicas ante la sesión plenaria del Senado en la última semana de septiembre, asumiendo el compromiso de velar por la laicidad en todos los eventos oficiales en los que ejerza la representación de la rama legislativa. Un escenario estatal transformado en altar La decisión es consecuencia del ambiente en el que se desarrolló la jornada del 7 de agosto de 2026 en la capital del Valle del Cauca. Aquel día, rompiendo con la tradición inveterada de realizar la transmisión de mando en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá, la organización de la investidura desplegó una escenografía cargada de simbolismos en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y, posteriormente, en las instalaciones del Batallón Pichincha. Dentro del recinto universitario, junto a la tarima principal desde la cual el nuevo mandatario dirigió su discurso al país, se instaló una imponente réplica de la Virgen de Fátima posada sobre un pedestal profusamente rodeado por arreglos de flores blancas. El desarrollo del acto institucional no se limitó a la jura formal del cargo ni a la imposición de la banda presidencial. La mesa directiva del Congreso aprobó e incorporó en el orden del día un segmento denominado expresamente como espacio de “invocación y alabanza”, durante el cual se interpretaron cánticos con profundas referencias marianas, se leyeron pasajes de textos religiosos y se concedió el uso de la palabra a una representación ecuménica seleccionada por la organización. El desfile de intervenciones religiosas comenzó con David Michan, principal rabino sefardí de Colombia, quien abrió la sesión con una reflexión sobre las cualidades éticas del liderazgo y concluyó su pronunciamiento con la proclama: “¡Viva Colombia, viva Israel!”, una frase de alto impacto político dado el contexto de reactivación de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Tel Aviv impulsada por el nuevo gobierno. Tras el rabino, tomó el micrófono el monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, seguido por el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada, líder de la congregación Manantial de Vida Eterna y figura de amplio recorrido político por haber sido uno de los cofundadores del partido cristiano Colombia Justa Libres. Más tarde, en el componente militar desarrollado en el Batallón Pichincha, intervino monseñor José Roberto Ospina Leóngomez, administrador apostólico del Obispado Castrense. Diversos analistas e historiadores señalaron que la composición de aquel panel religioso reflejó un evidente sesgo de representatividad. Mientras que en Colombia la comunidad judía cuenta con aproximadamente cinco mil fieles, la población que profesa el islam supera los ochenta y cinco mil creyentes; no obstante, ningún representante de la fe islámica fue invitado a la tribuna oficial. Esta asimetría, sumada a la presencia dominante de imágenes católicas y las prédicas evangélicas, sustentó el argumento del accionante sobre la ruptura del pluralismo religioso que debe caracterizar a las actuaciones del Estado. Lea también: Con Abelardo, más macondiano imposible La frontera entre el creyente y la autoridad pública El núcleo de la argumentación jurídica expuesta por el Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá reside en la distinción fundamental entre el ámbito privado del ciudadano que ejerce un cargo público y la naturaleza pública del Estado al que representa. En el texto de la providencia, el despacho aclaró que la sentencia en ningún momento pretende limitar o censurar la libertad de culto de la que gozan el presidente De la Espriella o los miembros de su gabinete en el fuero de su vida personal. El juzgador enfatizó que los funcionarios de cualquier jerarquía tienen pleno derecho a profesar sus convicciones espirituales y a asistir a los templos de su preferencia. Sin embargo, cuando estos ciudadanos actúan revestidos de la investidura institucional y conducen un acto de Estado, sus actuaciones quedan sujetas de manera estricta al deber de neutralidad. "Esa unidad no puede construirse instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano", consigna uno de los apartes más contundentes del fallo. En ese sentido, cuando un gobernante encabeza una ceremonia oficial, sus palabras, gestos y decisiones de logística no le pertenecen a título individual, sino que encarnan la vocación incluyente de una República que pertenece por igual a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, ateos y agnósticos. Coherente con este razonamiento, el juez desvinculó completamente de la acción de tutela a los líderes religiosos que participaron en la ceremonia, entre ellos el rabino David Michan, el monseñor Francisco Javier Múnera y el pastor Eduardo Cañas. La administración de justicia subrayó que la responsabilidad jurídica por la vulneración de los derechos fundamentales no recae sobre las autoridades eclesiásticas —quienes asistieron en calidad de invitados—, sino de manera exclusiva sobre las autoridades del Estado que planearon, aprobaron y ejecutaron un protocolo oficial contraviniendo los mandatos de la Carta Política. Reacciones políticas y el eco de una controversia recurrente La notificación de la sentencia generó de inmediato profundas repercusiones en el panorama político nacional. Una de las primeras figuras públicas en reaccionar fue la congresista Jennifer Pedraza, quien desde las primeras horas tras la posesión de agosto ya había cuestionado con severidad la inclusión de ritos confesionales en el acto de investidura. A través de sus canales oficiales, la parlamentaria celebró el fallo judicial y reafirmó la tesis de que la ceremonia en Cali representó un retroceso peligroso para las garantías democráticas. "Como advertimos: el acto de posesión del Presidente violó el principio de neutralidad en materia religiosa y amenaza el carácter laico del Estado. Ahora, un juez de la República le solicita al Mandatario excusarse por violar el derecho de la ciudadanía a la libertad de conciencia y culto", expresó Pedraza. La congresista agregó que a la sociedad colombiana le tomó varias décadas de debates jurídicos y luchas políticas separar de manera sabia las instituciones estatales de las organizaciones religiosas, concluyendo que defender la laicidad es una condición indispensable para preservar el Estado Social de Derecho. Lea también: La Regeneración del "Tigre": la ilusión del orden sin Constitución El debate adquiere una dimensión aún mayor al examinar el estilo de gobernanza que ha empezado a delinear la administración de Abelardo de la Espriella. Desde el inicio de su mandato, la presencia de referentes religiosos en el ámbito público ha sido notablemente recurrente. Entre las decisiones más comentadas se encuentra la designación de la reconocida pastora cristiana Clara Lucía Sandoval como "gerente de Bogotá", así como el nombramiento de altos funcionarios en carteras ministeriales y en la dirección de entidades descentralizadas —como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o el Fondo Nacional del Ahorro— que guardan vínculos directos con diversas congregaciones religiosas. A ello se suman los encuentros de oración organizados con el gabinete ejecutivo y los retiros espirituales previos a la toma de decisiones gubernamentales. Mientras sectores de la oposición y defensores de las libertades civiles perciben estas prácticas como un intento de borrar la frontera entre la fe y el ejercicio de la función pública, defensores del gobierno sostienen que la religiosidad del presidente responde a una manifestación de autenticidad cultural que conecta con las creencias mayoritarias del pueblo colombiano. No obstante, el fallo del juez deja en claro que la devoción personal no puede sobrepasar los contornos fijados por el ordenamiento constitucional. La arquitectura del Estado laico en la jurisprudencia colombiana La controversia generada por la posesión presidencial reabre un capítulo sustancial de la historia jurídica reciente de Colombia. La condición de Estado laico en el país no surgió de un formulismo abstracto, sino de la necesidad de construir una convivencia pacífica en una sociedad profundamente diversa tras la promulgación de la Constitución de 1991. Aunque el texto de la Carta Política no emplee explícitamente la palabra "laico", la estructura de sus preceptos fundamentales estableció una ruptura definitiva con el modelo confesional que imperó durante la vigencia de la Constitución de 1886. El artículo 19 de la Carta Magna consagra la libertad de cultos y decreta de forma categórica que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esta disposición se complementa con el artículo 68, el cual prohíbe de manera expresa que en los establecimientos educativos del Estado se obligue a cualquier persona a recibir formación religiosa. El desarrollo doctrinal de estos principios encontró su hito más relevante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera muy especial en la célebre Sentencia C-350 de 1994, redactada bajo la ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. En aquel fallo histórico, el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1 de 1952, mediante la cual Colombia se consagraba de forma oficial al Sagrado Corazón de Jesús. La Corte determinó entonces que el Estado no puede identificarse con una religión determinada ni realizar actos institucionales de adhesión formal a un credo, pues tal proceder vulnera el principio de igualdad entre todas las confesiones y discrimina a los ciudadanos que no comparten esa fe. Lea también: ¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella? Ese mismo marco dogmático fue ratificado con la revisión de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994), evaluada en la Sentencia C-088 del mismo año. A través de estas decisiones, la Corte ha sido enfática en aclarar que la laicidad colombiana no equivale a un modelo ateo, agnóstico o antirreligioso. Por el contrario, se trata de una laicidad positiva y pluralista donde el Estado tutela la facultad de todos los ciudadanos de profesar o no una fe, pero se impone a sí mismo una estricta neutralidad para evitar que el aparato público se convierta en una herramienta de proselitismo o de legitimación de un credo particular. La decisión adoptada contra el presidente Abelardo de la Espriella y el senador Honorio Henríquez recuerda que la vigencia de la Constitución de 1991 exige una vigilancia permanente. El cumplimiento de la orden judicial antes de que concluya el mes de septiembre marcará un hito en la reafirmación de que, sin importar el peso del capital político ni el fervor de las convicciones personales de un gobernante, las instituciones del Estado colombiano deben permanecer firmes como un espacio común, neutral y respetuoso de la libertad de conciencia de toda la nación. Al final, debe quedar claro que ningún gobernante está por encima de la Constitución y las leyes.

Un duro diagnóstico sobre la salud financiera del entramado empresarial en Colombia reveló la más reciente Encuesta de Desempeño Empresarial elaborada por el Observatorio Nacional de la MiPyme. Durante el primer semestre de 2026, el 60,7% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país experimentó una contracción directa en sus montos de inversión, un indicador que refleja las elevadas tensiones operativas, la menor liquidez y la cautela generalizada con la que el tejido productivo está haciendo frente al entorno económico. El informe gremial, presentado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), muestra que el deterioro de los indicadores no se limita a la postergación de proyectos de expansión. La rentabilidad también sufrió un embate generalizado: el 57% de los establecimientos encuestados a nivel nacional reportó un margen operativo inferior al registrado en periodos anteriores. De forma paralela, un 53,2% de las unidades productivas tuvo que reducir sus volúmenes habituales de fabricación de bienes o prestación de servicios, lo que evidencia una desaceleración en la actividad comercial de base. Lea también: El PIB debería crecer al 5% para sanear las finanzas públicas: ANDI El peso de las deudas y el ahogamiento del flujo de caja El estudio del Observatorio analiza en detalle la estructura de costos y compromisos financieros que ahoga las finanzas cotidianas de los independientes y pequeños empresarios. Para una porción sustancial del sector, una fracción considerable del dinero que ingresa cada mes se va de inmediato en cumplir con acreedores bancarios o prestamistas. Un 25% de los negocios encuestados destina entre el 10% y el 30% de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de obligaciones financieras. La situación empeora para el 20,2% de los consultados, quienes deben comprometer entre el 30% y el 50% de su facturación mensual para amortizar créditos. Esta carga reduce de forma drástica el capital disponible para la compra de materias primas, mantenimiento de maquinaria o pago puntual de nómina. Impuestos que merman la liquidez A la presión por el endeudamiento se suma el peso de los tributos sobre los ingresos brutos. El informe destaca que el 26,8% de las MiPymes destina más de una tercera parte de sus ingresos totales al cumplimiento de obligaciones fiscales. Al desglosar cuáles gravámenes generan un mayor impacto sobre la operatividad del sector, el análisis gremial identifica al impuesto sobre la renta como la carga más gravosa, señalada por el 18,4% de los empresarios. Le sigue el IVA no recuperable, mencionado por el 16,1% de la muestra, el tributo a los movimientos financieros conocido como 4x1000 con un 13,8%, y el mecanismo de retenciones en la fuente con un 13,5%. La combinación de estos instrumentos resta flexibilidad de caja a negocios que operan habitualmente con márgenes muy ajustados. Despidos y aumento de precios: la respuesta del empresariado Frente al rigor del panorama tributario y financiero, la toma de decisiones al interior de las firmas se ha orientado hacia el ajuste operativo directo para evitar el cierre definitivo. La Encuesta de Desempeño Empresarial evidencia que la medida más recurrente ha sido el recorte de puestos de trabajo, opción adoptada por el 26,5% de las empresas como vía para amortiguar el alza en los costos fijos. En segundo lugar, el 22,1% de las unidades productivas optó por congelar o recortar programas de inversión previstos para equipamiento o tecnología. Por su parte, un 19,8% de los empresarios se vio obligado a trasladar la presión fiscal y operativa al consumidor final mediante un ajuste al alza en los precios de sus productos y servicios, transfiriendo el costo acumulado a la cadena de consumo. Lea también: ANIF plantea incrementar el IVA y para financiar la reconstrucción Pérdida neta y capital de trabajo en terreno negativo El aspecto más crítico expuesto por el reporte gremial radica en la fragilidad patrimonial con la que trabaja casi la mitad de este segmento empresarial. De acuerdo con las declaraciones de Rosmery Quintero (foto), presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme y directora ejecutiva de ACOPI Atlántico, el 44,7% de los empresarios afronta pérdidas netas en sus ejercicios contables, demoras en el pago a sus proveedores habituales y un indicador de capital de trabajo en terreno negativo. Esta condición coloca a miles de pequeñas unidades productivas en un riesgo inminente de cesación de pagos o parálisis operativa. Ante este cuadro, los voceros del sector insisten en la urgencia de estructurar herramientas de política pública y esquemas de liquidez focalizados que alivien la presión sobre el sector intermedio de la economía, de forma que pueda sincronizarse con los ritmos de reactivación que intentan consolidar los segmentos de mayor escala.

Por: Nerio Luis Mejía Hay verdades que quizás jamás conozcamos en vida y preguntas con las que, tal vez, terminaremos echando el último aliento a la tumba. El funcionamiento del Estado lleva a más de un ciudadano a cuestionarse de manera recurrente: ¿a dónde van a parar realmente nuestros impuestos? ¿Por qué, al acercarnos a realizar un trámite ante las entidades públicas, debemos adoptar una postura sumisa, como si solicitáramos un favor a un funcionario cuyo sueldo pagamos nosotros mismos? Esa subordinación cotidiana invita a una reflexión ineludible: ¿acaso no es nuestro deber fundamental comprender cómo se ejerce el poder en Colombia? Lea también: Cuando la Justicia restaure su brillo La clásica división de poderes es una doctrina de constante debate en el país, un territorio que por momentos se asemeja a una embarcación a la deriva, sacudida por la marea incesante de los escándalos políticos. Frente a esta crisis de representatividad, la ciudadanía suele exclamar con escepticismo: «¿Qué pasó con la división de poderes?». La desconfianza ciudadana ha erosionado por completo la credibilidad de las ramas Ejecutiva y Legislativa. Sin embargo, lo que una democracia no puede permitirse bajo ninguna circunstancia es el colapso del voto de confianza en la administración de justicia. La justicia es la sal de cualquier sociedad; requiere, como mínimo, un blindaje básico contra la corrupción. No se pretende una institución utópica o inmaculada, pero sí una estructura incorruptible. Lamentablemente, en Colombia la justicia no escapa al deterioro institucional generalizado. Se trata de una maquinaria sumamente costosa para el erario publico. A manera de ilustración, el Consejo Superior de la Judicatura expuso requerimientos por cerca de 16 billones de pesos para el presupuesto de la Rama Judicial, de los cuales la asignación gubernamental contempló 11,6 billones de pesos —un monto que provocó discrepancias en el sector judicial al considerarse insuficiente para atender las necesidades de modernización y descongestión. A pesar de esta inversión billonaria, la percepción de impunidad sigue siendo abrumadora. Muy pocos ciudadanos confían en la efectividad del aparato judicial, al punto de preferir el silencio antes que la denuncia. Esta desconfianza abarca desde el delito callejero cotidiano hasta los grandes entramados de corrupción trasnacional, donde resulta habitual e irónico que se prefiera recurrir a la justicia de Estados Unidos antes que acudir a los tribunales locales. En los últimos años se ha vuelto recurrente que las denuncias de alto impacto contra políticos y empresarios terminen bajo el radar de la justicia estadounidense. Esta dinámica plantea interrogantes de fondo: ¿para qué continuar financiando un sistema judicial costoso que genera tan poca credibilidad ciudadana? ¿Clama la justicia colombiana por una reestructuración profunda, capaz de hacerla renacer de sus cenizas sin los vicios que hoy la atenazan, o terminarán sus funciones relegadas de facto ante tribunales extranjeros? Lea también: Las 15 propuestas del nuevo gobierno para reformar la Justicia Hasta qué punto se puede hablar de independencia y soberanía nacional cuando el Estado muestra incapacidad para juzgar y condenar en su propio territorio, y bajo sus propias leyes, a quienes quebrantan el ordenamiento jurídico. Avanzar hacia esa dependencia judicial equivale a renunciar a la identidad institucional. No es posible hablar de una democracia plena cuando los ciudadanos, en todos los estratos, han dejado de creer en sus jueces. Colombia exige un debate jurídico, político y, sobre todo, moral para reevaluar la sostenibilidad y pertinencia de un sistema costoso que sigue quedando en deuda con su mandato constitucional.