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El reciente anuncio traslado de los tres máximos jefes del crimen organizado en el Atlántico —alias ‘Castor’, Digno Palomino y ‘El Negro Ober’— desató un choque de trenes institucional entre la Presidencia de la República y la alcaldía de Barranquilla, así como el pronunciamiento de los gremios económicos para dar a concer su descontento. Y es que los datos oficiales de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Barranquilla sugieren que la "tregua", más que un alivio para el ciudadano, ha sido un paréntesis que las estructuras criminales utilizan para reorganizarse. Lea también: La danza de la muerte no para en Barranquilla La "Tregua" en cifras: el sicariato no se detiene Desde que se anunció el cese de hostilidades entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes' el 23 de agosto de 2025, la sangre no ha dejado de correr. Hasta la fecha, se han registrado 145 homicidios, de los cuales el 78% (113 casos) fueron ejecuciones bajo la modalidad de sicariato o ajustes de cuentas. Y aunque si se han reducido los homicidios, la tendencia, lejos de estabilizarse a la baja, muestra un incremento preocupante hacia el cierre del año y el inicio de 2026: Septiembre 2025: 22 casos. Diciembre 2025: 38 casos (un aumento del 72% respecto a septiembre). Enero 2026 (primeros 11 días): 16 homicidios, de los cuales el 75% fueron por sicariato. Para las autoridades locales, el diagnóstico es claro: "La tregua no se ha traducido en una reducción efectiva. Existe una inconsistencia entre los acuerdos firmados y la dinámica violenta en el territorio". Masacres: el "sabor agridulce" de la paz urbana Dos eventos atroces durante el periodo de tregua pusieron en duda la voluntad de paz de las bandas. El 1 de octubre de 2025, una barbería en el corregimiento de Juan Mina fue escenario de un triple homicidio. Poco después, el 12 de noviembre, sicarios en moto irrumpieron en un complejo deportivo en Villas de la Cordialidad, dejando tres muertos —incluida una mujer de 27 años— y dos heridas. Aunque los cabecillas se apresuraron a desvincularse de estos hechos a través de comunicados, la inteligencia policial vincula estos episodios a la disputa territorial incesante por el tráfico de estupefacientes. Lea también: Reducción significativa de los delitos en Barranquilla durante octubre Balance 2025: ¿Qué dicen las estadísticas anuales? Si bien es cierto que el año 2025 cerró con 428 homicidios (una reducción del 13% frente a los 493 de 2024), el análisis cualitativo es menos alentador. Categoría Dato Clave Modalidad dominante El 80% de los casos fueron por sicariato. Zonas críticas Los barrios Rebolo (34 casos) y El Bosque (31) siguen siendo los epicentros del dolor. Acción policial Se lograron 5,108 capturas.

En una jornada marcada por la incertidumbre política en Estados Unidos y datos de inflación más moderados de lo previsto, el dólar en Colombia registró un notable retroceso este martes 13 de enero, rompiendo la barrera de los $3.700. A media mañana, el precio promedio de negociación se situaba en los $3.685,52, lo que refleja una caída de $31,57 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $3.717,09. Durante las primeras horas de sesión, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.674,33, consolidando una variación negativa del 0,85%. Lea también: ¿Una nueva era para el dólar? Este comportamiento del peso colombiano se alineó con una tendencia regional de fortalecimiento de las monedas latinoamericanas, donde el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno también ganaron terreno frente a la moneda estadounidense, a pesar de que el índice DXY —que mide el dólar frente a una canasta de divisas globales— mostraba una ligera resistencia con un avance marginal del 0,11%. El debilitamiento del billete verde responde, en gran medida, a factores extraeconómicos que han sacudido la confianza institucional en Estados Unidos. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal vinculada a las renovaciones en los edificios de la Reserva Federal, una noticia que coincide con el testimonio del presidente del banco central, Jerome Powell, ante el Congreso. Analistas financieros, entre ellos Steve Englander de Standard Chartered, sugieren que, si bien el mercado reaccionó con nerviosismo inicial, el impacto real dependerá de si se formalizan acusaciones directas. Sin embargo, existe una preocupación latente sobre la independencia de la Reserva Federal; una eventual imputación, aunque considerada poco probable, podría interpretarse como causa de despido para Powell, lo que debilitaría la credibilidad de la institución y presionaría aún más a la baja el valor del dólar bajo la expectativa de una política monetaria menos rigurosa. Paralelamente, los fundamentos macroeconómicos aportaron calma a los inversores. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos cerró diciembre con una variación interanual del 2,7%, una cifra que, junto con una inflación subyacente del 2,6%, resultó estar por debajo de las expectativas del mercado. Estos datos sugieren que las presiones inflacionarias en la potencia del norte podrían estar cediendo terreno, lo que alimenta la posibilidad de que la Reserva Federal inicie recortes en las tasas de interés más pronto de lo anticipado. No obstante, con la inflación aún por encima del objetivo del 2% y la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro mostrando un empinamiento alcista, el panorama sigue siendo de cautela. Lea también: Estas son las monedas más caras que el dólar Los mercados ahora dirigen su atención a las próximas subastas del Tesoro y a la evolución del conflicto institucional en Washington para determinar si la caída del dólar por debajo de los $3.700 en Colombia es una tendencia sostenible o un ajuste transitorio.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha emitido una contundente alerta sobre la falta de transparencia que rodea la financiación de las campañas al Congreso para las elecciones de 2026. A pesar de que la contienda electoral ya completó su primer mes de actividad formal, el organismo denunció que la consulta pública de ingresos y gastos en la plataforma "Cuentas Claras" del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece cerrada. Esta opacidad impide el rastreo efectivo del origen y destino del capital político, dificultando la verificación del cumplimiento de los plazos y obligaciones legales por parte de los candidatos. La preocupación de la MOE radica en que este vacío informativo vulnera el control social y priva al electorado de datos cruciales para ejercer un voto informado, poniendo en riesgo la equidad y la integridad del sistema democrático. Lea también: Elecciones a Senado 2026: entre la polarización y las nuevas alianzas La problemática se extiende a los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, quienes recolectaron firmas para avalar listas al Congreso. Según el informe del organismo, no existe a la fecha ningún mecanismo de publicidad habilitado para conocer los informes financieros de estos grupos, lo que genera un punto ciego en la fiscalización de los recursos invertidos durante las etapas iniciales del proceso electoral. Ante la ausencia de datos oficiales, la MOE recurrió a herramientas de monitoreo digital, logrando identificar que la inversión publicitaria ya es considerable. Entre el 7 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, al menos 78 cuentas vinculadas a aspirantes al Legislativo destinaron más de 300 millones de pesos en anuncios dentro de las plataformas de Meta, específicamente Facebook e Instagram. Sin embargo, el organismo advirtió que estas cifras representan apenas una fracción del gasto real, ya que el reporte se limita exclusivamente a una red publicitaria y deja por fuera el flujo de dinero en otras plataformas de alto impacto como X, TikTok y YouTube. Para la MOE, este registro de más de 2.000 anuncios individuales es solo el punto de partida para un análisis técnico profundo que determine, caso por caso, si estas piezas cumplen con la normativa de propaganda electoral vigente. Mientras el CNE no habilite el acceso a los reportes oficiales, la incertidumbre sobre el "dinero sucio" o el exceso de topes seguirá planeando sobre una contienda que, aunque ya está en plena marcha en las calles y redes sociales, permanece en la sombra ante los ojos de la ciudadanía y las autoridades de control. Implicaciones legales para los candidatos El incumplimiento en el reporte de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) conlleva severas implicaciones legales que pueden truncar las aspiraciones de los candidatos incluso antes de la jornada de votación. En primer lugar, la normativa colombiana estipula que la omisión o el reporte extemporáneo en la plataforma Cuentas Claras faculta al CNE para abrir investigaciones administrativas que derivan en multas pecuniarias proporcionales a la falta. No obstante, el riesgo más crítico para una campaña es la pérdida de la personería jurídica de la lista o la revocatoria de la inscripción del candidato. Si se demuestra que la opacidad financiera buscaba ocultar la superación de los topes de gastos establecidos por la ley, los elegidos podrían enfrentarse a la pérdida de su investidura, un proceso judicial que los inhabilitaría permanentemente para ejercer cargos públicos. Lea también: Pulso electoral: los candidatos que encabezan las listas al Senado Más allá de las sanciones administrativas, la Ley 1864 de 2017 tipifica como delito penal la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y la violación de los límites de gastos. En este escenario, tanto el candidato como su gerente de campaña podrían ser vinculados a procesos ante la Fiscalía General de la Nación, con penas de prisión que oscilan entre los 4 y 8 años. La falta de transparencia denunciada por la MOE no solo afecta la ética de la contienda, sino que expone a los aspirantes al Congreso a la "muerte política" si se comprueba que el origen de sus recursos proviene de sectores no autorizados o si el flujo de caja en redes sociales, como el detectado en Facebook e Instagram, no guarda estricta simetría con los informes oficiales que eventualmente presenten ante la autoridad electoral.

En un endurecimiento sin precedentes de su postura frente a la insurgencia, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa al Ejército de Liberación Nacional (ELN): si el grupo no se suma de manera definitiva al proceso de paz y abandona el territorio venezolano, el Gobierno colombiano procederá con acciones militares conjuntas con Venezuela. Lea también: Atentado en Arauca acabó la mesa de negociación con el ELN A través de un mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado condicionó cualquier posibilidad de diálogo a que la organización guerrillera renuncie a las economías ilícitas y detenga el reclutamiento forzado de menores, dejando claro que no reanudará las mesas de negociación bajo las actuales circunstancias de violencia. “Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, sentenció el mandatario. Esta firmeza responde a lo que Petro describe como la destrucción de un acuerdo de paz previo por parte de la guerrilla, señalando que el grupo dinamitó los avances “a sangre y fuego”. La crisis alcanzó su punto de inflexión en enero de 2025, cuando el Gobierno decidió congelar las conversaciones tras una escalada criminal en la región del Catatumbo, donde cruentos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC dejaron un saldo de más de 30 muertos. En este contexto, la presidencia ha subrayado que la prioridad ahora es que las comunidades afectadas recuperen el control soberano de sus territorios y lideren la transformación social y económica de las zonas en disputa, marginando la influencia de los grupos armados. Curiosamente, el ultimátum presidencial coincidió con la difusión de una propuesta del ELN para debatir un “acuerdo nacional” de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026. En su planteamiento, la guerrilla sugiere reformas económicas y ambientales como vía para resolver la crisis estructural del país; sin embargo, para el Ejecutivo, estas propuestas carecen de validez mientras el grupo mantenga su operatividad criminal. Lea también: ¿Se debe revaluar el rol de Venezuela en los procesos de diálogo? La situación es particularmente compleja dada la naturaleza transfronteriza del ELN, que utiliza los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela como refugio estratégico y plataforma para el narcotráfico. De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se estima que cerca del 70% de la cúpula política y militar de la organización reside en suelo venezolano, lo que convierte la cooperación militar con Caracas en una amenaza de alto impacto para la supervivencia de la estructura rebelde.

Por: Jorge Vergara Carbó El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, anda del tambo al timbo, piensa con el deseo, más que con la realidad al creer que imponiéndoles una sobretasa (ilegal) de $8 por kilovatio consumido a todos los usuarios de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, resolverá la crisis financiera y técnica de la empresa Air-E y de algunas electrificadoras del interior del país, hoy intervenidas y mal administradas por el gobierno actual. Petro prometió acabar con el régimen tarifario impuesto por el gobierno Duque a los usuarios de Air-e y Afinia, consistente en pagar un sobrecosto por el concepto de pérdida de energía más un 20% por comercialización + 300 puntos de cartera. A lo anterior debe añadirse el sobrecosto que veníamos pagando por el concepto distribución al cobrarnos anticipadamente unas inversiones que Air-e, no hizo, pero Afinia sí. Esa promesa no la cumplió. Lea también: Air-e ya facturó el 84,1% de la opción tarifaria. Deuda que nadie auditó Igualmente prometió pagar la “opción tarifaria” de todas las empresas del país, y tampoco cumplió. Los usuarios de Air-e la pagaron en 10 meses, a pesar de que el director de FINDETER Juan Carlos Muñiz le prestó a Alberto Ríos $280.000 millones para que cobrará la “opción tarifaria” en 10 años (plata de los colombianos perdida, y lo peor no hay responsables). A pesar de lo anterior, la empresa en la factura de diciembre le cobró a los usuarios por “opción tarifaria” $ 65.07 por kilovatio. Un robo descarado, cuando en los meses anteriores venían cobrando $12.49, un excedente a todas luces ilegal de $52.58 por kilovatio, que le significo a Air-e ingresos adicionales en diciembre de $22.083 millones, suponiendo una venta al sector residencial de 420 millones de kilovatios. Todo esto sin que la SSPPDD o el ministro parlanchín o la Liga de Usuarios dijeran algo. Un error o un robo descarado. Por último, prometió publicar el contrato de la venta de Electricaribe al inversionista Alberto Ríos y EPM, porque ese contrato “olía a feo”, pero como que le quedo gustando el olor, porque en sus 42 meses de gobierno, no cumplió su promesa. Hoy no se conoce el contrato. Gustavo Petro, cayó en la trampa de Alberto Ríos, al igual que Juan Manuel Santos, al intervenir la empresa. Repitió los mismos errores de Juan Manuel Santos, intervenirla, en vez de dejar que se declararan en quiebra. Una vez declarada su quiebra el Estado debía asumir su manejo. En ambas intervenciones, los interventores no recuperaron la empresa, la hundieron más de lo que estaba, por su mala gestión y actos de corrupción en el manejo de la empresa, se la robaron en carta blanca. Hoy el gobierno Petro no sabe qué hacer con Air-e, al igual que los paisas quieren deshacerse de Afinia, por lo pronto le están regalando el mercado del Cesar y 11 municipios del Magdalena para que el gobierno los maneje. A parte de lo anterior, el gobierno Petro es posible sea demandado por Alberto Ríos por expropiación, tal como lo hicieron los españoles, que demandaron y el gobierno colombiano terminó indemnizándolos con US$150 millones. La realidad de Air-e hoy Air-e no pudo salir adelante en su gestión a pesar de las prebendas que recibió en su negociación. Estas fueron: 1. El solo régimen tarifario especial le ha permitido a Aire recibir de sus usuarios $3.81 billones, hasta julio de 2024. 2. A lo anterior súmele lo recaudado por “opción tarifaria” $850.500 millones 3. lo recaudado por la cartera que le regalaron $1.5 billones, unos $700.000 millones (incluye $240.000 millones que debía el gobierno por subsidio). 4. El pasivo pensional por $1.5 billones. 5. La facturación de 20 días $150.000 millones. 6. la inversión del gobierno en obras $2.2 billones. 7. El respaldo fiduciario del gobierno por $1 billón para que operaran. 8. El préstamo sin respaldo de FINDETER entregado por Juan Carlos Muñiz por $280.000 millones, para financiar por 10 años, el pago de la “opción tarifaria” que la cobraron en 10 meses, como lo demostramos en un documento que publicamos en su momento. Lea también: Air-e nos ha sacado del bolsillo $3,81 billones ¿Por qué AIRE con todos esos beneficios y una administración privada fracaso? Por la sencilla razón, que el problema de Air-e no es de tarifa, es un problema estructural que este gobierno y los anteriores no han querido entender como se lo hemos venido diciendo desde hace años, en varios documentos publicados sobre el tema. Sigue el gobierno con “paños de agua tibia” para tratar de resolver el problema de la empresa. Su última iniciativa es la de cobrar una sobre tasa de $8 por kilovatio a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica, para con esos recursos pagar la deuda de Air-e de $2.5 billones así como de otras empresas intervenidas tienen con los generadores y otros proveedores. Una propuesta ilegal, porque el único que puede fijarles impuestos o contribuciones a los ciudadanos es el Congreso de la República, y Asambleas y Concejos cuando son autorizados por la ley, que emite justamente el Parlamento. El ministro Palma, suponga que el decreto ilegal, se lo declaran legal ¿cree usted que con ello resolvió el problema de Air-e? No ministro Palma, con esa "medida de agua tibia" usted no soluciona los problemas financieros, técnicos y administrativos de la empresa. Puede pagar la deuda a 31 de diciembre de 2025, pero a la vuelta de dos o tres años, estaremos en la misma o peor situación. Comemos hoy, pero mañana no. Ese no puede ser su mensaje. ¿con eso resolvió el problema? No resolvió nada, solo momentáneamente la caja de los proveedores de Air-e. Esa medida de “paño de agua tibia” no resuelve su problema, el negocio tal como está estructurado no es rentable. La empresa seguirá arrastrando pérdidas diarias. Esta empresa es un barril sin fondo. Tanto es así, que con todas las prebendas recibidas del gobierno y la paciencia de los usuarios la empresa esta en quiebra, ha perdido más del 50% de su patrimonio. ¿Puede imaginarse ministro Palma, cual hubiera sido la situación si usted como ministro y el presidente Petro hubieran eliminado el régimen tarifario especial? ¿Cuánto serían las pérdidas, cuanto sería su pasivo? Ministro, para su conocimiento los $8 pesos a Air-e en seis(6) mes del 2026, le reportarán ingresos adicionales por $36.000 millones teóricamente (750 millones Kv x 8 x 6), y dado que su recaudo promedio es del 75%, solo entrarán a caja $27.000 millones, y si el decreto sale con la última cantinflada del ministro Edwin Palma de solo cobrarle la sobretasa a los estratos 5 y 6 del sector residencial, la situación es peor porque los kilovatios vendidos serán 400 millones, y no los 750, lo que dará ingresos por $19.200 millones. Lea también: El gobierno no sabe para qué intervino a la empresa Air-e ¿El gobierno se ha preguntado porque EPM, ENEL, Enerpereira, Enertolima, generan utilidades y Air-e y Afinia no? El sector de distribución y comercialización en el Caribe colombiano no es rentable, por la sencilla razón de que su estructura comercial es mala, el sector residencial es el 55.2% del mercado, de los cuales el 48.1% lo consumen los estratos 1 al 3, el mercado no regulado el 26.2%, y el no residencial el 18.5%. Un mercado disperso con niveles de recaudo del 74.5%, y de pérdida de energía(robo) del 27.5%, y un desfase de inversión en sus redes de distribución de muchos años, lo que aumenta las pérdidas físicas de un 8% a un 15%, o más. Resultados obtenidos con una administración privada, que supuestamente sabe del negocio. Españoles y criollos. ¿Por qué se deterioró la estructura de las empresas en el Caribe colombiano? Por el Decreto 700 de 1992, las leyes 142 y 143, que permitieron privatizar la generación y el excedente vendérselo al sector oficial y utilizar las líneas de distribución del Estado a las empresas para que autogeneraran y comercializaran la energía, fue así como surgió Proeléctrica en Cartagena que asumió el mercado de las industrias de Mamonal como de los hoteles y centros comerciales de Cartagena, quitándole ese mercado a la Electrificadora de Bolívar. Después la misma CREG, irresponsablemente cambió lo establecido en la ley para que una empresa tuviera acceso a la bolsa o pudiera comprarle directamente a los generadores en bloque, al pasar de 2 MW que aprobó la ley, a lo que existe hoy 0.25MW, perdiendo de esta manera las electrificadoras el mercado de la mediana industria y de los centros comerciales, a lo anterior súmele la autogeneración que se volvió rentable para las empresas con unos combustibles fósiles subsidiados y al impulso actual de la energía solar. La Ley prohibió la integración vertical, medida aplicada a CORELCA que con ello perdió su propio mercado el de las Electrificadoras del Caribe, como también perdió el mercado de la trasmisión regional (entregado a los paisas de ISA), y la obligaron, para quebrarla, a que tenía que comprarle toda la energía y potencia a TEBSA, TERMOFLRES sin tener a quién vendérsela. Resultado deterioro y quiebra de las electrificadoras y CORELCA. Nace GECELCA. Para un ejemplo, la Electrificadora de Bolívar era antes de la ley la mejor empresa de distribución del país y cuando se creó Proeléctrica pasó a ser una de las peores empresas de Colombia. Lo anterior es tan cierto, que, si se hace el ejercicio de quitarle el mercado pulpa a EPM y ENEL como a las otras empresas, para estar en igualdad de condiciones con el mercado del Caribe, los índices de gestión de esas empresas se deteriorarán, a niveles del Caribe, aunque su consumo de energía sea más bajo. Estos planteamientos, lo hemos expuesto en varios documentos en estos últimos 10 años. Lea también: El impacto del régimen tarifario impuesto por Iván Duque La solución la tiene que tomar este gobierno, están dadas todas las condiciones para que de una vez por toda asuma directamente en principio el mercado de Air-e, integrándola a las empresas Gecelca y Urra cuya propiedad es del Estado a través del ministerio de Hacienda y Transelca que pertenece a ISA, cuyo socio mayoritario es Ecopetrol. De esta manera tendríamos integrado verticalmente el mercado eléctrico, mediante un proyecto de ley que modifique los artículos de las leyes 142 y 143, que prohíben la integración vertical. Se han perdido 42 meses de este gobierno, sin solucionar el problema. Con propuestas como la de Edwin Palma que son "pañitos de agua tibia" nunca solucionaremos nada, y peor si la propuesta es ilegal, como es ilegal el cobro de la opción tarifaria de Air-e porque sus usuarios pagaron esa deuda totalmente en octubre de 2024. LOS PROBLEMAS NO SE RESUELVEN CON MEDIDAS ILEGALES Y PAÑITOS DE AGUA TIBIA

La transformación logística del Atlántico ha tomado un impulso definitivo con el avance de la doble calzada Caracolí, una obra estratégica que ya supera el 20 % de ejecución y se consolida como el eje articulador entre los municipios de Galapa, Baranoa y Malambo. Este proyecto, pieza fundamental del Plan Vial Departamental 2024-2027, enlaza la vía Cordialidad con la Oriental mediante una inversión superior a los 138.000 millones de pesos. Los trabajos actuales, que incluyen descapote, conformación de terraplenes y adecuación de suelos bajo rigurosos estándares de estabilidad, proyectan la entrega de este corredor logístico en un plazo de 24 meses, integrando de forma eficiente a estas poblaciones con el sistema vial del área metropolitana de Barranquilla. Durante una reciente inspección técnica, el gobernador Eduardo Verano destacó que los 17 kilómetros de intervención no solo transformarán la movilidad, sino que redefinirán el entorno socioeconómico de la zona. Caracolí se proyecta hoy como un enclave vital para el movimiento de carga pesada, gracias a su proximidad con el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y los principales terminales portuarios y fluviales del departamento. La visión de la administración departamental es convertir este tramo en una vía de alta tecnología y conectividad digital, capaz de soportar la expansión de parques industriales y zonas francas que demandan una infraestructura robusta para competir en mercados globales. Lea también: C.R.A. investiga a empresa Biodiesel de la Costa S.A.S. por contaminación Por su parte, el secretario de Infraestructura, Azael Charris, reafirmó que el cumplimiento del cronograma y la activación de múltiples frentes de obra son el resultado de una planeación responsable orientada al crecimiento de las próximas décadas. El objetivo trasciende el pavimento: se busca una reducción sustancial en los tiempos de desplazamiento y un incremento en la seguridad vial para el transporte de mercancías. En este contexto, Malambo emerge como uno de los grandes beneficiados, consolidando su perfil como el corazón industrial de la región. La alcaldesa Yenis Orozco subrayó que la combinación de esta nueva conectividad con un estatuto tributario competitivo y la mejora en servicios públicos, como el suministro de agua potable, crea el ecosistema perfecto para atraer inversión privada y generar empleo técnico y profesional. Finalmente, el corredor de Caracolí se entiende como parte de una red de integración internacional que facilita la salida de la producción local hacia el exterior. Al conectar directamente con las puertas de salida del país, el Atlántico fortalece su rol dentro del comercio nacional. Esta obra se suma a otros proyectos de gran envergadura, como la intervención en Juan Mina, conformando un ambicioso plan que contempla más de 115 kilómetros de vías nuevas. Como señaló el gobernador Verano, estas infraestructuras actúan como motores de desarrollo que dejan una capacidad instalada permanente, permitiendo que el sector público y privado trabajen en sintonía para la transformación definitiva del territorio.

¡El "Bombazo" que Barranquilla esperaba ya es una realidad! La ciudad no duerme, el ambiente vibra con el aroma del carnaval y el corazón del hincha rojiblanco late a un ritmo distinto. No es para menos: Luis Fernando Muriel, el hijo pródigo que el fútbol europeo y estadounidense disfrutó durante años, está a solo una firma de vestirse con la piel del "Tiburón". El actual campeón de Colombia no solo quiere retener su corona, sino que ha decidido dar un golpe de autoridad sobre la mesa del continente para este 2026. La sonrisa de Muriel y su familia lo dice todo; es el regreso de un talento de élite a su tierra, a esa casa que lo vio nacer pero que aún no ha tenido el privilegio de verlo gritar un gol oficial con la banda cruzada en el pecho. Tras su paso por el Orlando City, el atacante de 34 años llega como agente libre para firmar un ambicioso contrato por dos temporadas, cumpliendo así ese sueño de niño que el propio jugador alimentó hace apenas unas horas con un sugestivo mensaje en redes sociales: un tiburón y corazones rojos y blancos que desataron la locura digital. Lea también: Junior seguirá contando con esta figura para el 2026 Fuad Char, el máximo dirigente de la institución, fue el encargado de disipar las dudas y confirmar que el acuerdo es total. La llegada de Muriel no es solo un fichaje más; es la incorporación de la pieza que faltaba en un rompecabezas de lujo. Imaginar el frente de ataque barranquillero provoca vértigo en los rivales: la magia eterna de Teófilo Gutiérrez, la potencia de Guillermo Paiva y ahora la versatilidad y el instinto asesino del ex Atalanta. Juntos, prometen un despliegue de fútbol que pone la Copa Libertadores como el objetivo real y no solo como una ilusión lejana. El cronograma para recibir al ídolo ya está trazado. Se espera que este sábado el club haga el anuncio oficial que paralizará al país, preparando el terreno para una presentación histórica el martes 13 de enero en el emblemático Monumento Ventana al Mundo, bajo el cielo de Curramba. Sin tiempo que perder, Muriel se integraría de inmediato al grupo para estar disponible este mismo jueves 15 de enero en el duelo de ida de la Superliga ante Santa Fe. Junto a Jannenson Sarmiento y el inminente anuncio de Jean Pestaña, Junior de Barranquilla se arma hasta los dientes, demostrando que en este 2026, el "Tiburón" tiene hambre de gloria continental.

La administración de Donald Trump envió este viernes una delegación oficial a Caracas con el objetivo de explorar la reapertura de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el ataque ejecutado por fuerzas estadounidenses la semana pasada. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que el equipo desplazado a la capital venezolana está conformado por personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Exteriores de Venezuela, incluido el encargado de negocios John McNamara. Lea también: Estados Unidos y la trampa de Tucídides en la era Trump 2.0 La misión tiene como propósito realizar una evaluación inicial para una eventual reanudación gradual de las operaciones diplomáticas. Cabe recordar que la embajada de Estados Unidos en Venezuela suspendió sus operaciones en 2019, durante el mandato de Nicolás Maduro, en medio del quiebre de relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente, el Gobierno venezolano, ahora liderado por Delcy Rodríguez, confirmó el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países. Según un comunicado difundido por el ministro de Exteriores, Yván Gil, este acercamiento busca abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, así como avanzar en una agenda de trabajo de interés mutuo. El canciller informó además que una delegación venezolana viajará a Estados Unidos para cumplir las labores diplomáticas correspondientes, aunque no se precisó la fecha de este desplazamiento. Lea también: "No necesito del derecho internacional": Trump Venezuela insiste en la vía diplomática tras el ataque Gil reiteró que, tal como ha sostenido la presidenta encargada, Venezuela enfrentará esta situación por la vía diplomática, al considerar este camino como el mecanismo legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz. En el mismo contexto, el Gobierno venezolano reiteró su denuncia internacional por lo que califica como una agresión criminal, ilegítima e ilegal, que habría dejado más de un centenar de civiles y militares muertos, en lo que considera una violación flagrante del Derecho Internacional COLPRENSA

Un juez negó en primera instancia la acción de tutela interpuesta contra el decreto de emergencia económica expedido el pasado 22 de diciembre, mediante el cual el presidente Gustavo Petro quedó habilitado para proferir impuestos con fuerza de ley. La decisión fue adoptada por el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que declaró improcedente la tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, y otros demandantes, entre ellos Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio Aguiar y Elkin Darío Meriño. En el fallo, el juez sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse para sustituir el control constitucional que corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional. Señaló que, de acuerdo con el artículo 241, numeral 7, de la Constitución Política, los decretos legislativos dictados en estados de excepción deben ser remitidos de forma automática y oficiosa a la Corte para que esta ejerza el control integral de constitucionalidad, tanto formal como material. “El artículo 241, numeral 7, de la Constitución Política dispone que los decretos legislativos dictados con fundamento en los estados de excepción deben ser remitidos de manera automática y oficiosa a la Corte Constitucional, para que esa corporación ejerza el control integral de constitucionalidad”, indicó el despacho judicial. El juez agregó que este procedimiento no puede alterarse, incluso cuando la vacancia judicial impide que la Sala Plena de la Corte ejerza el control inmediato. En ese sentido, afirmó que acceder a la suspensión provisional del decreto implicaría desconocer el diseño institucional previsto por la Constitución y desnaturalizar el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela. En la providencia también se citó el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acción de tutela no procede contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. Según el despacho, las posibles afectaciones de derechos fundamentales alegadas por los accionantes no corresponden a una lesión cierta, actual o individualizable que habilite la intervención del juez de tutela. Los demandantes habían argumentado que la consolidación de obligaciones tributarias sin control constitucional podía generar efectos irreversibles y vulnerar derechos fundamentales. Sin embargo, el juez consideró que este planteamiento no sustituye el mandato constitucional que asigna a la Corte Constitucional la evaluación de la legalidad del decreto. Con esta decisión, el decreto de emergencia económica expedido al cierre de 2025 continúa vigente. Otras acciones de tutela presentadas contra la medida permanecen en evaluación, mientras la Corte Constitucional avoca conocimiento del control automático una vez concluya la vacancia judicial.

Los estrógenos, la principal hormona sexual femenina aunque con funciones también en hombres, intervienen en un sinfín de procesos (por eso cambia tanto el cuerpo en la menopausia). Esto es así porque los estrógenos regulan cientos de genes. Un nuevo estudio devela ahora detalles de cómo lo hacen, profundizando hasta el núcleo de la célula y revelando que la acción de los estrógenos depende de una propiedad física del ADN: su capacidad para retorcerse o superenrollarse. El estudio es obra de un equipo liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España y ha sido publicado en la revista Science Advances . “Hemos descubierto que la forma en que se enrolla y desenrolla la molécula de ADN, su topología, es clave para que las células respondan a los estrógenos”, explica el investigador del CNIO Felipe Cortés, coautor del estudio. Lea también: Menstruación dolorosa: causas, síntomas y soluciones de alivio También son autores del trabajo José Terrón Bautista, ahora investigador postdoctoral en el Centro Helmholtz de Múnich en Alemania; y Gonzalo Millán-Zambrano, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) adscrito a la Universidad de Sevilla, al CSIC y a la Universidad Pablo de Olavide. “Cuando llegan los estrógenos, unas enzimas llamadas topoisomerasas regulan el enrollamiento del ADN, y con ello controlan la activación de los genes necesarios para que la célula responda a las hormonas”, explica Cortés, jefe del grupo de Topología y Roturas de ADN del CNIO. Son procesos que ocurren en minutos. Dentro de nuestras células, en el núcleo, la molécula de ADN está continuamente cambiando de configuración, retorciéndose y desplegándose más o menos, y eso contribuye a que los genes puedan ser activados o no. Cómo activar el gen adecuado en el momento adecuado La información genética codificada en el ADN de cada uno de nosotros (nuestro genoma) está formada por una secuencia de piezas químicas diferentes (representadas normalmente como letras: A, T, C, G). Dicha secuencia de ADN es igual en todas las células de un organismo, pero cada tipo de célula lee partes distintas de la molécula de ADN (los genes) en momentos distintos, y por eso hay tejidos y órganos diferentes. En otras palabras, cada célula controla cuidadosamente qué genes lee (‘activa’ o ‘expresa’) en cada momento. Uno de los principales cambios de paradigma en esta área deriva del hallazgo, en años recientes, de que la información en el genoma está codificada en tres dimensiones. Es decir: la forma 3D del genoma influye en qué genes se expresan en qué momento. El núcleo de la célula, que mide milésimas de milímetro de diámetro, alberga el ADN, que desenrollado mide dos metros (en el caso humano). El ADN está por tanto densamente plegado, pero no como un amasijo cualquiera de cables sino con un orden muy estricto. Esto hace posible que regiones de ADN linealmente alejadas entren en contacto, y es esa proximidad física la que activa y desactiva genes. Que el ADN esté bien plegado es tan importante que si hay fallos aparecen enfermedades, entre ellas el cáncer. Entender este proceso es un área de investigación que avanza rápido. “El plegamiento del ADN determina cómo la célula lee e interpreta la información del genoma. Empezamos a entender cómo esta organización tridimensional influye en la actividad de los genes”, señala Cortés. Lea también: Conozca los beneficios de tener relaciones con el periodo Estrógenos, activación de genes y ‘superenrollamiento’ del ADN Los estrógenos actúan como señales químicas que modifican la expresión de cientos de genes, relacionados con reproducción, metabolismo, crecimiento celular, diferenciación y supervivencia. El nuevo estudio muestra que esta función de los estrógenos depende directamente de cambios físicos en el plegamiento del ADN, cambios mediados por las enzimas topoisomerasas. “Hallamos que, en presencia de estrógenos, las topoisomerasas modifican el enrollamiento del ADN, y así controlan la activación de los genes diana”, explica Cortes. Específicamente, las topoisomerasas modifican el superenrollamiento del ADN, el fenómeno por el cual la molécula se retuerce sobre sí misma como cuando un cable de los antiguos teléfonos, tras un cierto número de giros, se superenrolla espontáneamente para aliviar la tensión física de la torsión. Enzimas que regulan el superenrollamiento para regular expresión de genes “Los cambios en el superenrollamiento inducidos por las topoisomerasas afectan a la organización tridimensional del genoma y por tanto a cómo se tocan entre sí distintas regiones reguladoras; estos contactos son esenciales para activar los genes de respuesta a estrógenos”, señala el investigador del CNIO. En resumen, “demostramos que la forma en que se retuerce el ADN es una capa de regulación de la expresión génica que había pasado inadvertida. Hasta ahora se pensaba que las topoisomerasas simplemente eliminaban tensiones del ADN; nuestro trabajo muestra que, al menos en la respuesta a estrógenos, ocurre lo contrario: la célula genera y modula activamente esas tensiones para favorecer contactos que estimulan la activación de los genes”. Lea también: De histéricas a hipersexuales: enfermedades femeninas que nunca lo fueron Relación con el cáncer de mama El estudio tiene relación, aunque no inmediata, con el tratamiento del cáncer. Muchos cánceres de mama necesitan los estrógenos para crecer, y los tratamientos habituales actúan bloqueando esa señal hormonal. Además, los inhibidores de topoisomerasas, que afectan directamente a la topología del ADN, también se emplean en el tratamiento de diversos tumores, en ocasiones en combinación con terapias hormonales. “Nuestros resultados muestran que la forma en la que el ADN se enrolla influye directamente en cómo las células responden a los estrógenos. Esto sugiere que la señalización hormonal y las topoisomerasas, tradicionalmente consideradas dianas terapéuticas independientes, están en realidad funcionalmente conectadas, lo que podría ayudar a explicar mecanismos de resistencia y contribuir al diseño de terapias más personalizadas y eficaces”, indica Cortés. NCYT

En el marco de sus funciones de manejo, control y protección de los recursos naturales del Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) continúa adelantando acciones de seguimiento ambiental para verificar que las actividades desarrolladas en su jurisdicción cumplan con la normatividad vigente y no afecten el medio ambiente, la tranquilidad ni la salud de la población. En respuesta a una solicitud elevada por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Galapa, la autoridad ambiental remitió el acto administrativo Resolución 1049 de 2025, mediante el cual se legaliza una medida preventiva impuesta en flagrancia y se inicia una investigación sancionatoria en contra de la sociedad BIODIESEL DE LA COSTA S.A.S., identificada con NIT 900.320.788-2, actuación registrada bajo el radicado ENT-BAQ-013852-2025. La medida fue adoptada tras la revisión de la información aportada y corresponde a una actuación realizada en jurisdicción del municipio de Galapa, en cumplimiento de los controles ambientales que ejerce la C.R.A. para garantizar que las actividades industriales implementen los correctivos necesarios y atiendan los requerimientos de la autoridad ambiental. De acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 1049 de 2025, la medida preventiva se mantendrá vigente hasta tanto la empresa BIODIESEL DE LA COSTA S.A.S. acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental, entre ellos la obtención del permiso de emisiones atmosféricas, la presentación del inventario de fuentes, la caracterización de emisiones y la descripción de sus procesos productivos. De igual manera, deberá adoptar medidas inmediatas para el control de olores, como mejoras en el manejo de materias primas, sellamiento de áreas críticas o ajustes en sus procesos internos, con el fin de evitar molestias a la comunidad mientras permanecen inactivas las fuentes emisoras, todo ello sujeto a verificación técnica y normativa por parte de la C.R.A. De esta forma la Alcaldía Municipal de Galapa mantiene el compromiso con la defensa del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad, trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y la sostenibilidad del territorio.

Por: Dany Oviedo Marino La historia, como advirtió el historiador griego Tucídides, no se repite, pero rima con una cadencia aterradora. Hace más de dos milenios, el ascenso de Atenas (potencia emergente), que amenazaba con desplazar a Esparta (potencia establecida), sembró un miedo mortal y una paranoia tal en el hegemón que inevitablemente los llevó a la guerra. Hoy, el mundo es testigo de cómo la Trampa de Tucídides se cierra sobre Washington y Pekín y de paso puede llevarse por delante al mundo entero. Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, EE.UU. no ha evitado la trampa; ha decidido llenarla de dinamita y llevarse el orden internacional con ella. Al verse incapaz de competir económicamente con China o estratégicamente con la resiliencia rusa, y, habiendo comprendido que una guerra frontal con estas potencias es un suicidio nuclear, el hegemón estadounidense ha reaccionado como una bestia acorralada: ha decidido canabalizar y devorar a sus aliados, someter violentamente a sus vecinos y destrozar la legalidad internacional que él mismo construyó a su medida hace ochenta años una vez terminada la segunda guerra mundial. Lea también: Donald Trump juega con fuego mientras el imperio se desmorona El objetivo ya no es el liderazgo global basado en el consenso y las reglas, sino la supervivencia imperial a través de la fuerza bruta. Al no ser capaz de gobernar el mundo entero intenta asegurarse una zona de contención y suministro en el hemisferio occidental y el Atlántico Norte succionando recursos de muchos países y cientos de millones de personas con tal de tratar de sostenerse en su papel del primer país a nivel mundial sin importar el costo humano y legal. Lo que se observa en la actitud de EE.UU. es una mutación peligrosa de la premisa de la trampa de Tucídides. Al no poder irse de frente contra sus contrincantes económicos y estratégicos redirige su poder y agresividad hacia objetivos más blandos para reafirmar su dominio: América Latina, Europa y varios de sus otros aliados. La reconquista violenta de América: saqueo y sumisión La "Doctrina Monroe" ha regresado con esteroides y la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional del país del norte lo deja claro con el "Corolario Trump". Su primera muestra fue la reciente intervención militar en Venezuela —ejecutada bajo pretextos de "seguridad nacional" y sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU— marca el punto de quiebre. Ahora los Yankies no se arropan con el disfraz de la democracia y la libertad; se trata de petróleo y control, punto. La amenaza a Colombia es explícita: "alineación total o consecuencias", una violación flagrante del principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. La intervención militar directa en Venezuela y el secuestro de su presidente, ejecutada sin el más mínimo pretexto sobre democracia o la libertad del pueblo venezolano tiene un fin pragmático: sacar el petróleo venezolano del mercado chino y redirigirlo exclusivamente a las refinerías texanas para bajar el precio de la gasolina al votante estadounidense. En Colombia EE.UU. busca frenar cualquier transición energética autónoma o acercamiento a los BRICS y puede preverse fácilmente la injerencia de las agencias de inteligencia del norte en los procesos electorales de este año buscando asegurar un gobierno dóciles a los intereses corporativos norteamericanos. Lea también: El dólar se debilita en todo el mundo por los aranceles de Trump   Pero la violencia no es solo militar; es económica. México y Canadá, viejos aliados y socios cercanos bajo el T-MEC, han sido sometidos a un chantaje arancelario sin precedentes, obligados a renegociar su soberanía. El mensaje es claro: si permites fábricas chinas (como de vehículos eléctricos) en tu territorio, la frontera se cierra. El gran capitalismo no protege su industria, evita la competencia. Tampoco hay diplomacia si no mercantilismo de guerra. Esto ha convertido el nearshoring en una trampa. En la práctica estos dos países no podrán diversificar sus socios comerciales, quedando atado a una economía estadounidense que le exige alineación política total a cambio de no colapsar sus economías. En esta estrategia de control total, Panamá ha vuelto a quedar bajo la mira directa de Washington, que ya no ve al Canal como una vía comercial neutral, sino como un activo militar y logístico exclusivo. La presión sobre el gobierno panameño se ha intensificado para impedir cualquier participación china en la infraestructura portuaria o en la modernización de la cuenca hídrica. Bajo la amenaza de sanciones y la reactivación de retóricas de "seguridad hemisférica", Estados Unidos ha impuesto una vigilancia de facto sobre el tránsito interoceánico, supeditando la soberanía panameña a sus necesidades de despliegue naval. Para la administración Trump, el Canal de Panamá es el cuello de botella que debe ser controlado a toda costa para estrangular las rutas de suministro de Pekín y asegurar que el comercio global solo fluya bajo el permiso del gendarme estadounidense, violando en la práctica la neutralidad histórica establecida en los Tratados Torrijos-Carter. Más al sur, la estrategia cambia de la coacción a la compra. Argentina, bajo la administración de Milei, se ha convertido en el laboratorio de un neocolonialismo financiero, donde la soberanía se ha trocado por deuda soberana impagable y promesas de dolarización por activos reales. No es inversión, es la adquisición de derechos petroleros sobre Vaca Muerta y las reservas de litio y agua, convirtiendo al país en una factoría de recursos baratos y convirtiendo al país en un peón estratégico de Washington en el Atlántico Sur. Chile, por su parte, ha visto cómo la mano invisible de las agencias de inteligencia estadounidenses vuelven a mecer la cuna electoral, recordándonos la interferencias electorales de los días más oscuros de la Guerra Fría. Lea también: Las claves de la estrategia de seguridad nacional 2025 de EE.UU. En el triángulo del litio (Chile, Bolivia y Argentina) EE.UU. ha dejado de tolerar licitaciones abiertas. En su carrera tecnológica contra Pekín, Washington necesita asegurar cadenas de suministro exentas de influencia asiática por lo que se impone un modelo donde el litio debe venderse a empresas occidentales a precios preferenciales, bajo amenaza de desestabilización política o sanciones, bloqueando a gigantes chinos como BYD El continente ha pasado de ser un "patio trasero" estadounidense para convertirse en una trinchera logística crítica de un pirata hambriento de recursos. Europa: el vasallo humillado En el frente europeo, la máscara ha caído. La guerra en Ucrania, alimentada y mantenida por Estados Unidos como una guerra subsidiaria para desgastar a Rusia sin poner un solo soldado estadounidense en riesgo, ha dejado a Europa en la ruina energética e industrial. Washington ha utilizado el conflicto para cortar los lazos entre Berlín y Moscú, obligando a Europa a comprar gas licuado estadounidense a precio de oro, cuando antes se lo compraban a los rusos a precios de saldo, generando una rápida desindustrialización de la locomotora europea: Alemania. ¿Y qué decir del acuerdo de aranceles del 15% para todo producto europeo que llegue a EE.UU. sin contraprestación alguna? no puede verse de otra forma como el tributo que la UE, como unidad vasalla, debe pagarle a su potencia dominante. Lea también: El golpe de Donald Trump al comercio global La OTAN ha dejado de ser una alianza defensiva para transformarse en un mecanismo de venta de armas costosas por parte de la gran potencia. EE.UU. ha obligado a los socios de la alianza a aumentar el gasto militar, pero exigiendo que ese presupuesto se destine a comprar armamento estadounidense (F-35, misiles, ect), drenando los fondos del Estado de bienestar de los países europeos para financiar el complejo militar-industrial de Washington. La humillación culmina en el Ártico. La renovada amenaza de "comprar" Groenlandia —o tomarla de facto por razones de seguridad ártica frente a Rusia— demuestra que para EE.UU., los territorios soberanos cuando están llenos de recursos, como las tierras raras y el petróleo, son simples bienes raíces en un tablero de Monopolio geopolítico. También evidencia la necesidad de controlar la ruta polar ante el deshielo para poder crear nuevas formas de transportar mercancías. El fin del derecho internacional Lo más alarmante no son las acciones individuales, sino la destrucción sistémica del Derecho Internacional. Al permitir y financiar el genocidio en Gaza, vetando resoluciones de alto el fuego y atacando a la Corte Penal Internacional, Estados Unidos está destruyendo el consenso sobre los derechos humanos y ha enviado un mensaje claro: las leyes son para los demás. La ley de embudo. Impulsar una nueva "revolución de colores" en Irán o mantener la ocupación de facto en zonas petroleras de Siria donde ayudan a impulsar como nuevo presidente al líder de la Organización para la Liberación del Levante, ente yihadista suní considerada una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Turquía y por otros países son violaciones claras de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, Washington opera bajo una "excepcionalidad" que lo sitúa por encima de la ley. Lea también: "No necesito del derecho internacional": Trump Utilizar su poder de veto y su peso en organismos financieros (FMI/Banco Mundial) para bloquear el ascenso del Sur Global y usar el sistema financiero global que maneja para sancionar a países que intentan comerciar en monedas distintas al dólar o unirse a los BRICS, viola los principios de libre comercio y la autodeterminación económica que, paradójicamente, solía defender. Todo esto evidencia el peligro de un imperio en declive. Estados Unidos ha caído en la Trampa de Tucídides, pero su reacción no es la de Esparta enfrentando a Atenas con honor, sino la de un imperio en decadencia que recurre al bandidaje y la piratería global. Al destruir las normas de convivencia internacional, Estados Unidos se ha convertido en el mayor factor de inestabilidad mundial. No es China quien amenaza la soberanía de México o bombardea Oriente Medio; es un hegemón asustado que, al ver que el siglo XXI se le escapa de las manos, está dispuesto a incendiar el mundo para reinar sobre las cenizas. El resto de las naciones debe prepararse: cuando el gigante cae, aplasta todo lo que tiene cerca.