Gobierno radica Presupuesto General de $634,9 billones para 2027

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez (foto), formalizó ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República la radicación del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2027. El monto total presentado asciende a la cifra de $634,9 billones de pesos, una magnitud equivalente al 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La presentación de este articulado se produce luego de que el Legislativo devolviera la propuesta presupuestal que había quedado radicada previamente, obligando al Ejecutivo a reestructurar el marco de ingresos y gastos. Desde la cartera económica se justificó este sustancial ajuste argumentando que las proyecciones iniciales se vieron alteradas de manera imprevista por la atención de la emergencia derivada del reciente terremoto y por la urgencia de cubrir vencimientos de deuda pública acumulada que no daban más espera.

La estructura interna del presupuesto evidencia una marcada concentración de recursos hacia el sostenimiento del aparato estatal y el pago de obligaciones financieras, en detrimento de los fondos disponibles para proyectos de desarrollo. De la bolsa global de $634,9 billones, un total de $392,5 billones estará destinado a los gastos de funcionamiento, lo que representa el 61,8% de todo el gasto público. En este bloque, las transferencias territoriales, pensionales y del sistema de salud absorben $297,6 billones, al tiempo que los gastos de personal registrarán un incremento del 8,2%, situándose en $72,3 billones.

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El componente que experimenta el salto más drástico es el servicio de la deuda pública, el cual se elevará un 54,7% en comparación con la vigencia anterior hasta alcanzar los $155,4 billones de pesos, equivalentes al 24% de todo el presupuesto nacional. En términos de su peso sobre la economía nacional, la deuda pasará de representar el 5,0% del PIB en 2026 a un 7,3% en 2027. El desglose de esta cifra muestra que los pagos dirigidos a amortizar el capital prestado prácticamente se duplicarán con un alza del 111%, mientras que los desembolsos por concepto de intereses subirán un 37,3 %.

Como contrapartida al crecimiento de la burocracia y las obligaciones crediticias, la inversión pública —aquella orientada a la construcción de infraestructura, programas sociales y obras con impacto directo en las comunidades— sufrirá una reducción nominal del 2,8%, descendiendo de $89,5 billones a $86,9 billones de pesos. En relación con el tamaño de la economía, la inversión caerá del 4,4% al 4,1% del PIB. El balance de la distribución del gasto revela que, de cada 100 pesos que ejecute el Gobierno nacional en 2027, aproximadamente 86 pesos se irán de manera inflexible a mantener lo existente y pagar deudas, dejando tan solo 14 pesos para inversión nueva.

Respecto a las fuentes de financiación, el plan del Ministerio de Hacienda reposa sobre dos pilares de dimensión similar. El primero corresponde a los ingresos corrientes de la Nación, los cuales aportarán $299,07 billones de pesos recaudados a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el impuesto de renta ($138,53 billones) y el IVA ($112,83 billones) como motores principales. El segundo pilar lo constituyen los recursos de capital por $281,35 billones, donde radica uno de los puntos de mayor inquietud analítica.

Dentro de los recursos de capital, una suma de $238,6 billones —que equivale al 37,6% de todo el Presupuesto General de la Nación— corresponderá a nuevo endeudamiento que el Estado deberá contratar mediante operaciones de crédito interno ($150,88 billones) y crédito externo ($87,72 billones). Esto implica que casi cuatro de cada diez pesos que gastará la Nación el próximo año provendrán de préstamos que aún no se han desembolsado. De forma paralela, el Gobierno anunció un congelamiento preventivo de $21,9 billones en el gasto público para proteger la estabilidad fiscal.

Frente a este panorama, las reacciones del sector financiero e industrial no se hicieron esperar. Durante la Convención Bancaria, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, lanzó una severa advertencia sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, el proyecto radicado contempla un déficit fiscal del 8,2% del PIB y podría llevar la deuda pública a rozar el 66% del PIB. Esta cifra sitúa al país peligrosamente cerca del límite crítico del 71% contemplado en la regla fiscal, umbral a partir del cual la deuda ingresa en un terreno de alta insostenibilidad. López enfatizó que corregir este desequilibrio requerirá un plan de ajuste plurianual riguroso y concreto que combine recorte de gasto y nuevas fuentes de ingreso, un proceso que no se resolverá en el corto plazo sino que podría demorar entre cuatro, seis y hasta ocho años.

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En el ámbito legislativo, el proyecto deberá ser discutido en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, las cuales tienen plazo hasta el 15 de septiembre para fijar la cifra definitiva del monto presupuestal. Posteriormente, el debate en comisiones conjuntas deberá ser aprobado antes del 25 de septiembre para dar paso a las plenarias. La normativa vigente establece que, si el Congreso de la República no ha expedido el presupuesto antes del 20 de octubre de 2026, regirá por decreto el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

El análisis detallado de este articulado deja al descubierto un contraste de profundas implicaciones políticas y económicas. Meses atrás, cuando la administración del saliente presidente Gustavo Petro presentó su propuesta presupuestal por $575,6 billones de pesos, diversos gremios económicos, analistas financieros y sectores políticos de oposición alzaron la voz de protesta calificando dicho monto de estar abiertamente desfasado, irreal y desfinanciado. No obstante, el presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella no solo no aplicó el prometido recorte al gasto, sino que resultó ser drásticamente superior. Con una diferencia que supera en más de $59,3 billones de pesos la cifra que en su momento fue catalogada como inviable y desmedida, la actual administración fija el techo del gasto público en el nivel más alto de la historia reciente del país, reabriendo una intensa discusión sobre la consistencia del discurso de rigor fiscal frente a las decisiones finales de la cartera de Hacienda.