La hoja de ruta que Colombia necesita para salvar su competitividad

El debilitamiento del dólar estadounidense en los mercados internacionales no es un acontecimiento aislado ni una simple fluctuación pasajera del mercado. Detrás de la constante pérdida de terreno del billete verde se esconde una profunda crisis de confianza motivada por el abrumador endeudamiento de Washington y el agotamiento de sus maniobras de liquidez. Para un ciudadano de a pie en Colombia, esta situación se traduce en una realidad cotidiana y aparente paradoja: la divisa norteamericana cae en las casas de cambio y en las pantallas financieras, haciendo que el peso colombiano parezca apreciarse. Sin embargo, lo que a primera vista podría interpretarse como una buena noticia porque abarata algunos bienes importados o los viajes al exterior, representa en verdad una amenaza silenciosa para los campesinos, los industriales y los trabajadores del país. Cuando el dólar cae de manera brusca, a los exportadores de café, flores, banano o manufacturas les pagan menos pesos por cada dólar que ingresan a Colombia, mientras que sus costos operativos en salarios, arriendos y servicios públicos siguen siendo exactamente los mismos en moneda local.

Ante esta coyuntura, surge con frecuencia la tentación de exigirle al emisor una intervención intempestiva y masiva. La receta fácil que suele escucharse en el debate público sugiere que la autoridad monetaria debería salir inmediatamente a comprar todos los dólares circulantes para forzar un aumento en su precio. No obstante, la economía real funciona con un engranaje mucho más delicado. Si el emisor inyecta billones de pesos a la economía para adquirir dólares de forma indiscriminada, termina multiplicando el dinero circulante y alimentando presiones inflacionarias que castigan el bolsillo de los hogares. Para corregir esa sobreoferta de efectivo, el banco tendría que emitir títulos de deuda a altas tasas de interés, lo que paradójicamente atraería más capitales especulativos del exterior buscando esos rendimientos, haciendo que el peso se aprecie aún más. Por esta razón, la respuesta del emisor debe alejarse de la compra desesperada e inclinarse por una estrategia prudente de flotación administrada.

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En lugar de fijar metas arbitrarias de tipo de cambio que pongan en riesgo la meta de inflación, la autoridad monetaria debe emplear mecanismos graduales y transparentes de acumulación de reservas internacionales. La herramienta idónea consiste en activar programas de subastas de opciones de compra de divisas de manera predecible, permitiendo absorber los excesos de volatilidad sin enviarle al mercado la señal errónea de un precio garantizado. Al mismo tiempo, la junta directiva debe coordinar el ritmo de ajuste de sus tasas de interés de referencia para desestimular la entrada masiva de capitales de corto plazo que solo buscan rentabilidades especulativas a costa del valor del peso. Como se explica en el Glosario sobre la TRM en la web del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado refleja las operaciones reales del mercado cambiario; por ello, la labor técnica del emisor no es tapar el sol con un dedo, sino construir un colchón de reservas que fortalezca el blindaje financiero de la nación sin desestabilizar la economía interna.

Ahora bien, la tasa de cambio es solo una de las variables de la ecuación. Pretender que el banco central resuelva por sí solo los desafíos del aparato productivo nacional es transferirle una responsabilidad que corresponde al poder ejecutivo. Es aquí donde la administración del gobierno de Abelardo De la Espriella debe desplegar una agenda económica audaz y pragmática. La competitividad de una nación no puede depender exclusivamente de tener una moneda devaluada que sirva de muleta para disimular ineficiencias internas. Si el dólar se mantiene débil a nivel global, Colombia debe reaccionar volviéndose más eficiente, más barata para producir y más ágil para llevar sus productos al resto del mundo. El gobierno nacional debe entender que la verdadera defensa del trabajo colombiano se logra reduciendo los costos estructurales de operar en Colombia.

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Para lograrlo, la gestión gubernamental debe concentrar sus baterías en una cruzada de choque contra el denominado "costo Colombia". Esto implica, en primer lugar, una reducción drástica de los costos logísticos y de transporte que asfixian a las regiones productoras. Llevar un contenedor desde el centro del país hasta los puertos del Caribe o del Pacífico suele ser más costoso que el flete marítimo hacia Asia o Norteamérica. El ejecutivo debe priorizar la optimización de los corredores viales, la modernización y digitalización de los trámites aduaneros y el otorgamiento de alivios focalizados en peajes y combustibles para el transporte de carga agrícola e industrial. Si a un floricultor o a un agricultor le resulta sustancialmente más barato mover y procesar sus mercancías, la pérdida de ingresos cambiarios se compensa con un menor costo operativo, salvaguardando los márgenes de ganancia y protegiendo el empleo rural.

En segundo lugar, la administración nacional debe intervenir los factores que encarecen la energía y la operatividad de las fábricas. Una política decidida de reducción de tarifas eléctricas para el sector industrial y agropecuario, sumada a la simplificación de trámites innecesarios en entidades públicas, otorgaría un alivio inmediato a las empresas. El enfoque de desregulación e incentivos al sector privado debe encaminarse estratégicamente a fortalecer el tejido exportador. Asimismo, el gobierno de De la Espriella debe aprovechar la coyuntura del dólar bajo para sanear las finanzas públicas: al caer la cotización del billete verde, el costo en pesos para pagar los intereses y el capital de la deuda pública externa disminuye notablemente, fenómeno que se puede analizar al revisar el comportamiento de los indicadores en las Tasas de cambio e informes de política monetaria en el Banco de la República. Este ahorro fiscal automático debe ser canalizado hacia la inversión pública en infraestructura productiva e innovación tecnológica.

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Por último, en el terreno del comercio exterior, el gobierno debe actuar con pragmatismo diplomático. En lugar de recurrir a aranceles generalizados que violen tratados internacionales y desaten represalias comerciales, el Ministerio de Comercio debe hacer un uso riguroso y oportuno de los mecanismos de defensa comercial frente a prácticas de competencia desleal o importaciones subsidiadas que amenacen la producción nacional. De manera paralela, Colombia necesita acelerar la apertura y profundización de mercados en economías cuyas monedas mantengan mayor estabilidad, promoviendo esquemas de compensación o acuerdos bilaterales que reduzcan la vulnerabilidad frente a las turbulencias de la divisa estadounidense.

En última instancia, enfrentar la caída del dólar exige una visión integral donde la técnica macroeconómica se imponga sobre el populismo cambiario. Ni la inacción del Estado ni la compra desmedida de divisas constituyen respuestas sostenibles para Colombia. El Banco de la República debe actuar como un regulador prudente que modere la volatilidad mediante la acumulación técnica de reservas, mientras que el gobierno de Abelardo De la Espriella debe convertir este desafío en la oportunidad histórica para acometer las reformas de productividad que el país ha pospuesto durante décadas. Solo a través de una economía con menores costos logísticos, tarifas energéticas competitivas, finanzas públicas saneadas y un sector productivo eficiente, Colombia podrá navegar las tormentas financieras internacionales sin poner en riesgo el bienestar de su gente.