Comparativo del presupuesto de Petro vs el presupuesto de ADLE

La propuesta de presupuesto por parte de ADLE incrementa los gastos de funcionamiento en $24.9 billones, un 6.8% con relación al presentado por Petro. El argumento central se dejó de incluir en el cálculo 8.926 funcionarios y, varias partidas que se omitieron en el pago de obligaciones con las universidades, subsidio a empresas de servicios públicos domiciliarios, salud, pensión, entre otros.

El servicio de la deuda lo incrementaron en $34.9 billones, un aumento del 31.7% con relación al presupuesto presentado por Petro. De ser cierta la información presentada por ADLE, esto amerita una investigación por parte de la CGR y PGN, ya que los funcionarios que omitieron incluir esos compromisos por pagar deben responderle al país. Este hecho, es delicado por lo que el ministro Gómez Martínez debe hacer público, uno por uno los contratos de créditos que deberían cancelarse durante la vigencia del 2027, y no se incluyeron.

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Igualmente, el gobierno debe explicarles a los colombianos el aumento del endeudamiento en $100.1 billones, por encima de lo que pensaba el gobierno Petro. Esa cifra, al igual que la del déficit fiscal debe ser real. No podemos esconderla con asientos contables, así como tampoco debe esconderse el monto del déficit fiscal. Solo conociendo las cifras reales, podremos tomar buenas decisiones.

La inversión, que es la cenicienta del paseo, siempre es la sacrificada, en vez de aumentar disminuye en $3 billones, y solo representa el 13.7% del total del presupuesto. No hay cambio, en la mentalidad del gobierno entrante sobre la inversión, sigue la línea de los anteriores dejar de invertir. Con ese proceder nunca llegaremos a invertir el 30%, de los ingresos presupuestales.

Cada vez, que un gobierno habla de recortar el gasto, solo mira hacia la inversión, ya que no es fácil recortar gastos, de los cuales el 73%, está comprometido en trasferencias obligadas por Ley, que le quitan flexibilidad al presupuesto. Incluso en vez de disminuir la inflexibilidad del presupuesto, cada cuatro años la aumentamos al aprobar leyes que comprometen los ingresos corrientes de la Nación. Petro lo hizo, con el Acto Legislativo No 003 de 2024, amarrad a una ley de competencias que aumenta las transferencias regionales del 29% al 39.5%, bajo el supuesto de trasladarle competencias a las entidades territoriales y un proyecto de ley, para crear la RET del Caribe y del resto del país. Iniciativas que ante la crisis fiscal (8% del PIB y deuda 62% del PIB) el gobierno debe decirle a gobernadores y alcaldes con claridad si en su gobierno esas iniciativas saldrán adelante o no es posible aprobarlas.

El gobierno a diferencia del de Petro, presenta un presupuesto equilibrado, sin déficit, aspira a recaudar $634.9 billones, entre ellos $299.1 billón por parte de la DIAN (ingresos corrientes), cifra inferior en $10.7 billones de lo estimado por gobierno anterior. Por Parafiscales, Fondos Especiales y Establecimientos públicos espera recaudar $54.5 billones, cifra igual a la estimada por el gobierno de Petro. El equilibrio presupuestal lo logra por el endeudamiento interno y externo. Aumenta en $100.1 billones, la deuda con relación a la propuesta de Petro. Desde el punto de vista contable, esto es cierto, porque el “papel resiste todo”. Para lograr ese endeudamiento el ministro de Hacienda, con el director de Crédito Público, deben empezar desde ya, a realizar los trámites necesarios ante el Congreso para endeudarse y por supuesto con las entidades financieras nacionales y extranjeras para conseguir que esos recursos estén disponibles en el país, a precios del año 2027.

Cubrir el déficit del presupuesto del 2027, endeudándose no es una buena decisión. El déficit es de $100.1 billones, unos $69.9 billones por encima del déficit de Petro $30.2 billones. ¿Es posible conseguir en el corto plazo $ 281.3 billones? ¿A que costo se conseguiría ese dinero? ¿Seguirá el gobierno endeudándose internamente, quitándole recursos al sector privado? Son preguntas, que esperan respuesta del gobierno. Los tramites de créditos con los organismos multilaterales son demorados, una vez aprobado el desembolso se hace entre tres y nueve meses. Los conseguidos a través de colocaciones de TES, son más rápidos, pero no podemos seguir pagándolos a tasas por encima del 14%.

Ni una palabra del gobierno, en el recaudo de la DIAN, ni en la disminución de la corrupción( para que la platica rinda), ni en la disminución del contrabando (que acaba con la poca industria que tenemos y muy ligado hoy al lavado de dinero), ni en el lavado del dinero (distorsiona la economía), ni en el control de los dineros del narcotráfico (afectan el PIB), y lo más importante revisar la legislación tributaria para eliminar privilegios que le cuestan al país, según la misma DIAN $153 billones, dinero suficiente para cubrir el déficit del presupuesto.

La discusión del presupuesto, debe darse con altura en las comisiones económicas y en las plenarias, primero sincerando las cifras del déficit fiscal y presupuestal y el monto de la deuda. Segundo revisar bien los gastos de funcionamiento para determinar cuales deben eliminarse o disminuirse sin afectar la actividad del Estado. Tercero aprobar los proyectos de inversión que el país necesita, esto debería implicar una revisión a los recursos de las regalías, las cuales en gran parte se gastaron en proyectos suntuarios y otra parte se la robaron.

Nunca las sembramos como lo hicieron los noruegos, que hoy tienen un Fondo de Inversión de US$1.6 billones, producto de regalías e impuestos del petróleo y el gas, de los recursos que genera anualmente solo utiliza el 3%, para incluirlos en su presupuesto anual, eso significa mayor bienestar. Con esa plata garantizan educación y salud de calidad gratuita, y construyen la infraestructura que el país necesita para desarrollarse. En Alaska su Fondo le entrega anualmente a cada ciudadano un cheque de los rendimientos del Fondo. Nosotros, nos dedicamos a entregarle esas regalías a las regiones productoras en un principio, y después a repartirlas en todo el territorio “la famosa mermelada del ministro Echeverri”. La mal gastamos. No se nos ocurrió crear un Fondo nacional de inversión para sembrar esos recursos.

Veo también con preocupación, que el gobierno, ni los parlamentarios hablan del estudio de la Comisión del Gasto que se acordó en el gobierno de Duque y finalizó su trabajo, en el gobierno de Petro.

Señor presidente ADLE, el país no puede seguir gastándose recursos en estudios que no se ponen en práctica. Si hay un país que esta diagnosticado en materia presupuestal, tributaria y administrativa es Colombia. Muchas han sido las misiones del exterior y del país que han realizado estos tipos de investigaciones, pero lamentablemente no se aplican.

Hablar con la verdad no debe darnos miedo, usted fue elegido por su temple y en especial por la forma de decir las cosas. El desafío es grande dada la situación fiscal y presupuestal que recibe el país, le corresponde a usted hacer lo que otros gobiernos no hicieron poner la casa en orden, decirle la verdad de los hechos a los colombianos, no hay excusa que valga, siga como ha empezado diciendo y haciendo.

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Acertadas las palabras en el Consejo de ministros, del presidente ADLE: “vamos a desmontar las roscas, los monopolios y las redes de intermediación que durante años convirtieron la contratación pública en el negocio de unos pocos. El escrutinio será total y alcanzará también interventorías consultorías, auditorías, supervisiones y cualquier esquema utilizado para capturar los recursos colombianos. El Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco. Por eso ordené avanzar en una reestructuración integral del aparato estatal para suprimir o fusionar entidades redundantes, simplificar tramites y acabar con la burocracia innecesaria. Cada entidad, cada cargo y cada peso destinado al funcionamiento del Estado tendrá que demostrar que le sirve a Colombia”

El país, no puede seguir funcionando con organismos de control, que cuesta mucho dinero y no controlan nada. Superintendencias que defienden a los empresarios y no a los consumidores, Fiscalía que no investiga las denuncias que se hacen, jueces que demoran sus sentencias, funcionarios públicos que no responden los derechos de petición. Solo con personas capaces y con experticia podremos tener resultados.