Durante más de medio siglo, la narrativa oficial sobre el narcotráfico en Colombia se sostuvo sobre una premisa conveniente pero profundamente errónea: la creencia de que los criminales locales eran simples eslabones primarios dentro de la cadena global, campesinos o traficantes de bajo perfil que vendían sus cargamentos en las costas del Caribe o del Pacífico a compradores extranjeros, conformándose con las migajas financieras del negocio. Esa visión, que pintaba a los carteles nacionales como meros despachadores en origen, acaba de saltar por los aires. Una exhaustiva reconstrucción econométrica respaldada por expedientes de la justicia federal de los Estados Unidos e interceptaciones de inteligencia en los principales puertos de Europa Occidental demuestra que las organizaciones criminales colombianas sufrieron una metamorfosis silenciosa. Ya no se detienen en la línea de playa. Hoy penetran hasta el corazón de las redes mayoristas del continente europeo y los complejos centros de acopio en América del Norte, capturando márgenes de ganancia tan colosales que han logrado eclipsar por primera vez en la historia reciente a la principal industria legal de la nación: el petróleo. Lea también: El imparable auge mundial de la cocaína El cruce histórico de las curvas financieras Un estudio publicado por el centro de pensamiento Valor Público de la Universidad EAFIT, elaborado por los economistas Santiago Tobón Zapata y Daniel Mejía, le ha puesto números fríos a esta transformación criminal. Durante el año 2024, la producción y el tráfico transnacional de clorhidrato de cocaína generaron para las mafias colombianas una masa monetaria de aproximadamente 16.500 millones de dólares. Para poner la cifra en dimensión, esa inyección de capital ilícito equivale al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. En el mismo período, la industria petrolera, históricamente el motor de las exportaciones y la principal fuente de divisas del país, generó 15.000 millones de dólares. Por primera vez desde que se tienen registros macroeconómicos, el flujo financiero del narcotráfico superó al del crudo. El contraste con el resto de la economía colombiana resulta sobrecogedor. El volumen monetario capturado por las redes de la cocaína dobló con creces las exportaciones brutas de carbón y coque, que alcanzaron los 7.100 millones de dólares. Dejó muy atrás a las ventas externas de oro legal (4.100 millones), al histórico sector cafetero (3.400 millones), a la industria de las flores (2.400 millones) y a la exportación de banano (1.200 millones). Asimismo, esta gigantesca lavadora financiera es casi cinco veces más grande que la economía de la minería ilegal de oro en el país, la cual genera ingresos apropiados internamente por unos 3.600 millones de dólares, equivalentes a casi un punto del PIB. Lea también: ¿Por qué se multiplica la exportación de cocaína desde Latinoamérica? La escalera global de precios y la captura del valor El secreto de este salto gigante en las cifras no radica en que Colombia esté produciendo más dinero por cada gramo en las calles de Nueva York o Londres, sino en la manera en que los investigadores lograron rastrear quién conserva la propiedad de la droga a lo largo del trayecto. Las estimaciones del pasado cometían el error sistemático de valorar toda la cocaína colombiana al precio de exportación en frontera, que oscila entre los 2.000 y 3.000 dólares por kilogramo. Pero la evidencia judicial contemporánea revela que los inversionistas y capos colombianos retienen la propiedad de gran parte de sus cargamentos muy lejos de las fronteras nacionales. La geografía del valor del clorhidrato de cocaína pura es un mapa de plusvalía astronómica. En la profundidad de la selva colombiana, procesar un kilogramo de cocaína pura en un cristalizadero clandestino cuesta cerca de 1.400 dólares. Cuando ese mismo kilo logra desembarcar en las costas de México, su precio sube inmediatamente a un rango de entre 14.000 y 18.000 dólares. Si avanza hasta el mercado mayorista de la costa este de los Estados Unidos, se cotiza en 28.000 dólares. Sin embargo, el verdadero tesoro se encuentra al cruzar el Atlántico. En las centrales mayoristas de Europa, en puntos neurálgicos como los puertos de Amberes, Rotterdam o Valencia, ese kilogramo alcanza un valor de entre 30.000 y 40.000 dólares, fijando un promedio de 38.500 dólares. Finalmente, cuando la sustancia es cortada, adulterada y vendida al por menor en las calles del viejo continente, ese mismo kilo llega a generar 78.100 dólares. Al analizar las cuotas de retención de propiedad que las redes colombianas mantienen en cada tramo del mapa, Tobón y Mejía calcularon que el precio medio ponderado que realmente ingresa a las arcas de las organizaciones criminales del país no es el valor de playa de 2.000 dólares, sino una cifra ponderada de 5.920 dólares por kilogramo. Es esta captura de valor en tramos avanzados de la cadena lo que explica la gigantesca masa de dólares que entra al circuito ilegal colombiano. Lea también: Colombia es el epicentro de la cocaína en el mundo: ONU Dos mundos, dos estrategias: el Atlántico y el Pacífico La forma en que las mafias colombianas gestionan la propiedad de su mercancía varía drásticamente dependiendo del destino final. En la ruta hacia América del Norte, que absorbe aproximadamente el 40 % de la cocaína que sale de Colombia, los carteles mexicanos ejercen un control casi absoluto de la frontera sur de los Estados Unidos y del mercado de distribución interna. A pesar de esto, en el 35 % de los envíos que se realizan a través de semisumergibles y lanchas rápidas hacia México, los traficantes colombianos participan como socios directos bajo esquemas de copropiedad, manteniendo su porcentaje de ganancias hasta el momento del desembarco. Solo un reducido 7 % del flujo hacia el norte se conserva en manos colombianas hasta la venta mayorista directa en suelo estadounidense, utilizando corredores alternos a través del Caribe y República Dominicana. El escenario en Europa, destino del 33 % de la producción nacional, es completamente distinto y revela la faceta más agresiva de la expansión internacional del crimen organizado colombiano. Al no existir en el continente europeo un único megacartel que monopolice la distribución interna, las organizaciones colombianas operan de manera directa como importadoras y mayoristas. Las mafias nacionales mantienen la propiedad de cerca del 42 % de toda la cocaína que envían a Europa hasta que esta llega a las bodegas mayoristas de destino. Utilizando redes operativas compuestas por intermediarios locales en España y los Países Bajos, las organizaciones colombianas emplean esquemas de "venta a consignación", donde la mercancía se entrega pero solo se paga una vez que ha sido colocada con éxito en el mercado europeo. Esta estrategia les permite capturar un margen neto de ganancias de 13.000 dólares por kilogramo en esa ruta. El 27 % restante de la producción global colombiana se divide entre Suramérica (un 15 %, destinado en gran medida a abastecer el gigantesco mercado interno de Brasil) y destinos lejanos en Asia y Oceanía, donde las ventas se siguen realizando mayoritariamente en los puntos de salida o en fronteras regionales. Para llegar al consolidado de los 16.500 millones de dólares, la investigación aplica el precio ponderado de 5.920 dólares a un volumen neto de exportación de 2.662 toneladas de cocaína para el año 2024, ajustado a una pureza comercial del 95 %. Este volumen surge de tomar la producción potencial bruta de 3.001 toneladas de cocaína pura estimada preliminarmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a la cual se le descuenta el consumo interno y las incautaciones consolidadas. En este punto, los autores introducen una corrección metodológica fundamental. Descontar directamente las 889 toneladas incautadas dentro del territorio colombiano en 2024 habría significado caer en un error de doble contabilización. La inmensa mayoría de esos decomisos se realizan en alta mar o en puntos de tránsito donde las pérdidas ya están asumidas y neteadas dentro de los precios simulados que los compradores y vendedores pactan en las entregas. Lea también: Las peligrosas mafias italianas que compiten por la cocaína colombiana La evolución del fenómeno en la última década muestra una aceleración sin precedentes. Entre 2014 y 2024, el peso del narcotráfico dentro de la economía colombiana se quintuplicó, pasando de representar el 0,8% al 4,4% del PIB. Lo impactante es que este crecimiento astronómico no obedeció a un aumento en los precios internacionales —los cuales se mantuvieron estables—, sino a un colosal incremento en los volúmenes físicos de producción. El país pasó de fabricar menos de 300 toneladas anuales en 2013 a bordear las 3.000 toneladas en 2024, un salto productivo que coincidió en el tiempo con la pérdida de dinamismo del sector petrolero legal. Para garantizar que estas comparaciones no se vieran distorsionadas por los vaivenes de la tasa de cambio o la inflación, el estudio calculó el PIB de Colombia en dólares constantes utilizando la metodología Atlas del Banco Mundial, que aplica una tasa de cambio promedio móvil de tres años. Si se hubiera tomado la tasa de cambio de mercado puntual de 2024, la fuerte revaluación del peso colombiano habría aumentado de forma engañosa el PIB en dólares, haciendo parecer que la cocaína solo representaba el 3,9 %. Mediante complejas simulaciones de Monte Carlo, el informe establece con un 90 % de certeza estadística que el tamaño real de la economía del narcotráfico oscila en un rango de entre el 4,0 % y el 4,8 % del PIB. La paradoja social y el mito de la minería Uno de los aportes teóricos más reveladores del estudio es el contraste entre la naturaleza económica de la cocaína y la del oro ilegal. Mientras que en el negocio de la cocaína el 83 % del valor final al consumidor se genera en la distribución dentro de los países ricos y un 12 % en el transporte internacional —dejando apenas un 5 % de valor agregado en el territorio colombiano—, el oro es un commoditie fungible que cotiza exactamente al mismo precio en una mina de la selva del Chocó que en una bóveda de Zúrich. Por esa razón, casi el 100 % del valor de la minería ilegal de oro (3.600 millones de dólares) se queda e impacta directamente dentro de la economía colombiana, mientras que la colosal riqueza de la cocaína se dispersa y acumula en los circuitos financieros internacionales. Esta dinámica económica ayuda a explicar una paradoja desgarradora que desconcertó al país entre los años 2022 y 2023. Durante ese período, mientras los grandes exportadores y capos del narcotráfico acumulaban riquezas récord en Europa y Norteamérica, las regiones cocaleras de la periferia colombiana vivieron una crisis sin precedentes por el colapso en la compra y en los precios de la hoja de coca a nivel de finca. Comunidades enteras quedaron al borde de la inanición porque los compradores locales desaparecieron o redujeron sus ofertas. La explicación econométrica es dura pero clara. El costo de la hoja de coca en el eslabón agrícola representa apenas 468 dólares por kilo equivalente de cocaína, lo que significa menos del 0,6 % del precio final al que se vende un kilo en las calles de Madrid o Berlín. Las cúpulas del crimen organizado internacional pueden estrangular económicamente a la base campesina sin que sus ingresos multimillonarios se vean reducidos en lo más mínimo, demostrando que la verdadera riqueza del negocio no está en la tierra ni en el cultivo, sino en el control del transporte global y la distribución en las capitales del mundo desarrollado. Lea también: Del opio a la cocaína: la historia de la guerra contra las drogas El imperativo de un giro estratégico Los hallazgos de Tobón y Mejía dejan al descubierto la ineficacia de las políticas públicas que Colombia y sus aliados internacionales han aplicado durante las últimas décadas. Gastar miles de millones de dólares en fumigar hectáreas de coca, erradicar manualmente cultivos campesinos o perseguir al primer eslabón de la cadena equivale a concentrar todo el poder del Estado en atacar el punto donde se genera menos del 1 % del valor del negocio. Si la riqueza del narcotráfico se realiza en los puertos de Amberes y Rotterdam, en las redes de venta a consignación en Europa y en las cuentas bancarias donde se lava el dinero mayorista, la respuesta de seguridad no puede seguir siendo un asunto de botas en el barro selvático. Asfixiar el motor financiero que hoy supera al petróleo requiere desplazar el esfuerzo hacia una inteligencia financiera transnacional de alto nivel, la cooperación judicial directa con las autoridades de los países de destino y la incautación sistemática de los activos y bienes que las mafias colombianas han logrado acumular en el exterior. Todo lo demás seguirá siendo perseguir fantasmas en la selva mientras la economía ilícita continúa redefiniendo el destino económico del país.

Durante más de trescientos mil años, la especie humana habitó un mundo puramente oral. La totalidad del conocimiento acumulado —las rutas de migración, las propiedades medicinales de las plantas, las genealogías, los mitos cosmogónicos y las alianzas tribales— dependía exclusivamente de la capacidad de almacenamiento de la memoria biológica. Esta restricción imponía un límite infranqueable a la escala de la organización social. Una comunidad podía expandir sus campos de cultivo y multiplicar sus rebaños gracias a las innovaciones tecnológicas del Neolítico, pero su capacidad para administrar recursos, certificar la propiedad y coordinar la mano de obra colapsaba en cuanto la densidad poblacional superaba el horizonte de interacción cara a cara. La invención de la escritura en el sur de Mesopotamia durante el último cuarto del IV milenio a.C. no nació de una búsqueda poética, religiosa ni estilística. Fue una respuesta estrictamente funcional al colapso de la memoria biológica frente a las exigencias burocráticas de los primeros estados urbanos. Al fijar por primera vez el pensamiento abstracto sobre un soporte físico imperecedero, la humanidad logró exteriorizar su sistema cognitivo, superando la barrera del tiempo y del espacio. La escritura cuneiforme, nacida en las complejas metrópolis de Uruk y Sumer, constituyó la primera infraestructura de procesamiento de datos de la historia, marcando la frontera ontológica entre la Prehistoria y la Historia registrada. Lea también: El amanecer de la escritura: de Sumeria a Egipto La teoría de las fichas de arcilla y la invención del soporte Contrario a la visión decimonónica que imaginaba a la escritura como una invención repentina de un genio individual, la arqueología moderna —liderada por las investigaciones de Denise Schmandt-Besserat— ha demostrado que el sistema cuneiforme fue el resultado de una evolución tecnológica continuo-incremental que duró más de cuatro milenios. El antecedente directo de la escritura se encuentra en el sistema de fichas de contabilidad de arcilla seca, utilizado en el Próximo Oriente desde el VIII milenio a.C. Estas pequeñas piezas tridimensionales con formas geométricas variadas (esferas, conos, cilindros, discos) representaban cantidades fijas de bienes específicos: un cono pequeño equivalía a una medida de grano, una esfera a una medida mayor, y un ovoidal a una cabeza de ganado. A medida que las transacciones comerciales en la ciudad de Uruk se volvieron más complejas durante el periodo Calcolítico, los administradores de los templos necesitaron un método para garantizar que los envíos de mercancías no fueran alterados durante el tránsito. La solución fue la bullae de arcilla: una esfera hueca de barro fresco en cuyo interior se introducían las fichas correspondientes a una transacción. Antes de que la bulla se secara, los contratantes imprimían sus sellos cilíndricos en el exterior como firma de autenticidad. Sin embargo, este sistema presentaba un inconveniente práctico: para verificar el contenido exacto de una bullae era necesario romperla. Hacia el año 3.300 a.C., a los escribas mesopotámicos se les ocurrió una simplificación revolucionaria. Antes de encerrar las fichas en la esfera hueca, presionaban cada ficha sobre la arcilla blanda del exterior, dejando una impronta bidimensional de su forma. En un lapso breve, los contables comprendieron la redundancia del proceso: si la marca impresa en el exterior transmitía la misma información de manera visual, el contenedor hueco y las fichas tridimensionales de su interior resultaban innecesarios. La bullae fue aplastada hasta convertirse en una tablilla plana de arcilla, y las marcas tridimensionales fueron reemplazadas por dibujos bidimensionales trazados sobre la tierra húmeda. Había nacido la superficie de escritura. Lea también: Nuevas revelaciones sobre el origen de la escritura De la línea dibujada a la geometría de la cuña Los primeros registros hallados en el nivel IV del templo de Eanna en Uruk son pictogramas: dibujos realistas trazados sobre arcilla fresca con una caña afilada. Un círculo con una cruz dentro representaba una oveja; una espiga representaba la cebada; una cabeza humana junto a una escudilla significaba comer o ración. No obstante, la arcilla como medio físico imponía severas restricciones mecánicas a la caligrafía. Al arrastrar un estilete puntiagudo sobre la superficie arcillosa húmeda para dibujar líneas curvas o continuas, la tierra tendía a amontonarse en los bordes del trazo, generando rebabas que deformaban el dibujo y dificultaban su lectura una vez seca la tablilla. Además, el trazado de figuras curvilíneas complejas era un proceso lento, incompatible con el volumen creciente de documentos que requería la burocracia estatal. Hacia el año 2900 a.C., los escribas introdujeron una innovación técnica fundamental en la confección de su herramienta de trabajo: el estilete de caña común (Phragmites australis). En lugar de afilar la punta en forma de aguja, cortaron el extremo del tallo en ángulo oblicuo, obteniendo un perfil de sección triangular o biselada. En lugar de arrastrar la caña para dibujar, el escriba comenzó a presionar el ángulo del estilete directamente sobre la arcilla blanda. Cada impacto dejaba una impronta limpia, profunda y sin rebabas, caracterizada por una cabeza triangular ancha y un tallo delgado que se afina progresivamente: la forma de una cuña (cuneus en latín, término acuñado por el orientalista Thomas Hyde en 1.700 para describir esta caligrafía). Al mismo tiempo, la orientación de la escritura sufrió una rotación espacial decisiva. Originalmente, los pictogramas se dibujaban de arriba hacia abajo en columnas verticales, comenzando por el rincón superior derecho de la tablilla. A medida que las tablillas aumentaron de tamaño, sujetarlas con la mano izquierda y escribir verticalmente provocaba que la mano derecha borrara las líneas anteriores. Para evitar esto, los escribas rotaron el ángulo de los signos noventa grados en sentido contrario a las agujas del reloj y pasaron a escribir de izquierda a derecha en líneas horizontales. Este cambio provocó que los dibujos originales perdieran toda semejanza figurativa con los objetos reales, transformándose en un sistema abstractos de trazos geométricos. Lea también: Inteligencia artificial reconstruye antiguos textos babilónicos Del pictograma al fonetismo mediante el principio del Rebus Un sistema de escritura puramente pictográfico presenta un límite de eficiencia severo: requiere un símbolo distinto para cada objeto del mundo físico y resulta incapaz de registrar conceptos abstractos, verbos conjugados, partículas gramaticales o nombres propios. Para que el cuneiforme se convirtiera en un sistema de lenguaje completo fue necesario un salto cualitativo en la estructura cognitiva del código: la desconexión del signo de su referente visual y su vinculación al sonido de la voz. Este proceso de fonetización se logró mediante el principio del Rebus (o principio del acertijo fónico). Los escribas sumerios descubrieron que podían utilizar el valor auditivo de un pictograma para representar una palabra homófona que denotaba una noción abstracta imposible de dibujar. Un ejemplo paradigmático se observa en la palabra sumeria para "flecha", que se pronunciaba ti. Dibujar una flecha era sencillo. Sin embargo, la palabra sumeria para "vida" o "mantener vivo" también se pronunciaba ti. Como resultaba imposible dibujar la "vida" de forma intuitiva, los escribas comenzaron a utilizar el pictograma de la flecha para escribir el concepto abstracto de "vida", confiando en que el lector interpretaría el significado correcto según el contexto del enunciado. De igual manera, el signo para "caña" (gi) pasó a utilizarse para representar el verbo "reembolsar" o "retribuir" (gi). Mediante este procedimiento, la escritura cuneiforme dejó de ser una mera representación gráfica de cosas para convertirse en una representación visual del lenguaje hablado. Una vez consolidado el valor silábico de los signos, el cuneiforme se transformó en un sistema logosilábico extremadamente versátil. Un solo signo podía funcionar como: Ideograma o Logograma: Representando una palabra completa o un concepto primario. Fonograma: Representando un sonido silábico puro (Vocal, Consonante-Vocal, Vocal-Consonante o Consonante-Vocal-Consonante) utilizado para deletrear nombres propios, desinencias verbales y plurales. Determinativo: Un signo mudo que no se pronunciaba, pero que se colocaba antes o después de una palabra para indicar su categoría semántica (por ejemplo, un signo específico antes de todos los nombres de ríos, otro antes de los nombres de dioses, o uno antes de los objetos fabricados en madera). Esta flexibilidad semiótica permitió que el sistema cuneiforme, inventado originalmente para la lengua sumeria (una lengua aislada sin parientes conocidos), fuera adaptado con éxito a lo largo de tres milenios por pueblos que hablaban lenguas de familias completamente distintas: el acadio, el asirio y el babilonio (lenguas semíticas), el elamita, el hitita (una lengua indoeuropea) y el hurrita. Lea también: El poder de la inteligencia artificial para descifrar lenguas antiguas La tablilla de barro como soporte de alta durabilidad El éxito y la extraordinaria preservación de la escritura cuneiforme hasta nuestros días se deben a las propiedades químicas y físicas de su soporte primario: la arcilla aluvial de la cuenca del Tigris y el Éufrates. A diferencia del papiro egipcio, el pergamino de piel animal o el papel de trapo —materiales orgánicos extremadamente sensibles a la humedad, los hongos y la oxidación—, la arcilla es un compuesto inorgánico formado principalmente por silicatos de aluminio hidratados. Mientras la tablilla se mantiene húmeda, la estructura laminar de las partículas de arcilla permite la deformación plástica y la recepción del estilete. Una vez secada al sol, la tablilla pierde su agua libre y se vuelve rígida, conservando las hendiduras cuneiformes con absoluta nitidez. El factor determinante en la supervivencia del registro histórico mesopotámico fue el fuego. Cuando las ciudades antiguas eran saqueadas e incendiadas durante los conflictos bélicos, los archivos de papiro o madera perecían destruidos en minutos. En cambio, las tablillas de arcilla almacenadas en los estantes de madera de los palacios y templos sufrían un proceso de cocción cerámica fortuita. Al alcanzar temperaturas superiores a los 600 grados C, la matriz de arcilla experimentaba una transformación mineralógica irreversible, expulsando el agua de cristalización y vitrificando parcialmente sus componentes. Los incendios catastróficos que destruyeron las grandes capitales del Antiguo Oriente Próximo —como la biblioteca de Asurbanipal en Nínive o los archivos reales de Ebla y Mari— no destruyeron los documentos escritos; por el contrario, los cocieron y los transformaron en bloques de cerámica indestructibles que sobrevivieron bajo tierra durante más de cuatro mil años. Reestructuración institucional, cognitiva y social La implantación de la escritura cuneiforme alteró de manera definitiva las estructuras de poder y el desarrollo del pensamiento abstracto en las primeras civilizaciones. El dominio del sistema cuneiforme no era una habilidad extendida. Con más de seiscientos signos complejos y múltiples valores fonéticos e ideográficos por signo, la alfabetización requería un entrenamiento riguroso de años. Surgió así la institución de la Edubba ("Casa de las tablillas"), la primera escuela formal de la historia, donde los hijos de la élite aprendían matemática, gramática, lexicografía y redacción de contratos. Los escribas (DUB.SAR en sumerio) se convirtieron en administradores indispensables del estado. Controlaban el flujo de raciones, la medición de tierras, la recaudación de impuestos y el aprovisionamiento del ejército, constituyendo la primera burocracia técnica de la humanidad. Por otro lado, antes de la escritura, la ley era un conjunto fluctuante de costumbres orales interpretadas por los ancianos o los reyes de turno. La escritura permitió fijar la norma jurídica de manera objetiva sobre estelas de piedra o tablillas de arcilla. El Código de Ur-Nammu (ca. 2100 a.C.) y, más tarde, el célebre Código de Hammurabi (ca. 1750 a.C.) representan la exteriorización del poder punitivo del Estado. Al estar inscrita en un soporte físico visible, la ley adquirió una pretensión de inmutabilidad y universalidad: la norma ya no dependía de la memoria o el capricho del juez, sino del texto escrito. Lea también: El ladrillo de barro secado al Sol (Adobe): la evolución constructiva Adicionalmente, una vez desarrollada la capacidad de registrar el lenguaje hablado, la escritura trascendió la contabilidad burocrática. Hacia el año 2600 a.C., encontramos los primeros textos religiosos, himnos a los templos y proverbios morales. El cuneiforme permitió la composición de la Epopeya de Gilgamesh, el primer gran poema épico de la humanidad, donde se exploran el miedo a la muerte, la búsqueda de la inmortalidad y la condición humana. Asimismo, la escritura dio voz a las primeras autoras con nombre conocido en la historia, como la sacerdotisa acadia Enheduanna (ca. 2300 a.C.), cuyos himnos religiosos fueron copiados y estudiados en las escuelas durante siglos. De esta manera, la invención de la escritura no fue simplemente la creación de una herramienta práctica de contabilidad; constituyó el nacimiento del procesamiento exocognitivo de la información. Al imprimir la forma de una cuña de caña sobre la superficie dúctil de la arcilla, los administradores sumerios abrieron una brecha irreversible en la historia del pensamiento. Por primera vez, el conocimiento humano pudo generarse de manera acumulativa sin sufrir las distorsiones de la memoria oral. Las ciudades mesopotámicas no solo construyeron murallas de ladrillo y zigurats de escala monumental; erigieron una arquitectura invisible hecha de signos, normas codificadas, diccionarios bilingües y cálculos astronómicos. Toda la infraestructura digital contemporánea —desde los sistemas de bases de datos hasta las redes de transmisión de información— hunde sus raíces conceptuales en aquellas pequeñas tablillas de barro amasado a orillas del Éufrates, donde la humanidad aprendió, por primera vez, a escribir su propio destino.

Por: Nerio Luis Mejía Mercado Hay fechas que, al asomarse en el calendario, nos evocan los recuerdos más gratos de la infancia, la juventud y el discurrir de la vida. Inventamos objetos, fotografías y diarios para almacenar esas valiosas imágenes de nuestros seres queridos; convertimos incluso la memoria propia en un refugio inexpugnable donde custodiamos con celo los instantes compartidos con quienes ocupan un lugar sagrado en el corazón. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando llega el 30 de agosto, fecha en que desde 2011 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta no es solo una jornada que entristece el alma de los familiares de aquellos cuyo paradero desconocemos; es todo un país el que se suma a ese enorme vacío. Es la ausencia de quienes no están a nuestro lado, marcada por un silencio que resulta mucho más frío e hiriente que el sepulcro mismo. Lea también: La Inestabilidad institucional sacude a Norte de Santander Colombia es uno de los países que más ha sufrido esta tragedia, convertida en una pesadilla histórica que se obstina en no abandonar nuestra realidad. De acuerdo con los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se contabilizaban más de 137.000 personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. Pero lo que muchos calificaron en su momento como el fin de la conflagración tras los acuerdos entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC-EP, no logró extinguir este delito. Al contrario, el monstruo de la desaparición forzada se reconfiguró, arrastrando a nuevas víctimas cuyas familias claman con desesperación para que se las devuelvan vivas. Según los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde el 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha se reportan más de 2.100 nuevas desapariciones ligadas a las dinámicas del conflicto. Esta cifra podría ser considerablemente superior debido a los constantes enfrentamientos, el control territorial y el dominio social que ejercen diversas estructuras criminales en las regiones. Esta presión silencia a las comunidades e impide la denuncia formal, amenazando con sumir a cientos de casos en una absoluta impunidad. Si bien Colombia ha dado pasos institucionales de gran valía al reconocer la dimensión del problema —articulando respuestas de prevención, búsqueda y justicia mediante la política pública estatal contenida en decretos como el 1029 de 2026, y promulgando herramientas históricas como la Ley 2362 de 2024, que reconoce a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetas de especial protección constitucional—, el delito se niega a extinguirse en el territorio nacional. Por eso, cada 30 de agosto, al conmemorar esta fecha en el ámbito internacional, debemos recordar que nuestro país es lamentablemente uno de los lugares del mundo donde más personas sufren la ausencia de seres queridos arrancados por la fuerza de sus hogares. Seres que no solo permanecen en el dolor, sino en la resistencia de sus dolientes, quienes luchan sin descanso por conocer la verdad. Lea también: El miedo que regresa con la memoria Es imperativo destacar la labor titánica de las mujeres buscadoras: su incansable esfuerzo representa un verdadero acto de amor y sacrificio que la sociedad y el mundo entero deberían enaltecer. Ellas exponen a diario sus vidas para desenterrar esa verdad que los victimarios se empeñan en ocultar, mientras algunos responsables se pasean impunes ante la tragedia que causaron sus acciones violentas. Expreso también un necesario reconocimiento al trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Que más colombianos logremos sumarnos a esta causa para poner fin a este capítulo aciago de nuestra historia y despertar, al fin, de esta horrible pesadilla.

En una decisión destinada a salvaguardar la estabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas dispuso la entrada en vigor, a partir de este primero de septiembre, de un programa integral de ahorro de energía eléctrica. La medida, estructurada bajo los lineamientos de la Resolución CREG 101 120 de 2026, busca incentivar el uso racional del recurso mediante un sistema de recompensas financieras y cobros adicionales dirigidos tanto a los hogares como a los pequeños establecimientos comerciales del país. Lea también: Gobierno anuncia inversiones para mitigar el impacto de 'El Niño' El trasfondo de esta determinación responde a las contundentes advertencias emitidas por los centros meteorológicos internacionales y las autoridades del sector eléctrico. Los modelos predictivos señalan una probabilidad cercana al 81 % de que el Fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy severa durante el último trimestre del año, amenazando con extenderse hasta los primeros meses de 2027. Esta perspectiva implica un descenso drástico en el nivel de las lluvias y, por consiguiente, una disminución considerable en la capacidad de los embalses hidroeléctricos del país, precisamente en una época en la que la demanda de energía ha marcado picos históricos. Ante dicho escenario, el regulador optó por actuar de manera anticipada para mitigar el riesgo de desabastecimiento o la necesidad de recurrir a esquemas de racionamiento severos. Una de las particularidades centrales de este mecanismo radica en que no establece una meta uniforme ni arbitraria para toda la ciudadanía. Por el contrario, cada usuario tendrá asignada una meta individual calculada a partir de su propio comportamiento histórico de consumo. Para fijar este umbral, las empresas prestadoras del servicio analizarán la información de las lecturas obtenidas durante los últimos doce meses facturados. Con estos datos se obtiene una mediana de consumo diario que se multiplica por los días que contemple el periodo de facturación en curso. Además, la normativa se aseguró de proteger a los sectores de menores ingresos al determinar que la meta fijada para un hogar nunca podrá ser inferior al nivel del consumo de subsistencia asignado a su municipio en función de la altura sobre el nivel del mar. El esquema penalizador ha sido diseñado para desestimular el derroche sin afectar las fluctuaciones cotidianas de un hogar. Por esta razón, el cobro adicional solo se aplicará a aquellos usuarios cuyo consumo mensual supere el 110 % de su meta de referencia individual. Esto significa que si el consumo se mantiene dentro de un margen razonable de variación, el usuario no sufrirá ningún tipo de sobrecosto. Cuando se sobrepasa ese umbral de tolerancia, el recargo monetario no se calcula sobre la totalidad de la factura ni sobre todo el consumo del mes, sino de manera exclusiva sobre los kilovatios hora excedentarios. Sobre ese tramo excedido, el usuario deberá pagar un porcentaje adicional que oscilará entre el 30% y el 70% del valor de la tarifa de referencia, dependiendo de la categoría y la estructura tarifaria correspondiente. En el otro extremo de la estrategia se encuentran las compensaciones económicas para los usuarios comprometidos con la eficiencia. Aquellas personas que consigan reducir su consumo mensual por debajo del 90% de su meta de referencia acumularán un volumen de energía ahorrada que se traducirá en un beneficio financiero. Es de suma importancia destacar que este programa funciona mediante un modelo redistributivo y de bolsa cerrada. Las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía no percibirán ganancias ni ingresos extraordinarios a través de estas sanciones; la totalidad del dinero que se recolecte por concepto de los recargos cobrados a los consumidores excedentarios se destinará íntegramente a fondear los saldos a favor de quienes hayan logrado ahorrar durante la vigencia de la norma. Estos alivios económicos se verán reflejados directamente en los recibos de los usuarios ahorradores al finalizar el periodo de aplicación de la medida. Para garantizar una transición fluida y evitar sorpresas en el presupuesto de las familias colombianas, la CREG dispuso que el primer ciclo de facturación expedido tras la entrada en vigencia del primero de septiembre posea un carácter fundamentalmente pedagógico. Durante esta primera lectura, aunque los sistemas de las empresas prestadoras calcularán el rendimiento y la meta de cada cliente, no se realizarán cobros efectivos por concepto de exceso de consumo. No obstante, las cantidades ahorradas durante este lapso sí se contabilizarán formalmente dentro del expediente del usuario para el balance final. Del mismo modo, las facturas sufrirán modificaciones en su diseño de información, incluyendo un bloque claro y comprensible donde se le informará al usuario cuál es su meta del mes, qué porcentaje de consumo lleva registrado, la cantidad de kilovatios ahorrados o sobrepasados y el estado provisional de sus incentivos o recargos. Lea también: El Niño alcanzará su fase más crítica a finales de año y llegará hasta 2027 El ingreso al programa se realiza de manera totalmente automática para los clientes pertenecientes al mercado regulado, prescindiendo de la necesidad de adelantar tramitaciones, filas o inscripciones ante las oficinas de las compañías energéticas. Sin embargo, el marco normativo contempla excepciones para proteger la vida y la salud. Aquellos hogares en los cuales resida una persona que requiera la conexión ininterrumpida de equipos médicos de soporte vital podrán solicitar la exclusión del esquema presentando la respectiva documentación emitida por su entidad de salud ante el comercializador de energía. La supervisión integral de este plan estará coordinada permanentemente entre la CREG, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM, el operador del sistema interconectado, entes que realizarán un seguimiento constante a la evolución de los embalses y al impacto del programa para decidir si al término de los primeros seis meses resulta conveniente su prórroga o su suspensión.

Por: Nerio Luis Mejía Las transiciones de gobierno suelen generar movimientos políticos esperados en cualquier democracia. Sin embargo, en Colombia —y particularmente en Norte de Santander— estas fluctuaciones están cobrando una intensidad comparable a pequeños sismos políticos que podrían presagiar un terremoto institucional. La llegada del nuevo gobierno nacional y la puesta en marcha de sus líneas de seguridad están provocando reacomodos en el departamento de los que poco se habla abiertamente, pero cuyos efectos ya erosionan la confianza ciudadana. Lea también: Norte de Santander: la tierra donde se silencia la verdad En esta región de frontera, atravesada por economías ilícitas y una compleja dinámica geopolítica, se ha vuelto paisaje cotidiano la proliferación de señalamientos —con frecuencia virales en redes sociales— que vinculan a líderes políticos y servidores públicos con el crimen organizado. Esta situación representa, quizás, uno de los desafíos más urgentes para el Ejecutivo a la hora de estabilizar el territorio. Los primeros días de esta nueva etapa han sido convulsos: atentados contra la Fuerza Pública y enfrentamientos directos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo mantienen en alerta a los analistas. En este escenario, las acusaciones públicas que relacionan a dirigentes con el narcotráfico y la criminalidad crean una atmósfera enrarecida. La sensación imperante es la de habitar sobre un volcán activo a punto de erupcionar. La gravedad de la coyuntura es doble: • El riesgo de la ruptura de alianzas: Ante una política estatal que descarta la negociación directa y prioriza el combate militar junto con el sometimiento a la justicia, los actores presuntamente vinculados a redes ilegales enfrentan un margen de maniobra reducido. Romper o apartarse de estos pactos no solo resulta sumamente complejo, sino que expone a los involucrados a represalias mortales. • La estigmatización sistemática: La difusión irresponsable de acusaciones sin el debido acervo probatorio no es un hecho aislado. Responde, más bien, a una práctica sistemática que deslegitima a las instituciones y expone a un riesgo extraordinario la vida de los señalados. La crisis ya ha mostrado sus primeras consecuencias palpables con dimisiones al interior de organismos estratégicos. Estos cuestionamientos no solo salpican a la clase política, sino que han permeado a funcionarios de alto nivel e instancias clave para la garantía de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, organizaciones civiles e incluso líderes espirituales que facilitan misiones humanitarias. Lea también: ¿Un mismo patrón? La impunidad intelectual en Norte de Santander Cuando los mediadores y garantes de la sociedad civil terminan envueltos en campañas de descrédito o bajo la sombra del sospechosismo, se debilita la última línea de protección que le queda a la ciudadanía. Para evitar un colapso institucional mayor, es imperativo que los organismos de investigación y control (Fiscalía, Procuraduría y esquemas de protección) actúen con celeridad y rigor probatorio. La justicia formal debe avanzar a un ritmo más rápido que el de los juicios paralelos en redes sociales; de lo contrario, el vacío de credibilidad terminará de minar la estabilidad de Norte de Santander

La propuesta de presupuesto por parte de ADLE incrementa los gastos de funcionamiento en $24.9 billones, un 6.8% con relación al presentado por Petro. El argumento central se dejó de incluir en el cálculo 8.926 funcionarios y, varias partidas que se omitieron en el pago de obligaciones con las universidades, subsidio a empresas de servicios públicos domiciliarios, salud, pensión, entre otros. El servicio de la deuda lo incrementaron en $34.9 billones, un aumento del 31.7% con relación al presupuesto presentado por Petro. De ser cierta la información presentada por ADLE, esto amerita una investigación por parte de la CGR y PGN, ya que los funcionarios que omitieron incluir esos compromisos por pagar deben responderle al país. Este hecho, es delicado por lo que el ministro Gómez Martínez debe hacer público, uno por uno los contratos de créditos que deberían cancelarse durante la vigencia del 2027, y no se incluyeron. Lea también: Comparación de recursos asignados por Petro y ADLE a las Universidades Igualmente, el gobierno debe explicarles a los colombianos el aumento del endeudamiento en $100.1 billones, por encima de lo que pensaba el gobierno Petro. Esa cifra, al igual que la del déficit fiscal debe ser real. No podemos esconderla con asientos contables, así como tampoco debe esconderse el monto del déficit fiscal. Solo conociendo las cifras reales, podremos tomar buenas decisiones. La inversión, que es la cenicienta del paseo, siempre es la sacrificada, en vez de aumentar disminuye en $3 billones, y solo representa el 13.7% del total del presupuesto. No hay cambio, en la mentalidad del gobierno entrante sobre la inversión, sigue la línea de los anteriores dejar de invertir. Con ese proceder nunca llegaremos a invertir el 30%, de los ingresos presupuestales. Cada vez, que un gobierno habla de recortar el gasto, solo mira hacia la inversión, ya que no es fácil recortar gastos, de los cuales el 73%, está comprometido en trasferencias obligadas por Ley, que le quitan flexibilidad al presupuesto. Incluso en vez de disminuir la inflexibilidad del presupuesto, cada cuatro años la aumentamos al aprobar leyes que comprometen los ingresos corrientes de la Nación. Petro lo hizo, con el Acto Legislativo No 003 de 2024, amarrad a una ley de competencias que aumenta las transferencias regionales del 29% al 39.5%, bajo el supuesto de trasladarle competencias a las entidades territoriales y un proyecto de ley, para crear la RET del Caribe y del resto del país. Iniciativas que ante la crisis fiscal (8% del PIB y deuda 62% del PIB) el gobierno debe decirle a gobernadores y alcaldes con claridad si en su gobierno esas iniciativas saldrán adelante o no es posible aprobarlas. El gobierno a diferencia del de Petro, presenta un presupuesto equilibrado, sin déficit, aspira a recaudar $634.9 billones, entre ellos $299.1 billón por parte de la DIAN (ingresos corrientes), cifra inferior en $10.7 billones de lo estimado por gobierno anterior. Por Parafiscales, Fondos Especiales y Establecimientos públicos espera recaudar $54.5 billones, cifra igual a la estimada por el gobierno de Petro. El equilibrio presupuestal lo logra por el endeudamiento interno y externo. Aumenta en $100.1 billones, la deuda con relación a la propuesta de Petro. Desde el punto de vista contable, esto es cierto, porque el “papel resiste todo”. Para lograr ese endeudamiento el ministro de Hacienda, con el director de Crédito Público, deben empezar desde ya, a realizar los trámites necesarios ante el Congreso para endeudarse y por supuesto con las entidades financieras nacionales y extranjeras para conseguir que esos recursos estén disponibles en el país, a precios del año 2027. Cubrir el déficit del presupuesto del 2027, endeudándose no es una buena decisión. El déficit es de $100.1 billones, unos $69.9 billones por encima del déficit de Petro $30.2 billones. ¿Es posible conseguir en el corto plazo $ 281.3 billones? ¿A que costo se conseguiría ese dinero? ¿Seguirá el gobierno endeudándose internamente, quitándole recursos al sector privado? Son preguntas, que esperan respuesta del gobierno. Los tramites de créditos con los organismos multilaterales son demorados, una vez aprobado el desembolso se hace entre tres y nueve meses. Los conseguidos a través de colocaciones de TES, son más rápidos, pero no podemos seguir pagándolos a tasas por encima del 14%. Ni una palabra del gobierno, en el recaudo de la DIAN, ni en la disminución de la corrupción( para que la platica rinda), ni en la disminución del contrabando (que acaba con la poca industria que tenemos y muy ligado hoy al lavado de dinero), ni en el lavado del dinero (distorsiona la economía), ni en el control de los dineros del narcotráfico (afectan el PIB), y lo más importante revisar la legislación tributaria para eliminar privilegios que le cuestan al país, según la misma DIAN $153 billones, dinero suficiente para cubrir el déficit del presupuesto. La discusión del presupuesto, debe darse con altura en las comisiones económicas y en las plenarias, primero sincerando las cifras del déficit fiscal y presupuestal y el monto de la deuda. Segundo revisar bien los gastos de funcionamiento para determinar cuales deben eliminarse o disminuirse sin afectar la actividad del Estado. Tercero aprobar los proyectos de inversión que el país necesita, esto debería implicar una revisión a los recursos de las regalías, las cuales en gran parte se gastaron en proyectos suntuarios y otra parte se la robaron. Nunca las sembramos como lo hicieron los noruegos, que hoy tienen un Fondo de Inversión de US$1.6 billones, producto de regalías e impuestos del petróleo y el gas, de los recursos que genera anualmente solo utiliza el 3%, para incluirlos en su presupuesto anual, eso significa mayor bienestar. Con esa plata garantizan educación y salud de calidad gratuita, y construyen la infraestructura que el país necesita para desarrollarse. En Alaska su Fondo le entrega anualmente a cada ciudadano un cheque de los rendimientos del Fondo. Nosotros, nos dedicamos a entregarle esas regalías a las regiones productoras en un principio, y después a repartirlas en todo el territorio “la famosa mermelada del ministro Echeverri”. La mal gastamos. No se nos ocurrió crear un Fondo nacional de inversión para sembrar esos recursos. Veo también con preocupación, que el gobierno, ni los parlamentarios hablan del estudio de la Comisión del Gasto que se acordó en el gobierno de Duque y finalizó su trabajo, en el gobierno de Petro. Señor presidente ADLE, el país no puede seguir gastándose recursos en estudios que no se ponen en práctica. Si hay un país que esta diagnosticado en materia presupuestal, tributaria y administrativa es Colombia. Muchas han sido las misiones del exterior y del país que han realizado estos tipos de investigaciones, pero lamentablemente no se aplican. Hablar con la verdad no debe darnos miedo, usted fue elegido por su temple y en especial por la forma de decir las cosas. El desafío es grande dada la situación fiscal y presupuestal que recibe el país, le corresponde a usted hacer lo que otros gobiernos no hicieron poner la casa en orden, decirle la verdad de los hechos a los colombianos, no hay excusa que valga, siga como ha empezado diciendo y haciendo. Lea también: ¿Quién gana y quién pierde con un dólar barato? Acertadas las palabras en el Consejo de ministros, del presidente ADLE: “vamos a desmontar las roscas, los monopolios y las redes de intermediación que durante años convirtieron la contratación pública en el negocio de unos pocos. El escrutinio será total y alcanzará también interventorías consultorías, auditorías, supervisiones y cualquier esquema utilizado para capturar los recursos colombianos. El Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco. Por eso ordené avanzar en una reestructuración integral del aparato estatal para suprimir o fusionar entidades redundantes, simplificar tramites y acabar con la burocracia innecesaria. Cada entidad, cada cargo y cada peso destinado al funcionamiento del Estado tendrá que demostrar que le sirve a Colombia” El país, no puede seguir funcionando con organismos de control, que cuesta mucho dinero y no controlan nada. Superintendencias que defienden a los empresarios y no a los consumidores, Fiscalía que no investiga las denuncias que se hacen, jueces que demoran sus sentencias, funcionarios públicos que no responden los derechos de petición. Solo con personas capaces y con experticia podremos tener resultados.

Por: Nerio Luis Mejía Los hijos son el regalo más preciado que nos da la vida. Para algunos, su llegada representa la continuidad de la sangre; para otros, menos optimistas, nacen ya con un camino trazado por el destino, un trayecto donde los padres somos apenas acompañantes en cada etapa. Sin embargo, traerlos al mundo no garantiza que vayamos a gozar de su cuidado y protección en el invierno de nuestras vidas. Aunque muchos siembran en ellos sus esperanzas, sería razonable pensar que, al mellar y desgastarse nuestras fuerzas, su vigor aparezca para sostenernos en el tramo más crítico de nuestra existencia. Pero es ahí donde surge una pregunta demoledora: ¿qué pasa con los viejos que un día tuvieron que ver cómo sus hijos partían a engrosar las filas de los distintos grupos armados de nuestro país? Lea también: Mil días detrás de la sombra de la esperanza Movido por esa inquietud, me di a la tarea de indagar cuál ha sido la suerte de aquellos padres cuya sangre marchó hacia las filas de la guerrilla de las FARC —estructura que tomo como referencia por el volumen de sus integrantes antes del desarme en 2016, tras el llamado Acuerdo de La Habana o el célebremente proclamado «fin del conflicto». Escuchar a quienes conocieron estas realidades —convertidas con frecuencia en anécdotas domésticas— deja testimonios desgarradores. Una fuente que por razones de seguridad prefirió omitir su nombre, me relató: —Nací en una zona del departamento de La Guajira y conocí a una familia compuesta por los padres y sus cuatro hijos; seis almas en total. Vivían del jornal. A medida que los muchachos crecían, aportaban al sustento del hogar y la economía de la casa empezó a florecer. Pero aquel lugar era transitado con frecuencia por la otrora guerrilla, que mantenía una presencia casi permanente. Mediante el engaño y la persuasión, se fueron llevando, uno a uno, a los hijos de aquella pareja de viejos. Los ancianos, impotentes, veían cómo su sangre terminaba enfilada en la guerra. Ya se habían llevado a los tres varones. La pareja solo cuidaba a la menor, una niña aún. Hasta que llegó el día en que pasó otra cuadrilla de las FARC y también se la llevó. Las esperanzas de aquella pareja se deshicieron en el aire al ver a sus hijos embarcarse en el destino más incierto, del que jamás escaparían. Cada vez que uno de ellos marchaba en esa espeluznante aventura, se presagiaba el desenlace más triste: la muerte. En ese hogar nada volvió a ser igual. De aquel rancho alegre y bullicioso solo quedaron la soledad y el desconsuelo. Cierto día, los guerrilleros volvieron a pasar por el rancho. Entraron sin más y pidieron un vaso de agua. La mujer, sofocada por la impotencia de tener enfrente a los mismos hombres que le arrebataron para siempre a sus hijos, exclamó con el alma hecha pedazos: —¡Ya se llevaron a nuestros cuatro hijos! ¿Qué más buscan? Aquí solo quedan los calzoncillos viejos de mi marido para que también se los lleven. Lea también: El silencio de la última luna llena de mayo Esa frase, cargada de valentía, dolor e indignación, sintetiza el drama desgarrador de miles de padres y madres que hoy, sumidos en la ancianidad, deberían estar bajo el amparo de los suyos. En lugar de eso, sus hijos terminaron envueltos en la más absurda tragedia: muertos en combates contra sus adversarios o a manos de quienes llamaban compañeros. Por eso, antes de tomar una decisión de esa naturaleza, la juventud no debería encandilarse con la ilusión de portar un arma, ni mucho menos con la falsa idea de transformar al país a punta de bombas y disparos. Deberían pensar primero en sus padres, en esos viejos que entregaron la vida para cuidarlos, verlos crecer y prepararlos para la sociedad. De esos viejos abandonados que ha dejado el conflicto colombiano nadie se atreve a hablar; quizás por miedo, o tal vez porque han quedado sepultados en el mismo olvido donde terminaron sus hijos.

Por: Jorge Vergara Carbó El gobierno de ADLE, no le aplico recorte a las universidades como viene afirmando el Pacto Histórico, es todo lo contrario como lo demuestra el cuadro No 1, la apropiación se incrementa en $602.000 millones en los gastos de funcionamiento. Solo a cuatro universidades se le reducen los gastos de funcionamiento, siendo superior la de la universidad Nacional $97.000 millones, y la del Atlántico 6 millones. A todas se les mantiene los recursos para inversión. Lea también: ¿Quién gana y quién pierde con un dólar barato? Llama la atención, el aumento a la UNAD $306.000 millones por parte de ADLE, y a l universidad militar Nueva Granada en $89.000 millones, seguidas de la del César $45.000 millones y la de Pamplona $49.000 millones. Valdría la pena que la ministra de Educación explicara a que se debe ese aumento o si hubo un error en las cifras porque un aumento del 53.2% m en los gastos de funcionamiento de la UNAD ameritan una explicación al país, al igual que los otros aumentos. Las universidades del Caribe se favorecieron con un aumento neto de $125.000 millones, solo Uniatlantico vio disminuido sus gastos de funcionamiento en $6.000 millones. Cifra que los parlamentarios del Atlántico, esperamos logren recuperar en las Comisiones Económicas del Congreso. Lo importante señora ministra de Educación y ministro de Hacienda, es que sus ministerios hagan la gestión correspondiente para que el gobierno le gire oportunamente los recursos para funcionamiento a todas las universidades sin distingo de ideología alguna e igualmente cumplan con los acuerdos de concurrencia firmados para girarle la plata de los pensionados en la fecha acordada en esos acuerdos. Lea también: Economía colombiana sigue creciendo por el gasto público La realidad señores ministros es, que el gobierno de Petro incumplió los acuerdos de concurrencia firmados durante sus cuatro años, los recursos los envió con ocho meses de atraso, y los bonos pensionales de este año, a la fecha no los ha grado cuando el del primer semestre ha debido enviarlo en febrero y el del segundo semestre en julio. Los pensionados de las universidades del país, le solicitan muy respetuosamente al señor presidente ADLE le e cumplimiento a los acuerdos firmados como a los fallos judiciales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez (foto), formalizó ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República la radicación del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2027. El monto total presentado asciende a la cifra de $634,9 billones de pesos, una magnitud equivalente al 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La presentación de este articulado se produce luego de que el Legislativo devolviera la propuesta presupuestal que había quedado radicada previamente, obligando al Ejecutivo a reestructurar el marco de ingresos y gastos. Desde la cartera económica se justificó este sustancial ajuste argumentando que las proyecciones iniciales se vieron alteradas de manera imprevista por la atención de la emergencia derivada del reciente terremoto y por la urgencia de cubrir vencimientos de deuda pública acumulada que no daban más espera. La estructura interna del presupuesto evidencia una marcada concentración de recursos hacia el sostenimiento del aparato estatal y el pago de obligaciones financieras, en detrimento de los fondos disponibles para proyectos de desarrollo. De la bolsa global de $634,9 billones, un total de $392,5 billones estará destinado a los gastos de funcionamiento, lo que representa el 61,8% de todo el gasto público. En este bloque, las transferencias territoriales, pensionales y del sistema de salud absorben $297,6 billones, al tiempo que los gastos de personal registrarán un incremento del 8,2%, situándose en $72,3 billones. Lea también: El nuevo gobierno desmanteló la reserva técnica del MinHacienda El componente que experimenta el salto más drástico es el servicio de la deuda pública, el cual se elevará un 54,7% en comparación con la vigencia anterior hasta alcanzar los $155,4 billones de pesos, equivalentes al 24% de todo el presupuesto nacional. En términos de su peso sobre la economía nacional, la deuda pasará de representar el 5,0% del PIB en 2026 a un 7,3% en 2027. El desglose de esta cifra muestra que los pagos dirigidos a amortizar el capital prestado prácticamente se duplicarán con un alza del 111%, mientras que los desembolsos por concepto de intereses subirán un 37,3 %. Como contrapartida al crecimiento de la burocracia y las obligaciones crediticias, la inversión pública —aquella orientada a la construcción de infraestructura, programas sociales y obras con impacto directo en las comunidades— sufrirá una reducción nominal del 2,8%, descendiendo de $89,5 billones a $86,9 billones de pesos. En relación con el tamaño de la economía, la inversión caerá del 4,4% al 4,1% del PIB. El balance de la distribución del gasto revela que, de cada 100 pesos que ejecute el Gobierno nacional en 2027, aproximadamente 86 pesos se irán de manera inflexible a mantener lo existente y pagar deudas, dejando tan solo 14 pesos para inversión nueva. Respecto a las fuentes de financiación, el plan del Ministerio de Hacienda reposa sobre dos pilares de dimensión similar. El primero corresponde a los ingresos corrientes de la Nación, los cuales aportarán $299,07 billones de pesos recaudados a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el impuesto de renta ($138,53 billones) y el IVA ($112,83 billones) como motores principales. El segundo pilar lo constituyen los recursos de capital por $281,35 billones, donde radica uno de los puntos de mayor inquietud analítica. Dentro de los recursos de capital, una suma de $238,6 billones —que equivale al 37,6% de todo el Presupuesto General de la Nación— corresponderá a nuevo endeudamiento que el Estado deberá contratar mediante operaciones de crédito interno ($150,88 billones) y crédito externo ($87,72 billones). Esto implica que casi cuatro de cada diez pesos que gastará la Nación el próximo año provendrán de préstamos que aún no se han desembolsado. De forma paralela, el Gobierno anunció un congelamiento preventivo de $21,9 billones en el gasto público para proteger la estabilidad fiscal. Frente a este panorama, las reacciones del sector financiero e industrial no se hicieron esperar. Durante la Convención Bancaria, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, lanzó una severa advertencia sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, el proyecto radicado contempla un déficit fiscal del 8,2% del PIB y podría llevar la deuda pública a rozar el 66% del PIB. Esta cifra sitúa al país peligrosamente cerca del límite crítico del 71% contemplado en la regla fiscal, umbral a partir del cual la deuda ingresa en un terreno de alta insostenibilidad. López enfatizó que corregir este desequilibrio requerirá un plan de ajuste plurianual riguroso y concreto que combine recorte de gasto y nuevas fuentes de ingreso, un proceso que no se resolverá en el corto plazo sino que podría demorar entre cuatro, seis y hasta ocho años. Lea también: El PIB debería crecer al 5% para sanear las finanzas públicas: ANDI En el ámbito legislativo, el proyecto deberá ser discutido en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, las cuales tienen plazo hasta el 15 de septiembre para fijar la cifra definitiva del monto presupuestal. Posteriormente, el debate en comisiones conjuntas deberá ser aprobado antes del 25 de septiembre para dar paso a las plenarias. La normativa vigente establece que, si el Congreso de la República no ha expedido el presupuesto antes del 20 de octubre de 2026, regirá por decreto el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate. El análisis detallado de este articulado deja al descubierto un contraste de profundas implicaciones políticas y económicas. Meses atrás, cuando la administración del saliente presidente Gustavo Petro presentó su propuesta presupuestal por $575,6 billones de pesos, diversos gremios económicos, analistas financieros y sectores políticos de oposición alzaron la voz de protesta calificando dicho monto de estar abiertamente desfasado, irreal y desfinanciado. No obstante, el presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella no solo no aplicó el prometido recorte al gasto, sino que resultó ser drásticamente superior. Con una diferencia que supera en más de $59,3 billones de pesos la cifra que en su momento fue catalogada como inviable y desmedida, la actual administración fija el techo del gasto público en el nivel más alto de la historia reciente del país, reabriendo una intensa discusión sobre la consistencia del discurso de rigor fiscal frente a las decisiones finales de la cartera de Hacienda.

La Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro asume la jefatura de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mientras que el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago tomará las riendas en el departamento del Atlántico. Ambos oficiales provienen de liderar complejas unidades operativas en el Valle del Cauca. La Dirección General de la Policía Nacional de Colombia dispuso una profunda reorganización en sus cúpulas de mando para el norte del país, oficializando el nombramiento de los nuevos oficiales que estarán al frente de la seguridad en el departamento del Atlántico y su área metropolitana. Esta decisión estratégica busca oxigenar los procesos operacionales, dinamizar la inteligencia institucional e intensificar la lucha frontal contra las estructuras delictivas que impactan la tranquilidad ciudadana en la región Caribe. De acuerdo con el informe oficial emitido por la institución castrense, la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro fue designada como la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, relevando en sus funciones al General Miguel Camelo. Por su parte, el mando del Departamento de Policía Atlántico quedará bajo la dirección del coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, quien sucede en la posición al coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval. Lea también: General Erick Rodríguez asume el comando de las Fuerzas Militares El elemento común en el perfil de ambos altos mandos radica en su procedencia reciente del suroccidente colombiano. Rodríguez Castro llega a la capital atlanticense tras estar al frente del Comando del Departamento de Policía Valle, un territorio signado por complejas dinámicas de orden público. A su vez, el coronel Berrío Buitrago arriba a la jurisdicción departamental luego de ejercer la comandancia de la Policía Metropolitana de Buenaventura, uno de los puntos más álgidos y exigentes en materia de contención delictiva del litoral pacífico. Trayectoria marcada por la criminalística La llegada de la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro representa la incorporación de una oficial con más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida en el servicio policial. Su ascenso al grado de Brigadier General se produjo el 1 de junio de 2025, un peldaño institucional que consolidó una carrera caracterizada por la vocación de servicio, la disciplina y el manejo estratégico de la seguridad pública. En el ámbito académico, la nueva comandante metropolitana cuenta con un perfil altamente especializado para el análisis y abordaje del fenómeno delictivo. Es profesional en Criminalística, posee una especialización en Seguridad y ostenta un título de maestría en Criminología y Victimología, herramientas teóricas que resultan clave para el diseño de planes de prevención e investigación judicial en contextos urbanos complejos. A lo largo de sus más de 30 años de servicio, Rodríguez Castro ha ocupado cargos de relevante responsabilidad a nivel nacional. Destaca su gestión al frente de la Policía Metropolitana de Ibagué, así como su desempeño en la Subcomandancia de la Estación de Policía de Fontibón en Bogotá. Asimismo, ejerció la comandancia del Servicio de Transporte Masivo de la capital del país, lideró como directora la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz y se desempeñó como subdirectora de la Dirección de Educación Policial, aportando a la formación de las nuevas promociones de uniformados. Para la alta oficial, el territorio del Atlántico no representa un escenario desconocido, ya que en etapas previas de su carrera fungió como comandante de estación en este mismo departamento. Experiencia en investigación criminal al servicio de los municipios El coronel Rubén Darío Berrío Buitrago asume la comandancia del Departamento de Policía Atlántico con el respaldo de aproximadamente 27 años de servicio activo en las filas de la institución. Su recorrido profesional abarca tanto el trabajo en patrullaje y vigilancia comunitaria como la investigación criminal profunda, una dualidad fundamental para coordinar operaciones de inteligencia y desarticular redes delictivas en los municipios del departamento. Su gestión inmediata al frente de la Policía Metropolitana de Buenaventura le otorgó una vasta experiencia en la contención de economías ilícitas, el combate a las bandas criminales armadas y la protección de poblaciones vulnerables. Esta experiencia acumulada en el Pacífico colombiano será el pilar sobre el cual articulará los planes de control y patrullaje en los 18 municipios que conforman su nueva jurisdicción operacional. Lea también: Traslado de cabecillas busca frenar la extorsión desde las cárceles Los grandes retos: homicidio, extorsión y microtráfico La llegada de la nueva cúpula policial se produce en un momento de marcada preocupación ciudadana en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y las distintas municipalidades del Atlántico. El incremento de delitos de alto impacto como el homicidio por encargo, las redes de extorsión a comerciantes y transportadores, y el microtráfico de sustancias estupefacientes exige una respuesta institucional contundente y coordinada. Frente a este panorama, uno de los principales objetivos fijados para Rodríguez Castro y Berrío Buitrago será el fortalecimiento del modelo de policía comunitaria y la optimización de los tiempos de reacción ante el llamado de los ciudadanos. De igual manera, las autoridades gubernamentales locales y los gremios económicos esperan una intensificación en la inteligencia estratégica para neutralizar las finanzas y las acciones violentas de las estructuras delincuenciales que pretenden disputarse el control territorial en la región. La combinación entre la visión victimológica y estratégica de la General Rodríguez Castro y la experiencia investigativa del coronel Berrío Buitrago configura un nuevo capítulo para la seguridad regional. La comunidad atlanticense se mantiene a la expectativa de las primeras acciones operativas y del despliegue táctico que los nuevos comandantes implementarán para devolver la tranquilidad a las calles, los barrios y las zonas comerciales de esta zona del país.

El debilitamiento del dólar estadounidense en los mercados internacionales no es un acontecimiento aislado ni una simple fluctuación pasajera del mercado. Detrás de la constante pérdida de terreno del billete verde se esconde una profunda crisis de confianza motivada por el abrumador endeudamiento de Washington y el agotamiento de sus maniobras de liquidez. Para un ciudadano de a pie en Colombia, esta situación se traduce en una realidad cotidiana y aparente paradoja: la divisa norteamericana cae en las casas de cambio y en las pantallas financieras, haciendo que el peso colombiano parezca apreciarse. Sin embargo, lo que a primera vista podría interpretarse como una buena noticia porque abarata algunos bienes importados o los viajes al exterior, representa en verdad una amenaza silenciosa para los campesinos, los industriales y los trabajadores del país. Cuando el dólar cae de manera brusca, a los exportadores de café, flores, banano o manufacturas les pagan menos pesos por cada dólar que ingresan a Colombia, mientras que sus costos operativos en salarios, arriendos y servicios públicos siguen siendo exactamente los mismos en moneda local. Ante esta coyuntura, surge con frecuencia la tentación de exigirle al emisor una intervención intempestiva y masiva. La receta fácil que suele escucharse en el debate público sugiere que la autoridad monetaria debería salir inmediatamente a comprar todos los dólares circulantes para forzar un aumento en su precio. No obstante, la economía real funciona con un engranaje mucho más delicado. Si el emisor inyecta billones de pesos a la economía para adquirir dólares de forma indiscriminada, termina multiplicando el dinero circulante y alimentando presiones inflacionarias que castigan el bolsillo de los hogares. Para corregir esa sobreoferta de efectivo, el banco tendría que emitir títulos de deuda a altas tasas de interés, lo que paradójicamente atraería más capitales especulativos del exterior buscando esos rendimientos, haciendo que el peso se aprecie aún más. Por esta razón, la respuesta del emisor debe alejarse de la compra desesperada e inclinarse por una estrategia prudente de flotación administrada. Lea también: EE.UU. dispara la recompra de su deuda para sofocar los tipos de interés En lugar de fijar metas arbitrarias de tipo de cambio que pongan en riesgo la meta de inflación, la autoridad monetaria debe emplear mecanismos graduales y transparentes de acumulación de reservas internacionales. La herramienta idónea consiste en activar programas de subastas de opciones de compra de divisas de manera predecible, permitiendo absorber los excesos de volatilidad sin enviarle al mercado la señal errónea de un precio garantizado. Al mismo tiempo, la junta directiva debe coordinar el ritmo de ajuste de sus tasas de interés de referencia para desestimular la entrada masiva de capitales de corto plazo que solo buscan rentabilidades especulativas a costa del valor del peso. Como se explica en el Glosario sobre la TRM en la web del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado refleja las operaciones reales del mercado cambiario; por ello, la labor técnica del emisor no es tapar el sol con un dedo, sino construir un colchón de reservas que fortalezca el blindaje financiero de la nación sin desestabilizar la economía interna. Ahora bien, la tasa de cambio es solo una de las variables de la ecuación. Pretender que el banco central resuelva por sí solo los desafíos del aparato productivo nacional es transferirle una responsabilidad que corresponde al poder ejecutivo. Es aquí donde la administración del gobierno de Abelardo De la Espriella debe desplegar una agenda económica audaz y pragmática. La competitividad de una nación no puede depender exclusivamente de tener una moneda devaluada que sirva de muleta para disimular ineficiencias internas. Si el dólar se mantiene débil a nivel global, Colombia debe reaccionar volviéndose más eficiente, más barata para producir y más ágil para llevar sus productos al resto del mundo. El gobierno nacional debe entender que la verdadera defensa del trabajo colombiano se logra reduciendo los costos estructurales de operar en Colombia. Lea también: El rescate encubierto de la deuda estadounidense a costa del Euro Para lograrlo, la gestión gubernamental debe concentrar sus baterías en una cruzada de choque contra el denominado "costo Colombia". Esto implica, en primer lugar, una reducción drástica de los costos logísticos y de transporte que asfixian a las regiones productoras. Llevar un contenedor desde el centro del país hasta los puertos del Caribe o del Pacífico suele ser más costoso que el flete marítimo hacia Asia o Norteamérica. El ejecutivo debe priorizar la optimización de los corredores viales, la modernización y digitalización de los trámites aduaneros y el otorgamiento de alivios focalizados en peajes y combustibles para el transporte de carga agrícola e industrial. Si a un floricultor o a un agricultor le resulta sustancialmente más barato mover y procesar sus mercancías, la pérdida de ingresos cambiarios se compensa con un menor costo operativo, salvaguardando los márgenes de ganancia y protegiendo el empleo rural. En segundo lugar, la administración nacional debe intervenir los factores que encarecen la energía y la operatividad de las fábricas. Una política decidida de reducción de tarifas eléctricas para el sector industrial y agropecuario, sumada a la simplificación de trámites innecesarios en entidades públicas, otorgaría un alivio inmediato a las empresas. El enfoque de desregulación e incentivos al sector privado debe encaminarse estratégicamente a fortalecer el tejido exportador. Asimismo, el gobierno de De la Espriella debe aprovechar la coyuntura del dólar bajo para sanear las finanzas públicas: al caer la cotización del billete verde, el costo en pesos para pagar los intereses y el capital de la deuda pública externa disminuye notablemente, fenómeno que se puede analizar al revisar el comportamiento de los indicadores en las Tasas de cambio e informes de política monetaria en el Banco de la República. Este ahorro fiscal automático debe ser canalizado hacia la inversión pública en infraestructura productiva e innovación tecnológica. Lea también: El modelo económico en Colombia no es competitivo Por último, en el terreno del comercio exterior, el gobierno debe actuar con pragmatismo diplomático. En lugar de recurrir a aranceles generalizados que violen tratados internacionales y desaten represalias comerciales, el Ministerio de Comercio debe hacer un uso riguroso y oportuno de los mecanismos de defensa comercial frente a prácticas de competencia desleal o importaciones subsidiadas que amenacen la producción nacional. De manera paralela, Colombia necesita acelerar la apertura y profundización de mercados en economías cuyas monedas mantengan mayor estabilidad, promoviendo esquemas de compensación o acuerdos bilaterales que reduzcan la vulnerabilidad frente a las turbulencias de la divisa estadounidense. En última instancia, enfrentar la caída del dólar exige una visión integral donde la técnica macroeconómica se imponga sobre el populismo cambiario. Ni la inacción del Estado ni la compra desmedida de divisas constituyen respuestas sostenibles para Colombia. El Banco de la República debe actuar como un regulador prudente que modere la volatilidad mediante la acumulación técnica de reservas, mientras que el gobierno de Abelardo De la Espriella debe convertir este desafío en la oportunidad histórica para acometer las reformas de productividad que el país ha pospuesto durante décadas. Solo a través de una economía con menores costos logísticos, tarifas energéticas competitivas, finanzas públicas saneadas y un sector productivo eficiente, Colombia podrá navegar las tormentas financieras internacionales sin poner en riesgo el bienestar de su gente.

Por: Nerio Luis Mejía Nací y crecí en una tierra de encantos, lejos del bullicio y del afán de la gran ciudad. Allí teníamos lo necesario no solo para vivir, sino para compartir: aguas cristalinas repletas de peces, un bosque verde que dibujaba en mi alma el retrato más fiel de la felicidad, y el coro de aves que desde distintas ramas anunciaban con alegría el comienzo del día. El sol apenas se asomaba entre las colinas cuando una brisa fresca me acariciaba las mejillas de niño; unas mejillas que poco a poco se fueron moldeando al calor de la tierra, dejando un olor a barro fresco grabado hasta en el interior de mis uñas, impregnado para siempre en el alma. Lea también: El privilegio de ser campesino Pero «tanta belleza no puede ser cierta», dicen mis paisanos costeños a la hora de contrastar una versión... y quizás tengan razón. Con el paso de los años, el campo colombiano dejó de ser un refugio apacible para todos. Aparecieron los grandes terranetientes acaparando las mejores tierras y desplazando a quienes, a la orilla del río, levantaban improvisadas chozas de palma para sacar adelante a sus familias con la sola fuerza de sus brazos y la fe puesta en Dios. A esa desposesión se sumó la violencia que ha castigado —y sigue castigando— a nuestras comunidades, junto a los rigores del clima que convirtieron el territorio en un verdadero escenario de supervivencia. Sin embargo, a pesar de las cicatrices, el campo sigue siendo ese lugar vivo en el que muchos aún soñamos habitar. Soy de los que sueñan despiertos con un país donde se separe la política de las necesidades reales de la tierra. Es el cordón umbilical de la ambición desmedida el que mantiene al sector rural atado a la desesperanza. La tierra es nuestro principio y nuestro final; pero se ha transformado en un lugar donde se anhela la paz mientras se sufre un miedo infligido por la guerra, el clima y una lucha eterna impuesta por quienes se creen con el derecho de decidir nuestro destino desde lejos. Poco a poco los recuerdos de la infancia parecen desvanecerse al chocar de frente con esta realidad. Quedan apenas destellos de aquellas épocas en que los diciembres y las Semanas Santas se vivían con una felicidad absoluta, sin espacio para el temor. Recuerdo cuando mirábamos al cielo buscando el origen de un estruendo para encontrarnos con un minúsculo objeto que abría paso entre las nubes; aquel avión del que dábamos por sentado que no podía llevar personas por dentro. Quisiera recuperar esa inocencia infantil en mi vida adulta, pero resulta imposible sumergirse en ese sueño ante tanta injusticia con mis comunidades. Tanto atropello, más bien, me despierta de golpe y me exige escribir hasta perder la sensibilidad en los dedos al teclear en este computador. Al lado me acompaña mi viejo pocillo de café sin orejas, el que va conmigo a donde quiera que voy y que refleja, en su forma rota, la realidad de un país fragmentado por la indiferencia. Colombia no es solo Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Para mí, lo verdaderamente vital es la libertad que se respira en medio del bullicioso silencio del campo. Resulta doloroso ver cómo las grandes decisiones nacionales se toman en oficinas con aire acondicionado, sin escuchar a esa otra mitad del país que termina siendo víctima de imposiciones ajenas y contrarias a sus necesidades. Lea también: Los campesinos le cumplimos al país La corrupción es el claro ejemplo de este drama: ¿cuántos campesinos han sido procesados por los grandes desfalcos del Estado? Ninguno. Pero, paradójicamente, es el campesinado el que paga el precio de ese mal mayor, sufriendo en carne propia las consecuencias de un abandono sistemático. A pesar de todo, desde la resistencia cotidiana de nuestra tierra, seguimos alzando la voz.