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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el ajuste salarial del próximo año se ubicará muy por encima de las previsiones técnicas, en línea con la política económica que impulsa el presidente Gustavo Petro. La decisión, que ya despierta preocupación en los gremios, se reflejó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado para la vigencia fiscal 2026. Durante una intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el jefe de la cartera laboral dejó en claro que el Gobierno mantendrá la línea de incrementos significativos que ha caracterizado los últimos años. “El incremento del salario mínimo para 2026 estará de nuevo por encima de las previsiones habituales y que, pese a lo que piensan los empresarios, va a responder a las necesidades de los trabajadores colombianos”, expresó Sanguino. Lea también: Colombia crecerá más que el promedio de Latinoamérica en 2025 Según información revelada por el medio económico Portafolio, la cifra que el Ejecutivo ya incluyó en el PGN corresponde a un alza del 11%, más del doble de la inflación proyectada para el próximo año, cercana al 5%. Este ajuste impactaría de manera directa a más de tres millones de trabajadores que devengan el salario mínimo actual ($1.423.500) y a quienes tienen ingresos indexados a este valor. Proceso de concertación y facultades del Ejecutivo El Gobierno recordó que el incremento debe discutirse en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio en el que participan sindicatos, empresarios y representantes estatales. No obstante, Sanguino recalcó que, de no lograrse un acuerdo, el presidente de la República está habilitado para definir el ajuste mediante decreto. “Nosotros acabamos de instalar el Comité de Concertación Laboral, la Comisión de Concertación Laboral, con presencia del doctor Bruce MacMaster. Vamos a dar la discusión como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y si no llegamos a un consenso y a un acuerdo con las cifras, con las variables macroeconómicas, con el concurso de las reflexiones académicas sobre la materia de los economistas, pues el Gobierno y el presidente tiene la facultad constitucional de decretar el incremento del salario mínimo”, señaló el ministro. Lea también: Colombia tiene las mayores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad El anuncio oficial no tardó en generar respuestas en el sector privado. Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente, Jaime Cabal, advirtió sobre el impacto que podría tener un ajuste de esta magnitud. “Desde Fenalco advertimos que un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación”, escribió en la red social X. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce MacMaster, puso sobre la mesa la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas. El dirigente recordó que el presupuesto nacional para 2026 supera los $557 billones, lo que representa un incremento acumulado del 57% en cuatro años. Según explicó en diálogo con La FM, si el Congreso no define un límite claro, el país podría verse abocado a nuevas reformas tributarias. MacMaster también criticó la falta de un debate más amplio en torno al salario mínimo. “Aparentemente, el Gobierno no quisiera dar la discusión”, manifestó, al tiempo que advirtió sobre el impacto de la informalidad laboral y la pérdida de empleos formales en pequeñas y medianas empresas. Lea también: Colombia es el país latinoamericano con mayor desigualdad Argumentos del Ejecutivo Desde el Ministerio del Trabajo se defendió que la política salarial adoptada durante la actual administración ha permitido mejorar los ingresos reales de los trabajadores, reducir el desempleo y mantener la inflación bajo control. En palabras de Sanguino: “Es decir, que a mejores ingresos de los trabajadores, más crecimiento económico y más generación de nuevos empleos es la doctrina económica que soporta estas decisiones de política pública y estas decisiones de gobierno del presidente de la República”. El funcionario sostuvo, además, que la Reforma Laboral aprobada por el Congreso ha empezado a mostrar resultados en la calidad de vida de los trabajadores, reforzando la apuesta del Gobierno por combinar incrementos salariales con medidas de protección social. COLPRENSA

El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes acusaciones contra la Nueva EPS al señalar que en esta entidad se consolidó un entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos destinados a la atención de los colombianos. Durante una alocución, el mandatario se refirió a los hallazgos de la Contraloría, que recientemente advirtió sobre pérdidas millonarias en la empresa de salud. Según Petro, el problema no es reciente, pues sostiene que desde su creación la entidad se ha beneficiado del dinero que el Estado destina al sistema de salud. Lea también: Gobierno interviene a Nueva EPS “La Nueva EPS ha tenido casi desde el primer día una historia de robo pequeño mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la EPS más grande de Colombia”, expresó el jefe de Estado. Petro acusa a la Nueva EPS de ocultar millonarias deudas El mandatario afirmó que detrás de la operación de esta entidad existe un “cartel” que habría favorecido tanto a directivos como a políticos con sobornos, mientras los recursos destinados a los afiliados eran desviados. “Continuamente ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados, hacia los dueños de la salud en Colombia, y unos políticos poderosos que se quedan con sobornos”, agregó. Petro aseguró que la situación empeoró durante el gobierno de Iván Duque, cuando se ordenó la liquidación de varias EPS, dejando deudas pendientes con hospitales y clínicas sin responsables claros de pago. En el caso particular de la Nueva EPS, lo calificó como un “enorme robo a la salud de Colombia” al denunciar que la entidad ocultó facturas por 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de registros. Lea también: Las EPS, ¿homicidas por omisión? El presidente cuestionó directamente a los exdirectivos José Fernando Cardona y Enrique Vargas Lleras por no advertir durante una década lo que calificó como un manejo irregular de los balances. “¿El señor José Fernando Cardona y Enrique Vargas Lleras durante 10 años no se dieron cuenta de esto, que eran billones de pesos los que se escondían en facturas, que un estado contable que se presentaba al Ministerio de Salud era completamente diferente en billones al que se presentaba a la Superintendente de Salud?”, concluyó. COLPRENSA

El Junior dejó escapar una victoria que parecía segura y terminó igualando frente a La Equidad en el estadio Metropolitano, en duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025 y aunque el resultado mantiene a los rojiblancos en la parte alta de la tabla, aunque con la sensación de haber cedido terreno en una lucha por el liderato que empieza a complicarse. Lea también: Junior vs. La Equidad: una oportunidad para recobrar la confianza El compromiso comenzó con un desarrollo equilibrado. Los capitalinos, ordenados en defensa, supieron resistir las embestidas de los locales en la primera parte. Junior intentó imponer su ritmo y romper la barrera defensiva, pero se encontró con un rival que cerró los espacios y buscó sorprender al contragolpe. El descanso llegó sin goles y con la incertidumbre de lo que pasaría en el segundo tiempo. En la reanudación, los dirigidos por Alfredo Arias adelantaron líneas y mostraron mayor intensidad. La presión surtió efecto en el minuto 70, cuando Guillermo Paiva se hizo presente en el marcador con una definición oportuna que levantó a la hinchada barranquillera de sus asientos. Con la ventaja, Junior parecía tener el control absoluto del encuentro y se encaminaba a cortar la mala racha que arrastraba desde su caída contra Unión Magdalena. No obstante, el partido no termina hasta que el árbitro pita, y La Equidad no renunció a su idea de juego. A falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, un rápido contragolpe desajustó la defensa 'tiburona' y permitió que los aseguradores consiguieran la igualdad con un disparo cruzado que silenció el Metropolitano. El 1-1 fue un baldado de agua fría para los locales, que vieron cómo se les escapaban dos puntos de las manos. Los últimos instantes del compromiso fueron un reflejo de la frustración barranquillera. Junior intentó con más ganas que claridad volver a ponerse en ventaja, pero el reloj no le dio margen para una reacción efectiva. Para La Equidad, en cambio, el resultado fue celebrado como un triunfo, pues lograron sumar en una de las plazas más difíciles del campeonato. Lea también: Junior celebra buena noticia para la Liga BetPlay Con este empate, Junior acumula dos fechas consecutivas sin conocer la victoria, una situación que empieza a generar dudas en su afición. Aunque siguen siendo líderes parciales, la presión de los equipos que vienen detrás, como Medellín y Fortaleza, aumenta y cualquier tropiezo puede costar caro. Por su parte, La Equidad del español Diego Merino se marcha fortalecida de la ciudad de Barranquilla, demostrando que tiene argumentos para competir de igual a igual y que está en condiciones de dar la pelea por un lugar en los cuadrangulares.

La Corte Constitucional tomó una decisión clave en la política colombiana al devolver la curul al senador Alexander López Maya, luego de amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido. Con esta determinación, el alto tribunal dejó sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 9 de noviembre de 2023, que había anulado su elección bajo el argumento de doble militancia. La Sala Plena de la Corte concluyó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un “defecto fáctico”, es decir, una indebida valoración de las pruebas que estaban dentro del expediente. Lea también: Iván Cepeda anunció su precandidatura presidencial Las pruebas para devolver curul a Alexander López En palabras del tribunal, las pruebas demostraban que existía la convicción de que la coalición Pacto Histórico estaba “fraccionada” en el departamento de Santander. Uno de los documentos más relevantes fue la resolución emitida el 16 de diciembre de 2021 por el Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo, partido al que pertenece López. En esa resolución se le indicó a Jorge Édgar Flórez Herrera, candidato del Polo, que no se inscribiera en la lista del Pacto Histórico y, en cambio, se uniera a la del Partido Alianza Verde. Además, el mismo documento orientaba a los militantes del Polo a votar por la lista de la Alianza Verde en esa circunscripción. Para la Corte, esta situación llevó a López Maya a apoyar “de buena fe” la candidatura de Flórez Herrera, bajo la convicción de que la coalición se había disuelto en esa región y con la “confianza legítima de estar cumpliendo con su deber de lealtad” como militante del Polo. Por esta razón, la Corte determinó que no se configuró el elemento objetivo de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo. Aunque la Corte revocó el fallo del Consejo de Estado, aclaró que este no incurrió en un “defecto sustantivo”, pues no impuso requisitos adicionales a la ley para disolver una coalición. Más bien, aplicó principios generales del Derecho para tomar su decisión. Más argumentos de la Corte para devolver la curul a Alexander López El pronunciamiento también dejó en evidencia un vacío en la legislación electoral colombiana respecto a las reglas para la creación, funcionamiento y disolución de coaliciones políticas. Lea también: Padre de Miguel Uribe será precandidato a la Presidencia La Corte advirtió que no existe claridad sobre las consecuencias que tendría la disolución de una coalición en relación con la prohibición de doble militancia. Ante esta situación, la Sala Plena exhortó al Congreso de la República a expedir, con carácter prioritario, una ley que regule de manera precisa la conformación y disolución de coaliciones. Mientras esa legislación no exista, ordenó que los casos similares se resuelvan aplicando los criterios jurisprudenciales establecidos en esta sentencia. Finalmente, la Corte Constitucional revocó las sentencias de tutela previas que habían declarado improcedente la acción interpuesta por López Maya y ordenó a la Sección Quinta del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo. El plazo otorgado fue de 30 días, y en él se deberá reconocer que no se demostró la existencia de doble militancia. COLPRENSA

La economía de América Latina crecería en torno al 2,2% en 2025, según un informe de Moody’s Analytics, que proyecta los avances que tendrán los Producto Interno Bruto (PIB) en las principales economías de la región. Se espera que haya un avance económico en los países de mayor peso en Latam, con excepción de México, que se mantendría en terreno neutro. El avance más destacado lo tendrá Argentina, con una expansión del 5,2%. No obstante, se trata de un rebote, ya que el PIB argentino viene de caer 1,7% en 2024 y 1,6% en 2023. Moody’s estima que Argentina crecerá 3,5% en 2026 y 3,5% en 2027. Lea también: Colombia es el país latinoamericano con mayor desigualdad El segundo crecimiento más importante será el de Perú, cuyo PIB tendrá un avance de 3,1%, si se cumplen las proyecciones de esta consultora. En lo que refiere a 2026, la economía peruana crecería 2,9%, mientras que en 2027 un 3%. Luego aparece Colombia, con un crecimiento proyectado de 2,6% para 2025 y de 2,9% para 2026, que se estira a 3,3% en 2027. En lo que refiere a la principal economía de América Latina, es decir, Brasil, Moody’s le asigna una proyección de crecimiento económico de 2,4% para 2025. En 2026 el avance sería de 1,8% y en 2027 de 2,7%. Distinta sería la suerte este año para la otra gran economía latinoamericana, México, cuya expansión sería casi nula: apenas, 0,1%. En 2026 habría un tenue mejora, hacia 1%, y en 2027 el PIB mexicano avanzaría 2,6%. Por último, la economía chilena crecería 2,4% en 2025 (2% en 2026 y 2,2% en 2027) y la uruguaya 2,1% (más un 2% en 2026 y un 3,1% en 2027). Un trimestre mejor de lo esperado El documento resalta que la perspectiva económica de América Latina para 2025 ha mejorado levemente desde comienzos del año a pesar de un entorno externo incierto y de múltiples desafíos internos. “Moody’s Analytics ahora espera que la región crezca 2,2% este año, un ligero aumento frente al 2,1% de la proyección base de diciembre", reseña el informe. Lea también: Oxfam propone tributación que mitigue la desigualdad en A. Latina También subraya que la mayoría de los países de la región tuvieron un desempeño mejor al esperado en el primer trimestre, con Argentina, Brasil y Chile a la cabeza. La economía regional se expandió 3,1% interanual en el primer trimestre, mejor que el 2,6% que se preveía en diciembre. Por otra parte, Moody’s menciona que Brasil ha mostrado resiliencia en 2025, a pesar de los crecientes desafíos fiscales y de una inflación persistentemente alta. Esto se debe, según los analistas, a que un mercado laboral robusto ha sostenido el crecimiento del consumo privado a pesar de condiciones monetarias restrictivas. Las economías andinas de Perú, Chile y Colombia también tuvieron buenos resultados, al continuar con la recuperación, tras la desaceleración inducida por la política económica en 2023. En Chile, la industria minera impulsó la economía en el primer trimestre en un contexto de precios históricamente altos del cobre. Perú también se ha beneficiado de precios más elevados de los metales, mientras que una inflación alineada con los objetivos y un mercado laboral sólido han impulsado el crecimiento del consumo privado. Asimismo, un menor desempleo también ha favorecido a la economía colombiana, pese a la persistencia de una inflación alta y condiciones monetarias todavía restrictivas. Lea también: Latinoamérica sin hijos: los desafíos de una región que envejece rápido En lo que refiere a Argentina, Moody’s enfatiza que el programa de estabilización ha dado resultados positivos, con una fuerte desaceleración de la inflación desde fines de 2024 y un crecimiento sólido del crédito. “Aunque persisten desafíos, la economía argentina ha iniciado una recuperación firme que se prolongará hasta bien entrado 2026″, según Moody’s Analytics. En tanto, la economía mexicana no ha tenido la misma suerte: la incertidumbre en torno a los aranceles se ha sumado al impacto de los fuertes recortes en el gasto público. Aunque la economía volvió a crecer en la primera mitad del año, desmintiendo la previsión inicial de Moody’s de contracción en el segundo trimestre, su desempeño estuvo lejos de ser favorable.

Por: Jaime Vélez Guerrero En Colombia se ha intensificado un fenómeno inquietante: la conformación y exportación de mercenarios que, mediante intermediarios privados, son incorporados a conflictos armados en países sin ningún vínculo ideológico, patriótico o estratégico con la nación. Su participación no obedece a la defensa de un interés nacional legítimo, sino a la contraprestación económica ofrecida por Estados extranjeros, grupos con arsenal no estatales o empresas militares y de seguridad privadas. Lea también: Los mercenarios colombianos son populares a nivel internacional Estos contingentes de exmilitares y combatientes entrenados han convertido al país en el primer proveedor global de fuerza de combate a sueldo. Desde Sudán hasta Yemen, pasando por escenarios de guerra híbrida en Europa del Este, se han documentado casos de participación de colombianos en la situación bélica ucraniana, Mali, Burkina Faso, el asalto al Palacio Nacional de Haití y el asesinato del presidente Jovenel Moïse (2021), así como en operaciones encubiertas en Venezuela y redes de sicariato transnacional, donde organizaciones criminales internacionales contratan para ejecuciones de homicidios agravados de carácter extrajudiciales. Este entramado evidencia una peligrosa convergencia entre mercenarismo, crimen transnacional y vacíos normativos que erosionan el Estado social de derecho. La ausencia de una tipificación penal que prohíba y sancione de manera efectiva la captación de combatientes colombianos para guerras ajenas, tal como lo contempla la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios permite que estas redes operen con amplia impunidad material y procesal. Se hace, en consecuencia, indispensable que Colombia ratifique sin más dilaciones dicho convenio, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1989, a fin de cerrar la brecha normativa que hoy facilita la exportación de violencia y la instrumentalización de ciudadanos al servicio de intereses bélicos extranjeros. La nación no solo se convierte en exportador de fuerza armada irregular, sino que se asocia a operaciones que vulneran derechos humanos, desestabilizan gobiernos y alimentan economías ilícitas. El guerrero sin bandera se trasforma así en un símbolo de la privatización global de la violencia, donde la vida y la muerte se negocian en el mercado mundial criminal. Lea también: Más de 180 mercenarios colombianos habrían caído en Ucrania La intermediación empresarial se erige como un componente esencial dentro de estas redes criminales. Diversas entidades privadas, legalmente constituidas en Colombia y con alcance transnacional, operan bajo fachadas de licitud, como empresas de seguridad, firmas de consultoría, agencias de empleo o asociaciones de retiro de efectivos policiales y militares con el fin de encubrir actividades ilícitas de alto impacto social y jurídico. Durante el periodo presidencial de Iván Duque Márquez, parece que hubo un incremento significativo en las actividades de mercenarismo, sin que dichas conductas fueran objeto de una investigación penal exhaustiva. Asimismo, no se ha determinado, en el marco de una indagación judicial formal, si en ese lapso los servicios de inteligencia MI6 del Reino Unido y el Mossad del Estado de Israel intervinieron de manera directa o indirecta en hechos susceptibles de afectaciones graves a la seguridad y soberanía nacional.

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año y los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, que indican la coincidencia con la época de huracanes, fenómenos que afectarán a la región hasta noviembre próximo con precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos y tornados, el Distrito pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades. Según los organismos de Gestión del Riesgo, la presencia de intensas y seguidas lluvias podrían provocar situaciones de peligro para las personas como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones. En ese sentido, el llamado de la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo a la población es a estar preparada y adoptar las medidas preventivas para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida. Lea también: Ocho delitos disminuyeron en Barranquilla durante agosto Recomendaciones Asegura los techos, ventanas, estructuras o elementos, dentro y fuera de tu vivienda, que puedan ser arrastrados por el viento. Realiza limpieza de canales, bajantes y canaletas. Si en tu casa hay árboles, poda las ramas que estén sobre el techo de la vivienda. Mantén los sifones con sus respectivas rejillas. Los menores de edad no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos. No arrojes residuos sólidos a la calle. Investiga si tu propiedad está en un lugar de alto riesgo y esté preparado para evacuar. Evite acumulación de escombros y basuras. No compres lotes ni construyas vivienda en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. En caso de ocurrencia de alguna emergencia, esta debe ser reportada a la línea 123.

Por: Stella Ramirez G El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas: el concurso notarial, en vez de garantizar transparencia, se acelera “extrañamente” justo antes de las elecciones de 2026. No es coincidencia: es la regla del viejo régimen. Repartir notarías como cuotas de poder asegura que la maquinaria política siga engrasada. Lea también: Con orangutanes favorecieron al comercio y al gas natural El negocio es multimillonario. Una notaría puede recaudar cientos de millones de pesos mensuales por dar “fe pública” de lo que muchas veces ni les consta. ¿Cuántos despojos de tierras fueron avalados en notarías? ¿Cuántos campesinos perdieron su herencia porque un notario, con sello y firma, declaró dueños a quienes nunca lo fueron? La impunidad en Colombia no solo viste toga: también estampa sellos notariales. Petro recordó denuncias de cobros de hasta mil millones por cupo notarial, con 700 plazas en juego. No se trata de un simple trámite: es un mercado negro que involucra funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia de Notariado y Registro, y a toda una clase política que convirtió las notarías en feudos hereditarios. La Procuraduría pidió suspender el concurso por irregularidades. Bien. Pero el fondo del problema no es si el proceso está bien convocado o no: es que las notarías han sido la caja menor del clientelismo y la puerta de entrada a despojos legalizados. En un país donde la violencia arrancó millones de hectáreas a los campesinos, ¿cuántas pasaron por el filtro de una notaría cómplice? Las notarías en Colombia son una mina de oro, un negocio blindado con el disfraz de servicio público. Mientras tanto, el ciudadano común paga, firma y calla, creyendo que recibe seguridad jurídica, cuando en realidad entra a un mercado dominado por la corrupción. Lea también: La decencia como acto de resistencia en la política colombiana No basta con suspender un concurso: hay que desmontar ese sistema que convierte la fe pública en mercancía. Porque mientras las notarías sigan siendo feudos de poder, la corrupción siempre tendrá sello y registro.

Los microplásticos se han convertido en uno de los problemas ambientales más urgentes del siglo XXI. Estas diminutas partículas de plástico, de menos de 5 milímetros de diámetro, están presentes en océanos, ríos, suelos e incluso en el aire que respiramos. Lo preocupante es que ya no solo afectan a la fauna marina, sino que han entrado de lleno en la cadena alimentaria humana, con posibles consecuencias para nuestra salud. Los microplásticos se generan a partir de la degradación de objetos plásticos más grandes —bolsas, botellas, fibras textiles—, así como de productos diseñados intencionalmente en ese formato, como los microgránulos de cosméticos o exfoliantes. Una vez liberados al medio ambiente, son prácticamente imposibles de eliminar. Lea también: El plástico no es solo un problema ambiental, es uno grave de salud Según estudios recientes, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, y una parte significativa acaba fragmentándose en microplásticos que terminan en mares y cultivos. ¿Cómo llegan los microplásticos a nuestros alimentos? La vía más conocida es el consumo de pescado y marisco: moluscos, crustáceos y peces ingieren microplásticos presentes en el agua, que luego terminan en nuestros platos. Pero no es la única ruta: -Sal de mesa: se han detectado partículas plásticas en sales de origen marino. -Frutas y verduras: algunas investigaciones muestran que las raíces de plantas pueden absorber microplásticos del suelo. -Agua potable: tanto el agua embotellada como la de grifo contienen microplásticos en diferentes concentraciones. -Aire: la inhalación también supone una fuente de exposición diaria. Impacto en la salud humana Aunque la investigación aún está en desarrollo, los expertos advierten que los microplásticos pueden actuar como vehículos de sustancias tóxicas, metales pesados y contaminantes químicos que se adhieren a su superficie. Entre los posibles riesgos se incluyen: Lea también: Nuevas estrategias para eliminar microplásticos del agua potable -Alteraciones en el sistema endocrino. -Respuestas inflamatorias y estrés oxidativo en tejidos. -Efectos potenciales sobre la fertilidad y el desarrollo embrionario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado la necesidad de estudios más profundos, pero subraya que la presencia de microplásticos en alimentos y bebidas es motivo de preocupación global. NCYT

WhatsApp está trabajando en una función con la que permitirá organizar las respuestas de los chats en formato de hilos estructurados, de manera que los usuarios puedan seguir varias conversaciones en un mismo chat de forma más sencilla y organizada por temas. De cara a mejorar la experiencia para los usuarios, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta pretende ofrecer una forma más sencilla de navegar por las conversaciones que, en lugar de componerse de múltiples mensajes sueltos, se conformará de respuestas más organizadas. Para ello, WhatsApp ha comenzado a probar esta función que es similar a la estructura utilizada en otras plataformas como Discord o Slack-, agrupándose en base a temas de conversación relacionados, dentro de un mismo chat. Lea también: Esto pasará con los audios en la nueva actualización de WhatsApp Así lo ha compartido el medio especializado WaBetaInfo, que ha podido acceder a esta nueva característica tras el lanzamiento de la última actualización beta de WhatsApp para Android (2.25.25.8). En concreto, en lugar de mostrar los mensajes separados en bocadillos según se van enviando o recibiendo, este nuevo sistema identifica los temas que se están tratando en la conversación y organiza automáticamente las respuestas agrupándolas en hilos sobre dichos temas. De esta forma, las respuestas relacionadas con un tema se encontrarán enlazadas directamente al mensaje original que inició dicha conversación. De manera que para acceder a estos mensajes del hilo, bastará con pulsar un nuevo botón de respuestas que aparecerá en el mensaje principal y que mostrará el número de respuestas agrupadas. Esta opción permite mantener el chat más estructurado, sobre todo, cuando se trata de una conversación en la que se están tratando varios temas al mismo tiempo, facilitando el seguimiento de la información. Específicamente en los grupos grandes, evitará que, por ejemplo, se puedan perder mensajes importantes entre varias respuestas. Asimismo, el medio citado también ha señalado que será posible añadir nuevas respuestas al hilo, que se vincularán automáticamente al último mensaje. Lea también: Elon Musk lanza advertencia sobre WhatsApp De igual forma, los usuarios podrán responder a un mensaje de respuesta del hilo, mostrándose como ‘Respuesta de seguimiento’. Es importante tener en cuenta que los hilos solo se crearán para los mensajes que se hayan enviado después de activar la función, por lo que las respuestas anteriores no se incluirán en estas agrupaciones. Esta función de hilos para los mensajes se ha comenzado a probar con algunos usuarios en la versión beta, por lo que aún no está disponible. EUROPAPRESS

La Selección Colombia ya tiene definidos sus próximos encuentros de preparación rumbo al Mundial de 2026. En entrevista con la agencia EFE, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó que el equipo disputará cuatro amistosos en Estados Unidos: en octubre frente a México y Canadá, y en noviembre contra Nueva Zelanda y Nigeria. Lea también: Ampliación del Metropolitano: ¿se queda Barranquilla con la Selección? “Jugaremos con México y Canadá, equipos sede del Mundial de Fútbol y que serán cabeza de serie de ese mismo Mundial, los enfrentaremos en Estados Unidos (en octubre)”, señaló Jesurún. También precisó que “en el mes de noviembre, igualmente en territorio estadounidense, enfrentaremos a Nueva Zelanda, recién clasificada por Oceanía, y a Nigeria, una selección africana que siempre ha sido muy competitiva”. La FCF ya había oficializado uno de estos duelos: el 11 de octubre Colombia se medirá con México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tres días más tarde, el 14 de octubre, enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey. Ambos compromisos se enmarcan en la fecha FIFA de ese mes. Estos amistosos tienen como propósito enfrentar a la Selección a rivales de estilos diversos, afinar el trabajo físico y táctico, y fortalecer la preparación emocional. Asimismo, los resultados podrían impactar en el ranking FIFA, lo que a su vez incidiría en la ubicación de Colombia en el sorteo del Mundial. Lea también: Este es el palmarés de títulos del fútbol profesional colombiano Jesurún agregó que la programación de estos partidos se enmarca en un ciclo más amplio de preparación, en el cual aún faltan por definir otros rivales para fechas cercanas al torneo.

Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, representados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, interpusieron una acción de cumplimiento para que se obligue a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía a gestionar inmediatamente recursos a favor del Fondo Empresarial, de manera que se financie a la citada empresa, se garantice un servicio de energía eléctrica estable y de calidad a sus más de 1,3 millones de usuarios, y se evite el colapso del sistema eléctrico nacional. En la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, se advirtió que la acción de cumplimiento es procedente porque los recursos pueden conseguirse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, y que no implican un gasto presupuestal no previsto. Lea también: Informe sobre Air-e revela contratos incumplidos y deterioro del servicio Al justificar la demanda de acción de cumplimiento la Veeduría Ciudadana resaltó los siguientes hechos: El estado de iliquidez de Air-e Intervenida, por el Gobierno Nacional a través de la Superservicios, ha llevado a incumplimientos en el pago de sus obligaciones, lo cual erosiona la estabilidad de todo el sistema de energía eléctrica nacional y compromete la continuidad y eficiencia de este servicio público esencial. Las deudas totales de Air-e suman $3,6 billones de pesos, incluyendo las de antes de la intervención, que eran de $1,9 billones, y las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que alcanzan $1,7 billones. Antes de la toma de posesión las deudas con las generadoras de energía sumaban $825.000 millones de pesos. Ahora superan los $2,4 billones, lo que significa que prácticamente se triplicaron en sólo un año de intervención. Durante este primer año de administración de Air-e por parte de la Superservicios, la deuda con las generadoras térmicas alcanza aproximadamente $1 billón de pesos. Tal situación pone en riesgo la operación de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental del sector eléctrico del país y necesitan ingresos constantes para pagarles a sus proveedores de combustibles. Air-e atiende alrededor del 11% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional, SIN, por lo que es responsable del recaudo de aproximadamente $41.000 millones de pesos mensuales para remunerar la actividad de transmisión. La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte en el que representa el 44% de la demanda. La instauración de la Acción de Cumplimiento coincide con el primer año de la intervención de Air-e, por parte de la Superservicios, este 12 de septiembre, gestión que arroja un resultado con serias deficiencias, caracterizada por falta de articulación, eficacia y responsabilidad como lo demuestran los siguientes hechos: Lea también: Air-e y Afinia al borde de la quiebra Nunca se conoció el Plan de Intervención de Air-e que debió definir el Gobierno nacional antes de su toma de posesión para estabilizar la situación financiera y operativa de la empresa, asegurar el suministro de energía eléctrica en la región, y no generar un impacto negativo sobre los usuarios y los demás actores de la cadena de valor del sector. El plan de inversiones de Air-e Intervenida para la modernización y el mantenimiento de su sistema de distribución está paralizado, lo que incide en el deterioro de la calidad del servicio. Se mantiene la amenaza creciente de apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendidos por Air-e Intervenida, debido a su crisis financiera y operativa. En el año 2026 Air-e estará expuesta a comprar en la bolsa el 70% de la energía que necesita para atender el mercado de Atlántico, Magdalena y La Guajira, porque no tiene asegurado el suministro mediante contratos de largo plazo. Eso significa que tendrá que comprar energía más cara y que ese mayor costo lo trasladará a los usuarios con nuevos incrementos de la tarifa. En el primer año de intervención de Air-e el Gobierno nacional ha tenido 2 ministros de Minas y Energía, 3 superintendentes de servicios públicos y 4 agentes interventores, lo cual evidencia una debilidad institucional que afecta la administración de la empresa. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron sendas investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de Air-e Intervenida. La Veeduría Ciudadana ha presentado solicitudes de información y realizado diálogos infructuosos con los agentes interventores de Air-e y las autoridades nacionales, sin que se le haya dado acceso a lo requerido para ejercer un control social efectivo al proceso de intervención y a la forma como el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes dependencias y entidades, debe dar una solución articulada y de fondo a la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, en términos de continuidad, calidad, eficiencia y plena cobertura a los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Lea también: El entuerto de Air-e: propuesta inocuoa Por ello, también se radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela con la cual busca que se garanticen los derechos al debido proceso, el derecho de petición, y el acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, dando viabilidad a un recurso de insistencia para obtener la información solicitada, el cual fue negado por un magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Nos encontramos en espera del pronunciamiento de la Alta Corte. Si bien esperamos resultados favorables de todas estas acciones, seguimos dispuestos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar las garantías necesarias que eviten un apagón en estos departamentos y se asegure la prestación de un servicio estable y de calidad. La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida está conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena.