Bombardeo en el Catatumbo: Seguridad estatal vs. Derechos Humanos

Por: Nerio Luis Mejía

La noche del 10 de agosto de 2026, tras el fuerte sismo que sacudió al país dejando trágicas pérdidas humanas e incuantificables daños materiales, en las montañas del Catatumbo —específicamente en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto y en límites con El Tarra— no rugía un tigre, sino los motores de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana al bombardear posiciones del grupo armado ilegal ELN.

La operación militar, orientada a la desarticulación de las estructuras armadas en el territorio, dejó como saldo varios civiles heridos y viviendas destruidas, según denuncias de organizaciones sociales, Personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones hicieron un llamado urgente a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque, pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que deben regir toda planeación de la Fuerza Pública.

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El país atraviesa una coyuntura política compleja y polarizada. Aún se respira la densa atmósfera de transición entre la saliente administración de Gustavo Petro —cuestionada por sus críticos debido al déficit fiscal y al balance de su política de "Paz Total"— y el mandato entrante del presidente Abelardo De la Espriella. Mientras el gobierno anterior priorizó el diálogo con las estructuras armadas, la nueva administración ofreció en campaña combatir la criminalidad sin concesiones ni negociaciones, respaldada por un amplio electorado que exige resultados inmediatos.

Sin embargo, sobre los hombros del nuevo gobierno pesa el enorme desafío de operar en esa delgada línea que separa la ofensiva militar legítima de la protección integral de los derechos humanos. La tarea no es sencilla, especialmente ante el escrutinio ético y legal que conllevan este tipo de acciones bélicas.

Diversos analistas e historiadores del conflicto coinciden en que las operaciones aéreas masivas han perdido la efectividad de antaño frente a las dinámicas actuales de la guerra asimétrica. Los grupos armados al margen de la ley asimilaron las lecciones del pasado y ya no se concentran en grandes campamentos; hoy se desplazan en unidades reducidas pero altamente capacitadas en el uso de minas antipersonal, francotiradores y tecnología como drones. Adaptar la doctrina militar a estas exigencias modernas resulta indispensable, no solo para evitar el despliegue improductivo de costosos recursos estatales, sino para prevenir los serios cuestionamientos políticos y jurídicos que suscitan los daños colaterales.

Este "primer rugido del tigre" en el Catatumbo dejó una experiencia traumática para las comunidades campesinas. Según relatos de los habitantes, en medio de la incursión agitaban banderas blancas para ser visibilizados por las aeronaves, pero la reacción fue tardía y la acción dejó civiles heridos. La situación se agrava cuando la estigmatización no solo recae sobre las víctimas, sino sobre los líderes e instituciones que visibilizan los hechos, desencadenando campañas de desinformación y señalamientos calumniosos en redes sociales contra servidores públicos e integrantes de la sociedad civil.

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El Estado colombiano tiene el deber imperativo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad frente a las estructuras ilegales. No obstante, dicho objetivo debe ser alcanzado bajo un riguroso equilibrio: la legitimidad institucional y el éxito operacional no se logran vulnerando los derechos de la población civil, sino protegiéndolos de manera irrestricta, incluso en la era de la mano dura.