Reconocer la soberanía israelí sobre territorios ocupados es sometimiento

Por: Nerio Luis Mejía

La decisión del gobierno colombiano el pasado lunes 10 de agosto de 2026, comunicada a través de la Cancillería, de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán —así como el derecho de ese país a defenderse frente a amenazas externas— difícilmente puede considerarse un acto de soberanía nacional. Esta postura, rechazada históricamente por la aplastante mayoría de la comunidad internacional y alineada de forma casi exclusiva con Washington, contraviene de manera explícita el respeto que Colombia ha guardado tradicionalmente por el Derecho Internacional. Reconocer una ocupación territorial fruto del uso de la fuerza no es solo una contradicción diplomática; constituye una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad.

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Los Altos del Golán corresponden a una meseta estratégica de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados que forma parte integral del territorio sirio. El área fue ocupada por las fuerzas armadas israelíes en 1967, en el marco de la Guerra de los Seis Días, y anexionada unilateralmente por Israel en 1981 mediante la Ley de los Altos del Golán. Esta anexión fue declarada «nula, inválida y sin efecto jurídico internacional» por la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a este consenso global, hoy Colombia, en los primeros días de la nueva administración, se suma de manera insólita a este atropello al orden jurídico internacional.

Como era previsible, la medida ha provocado una inmediata ola de rechazo en el mundo árabe y diplomático. Países como Siria, Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Catar han emitido enérgicos pronunciamientos contra un paso diplomático tan precipitado como injustificado por parte del gobierno saliente de la doctrina de neutralidad y legalidad de nuestra política exterior.

Recomponer o redefinir las relaciones bilaterales con Israel es una facultad del Poder Ejecutivo; sin embargo, ir al extremo de convalidar la ocupación ilegal de territorios soberanos es sumergir de forma gratuita e innecesaria a Colombia en una tormenta geopolítica global. Esta decisión no proyecta a nuestra patria como un Estado respetuoso del orden multinacional, sino como una nación subordinada a las dinámicas geopolíticas de la Casa Blanca y de Tel Aviv, socavando la estatura moral y diplomática del país en el concierto de las naciones.

Surgen así, con mayor fuerza, los cuestionamientos de varios sectores de la sociedad civil frente a la doble nacionalidad del primer mandatario. Para una buena parte de la opinión pública, este tipo de actuaciones refuerzan la percepción de un sometimiento automático a los mandatos e intereses estratégicos de Washington, comprometiendo la autonomía que exige la dignidad de la Jefatura de Estado en Colombia.

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¿Con qué otras sorpresas diplomáticas nos saldrá esta administración si, con apenas 72 horas de haber tomado posesión, adopta una determinación de tal gravedad sobre un territorio usurpado? La soberanía colombiana no se construye arrodillando nuestra diplomacia ante potencias extranjeras ni dándoles la espalda a los principios de autodeterminación de los pueblos y de inalterabilidad de las fronteras por la fuerza. Con este acto sin precedentes, la política exterior colombiana ha sido despojada de su tradición legalista para quedar expuesta ante los ojos del mundo bajo el halo de la sumisión.