El nuevo gobierno desmanteló la reserva técnica del MinHacienda

El piso de cristal que durante décadas protegió la ortodoxia y la estabilidad macroeconómica de Colombia acaba de resquebrajarse de la manera más intempestiva e irreflexiva. En las carpetas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no solo se manejan números, proyecciones fiscales y emisiones de deuda; se custodia la confianza institucional de un país que históricamente se ha ufanado, incluso en las coyunturas más polarizadas de su historia reciente, de mantener la gestión de sus finanzas públicas blindada frente al apetito desmedido del clientelismo politiquero. Esa tradición, construida a lo largo de incontables administraciones de diversos matices ideológicos, fue desmantelada de un plumazo en la mañana posterior al inicio formal del nuevo mandato presidencial.

La decisión adoptada por el recién posicionado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respaldada por la venia de su secretario general, Carlos Alberto Castellanos Araujo, marca un hito funesto en la historia administrativa de la cartera económica.

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La declaración de insubsistencia aplicada de forma fulminante a tres directores técnicos de primer nivel no solo constituye un desplante hacia el mérito y la memoria institucional, sino que envía una señal alarmante a los mercados internacionales, a las agencias calificadoras de riesgo y a la propia ciudadanía sobre los criterios que regirán la política pública en el cuatrienio que comienza.

Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, resulta imprescindible entender el funcionamiento interno de una entidad como el Ministerio de Hacienda. Por debajo de la cúpula política —representada por el ministro y los viceministros General y Técnico— opera un motor de tecnócratas cuya permanencia suele trascender los ciclos electorales y los colores políticos. Son profesionales formados en la alta academia, curtidos en la negociación fiscal y dotados de una memoria técnica imprescindible para la continuidad del Estado. En lugar de recibir con la madurez debida la entrega formal de informes de gestión o acudir al trámite protocolario de solicitar renuncias para reorganizar el equipo con decoro, la nueva administración prefirió la vía del exterminio burocrático, barriendo con trayectorias invaluables sin dar la más mínima tregua.

El caso de Christian Alejandro Cruz, hasta hace poco director de Política Macroeconómica, es un retrato vivo de lo que significa la idoneidad técnica en el servicio público. Vinculado a la cartera fiscal en 2020 durante la gestión de Alberto Carrasquilla, Cruz demostró una versatilidad e imparcialidad tan sólidas que logró permanecer en su puesto a lo largo de la convulsa administración de Gustavo Petro, sirviendo con ecuanimidad a tres ministros de posturas antagónicas. Su destitución fulminante destruye un puente de continuidad que tardó años en consolidarse y prescinde de un cerebro fundamental en el diseño de las metas macroeconómicas de la nación.

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Igualmente desconcertante resulta la salida de Javier Andrés Cuéllar de la Dirección de Crédito Público. Tras liderar con solvencia el Fondo Nacional de Garantías, Cuéllar asumió la compleja tarea de gestionar el endeudamiento y la Tesorería Nacional. Su remoción intempestiva para dar paso a fichas previamente alineadas a las órbitas políticas específicas es la evidencia que la prioridad del nuevo gabinete no es la conservación del conocimiento acumulado y la rigurosidad técnica, sino la consolidación inmediata de hegemonías grupales afectas al gobierno. En una coyuntura donde el manejo de la deuda requiere la máxima pericia y credibilidad ante los inversionistas globales, prescindir sin transición de quien dominaba la filigrana del crédito público es una irresponsabilidad de proporciones mayores.

El cuadro de la desmantelación se completa con el despido de la economista Diana Arenas, quien encabezaba la Dirección de Seguridad Social. Con más de dos décadas dedicadas al análisis meticuloso de los sistemas pensionales, las prestaciones económicas y la estructura de la seguridad social en Colombia, Arenas personificaba la reserva técnica en un área sumamente sensible para la sostenibilidad del gasto social. Lo más preocupante de su abrupta salida no es únicamente la pérdida implícita de una experiencia acumulada durante 20 años, sino el hecho insólito de que se le declaró la insubsistencia ni siquiera teniendo sobre la mesa el nombre de una persona capacitada para sucederla. Se descabezó una dirección crítica simplemente por el impulso de despejar el terreno.

Resulta inevitable cuestionar el fondo político de esta cruzada desintegradora. La llegada de Miguel Gómez Martínez —figura con innegable peso dinástico y estrechas ataduras a los sectores más duros del oficialismo emergente— parecía requerir, en teoría, un contrapeso de sensatez técnica para dar credibilidad al programa económico del vicepresidente José Manuel Restrepo y del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el desembarco de funcionarios procedentes de organismos de control y con perfiles marcadamente políticos ha terminado por subordinar la técnica al favoritismo burocrático. Gobernar con la cuadrilla propia es una tentación común en la política tradicional, pero aplicarla sin tamiz en el templo de la economía nacional es un error estratégico de calado profundo y una irresponsabilidad ramplona.

Históricamente, la fortaleza del Ministerio de Hacienda radicaba en que los directores de área no respondían al sesgo de la contienda política diaria. Subir los escalones desde las subdirecciones hasta la dirección general exigía rigor, publicaciones, números, evaluaciones constantes y la validación de sus pares. Ese blindaje técnico garantizaba que, al margen de los vaivenes discursivos de la Casa de Nariño, las cifras del país se manejaran con sobriedad y criterios técnicos. Al romper esa norma no escrita pero sagrada, el actual gobierno instaura un precedente nefasto: de ahora en adelante, la permanencia técnica en la cartera económica estará supeditada a la simpatía política o a la lealtad partidista.

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El impacto de este tipo de maniobras rara vez se queda encerrado en los pasillos de las oficinas públicas. La confianza de los analistas e instituciones financieras no se construye con discursos grandilocuentes ni con nombramientos a dedo, sino con la certidumbre de que las riendas de la macroeconomía están en manos experimentadas y neutrales. Cuando un gobierno decide irrumpir en una entidad eminentemente técnica arrasando con los perfiles más calificados, el mensaje que proyecta hacia afuera es el de un apetito voraz por el control institucional a expensas del conocimiento acumulado que permite confiar en la estabilidad económica del país.

La gestión pública requiere renovación, sin duda, y cada administración entrante ostenta la potestad de imprimir su propio sello en la conducción del Estado. No obstante, existe una frontera abismal entre liderar una transición ordenada y ejecutar una purga intempestiva que despoja al Ministerio de Hacienda de sus mentes más conocedoras. Colombia atraviesa un momento económico delicado que exige la máxima cautela fiscal y la presencia de técnicos fogueados capaces de maniobrar ante turbulencias internacionales. Intercambiar la experiencia probada por la obediencia estricta es un juego de ruleta rusa con las finanzas del país cuyas consecuencias no tardarán en pasar la factura.