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Tras conocerse el revelador informe de Noticias Caracol sobre los presuntos nexos de un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las Farc, LIDERADAS POR ALIAS ‘Calarcá’, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según detalló el Ministerio Público, el propósito de la indagación es aclarar si ambos participaron en planes para crear empresas de seguridad privada y compartir información confidencial sobre operativos militares, sin que esta decisión implique aún un señalamiento de responsabilidad. En el documento expedido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, la Procuraduría ordenó iniciar la indagación y vinculó al general Huertas y a Mejía por los hechos revelados en el reportaje periodístico titulado “Los archivos secretos de Calarcá”, divulgado por Noticias Caracol. Lea también: Investigan a jueza que dejó en libertad a Emilio Tapia El ente disciplinario decretó varias pruebas para esclarecer los hechos. Entre ellas, ofició a la Dirección de Personal del Ejército para obtener la hoja de vida del general Huertas, sus funciones actuales y datos de contacto. También solicitó a la DNI certificar si Mejía está vinculado a esa entidad y, en caso afirmativo, detallar el tiempo de servicio, cargos, funciones, hoja de vida y contacto actualizado. Asimismo, pidió al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Ejército informar si esa cartera ordenó investigaciones administrativas internas relacionadas con las denuncias sobre la presunta creación de empresas de seguridad privada vinculadas a las disidencias. La Procuraduría también requirió a la Fiscalía General de la Nación indicar si existen actuaciones en curso sobre estos hechos y si tiene bajo custodia la información incautada en el retén del 23 de julio de 2024, donde fue interceptada una caravana que transportaba a jefes de las disidencias. Si la respuesta es afirmativa, la entidad buscará realizar una inspección disciplinaria a esas investigaciones y obtener copia de los archivos recogidos. El papel de los implicados en los presuntos nexos con las disidencias Los documentos mencionaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos del grupo ilegal, indicando que su vínculo con el Presidente permitiría que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control. También señalaron que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por el entonces comandante Enrique Zapateiro, pero reintegrado posteriormente durante el gobierno del presidente, Gustavo Petro, donde fue ubicado en un cargo clave en el manejo del personal y de los traslados internos de la institución. Además del general, los archivos mencionaron a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Testimonios bajo anonimato indicaron que, gracias a su cercanía con disidentes, grupos del Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar habrían accedido a información privilegiada que les permitió esquivar operativos de la Fuerza Pública. Según fuentes citadas en la investigación periodística, Mejía también participó en reuniones con delegados disidentes en Colombia y Venezuela y habría intervenido en contactos para avanzar en la creación de la empresa de seguridad que permitiría legalizar armas y uniformes del grupo armado. Lea también: Contraloría abre investigación por compra de 17 aviones Gripen Mejía negó todas las acusaciones y afirmó que se trataba de un montaje. Según la información revelada, la fiscal general Luz Adriana Camargo conocía del contenido de los dispositivos desde hace más de un año, pero no existen procesos penales abiertos contra los funcionarios mencionados. Consultados por el medio de comunicación, ni los implicados ni la Casa de Nariño entregaron respuestas concretas sobre los señalamientos. Las fuentes dentro de las disidencias reiteraron que las comunicaciones y vínculos descritos eran reales. COLPRENSA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un nuevo llamado a la cautela dentro del Centro Democrático en medio de la agitada discusión sobre el camino para definir su candidatura presidencial para 2026. Durante un encuentro con los aspirantes del partido, el exmandatario insistió en que cualquier acercamiento con otras fuerzas políticas debe manejarse con prudencia y bajo lineamientos claros que permitan llegar con solidez al próximo año electoral. Lea también: La mayoría de los colombianos aún no define su voto para 2026 Uribe, quien sigue siendo la figura determinante en las decisiones internas de su colectividad, pidió evitar precipitaciones en la definición de alianzas y recordó que la oposición necesita una estrategia cuidadosamente construida. En su intervención reiteró que “la coalición no puede ser apresurada ni restringida, hay que ir con precaución para tener una transmisión tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante, la línea sea vitalicia y no siga el actual gobierno de la destrucción”. El llamado se produjo justamente cuando el partido decidió modificar nuevamente su calendario. La organización política no logró cumplir el cronograma que fijaba noviembre de 2025 como fecha para anunciar al candidato único. La suspensión se originó en la salida de Atlas Intel, firma encargada de realizar las encuestas que definirían al aspirante mejor posicionado, situación que dejó en el aire el mecanismo de selección. Propuesta para retomar el proceso interno El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó que la nueva meta es revelar al ganador antes del 15 de diciembre de 2025. Durante este periodo, los precandidatos continuarán recorriendo las regiones del país para exponer sus propuestas y fortalecer la presencia del partido. En medio de la incertidumbre, las senadoras y precandidatas Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal presentaron una alternativa al expresidente Uribe con el fin de retomar el proceso. La iniciativa plantea realizar dos encuestas internacionales bajo estricta reserva sobre la identidad de las empresas contratadas, con el propósito de evitar posibles presiones de las campañas y garantizar resultados independientes. Lea también: Cepeda y De la Espriella tienen la mayor intención de voto: CNC Fecha estratégica y tensiones internas Según la propuesta, los resultados se divulgarían entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025. Ese margen permitiría que quienes no obtengan la nominación puedan inscribirse posteriormente como candidatos al Senado, fortaleciendo la lista legislativa de la colectividad. Mientras el partido intenta salir del estancamiento y definir la ruta final, las decisiones siguen girando alrededor de la capacidad de consenso y la influencia de Uribe, quien continúa marcando el ritmo del debate interno en un momento clave para la oposición. COLPRENSA

El Gobierno Nacional dio a conocer el calendario oficial de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que definirá el salario mínimo para 2026. El proceso arrancará el 28 de noviembre con la reunión de la subcomisión de productividad y la presentación de indicadores clave por parte del DANE. Lea también: PIB colombiano creció 3,6% en el tercer trimestre La instalación formal de la mesa de concertación está prevista para el 1º de diciembre, fecha en la que se abrirán las discusiones entre representantes de trabajadores, empresarios y el Estado. Posteriormente, el 5 de diciembre, el DANE divulgará la cifra de productividad total factorial y el dato del IPC a las 6 p. m., insumo fundamental para orientar las negociaciones. El 9 de diciembre se realizará una sesión en la que el DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República presentarán cifras sobre inflación, mercado laboral y crecimiento económico, además de las primeras propuestas de incremento del salario mínimo. Las jornadas de concertación continuarán los días 10 y 11 de diciembre, y el 15 de diciembre se desarrollará una negociación extendida entre las 8 a. m. y las 4 p. m., considerada el primer límite legal para alcanzar un acuerdo. En caso de que no se logre consenso, los días 16 y 17 de diciembre estarán destinados a la presentación de posiciones divergentes y cifras de gremios y centrales sindicales, que serán discutidas en la sesión del 18 de diciembre, enfocada en la informalidad laboral y en los puntos de divergencia. El cronograma contempla además jornadas extraordinarias de concertación los días 19, 22, 26 y 29 de diciembre, con el objetivo de acercar posturas antes del cierre del año. De no alcanzarse un acuerdo, el Gobierno deberá fijar el salario mínimo por decreto a más tardar el 30 de diciembre, tal como lo establece la normativa vigente. Lea también: ¿Quién gana y quién pierde con la apreciación del peso colombiano? Con este calendario, la administración busca garantizar un proceso transparente y ordenado, en el que las partes puedan debatir con base en cifras oficiales y dentro de los plazos legales, en un contexto marcado por la necesidad de equilibrar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. DATAIFX

Aprender un nuevo idioma es uno de los propósitos más comunes entre los colombianos que buscan mejorar sus oportunidades académicas y laborales en 2025. Y aunque el ritmo diario suele posponer este objetivo, aún hay opciones accesibles para comenzar antes de que termine el año. Una de ellas es la convocatoria que lanzó el Gobierno de Italia para estudiar italiano gratuitamente y desde cualquier lugar con conexión a internet. El curso está disponible en RaiScuola, la plataforma educativa pública italiana que ofrece formación en múltiples áreas y que ahora pone a disposición de extranjeros el programa “Italiano per Stranieri”, una ruta completa para aprender italiano desde cero o avanzar en el dominio del idioma. Todo el contenido es 100% gratuito, no requiere inscripción compleja y está abierto para cualquier persona interesada. Para acceder, basta con ingresar al portal de Rai Scuola, dirigirse al menú ubicado en la parte superior izquierda, seleccionar la opción “Materie” y buscar “Italiano per stranieri” . Allí se encuentran todos los módulos organizados por niveles para que cada estudiante siga su propio ritmo. No hay límite de tiempo: cada usuario decide cuántas lecciones ver al día y en qué orden avanzar. El programa está estructurado en cuatro niveles: A1, A2, B1 y B2, y cada uno contiene entre 13 y 17 unidades compuestas por clases en video, ejercicios interactivos, documentales y bocetos pedagógicos. Los contenidos abarcan desde temas básicos como saludos, presentaciones y adjetivos, hasta habilidades comunicativas más complejas como expresar estados de ánimo, opiniones personales, comparaciones y conversaciones cotidianas. Además del aprendizaje lingüístico, la plataforma ofrece 40 categorías con 60 palabras cada una, pensadas para fortalecer el vocabulario en áreas como prendas de vestir, tecnología, expresiones del nuevo milenio, lenguaje no verbal y frases de uso común. RaiScuola es una iniciativa respaldada por el Ministerio de Educación de Italia, junto a Rai Cultura, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Universidad e Investigación. Como valor agregado, quienes ingresen a la plataforma también encontrarán clases gratuitas de física, matemáticas, geografía, salud, economía, filosofía, ciencias y más, convirtiéndola en una de las bibliotecas educativas más completas de acceso libre

Por: Eduardo Verano de la Rosa Durante décadas, se ha asumido que el liderazgo de Estados Unidos era sinónimo de una dominación global incuestionable. Sin embargo, al observar el panorama actual, resulta evidente que todos los esfuerzos realizados por Washington para preservar ese estatus hegemónico han tenido un costo exorbitante. El país se ha visto empujado —junto a sus aliados— a defender un sistema de mercado libre que, paradójicamente, le obligó a tolerar abusos sistémicos en otras latitudes. Hoy, la realidad es ineludible: Estados Unidos se ha mantenido en una guerra constante que ha drenado sus recursos y socavado su propia tranquilidad interna. La arquitectura de seguridad construida tras la Guerra Fría se encuentra bajo una presión sin precedentes. Hoy, democracias jóvenes intentan consolidarse en medio de turbulencias, lo que ha forzado a los norteamericanos a desplegar 40 bases militares nuevas y a mantener un contingente superior a los 80.000 hombres en Europa. Esta postura defensiva no es un capricho, sino una reacción necesaria. Washington tuvo que enfrentar la agresividad de una Rusia revanchista que, bajo el mandato de Vladimir Putin desde el año 2000, desafió el orden internacional. Primero fue la invasión a Georgia en 2008, luego la anexión de Crimea en 2014 y, finalmente, la invasión a Ucrania en 2022. Estos tres conflictos obligaron a los gringos a detener las ambiciones rusas y a revisar profundamente su propio sistema de defensa. Se hizo evidente una verdad incómoda: la capacidad industrial militar estadounidense, incluyendo la construcción de barcos de guerra, corría el riesgo de ser superada, irónicamente, por la misma China que creció bajo el paraguas de la globalización occidental. Ante este escenario, la Casa Blanca comprendió que no podía seguir subvencionando la seguridad del mundo occidental sin recibir nada a cambio. Es aquí donde entra un concepto clave: la reciprocidad. Sus aliados, especialmente los de la OTAN, deben asumir que los gastos en defensa son inevitablemente altos y que no pueden depender exclusivamente del contribuyente norteamericano. La premisa es clara: si cada miembro de la alianza logra fortalecer su propio sistema de seguridad, el colectivo será más fuerte. Un ejemplo palpable de esta transformación estratégica se observa en la relación con Israel. Aunque Estados Unidos continúa vendiéndole armas y proveyendo apoyo financiero, la dinámica ha cambiado hacia una exigencia de mayor responsabilidad fiscal en defensa para que destine el 5% de su PIB a su propio gasto militar. La expansión rusa impulsada por Putin ha obligado a Europa a despertar de su letargo geopolítico, mientras que en Asia, la defensa de Taiwán se perfila como el próximo gran reto. En este contexto, Estados Unidos debe redefinir su rol: ya no puede ser el imperio omnipresente que muchos políticos añoran en sus discursos sobre una hiperpotencia que ya no existe. El futuro de la estrategia internacional depende de aceptar un rol más limitado, pero más efectivo, enfocado en el interés de su propia civilización occidental. Es un escenario frustrante para los idealistas, que implica mayores riesgos y la aceptación de pérdidas relativas, pero es la única vía realista. A Rusia se le puede ganar la guerra en el terreno táctico y estratégico, impidiendo su expansión, mientras se entiende que el viejo orden de "policía mundial" gratuito ha llegado a su fin.

Por: Nerio Luis Mejia Hasta el momento, son veinte las embarcaciones destruidas por fuerzas militares estadounidenses apostadas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. El saldo: 76 personas asesinadas de manera extrajudicial, sin que se haya realizado ningún procedimiento de inspección que confirme si dichas embarcaciones transportaban alcaloides. Mientras esto ocurre, Nicolás Maduro refuerza su aparato militar con la creación de nuevos comandos para enfrentar lo que denomina “la agresión de Trump”. En paralelo, el Reino Unido —aliado histórico de Estados Unidos— rompe la cooperación en materia de inteligencia, al considerar ilegales los ataques en aguas caribeñas y pacíficas. Lea también: ¿Le salió el tiro por la culata a Donald Trump? A esta decisión se suma la orden del presidente colombiano Gustavo Petro, quien instruyó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y cualquier trato con agencias de seguridad estadounidenses. La medida se mantendrá, según Petro, mientras continúen los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe. El Reino Unido, con varias bases de inteligencia en el Caribe, ha suministrado durante años información vital a la Guardia Costera estadounidense, permitiéndole interceptar embarcaciones sospechosas. Por su parte, Colombia —el socio más importante de la región— representa un pilar en la lucha contra los carteles. Esta ruptura podría fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones criminales, intensificando el espiral de violencia en Colombia y facilitando el ingreso de toneladas de cocaína y otras sustancias ilícitas a territorio estadounidense, con el consecuente aumento de muertes por sobredosis. La presión ilegal que ejerce la administración Trump en el Caribe Sur contra el régimen de Maduro ha generado un efecto contrario al esperado. No solo en Venezuela, sino en toda la región, se ha abierto espacio para nuevos actores en el tablero geopolítico. Potencias rivales como China, Rusia e Irán —enemigo acérrimo de Estados Unidos— han aprovechado el clima de tensión para ofrecer apoyo militar, político y económico a sus pares suramericanos mediante memorandos de entendimiento, lo que eleva la preocupación en Washington. El despliegue militar estadounidense, que busca la salida de Maduro del poder, parece encaminarse al fracaso. Un error de cálculo por parte de la administración Trump, que apostó a que la presencia de activos militares cerca de las costas venezolanas provocaría un levantamiento popular. Pero ocurrió lo contrario: el régimen convocó al pueblo a defender la soberanía, y miles de ciudadanos tomaron las armas en respaldo al gobierno. Lea también: El golpe de Donald Trump al comercio global Además, al intentar aislar a Maduro, Trump ha generado fricciones con países clave de la región como Brasil, México y Colombia, provocando una radicalización continental y una ola de protestas que ha llegado hasta el recinto de las Naciones Unidas, donde se han condenado los ataques con misiles en aguas del Caribe y el Pacífico. Lo que Trump esperaba lograr con su despliegue militar y la destrucción de embarcaciones sin procedimientos judiciales, en abierta contradicción con el derecho internacional, ha terminado por debilitar su posición. Ha perdido aliados clave, mientras Maduro consolida su postura y gana respaldo regional.

Un equipo del Museo de Historia Natural La Tatacoa y de la Universidad del Rosario anunció la identificación de Shakiremys colombiana, un nuevo género y especie de tortuga que habitó la región hace unos 13 millones de años. El hallazgo quedó consignado en la revista Papers in Palaeontology y ya se encuentra bajo resguardo en el municipio de Villavieja, en Huila. Edwin Alberto Cadena, David E. Leal Amaya, Andrés Vanegas Vanegas, Rubén D. Vanegas Vanegas, Lino JE Guevara Serrano son los investigadores que firman el artículo. Lea también: Descubren gigantesca tortuga de 57 millones de años en Boyacá El fósil apareció en 2022 en dos puntos de La Victoria, un pequeño centro poblado ubicado sobre el antiguo yacimiento de La Venta, una zona que conserva miles de restos de animales y plantas del Mioceno Medio. Los investigadores recuperaron un cráneo completo y un caparazón articulado, además del caparazón de otro individuo. Tras su extracción, el material viajó a Bogotá para tomografías que permitieron revisar detalles internos y contrastarlos con registros de otras tortugas. “Se describe aquí un nuevo género y especie de tortuga podocnemídida, Shakiremys colombiana, del bioma La Venta del Mioceno Medio, ubicado en el centro-sur de Colombia. El nuevo taxón está representado por dos especímenes: uno que consta de un cráneo completo y caparazón articulado, y el otro solo de un caparazón articulado”, se lee en el artículo científico. El nombre elegido para el nuevo género tiene que ver con la intención de crear un puente con el público y que este tipo de noticias tengan mayor difusión. Los resultados situaron al ejemplar dentro de los podocnemídidos, un grupo que hoy vive en regiones de Madagascar y el norte de Sudamérica. La investigación también destacó la capacidad de esta tortuga para ocupar distintos ambientes de agua dulce, desde zonas claras hasta sectores turbios. “Los rasgos en mosaico observados en Sh. colombiana se interpretan como ventajosos para un espectro dietético y ecológico más amplio, que potencialmente incluye una dieta omnívora, y la capacidad de prosperar en diversos ambientes acuáticos, desde aguas negras hasta aguas blancas. Esta versatilidad ecológica pudo haber ofrecido una ventaja competitiva a Sh. colombiana dentro del diverso paleoecosistema de La Venta, donde coexistían múltiples especies de tortugas podocnemídidas y quelídidas”, agregan en el artículo. Lea también: Hallan en la Patagonia los fósiles de uno de los dinosaurios más grandes Investigación en La Tatacoa La Tatacoa avanzó en los últimos años como un territorio clave para la paleontología nacional. Universidades colombianas han impulsados proyectos que permiten consolidar procesos de excavación, formación y divulgación. Paralelamente, habitantes de la región se involucraron de forma directa. Entre ellos se encuentran los hermanos Rubén y Andrés Vanegas, responsables del Museo de Historia Natural de la Tatacoa, donde hoy reposan cerca de cuatro mil piezas fósiles de La Venta. Ellos recibieron el aviso inicial del propietario del predio donde aparecieron los restos de Shakiremys colombiana y se encargaron de su recuperación. COLPRENSA

Por: John Jairo Gelvis Vargas Al observar los movimientos políticos de Roy Barreras, se puede afirmar que ha sido un verdadero ajedrecista del poder. Su trayectoria evidencia una gran habilidad para adaptarse a distintos escenarios políticos: ha jugado en los tableros de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, demostrando que comprende con precisión cómo se mueven las fichas dentro del sistema político colombiano. Barreras, junto con su aliado Armando Benedetti, podría intentar posicionarse como una figura de consenso dentro del espectro de la izquierda y la centroizquierda de cara a la consulta del 8 de marzo de 2026. Lea también: Las cartas de Petro para las elecciones presidenciales Su perfil político, más moderado y negociador, podría resultar atractivo para amplios sectores, incluso algunos provenientes de la derecha, interesados en mantener cierta continuidad del proyecto progresista actual. En contraste, figuras como Iván Cepeda enfrentan mayores dificultades para consolidar apoyos amplios debido a su pasado y sus cercanías con los firmantes del Acuerdo de Paz, antiguos miembros de las FARC. Aunque más de 12.000 excombatientes firmaron dicho acuerdo bajo el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, la sociedad colombiana aún no logra superar la estigmatización hacia este grupo. Esa realidad, sumada a los enfrentamientos políticos con el uribismo, especialmente tras el proceso judicial contra el expresidente Uribe por presunta compra de testigos, limita las posibilidades de Cepeda como candidato viable. Por su parte, Roy Barreras ha demostrado ser un político de alianzas y apuestas calculadas. Mantiene vínculos con un importante sector del Partido de la U, colectividad donde ejerció como senador durante varios años, y desde su nuevo movimiento Fuerza de la Paz ha logrado atraer a diversos clanes políticos que anteriormente militaban en Cambio Radical. Se afirma que al menos siete clanes estarían considerando migrar hacia su partido, debilitando así las listas de Cambio Radical de cara a las elecciones legislativas de 2026. Además, se rumora que dentro del Partido Verde también existe un sector que ve con buenos ojos una eventual candidatura presidencial de Barreras. Barreras no solo conoce los mecanismos del Estado, sino también las dinámicas del poder territorial. Su experiencia le ha permitido tejer relaciones con gamonales regionales, empresarios y financiadores de campañas políticas, muchos de ellos cercanos al actual gobierno. Esa red de contactos lo convierte en una figura clave para quienes buscan garantizar la continuidad del proyecto de centroizquierda, aunque persisten dudas sobre si el país está preparado para una nueva etapa de predominio de este sector tras la experiencia del actual gobierno. Lea también: Así es como Benedetti acomoda las fichas del progresismo para 2026 En conclusión, el panorama político muestra que la izquierda cuenta con menos figuras presidenciales visibles, lo que podría facilitar la consolidación de una candidatura fuerte. En ese contexto, Roy Barreras podría emerger como un candidato estratégico, mientras Armando Benedetti, quien podría renunciar a su cargo en los próximos meses, actuaría como su asesor y negociador político. Juntos conformarían un dúo capaz de cerrar acuerdos con empresarios, clanes políticos y de repetir las prácticas de alianzas que históricamente han caracterizado la política colombiana. Nada sería sorprendente en un escenario donde, como ha demostrado la historia reciente, todo parece tener un precio y un cálculo dentro del tablero político nacional.

Por: Lisando Martin y Haishan Fu Los datos son un elemento central del desarrollo, pues impulsan la toma de decisiones y las inversiones que ayudan a reducir la pobreza y crear un futuro sostenible. Sin embargo, la mayoría de los sistemas estadísticos nacionales en los países de ingreso bajo y mediano no cuentan con recursos suficientes y no están preparados para proporcionar datos oportunos, pormenorizados y pertinentes para la formulación de políticas, los que son necesarios para tomar decisiones acertadas. Las encuestas tradicionales, que a menudo son transversales, poco frecuentes y costosas, tienen dificultades para seguir el ritmo vertiginoso de los cambios económicos y sociales. A medida que los datos se vuelven más esenciales que nunca, es hora de tener en cuenta una pregunta audaz: ¿Qué pasaría si el sector privado se convirtiera no solo en un usuario de datos, sino también en un inversionista, creador y asociado en el ámbito de los datos? Los sistemas estadísticos que necesitamos —en tiempo real, enfocados en lo digital e interoperables— exigen el tipo de intensidad de capital, el apetito de riesgo y la capacidad de innovación que a menudo solo el sector privado puede proporcionar. Lea también: La transformación del modelo de desarrollo en América Latina El sector privado cuenta cada vez más con las herramientas, el capital y los incentivos para establecer y operar los sistemas que generan datos. Ya sea a través de plataformas basadas en la nube, análisis basados en inteligencia artificial (IA) o infraestructura satelital, las entidades del sector privado están a la vanguardia de las tecnologías que pueden revolucionar los datos sobre el desarrollo. Asociarse con el sector privado en el ámbito de los datos no solo mejorará la transparencia y la puntualidad de la información, sino que también abrirá nuevos mercados laborales, impulsará la demanda de empleos calificados y permitirá a las empresas diseñar servicios alineados con las necesidades reales. Cuando establecemos alianzas centradas en los resultados, creamos circuitos de retroalimentación que benefician tanto la formulación de políticas como la generación de utilidades. Los datos son fundamentales Los sistemas de datos nacionales sólidos no son solo un bien público, sino también un bien de mercado. Los datos confiables, desglosados y actualizados son esenciales para las empresas que se expanden a los mercados de frontera, invierten en cadenas de suministro resilientes o diseñan servicios financieros inclusivos. La justificación económica es clara: las empresas pueden abrir nuevos mercados, diseñar productos mejor orientados y reducir los costos operativos y de cumplimiento en entornos ricos en datos. Esto es especialmente cierto en las economías en desarrollo, donde la incertidumbre es elevada y el alcance depende de la comprensión hiperlocal. El costo de los datos deficientes es exorbitante. En un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Ultramar se estimó que la falta de datos cuesta anualmente a las economías africanas hasta un 2 % del producto interno bruto. Para el sector privado, esto se traduce en costos de diligencia debida más elevados, una mayor exposición regulatoria y ciclos de comercialización más prolongados. Lea también: El desarrollo de la Región Caribe y sus retos actuales Resultados diferentes y mejores El modelo predominante de los sistemas nacionales de datos depende en gran medida de instrumentos de encuestas tradicionales, como las encuestas de hogares y los censos, que se realizan cada 5 o 10 años con retrasos en la publicación de datos de 12 a 24 meses. Esto hace que los Gobiernos y los inversionistas tengan acceso a mapas obsoletos y enfrenten vacíos de información crítica. Los sistemas de datos nuevos y alternativos deben basarse en estos sistemas heredados para producir los datos que se necesitan con urgencia de modo de enfrentar con mayor eficacia los desafíos actuales del desarrollo. El Grupo Banco Mundial está ayudando a los países a modernizar las estrategias nacionales de estadísticas, renovar la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y crear entornos regulatorios preparados para la IA. Nuestras herramientas operativas respaldan el financiamiento basado en resultados, las plataformas combinadas para cofinanciar la modernización, los modelos de datos como servicio con aportes del sector privado, y el fortalecimiento de la capacidad. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un nuevo modelo en el que el sector privado sea un asociado de confianza, incentivado y responsable a la hora de generar datos de interés público. Los mejores sistemas de datos deben ser modulares, en tiempo real y centrados en el usuario. Esto significa pasar de la captura de datos en un momento dado a los flujos de datos continuos y dinámicos, de las bases de datos aisladas a las plataformas interoperables, y de los métodos analógicos a la infraestructura enfocada en lo digital y basada en la nube. Esta transformación requerirá el uso intensivo de capital, avanzará con rapidez y dependerá en gran medida de los conocimientos tecnológicos, atributos que no suelen asociarse a los organismos públicos con limitaciones burocráticas. Pero estas son características distintivas de las empresas privadas de alto desempeño. Las asociaciones de datos público-privadas deben aprovechar las ventajas comparativas: la supervisión y la legitimidad del Gobierno combinadas con la agilidad, el capital y la innovación del sector privado. Ya existen varios casos innovadores de cómo la tecnología creada por el sector privado puede generar datos rápidos, pormenorizados y procesables. En Indonesia, por ejemplo, los organismos de estadística están utilizando estimaciones bayesianas de pequeñas superficies e imputaciones con la ayuda de IA para obtener mapas de pobreza por distritos a partir de imágenes satelitales combinadas con microdatos censales. Por su parte, en Colombia se están utilizando análisis geoespaciales basados en la plataforma Google Earth Engine para monitorear la degradación de la tierra y orientar la asignación de los subsidios agrícolas. Durante la pandemia de COVID-19, el Programa Novissi de Togo aprovechó el aprendizaje automático en los registros detallados de llamadas y los indicadores de pobreza obtenidos mediante satélites para distribuir transferencias monetarias de emergencia. Lea también: Economías culturales y creativas, clave para el desarrollo sostenible Crear un nuevo pacto para los datos y el empleo Para impulsar la inversión del sector privado se necesita realmente un nuevo pacto de datos para el desarrollo y el empleo, es decir, instituciones públicas y entidades privadas que inviertan de manera conjunta en los sistemas nacionales de datos. Los pilares clave deben incluir: Fondos de coinversión en estadísticas: Instrumentos estructurados en los que el capital de riesgo, las fundaciones y los bancos de desarrollo financian conjuntamente infraestructura de datos básica. Estándares de la calidad de los datos: Fortalecer los estándares de la calidad de los datos para promover la generación de datos confiables y la preparación para la IA. Aceleradores de la innovación en el área de datos: Unidades integradas dentro de las oficinas de estadística para crear herramientas junto con empresas emergentes, laboratorios académicos y asociados del sector. Plataformas de datos en tiempo real: Interfaces de programación de aplicaciones abiertas y sistemas nativos en la nube que permitan la integración continua de diversos flujos de datos. Gobernanza para el uso compartido: Acuerdos sobre la privacidad de datos, interoperabilidad y rendición de cuentas para garantizar la confianza pública en los sistemas privados. Adquisiciones basadas en resultados: Modelos de pago por resultados en los que se compensa a las empresas en función de las mejoras en la calidad, la accesibilidad y el impacto de los datos. Si bien los Gobiernos siguen siendo los principales administradores de las estadísticas oficiales, el futuro de un sistema integrado de datos será creado, gestionado y financiado de manera conjunta por actores del sector privado, al igual que las redes de electricidad o de telecomunicaciones. Ahora es el momento de llevar adelante estos cambios para liberar el poder del sector privado e impulsar una transformación radical en la manera en que los datos se pueden utilizar para mejorar las vidas de las personas en todo el mundo.

Por: Jorge Vergara Carbó. La moneda colombiana del 15 de noviembre de 2.024, al 15 del mismo mes del año 2025, se apreció con relación al dólar en un 18.9%%, al pasar la TRM de $4.475.57 a $3.764.77. En economía las pérdidas y ganancias no se quedan en el aire, quienes ganan lo hacen a costa de quienes pierden. En Colombia la TRM, se fija por el mercado, fluctúa libremente por la oferta y demanda de dólares. La Junta Directiva del Banco de la República no interviene, solo lo hace cuando considera que se están presentando tendencias especulativas en un sentido u otro, comprando o vendiendo dólares para normalizar el mercado. Lo recomendable, es que no intervenga. es lo que ha hecho en la última década, dejando que sea el mercado el que defina el valor del dólar. Lo anterior quiere significar, que en la medida que a un país le entren dólares más de lo que salen, la moneda de ese país se aprecia. Esto es que cundo la oferta de dólares en Colombia es mayor que la demanda de dólares, el precio de nuestra moneda adquiere mayor valor con relación a esa moneda, es decir se aprecia o revalúa. Igual sucede en el caso inverso, cuando la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares el peso colombiano pierde valor, es decir se deprecia o devalúa. Los dólares entran al país a través de las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa, la inversión de portafolio, la deuda externa y el lavado de dinero que debe controlar la UIF (Unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda) especialmente el dinero del narcotráfico que entra vía contrabando o directamente por transacciones financieras como las remesas o posiblemente las criptomonedas. Lo que, si incide en la variación de la TRM, son las medidas de política monetaria que toma la FED (banca Central de USA) con su tasa de interés. Si la FED baja la tasa de interés de referencia como lo ha hecho recientemente al dejarlas en el rango 3.75% a 4%, el capital que llamamos golondrina sale a buscar mayores tasas, y eso es lo que está sucediendo con la entrada de dólares a Colombia porque sus bonos están rentando un 12.24%(21 de noviembre de 2025), y los bonos a 5 años, rentan entre el 10.60% y 12.15%, que es una cifra muy alta al compararla con lo que pagan los bonos en USA v 4.07%, en Europa 3.15%, en Chile 5.3% y en Perú 5.71%. Ese capital flotante que busca mayores rentabilidades pasa de un país a otro con facilidad, es inversión de portafolio, que es diferente a la inversión extranjera directa, ya que esta última arriesga y viene a establecerse en el país, generando empleo y aportando tecnología. De cristalizarse la medida que pretende el gobierno actual de que los Fondos privados retornen al país los dineros invertidos en el exterior, traería como consecuencia esa medida una apreciación más acelerada del peso colombiano, con las consecuencias que ello significa. Por todo lo anterior, no tiene fundamento alguno las afirmaciones que algunos fatalistas hicieron al inició del gobierno, de que el dólar se iba a disparar por encima de los $5.000, y el país se iba a desboronar como Venezuela. Nada de eso se dio, los resultados han sido lo contrario, la economía ha venido creciendo lenta, pero creciendo hasta tal punto que este año creceremos al 2.4%, cuando el año anterior crecimos el 1.7%, y la TRM terminará el año por debajo de $3.900, la inflación está en el 5.18%, y es posible que termine en el 5.40%, el desempleo termine el año en un 9%, u 8.6%, con una informalidad que no baja del 56%, y en el Caribe supera el 60%. Un comportamiento de la economía y variables macroeconómicas con dos lunares negros, que a mediano y largo plazo hay que corregir como lo son, el alto endeudamiento interno y externo cercano al 63% del PIB, y un déficit fiscal que puede terminar este año en el 8% del PIB, y de no frenarse el año entrante en un 8.5%. El desarrollo al debe, nos esta costando mucho dinero, al pagar tasas que doblan o triplican las tasas del mercado. Ningún presidente de la República de Colombia, incide en el manejo del dólar. Este sube o baja al igual que la inflación por las políticas públicas que toma la JDdeBR, mencionadas anteriormente. A mi juicio, el principal activo que tiene nuestro país, son las Instituciones que se fortalecieron con la constitución del 91. Nuestro deber es defenderlas, son la fuerza de la democracia en que vivimos con todas sus imperfecciones. Por ello hay que hacer respetar la independencia de las tres ramas del poder público, el Judicial, el legislativo y el ejecutivo. Igualmente, preservar la Junta Directiva del Banco de la República, la Regla Fiscal, la CREG, la UPME sin todas ellas, no habría democracia y reinaría el caos en la economía del país. Gracias a su solidez Colombia le ha demostrado al mundo, honrar su deuda, tener un manejo adecuado de las variables macroeconómicas. Ese camino no lo podemos perder. ¿Quiénes ganan con la apreciación del peso? 1. Los Importadores. Sus productos son comprados a un menor precio 2. El Gobierno. Su deuda externa en dólares vale menos 3. El sector privado. Su deuda externa en dólares vale menos 4. Los consumidores. La inflación tiende a disminuir si las importaciones de alimentos son altas 5. Los Turistas Colombianos. Viajar al exterior es menos caro ahora Es importante tener claro que cuando estamos importando bienes y servicios, estamos generando empleo en el país de origen de esas importaciones. Igualmente, que la mayoría de los productos de alimentos que importamos del campo, son subsidiados por los países ricos, lo que los hace competitivos y además por contar con una infraestructura adecuada, alta tecnología, financiación a bajo costo, sistemas de riego y semillas clasificadas su productividad por hectárea es superior en muchos cultivos a la nuestra. Por ejemplo, arroz, maíz, sorgo, legumbres, por citar algunos. ¿Quiénes pierden con la apreciación del peso? 1. Los Exportadores. Sus productos son vendidos a un mayor precio. Reciben menos pesos por sus productos exportados que lo que recibían antes de la apreciación. Es posible que algunos puedan perder su mercado 2. Los Turistas Extranjeros. Venir al país se les hace más costoso. Afectando al sector turismo del país al disminuir la demanda de visitantes. 3. Las Remesas. Los colombianos que reciben dólares de sus familiares por que reciben ahora menos pesos disminuyendo su consumo interno. 4. El País. Si mantiene sus reservas internacionales en dólares La apreciación del peso. Puede ocasionar que perdamos algunos mercados al no poder competir en precio con los productos de otros países, que compiten con nosotros. Afecta la política del gobierno actual, de impulsar el turismo internacional y nacional, al encarecer los costos para los extranjeros al recibir menos peso, por cada dólar, y abaratar los costos para los nacionales que viajan al exterior, estimulando esos destinos, en vez de hacer turismo nacional. También afecta la demanda de bienes y servicios a los colombinos que viven de las remesas que envían sus familiares y amigos al recibir menos pesos por cada dólar y por supuesto como tenemos nuestras reservas mayormente e dólares también nos afectamos. ¿Cuál es el impacto para el país? Para medir ese impacto partimos de la base que el dólar a 15 de noviembre del año 2.024, estaba en $4.475.57, y al 15 de noviembre de este año, está en $3.764.77, es decir una diferencia de $710.80 por dólar. Quienes compraron dólares en noviembre de 2024, y lo guardaron perdieron $710.80 por cada dólar. Hoy 21 de noviembre, el dólar se vende en las casas de cambio en $3.830, y se compra en $3.750 y la TRM es de $3.806.40. La TRM diariamente cambia en un sentido u otro. Para el caso de la deuda externa, tuvimos en cuenta la deuda generada de noviembre 2024 a noviembre 2025. No registramos toda la deuda externa porque ella no se va a cancelar en su totalidad. Pero si hay probabilidad que se pague por lo menos la deuda que se genera en el año o una mayor proporción (US$ 205.796 -201.764= 4.032). De incluir en el ejercicio el valor total, cambia los resultados, de $2.9 billones ahorrados a $146.3 billones, lo que daría un saldo positivo de$106.8 billones, y no el negativo que se registra de $40.5 billones. Medido el impacto del dólar sobre las anteriores variables, arroja como resultado una pérdida neta para el país de unos $40.5 billones de pesos, principalmente por la pérdida para el gobierno del valor en pesos de las reservas internacionales, como a los exportadores y a las familias que reciben remesas de sus familiares. Un dólar bajo, no es conveniente para el país y menos cuando la política del gobierno es diversificar las exportaciones, porque encarece los productos colombianos en el exterior, e incluso existe la posibilidad de perder algunos mercados, y por supuesto empleo productivo. Afecta a las familias, porque ahora reciben menos pesos, por lo que disminuiría la demanda y esta es justamente la que jalona a la economía del país, representa el consumo de las familias, el 76.1% del PIB del tercer trimestre del 2025.

La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico “puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente”, advirtió a Efe la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump “claridad” sobre los más de 80 muertos. “Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico”, afirmó Rojas en una entrevista en Bogotá. La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia por parte de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales. Lea también: EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro Académica y defensora de derechos humanos, Rojas lleva más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia y hace un año asumió la dirección adjunta de la ONG para Venezuela, desde donde coordina las respuestas de emergencia y documentación de abusos. Con un pie en cada país, la activista venezolana insistió en que todos los Estados deben garantizar que sus acciones militares —incluida la lucha contra el narcotráfico— se realicen bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales. Riesgos para civiles y migrantes Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto puede extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas para huir de la región. La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana más reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo de ser interceptadas en medio de operativos militares en los que no existen mecanismos adecuados de verificación. “La migración en condición de irregularidad proveniente de Venezuela ya va a llegar a medio millón de personas (desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024), y la cifra que está subiendo y la que está alimentando ese grupo es precisamente el ingreso por pasos no regulados”, explicó Rojas. Militarización en el Caribe La Administración de Trump escaló en los últimos meses una ofensiva bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El aumento de tensiones comenzó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando también a Colombia, en una ofensiva ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y llamada ‘Lanza del Sur’. Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Lea también: El golpe de Donald Trump al comercio global “Nuestra misión es resguardar los derechos de las personas y por eso nuestro enfoque está llevado específicamente a que no se sigan cometiendo ejecuciones”, dijo Rojas, quien agregó que Amnistía Internacional no logró contactar con uno de los pocos sobrevivientes repatriados tras los ataques estadounidenses, el colombiano Jeison Obando. Obando, de 34 años, fue devuelto al país andino el pasado 18 de octubre “con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador”, según explicó entonces el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la llegada del connacional. Al despliegue en el mar Caribe se sumó este domingo el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, lo que ha elevado aún más la tensión regional.

La propuesta para que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, estaría apoyada por el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. Así lo dio a conocer la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, en medio de una entrevista con Bloomberg. La funcionaria del Gobierno Petro sostuvo que se apoya la iniciativa siempre y cuando el mandatario venezolano tenga garantías y así se dé el tránsito hacia otro gobierno. Villavicencio indicó que esto se daría a través del diálogo político y no mediante una intervención de Estados Unidos, como se ha establecido. Asimismo, la funcionaria detalló que también le ha estado sosteniendo diálogos con Nicolás Maduro y sus funcionarios para encontrar una ruta pacífica de su salida del poder en Venezuela. Lea también: ¿Qué es lo que realmente pasa en Venezuela? “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo. Podría irse sin necesidad de acabar en la cárcel, otra persona podría liderar esa transición y permitir elecciones legítimas”, le dijo la canciller de Colombia a Bloomberg. En esa misma línea, Villavicencio insistió que la vía no sería por una intervención por parte del Gobierno de Donald Trump, ya que, no sería conveniente, ante las formas que han anunciado. “Una intervención pueda generar una crisis humanitaria que sería muy difícil poder atender”, agregó la ministra de Relaciones Exteriores. Es importante precisar que, el presidente colombiano Gustavo Petro, y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, han manifestado públicamente nuevas elecciones en Venezuela tras la polémica por los comicios que se realizaron en 2024, los cuales fueron ampliamente condenados por fraude. Un plan de salida segura para Maduro podría ser ahora «la opción más sana», pero requeriría el respaldo de la oposición venezolana, afirmó Villavicencio. De acuerdo con una investigación publicada este martes por el New York Times, medio de comunicación estadounidense, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de abandonar el poder en ese país tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela. El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del Gobierno de Maduro ofrecieron a la Administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue. De acuerdo con las fuentes del New York Times Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos. La semana pasada, Trump sostuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones en la campaña militar que desde agosto el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Lea también: EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro El New York Times asegura que aunque no están claras las futuras acciones del republicano sobre Venezuela podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información. La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico que podrían ser atacadas bajo una orden presidencial. La semana pasada, Trump admitió públicamente, en el avión presidencial, que estaría dispuesto a dialogar con Maduro y antes aseguró que ya había tomado una decisión sobre Venezuela, pero no quiso revelar detalles. COLPRENSA