La persistente crisis climática y las olas de calor extremo que han azotado a Europa este año están provocando un fenómeno tan alarmante como fascinante: el secado de los principales cauces fluviales del continente está actuando como una máquina del tiempo. El drástico descenso en los niveles de agua de ríos emblemáticos como el Danubio y el Tíber ha dejado al descubierto extraordinarias estructuras del Imperio romano que llevaban siglos bajo la superficie. Lea también: Mundus patet, la fiesta de Halloween en la antigua Roma El Puente de Constantino reaparece entre Bulgaria y Rumanía En el tramo sur de Bulgaria, la persistente sequía redujo el flujo del río Danubio a mínimos históricos, registrando niveles de más de un metro por debajo de la cota mínima para una navegación segura cerca de la ciudad de Ruse. Esta drástica bajada de las aguas sacó a la luz los cimientos del legendario Puente de Constantino (Pons per Danuvium Ductus), considerado una de las obras de ingeniería civil de mayor envergadura construidas durante el periodo del Imperio Romano. Inaugurado personalmente por el emperador Constantino el Grande el 5 de julio del año 328 d.C., este coloso medía cerca de 2,5 kilómetros de largo, 5 metros de ancho y se elevaba a casi 10 metros sobre las aguas. Su objetivo era conectar la antigua ciudad romana de Ulpia Oescus (cerca de la actual aldea de Gigen, en Bulgaria) con la fortaleza de Sucidava (en la actual Corabia, Rumanía). Según explicó Volodya Popov, director del Museo Regional de Historia de Pleven, los cimientos —construidos con bloques y losas de piedra reforzadas con ladrillo sobre los que se erigía una plataforma de madera— se ubican actualmente a unos 70 centímetros bajo el agua. Dada su posición bajo la superficie, la localización exacta de la estructura requirió la colaboración de pescadores locales y el uso de drones para corroborar su estado. La monumental obra contó con ocho pilares separados entre 30 y 35 metros; sin embargo, solo estuvo en pie unos 70 años, ya que fue incendiada intencionadamente por los propios romanos para impedir el paso de las tribus bárbaras que amenazaban el imperio desde el norte. Las ruinas del Puente de Nerón en el Tíber A cientos de kilómetros al suroeste, una situación similar se vivió en el corazón de Roma, la capital italiana. El caudal del río Tíber descendió aproximadamente un metro debido a una sequía histórica, exponiendo las ruinas de piedra del Puente de Nerón (Pons Neronianus), una estructura de casi 2.000 años de antigüedad ubicada en las proximidades del actual Ponte Vittorio Emanuele II. Construido en el siglo I d.C. durante o en torno al mandato del emperador Nerón (quien gobernó entre el 54 y el 68 d.C.), el puente conectaba el Campo Marzio con el Ager Vaticanus, permitiendo el tránsito de la Via Triumphalis en dirección a Veio. Aunque los historiadores debaten si la construcción fue ordenada directamente por Nerón o si simplemente heredó su nombre, la estructura destaca el enfoque en infraestructura pública que caracterizó gran parte de su periodo de gobierno. A diferencia de otras épocas en las que solo un pilar asomaba tímidamente durante la estación seca habitual, las temperaturas extremas y la falta de precipitaciones permitieron visibilizar un segundo pilar y una porción mayor de su muelle. Debido a una mala planificación topográfica romana y a la fuerza de las corrientes, el puente fue quedando enterrado y parcialmente destruido con el paso de los siglos, permaneciendo como un secreto sumergido de la Ciudad Eterna. Lea también: Reconstrucción 3D muestra cómo era la Antigua Roma Una ventana arqueológica abierta Aunque el descenso de los ríos refleja una preocupante crisis ecológica y ambiental en el continente europeo, para los historiadores y arqueólogos representa una oportunidad sin precedentes. El retroceso de las aguas en el Danubio y el Tíber ha permitido constatar el nivel de sofisticación técnica alcanzado por la arquitectura imperial romana, abriendo una ventana al pasado que permite contemplar, al menos de forma temporal, las huellas de uno de los imperios más influyentes de la historia de la humanidad y, con seguridad, el más importante para la historia de occidente.

Por: Nerio Luis Mejía La decisión del gobierno colombiano el pasado lunes 10 de agosto de 2026, comunicada a través de la Cancillería, de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán —así como el derecho de ese país a defenderse frente a amenazas externas— difícilmente puede considerarse un acto de soberanía nacional. Esta postura, rechazada históricamente por la aplastante mayoría de la comunidad internacional y alineada de forma casi exclusiva con Washington, contraviene de manera explícita el respeto que Colombia ha guardado tradicionalmente por el Derecho Internacional. Reconocer una ocupación territorial fruto del uso de la fuerza no es solo una contradicción diplomática; constituye una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Lea también: Comisión de investigación de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza Los Altos del Golán corresponden a una meseta estratégica de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados que forma parte integral del territorio sirio. El área fue ocupada por las fuerzas armadas israelíes en 1967, en el marco de la Guerra de los Seis Días, y anexionada unilateralmente por Israel en 1981 mediante la Ley de los Altos del Golán. Esta anexión fue declarada «nula, inválida y sin efecto jurídico internacional» por la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a este consenso global, hoy Colombia, en los primeros días de la nueva administración, se suma de manera insólita a este atropello al orden jurídico internacional. Como era previsible, la medida ha provocado una inmediata ola de rechazo en el mundo árabe y diplomático. Países como Siria, Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Catar han emitido enérgicos pronunciamientos contra un paso diplomático tan precipitado como injustificado por parte del gobierno saliente de la doctrina de neutralidad y legalidad de nuestra política exterior. Recomponer o redefinir las relaciones bilaterales con Israel es una facultad del Poder Ejecutivo; sin embargo, ir al extremo de convalidar la ocupación ilegal de territorios soberanos es sumergir de forma gratuita e innecesaria a Colombia en una tormenta geopolítica global. Esta decisión no proyecta a nuestra patria como un Estado respetuoso del orden multinacional, sino como una nación subordinada a las dinámicas geopolíticas de la Casa Blanca y de Tel Aviv, socavando la estatura moral y diplomática del país en el concierto de las naciones. Surgen así, con mayor fuerza, los cuestionamientos de varios sectores de la sociedad civil frente a la doble nacionalidad del primer mandatario. Para una buena parte de la opinión pública, este tipo de actuaciones refuerzan la percepción de un sometimiento automático a los mandatos e intereses estratégicos de Washington, comprometiendo la autonomía que exige la dignidad de la Jefatura de Estado en Colombia. Lea también: La maquinaria del horror en los centros de detención de Israel ¿Con qué otras sorpresas diplomáticas nos saldrá esta administración si, con apenas 72 horas de haber tomado posesión, adopta una determinación de tal gravedad sobre un territorio usurpado? La soberanía colombiana no se construye arrodillando nuestra diplomacia ante potencias extranjeras ni dándoles la espalda a los principios de autodeterminación de los pueblos y de inalterabilidad de las fronteras por la fuerza. Con este acto sin precedentes, la política exterior colombiana ha sido despojada de su tradición legalista para quedar expuesta ante los ojos del mundo bajo el halo de la sumisión.

En el marco del 11° Congreso Empresarial Colombiano, celebrado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó una voz de alerta sobre la urgencia de reestructurar la estrategia económica del país. De acuerdo con el gremio empresarial, Colombia necesita alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos el 5% para poder estabilizar sus finanzas públicas y hacer frente a las crecientes presiones de déficit fiscal, endeudamiento y gasto estatal. Lea también: La economía de Barranquilla repuntó un 3,3% en marzo El presidente del gremio, Bruce Mac Master, expuso los resultados de un análisis elaborado por la organización en el que se concluye que el ritmo actual de expansión económica resulta insuficiente para sanear las cuentas fiscales de la nación. Las proyecciones para el presente año sitúan el crecimiento económico en torno al 2,6%, una cifra que apenas representa la mitad de lo que el país requeriría para garantizar un equilibrio macroeconómico de largo plazo. Mac Master enfatizó que el panorama se complica al considerar el elevado nivel de endeudamiento que arrastra el Estado, sumado a la falta de herramientas e instrumentos de política pública consolidados para impulsar la economía hasta los niveles deseados. A este diagnóstico fiscal se añaden múltiples retos en frentes prioritarios como la seguridad energética, la sostenibilidad del sistema de salud, la seguridad ciudadana y el relacionamiento internacional. Asimismo, las finanzas estatales enfrentan la presión adicional que supone la atención de la emergencia humanitaria derivada del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Frente a esta coyuntura, el dirigente gremial señaló que el país debe dirigir sus esfuerzos de manera coordinada hacia la reactivación de sectores estratégicos con alto potencial de arrastre. Entre las actividades fundamentales para dinamizar la producción y generar empleo se destacan la minería y energía, la construcción, el desarrollo de infraestructura, la agroindustria y el fortalecimiento del sector industrial. Por su parte, la postura gubernamental fue transmitida a través de una intervención del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien excusó su asistencia presencial a la cumbre empresarial debido a la atención prioritaria de la crisis causadas por el sismo. En su mensaje, el funcionario expresó el reconocimiento del Gobierno a la iniciativa privada por las donaciones movilizadas mediante la campaña "Empresas Unidas por Colombia". Lea también: El petróleo Brent supera los US$100 y el WTI roza los US$93 por barril Restrepo reiteró la disposición del Ejecutivo, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, para colaborar de la mano con el empresariado, asegurando que la administración se considera aliada de la inversión privada y comprometida en brindar las garantías de seguridad y confianza necesarias para reactivar la economía. En ese sentido, coincidió en la relevancia de respaldar áreas clave como el turismo sostenible, los servicios basados en conocimiento, los hidrocarburos, la agricultura y la infraestructura, como ejes para recuperar la senda de crecimiento.

Por: Nerio Luis Mejía La noche del 10 de agosto de 2026, tras el fuerte sismo que sacudió al país dejando trágicas pérdidas humanas e incuantificables daños materiales, en las montañas del Catatumbo —específicamente en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto y en límites con El Tarra— no rugía un tigre, sino los motores de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana al bombardear posiciones del grupo armado ilegal ELN. La operación militar, orientada a la desarticulación de las estructuras armadas en el territorio, dejó como saldo varios civiles heridos y viviendas destruidas, según denuncias de organizaciones sociales, Personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones hicieron un llamado urgente a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque, pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que deben regir toda planeación de la Fuerza Pública. Lea también: Defensoría alerta por civiles heridos tras bombardeo militar en Catatumbo El país atraviesa una coyuntura política compleja y polarizada. Aún se respira la densa atmósfera de transición entre la saliente administración de Gustavo Petro —cuestionada por sus críticos debido al déficit fiscal y al balance de su política de "Paz Total"— y el mandato entrante del presidente Abelardo De la Espriella. Mientras el gobierno anterior priorizó el diálogo con las estructuras armadas, la nueva administración ofreció en campaña combatir la criminalidad sin concesiones ni negociaciones, respaldada por un amplio electorado que exige resultados inmediatos. Sin embargo, sobre los hombros del nuevo gobierno pesa el enorme desafío de operar en esa delgada línea que separa la ofensiva militar legítima de la protección integral de los derechos humanos. La tarea no es sencilla, especialmente ante el escrutinio ético y legal que conllevan este tipo de acciones bélicas. Diversos analistas e historiadores del conflicto coinciden en que las operaciones aéreas masivas han perdido la efectividad de antaño frente a las dinámicas actuales de la guerra asimétrica. Los grupos armados al margen de la ley asimilaron las lecciones del pasado y ya no se concentran en grandes campamentos; hoy se desplazan en unidades reducidas pero altamente capacitadas en el uso de minas antipersonal, francotiradores y tecnología como drones. Adaptar la doctrina militar a estas exigencias modernas resulta indispensable, no solo para evitar el despliegue improductivo de costosos recursos estatales, sino para prevenir los serios cuestionamientos políticos y jurídicos que suscitan los daños colaterales. Este "primer rugido del tigre" en el Catatumbo dejó una experiencia traumática para las comunidades campesinas. Según relatos de los habitantes, en medio de la incursión agitaban banderas blancas para ser visibilizados por las aeronaves, pero la reacción fue tardía y la acción dejó civiles heridos. La situación se agrava cuando la estigmatización no solo recae sobre las víctimas, sino sobre los líderes e instituciones que visibilizan los hechos, desencadenando campañas de desinformación y señalamientos calumniosos en redes sociales contra servidores públicos e integrantes de la sociedad civil. Lea también: Ola de ataques y explosivos enciende las alarmas de la Defensoría El Estado colombiano tiene el deber imperativo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad frente a las estructuras ilegales. No obstante, dicho objetivo debe ser alcanzado bajo un riguroso equilibrio: la legitimidad institucional y el éxito operacional no se logran vulnerando los derechos de la población civil, sino protegiéndolos de manera irrestricta, incluso en la era de la mano dura.

Por: Jaime Vélez Guerrero En Colombia se ha consolidado una práctica abusiva en la que ciertos arrendatarios incumplen deliberadamente su obligación de pago de los cánones y, tras ser desalojados, repiten el mismo comportamiento reprochable. Este fenómeno se ha visto agravado por las dilaciones procesales y la insuficiente celeridad que se observa en el Poder Judicial. Es urgente una reforma legislativa que establezca un trámite de restitución mucho más ágil. Cuando el inquilino infrinja el contrato y deje de cumplir con las mensualidades pactadas, el lanzamiento debería ejecutarse en un plazo perentorio, por ejemplo, dentro del término de quince días calendario, respetando siempre el debido proceso. Lea también: En Colombia indigna más un chiste que la violencia: el caso de Macafolla Actualmente, incluso después de que un juez profiere una sentencia que ordena la entrega del inmueble, la ejecución del fallo queda supeditada a una burocracia inoficiosa ante las alcaldías, donde los inspectores o servidores designan la fecha del desahucio. Esa gestión produce retrasos injustificados y, según los abogados litigantes, propicia actos de corrupción. A mi juicio, dicha intervención debe suprimirse, de modo que, una vez emitida la decisión de fondo, la parte vencedora pueda solicitar de inmediato la actuación de la autoridad policial para la diligencia correspondiente. A esta situación se suma que las leyes vigentes han generado una percepción de permisividad frente a procederes que vulneran la convivencia ciudadana y la salvaguarda del patrimonio de los particulares. De otra parte, el problema se agrava por las deficiencias de la Administración de Justicia, caracterizada por la morosidad, lo que ocasiona desgaste estatal y favorece la impunidad. De igual manera, existe la necesidad de que el legislador revise y actualice el ordenamiento jurídico conforme a las nuevas dinámicas delictivas y las realidades sociales y económicas del país. En ese sentido, las modalidades de engaño, suplantación de identidad, falsificación documental, transgresiones reiteradas y afectaciones al activo privado requieren disposiciones más eficaces. Frente a estas conductas, el Estado carece de una herramienta gubernamental que permita centralizar información sobre personas que hayan incurrido en actuaciones fraudulentas, inobservancia obligacional o daños materiales. En tales condiciones, una plataforma institucional de esta naturaleza podría contribuir a prevenir que actores con antecedentes delictivos o anotaciones procesales continúen afectando este sector. Lea también: El guayabo de los samarios cuando se acaban las Fiestas del Mar En lo concerniente a los servicios públicos domiciliarios, el arrendatario, como beneficiario, debería formalizar su relación con las empresas prestadoras, asumiendo directamente las cargas derivadas del consumo, la facturación y demás compromisos contraídos durante su permanencia. Igualmente, los acuerdos de pago, convenios y refinanciaciones celebrados por el ocupante convencional deben recaer exclusivamente en cabeza de quien los suscribe, sin afectar al propietario. No es admisible que los arrendadores continúen siendo considerados responsables solidarios por terceros que ocuparon temporalmente sus propiedades. Con ello se eliminaría el contubernio entre las compañías operadoras y el deudor de la tenencia. En consecuencia, estas problemáticas ponen de manifiesto la exigencia de reformar la Ley 142 de 1994, el marco regulatorio del arriendo de vivienda urbana, el régimen de propiedad horizontal, el Código Penal y demás normativas afines, con el fin de fortalecer la responsabilidad contractual.

Durante décadas, uno de los dilemas más desconcertantes de la oncología clínica ha sido la disparidad de resultados entre pacientes con diagnósticos idénticos. Dos personas con el mismo tipo de tumor, en la misma etapa del desarrollo tumoral y sometidas a exactamente la misma pauta de inmunoterapia pueden experimentar desenlaces opuestos: mientras en una el tumor remite notablemente, en la otra la enfermedad avanza sin freno. Tras descarta factores genéticos, de edad o comorbilidades en diversos ensayos, los investigadores han hallado una respuesta clave en un territorio insospechado: el ecosistema microscópico del tubo digestivo. Según una revisión de la evidencia médica presentada por el canal de divulgación médica Dr. Veller, la clave estriba en la protección inmunológica que ejerce la microbiota y, de manera muy particular, en la presencia de una bacteria denominada Akkermansia muciniphila. Lea también: Tu rutina de belleza puede reducir el riesgo de cáncer de mama El escudo de mucina y la vigilancia inmunológica El cuerpo humano mantiene patrullajes inmunitarios continuos para identificar y neutralizar células anómalas antes de que formen masas tumorales. Esta vigilancia inmunológica se encuentra fuertemente regulada por las señales metabólicas que emiten los billones de microorganismos alojados en la mucosa intestinal. Akkermansia muciniphila es una bacteria anaeróbica que habita de forma natural en la capa de mucina que recubre el epitelio digestivo. Su función prioritaria es reforzar la integridad de la barrera intestinal, impidiendo que toxinas y patógenos se filtren al torrente sanguíneo provocando inflamación sistémica crónica, un estado inmunológico alterado que entorpece la acción de los linfocitos T encargados de atacar al cáncer. Sin embargo, los niveles de esta bacteria varían drásticamente entre la población: en muchos individuos sanos abunda, mientras que en pacientes con respuesta deficiente a tratamientos oncológicos se observa una disminución severa o su total erradicación. Cómo remodelar el terreno intestinal La microbiota no es inmutable; su composición cambia en función de los hábitos nutricionales diarios. Para estimular el crecimiento de Akkermansia muciniphila sin depender exclusivamente de intervenciones farmacológicas, la evidencia médica destaca el impacto directo de ciertos compuestos bioactivos en la dieta: Polifenoles de alta densidad (Granada, Cranberries y Uvas oscuras) Frutas como la granada, el arándano rojo (cranberry) y las uvas moradas (especialmente la variedad Concord) son excepcionalmente ricas en polifenoles. Estos fitoquímicos no solo alimentan de manera selectiva a Akkermansia, sino que modifican el pH y el ambiente oxidativo del intestino, creando condiciones idóneas para su multiplicación. La recomendación clínica es consumir la fruta entera —bien lavada y con piel en el caso de las uvas— o en preparaciones caseras no filtradas, evitando jugos industriales que eliminan la fibra y concentran azúcares libres que alteran la microbiota. Capsaicina y estimulación epitelial (Ajíes y chiles) El compuesto químico responsable del picor en ajíes como el jalapeño, serrano o cayena ha demostrado en diversos estudios una capacidad sorprendente para favorecer la proliferación de Akkermansia. La capsaicina estimula la producción de mucina por parte de las células caliciformes del intestino, proveyendo a la bacteria de su sustrato natural de subsistencia. Su consumo debe ser moderado y gradual, y debe evitarse en pacientes con gastritis activa o enfermedad ulcerosa. Matriz fermentada y ácidos orgánicos (Vinagre negro chino) A diferencia de los vinagres convencionales, el vinagre negro tradicional asiático —obtenido de la fermentación y añejamiento prolongado del arroz— contiene un perfil único de ácidos orgánicos y metabolitos secundarios que ayudan a desinflamar la pared intestinal y estimulan el crecimiento de bacterias protectoras. Lea también: El Viagra podría frenar la metástasis del cáncer La paradoja de la bacteria pasteurizada Uno de los avances científicos más llamativos en torno a Akkermansia muciniphila radica en la formulación de sus suplementos probióticos. Al tratarse de un microorganismo anaeróbico estricto, muere de forma casi instantánea al entrar en contacto con el oxígeno del aire, lo que imposibilita comercializarla viva en cápsulas tradicionales. Sin embargo, investigaciones recientes descubrieron que al someter a Akkermansia a un proceso térmico controlado de pasteurización, la bacteria pierde su viabilidad reproductiva pero conserva intactas las proteínas de su membrana externa (como la proteína Amuc_1100). Paradójicamente, la versión pasteurizada interactúa de forma más segura y directa con los receptores del sistema inmunitario, logrando reforzar la barrera entérica, reducir la inflamación y mejorar el metabolismo de glucosa y lípidos con mayor eficacia que las células vivas. Para quienes recurren a suplementación, la recomendación médica consiste en verificar que la etiqueta especifique de forma transparente el nombre completo de la especie (Akkermansia muciniphila), confirme su condición de pasteurizada y garantice concentraciones de al menos 10.000 millones de células por dosis diaria durante esquemas de al menos tres meses.

Por: Moisés Julián Portilla Roa* Abelardo de la Espriella (ADLE) ha insistido en que quiere “llevar el poder central fuera de Bogotá”, para ello ha anunciado una estrategia que combina la creación de una Gerencia de Regiones, el establecimiento de sedes alternas de la Presidencia y el despacho regular desde distintas ciudades del país. La propuesta plantea una pregunta que trasciende el diseño administrativo: ¿descentralizar consiste en trasladar físicamente la Presidencia al territorio o en redistribuir el poder de decisión entre los distintos niveles del Estado? Para responder esa pregunta, conviene distinguir dos conceptos que con frecuencia se confunden: según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la descentralización implica la transferencia de competencias y recursos del nivel nacional a entidades territoriales u otros entes con autonomía para ejercerlos. La desconcentración, en cambio, distribuye funciones o dependencias fuera de la sede principal sin trasladar la titularidad del poder de decisión. Lea también: El capricho de De la Espriella de gobernar fuera de Bogotá Desde esa perspectiva, las medidas anunciadas por ADLE pueden entenderse, en el mejor de los casos, como mecanismos de desconcentración administrativa. La principal manifestación de esa estrategia es la Gerencia de Regiones, concebida como una instancia encargada de coordinar la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, impulsar la reactivación de obras públicas paralizadas y garantizar una presencia permanente del Ejecutivo en todo el país. La propuesta contempla designar un gerente para cada región con el fin de facilitar una relación directa entre las autoridades territoriales y la Presidencia, “sin intermediarios políticos”. Es posible que una figura de esta naturaleza agilice la interlocución y contribuya a destrabar algunos proyectos; de hecho, varios mandatarios locales han valorado positivamente esa posibilidad. Sin embargo, esa eventual utilidad práctica no demuestra que el Estado carezca de mecanismos permanentes de coordinación ni basta, por sí sola, para justificar la creación de una nueva instancia adscrita directamente al poder central. En un Estado de derecho, la coordinación entre el Gobierno nacional y los distintos niveles territoriales no debe depender de relaciones personales con el presidente, sino del ejercicio de competencias claramente definidas por la Constitución y la ley. Departamentos y municipios cuentan con autoridades elegidas democráticamente y dotadas de atribuciones propias para dirigir su administración. La creación de un “gerente regional” designado por el presidente no resuelve una falencia de esas reglas, sino que refuerza una dinámica en la que la articulación territorial queda supeditada al Ejecutivo central. Lea también: La Regeneración del "Tigre": la ilusión del orden sin Constitución Si el propósito es combatir el centralismo, el debate debería orientarse hacia la distribución de competencias y de recursos públicos entre la Nación y las entidades territoriales. Precisamente en esa dirección apunta la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo mediante el cual la Nación transfiere recursos a departamentos, distritos y municipios para financiar el ejercicio de sus competencias. El Acto Legislativo 03 de 2024 abrió una nueva etapa cuyo desarrollo depende de la Ley de Competencias que actualmente cursa en el Congreso. Esa ley deberá definir con claridad qué funciones corresponden a la Nación, cuáles a los departamentos y cuáles a los municipios, garantizando además que cada competencia cuente con una fuente suficiente de financiación. Una distribución más clara de competencias no solo fortalece la autonomía de los gobiernos territoriales, sino que también reduce la necesidad de mecanismos extraordinarios de coordinación dependientes de la Presidencia. Precisamente porque ese debate legislativo sigue abierto, los esfuerzos deberían concentrarse en alcanzar una ley técnicamente sólida y políticamente consensuada, que fortalezca el funcionamiento ordinario del Estado mediante reglas generales y permanentes, antes que mediante nuevos delegados presidenciales. No obstante, reducir el debate al reparto de competencias entre la Nación y las entidades territoriales dejaría sin responder una cuestión igualmente relevante: la forma en que ADLE concibe el ejercicio del poder. Las iniciativas anunciadas —la Gerencia de Regiones, el establecimiento de sedes alternas de la Presidencia, el despacho desde distintas ciudades y la toma de posesión fuera de Bogotá, en lugar del Capitolio Nacional— responden a una misma lógica: presentar la solución a los problemas del Estado como resultado de la presencia y la intervención directa del mandatario, personalizando el ejercicio del poder alrededor de la figura presidencial. En esa medida, evocan una concepción propia de las formas preconstitucionales de autoridad, en las que la legitimidad y la eficacia del poder se asociaban principalmente a la figura del rey. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella Consideradas aisladamente, ninguna de estas decisiones altera por sí sola la estructura institucional del Estado. Tampoco resulta extraño que, en un régimen presidencial como el colombiano, el presidente, en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, desempeñe un papel central en la conducción del Ejecutivo. Lo problemático surge cuando esa centralidad conduce a concebir que la coordinación del Estado depende de la presencia y la intervención directa del mandatario, y no del funcionamiento ordinario de las instituciones. Por eso, descentralizar no significa trasladar al presidente fuera de Bogotá, sino garantizar que departamentos y municipios ejerzan con verdadera autonomía las competencias que la Constitución les reconoce. Lo primero desconcentra la presencia del presidente; lo segundo descentraliza el poder del Estado. *Autor: Moisés Portilla Roa, politólogo con experiencia en políticas públicas sobre víctimas, justicia transicional y construcción de paz. Interesado en el análisis de las instituciones y las relaciones entre Estado y sociedad.

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes no solo dejó un trágico saldo de víctimas e infraestructura colapsada, sino que expuso con crudeza las históricas asimetrías de la geografía nacional. Así lo sostuvo la prestigiosa revista británica The Economist en un reciente análisis titulado “Un gran terremoto revela dos Colombias muy diferentes”, en el que examina la respuesta institucional ante el desastre y evalúa los primeros pasos de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El medio centró su atención en el abismal contraste entre la capacidad logística de los centros urbanos del interior y la precariedad de la periferia. Mientras en Cali la presencia inmediata de equipos de rescate especializados enviados desde Bogotá permitió salvar la vida de al menos 86 personas entre los escombros, en municipios golpeados como Quibdó (Chocó), la falta de maquinaria pesada y la fragilidad institucional minaron las primeras horas clave de búsqueda de supervivientes. Lea también: Colombia sufre el mayor sismo registrado en la última década Para The Economist, el departamento del Chocó —con una población predominantemente afrocolombiana e indígena golpeada por altos índices de pobreza y la presencia de grupos armados— encarna la cara del abandono estatal. Testimonios locales recogidos por el medio evidencian la frustración comunitaria ante la imposibilidad de remover gigantescos bloques de concreto sin la maquinaria técnica necesaria. Esta disparidad evidencia que los desastres naturales no golpean por igual: mientras las principales urbes cuentan con protocolos de respuesta rápida y respaldo técnico, las regiones históricamente marginadas enfrentan la emergencia con herramientas artesanales y escasos recursos locales. Decisiones políticas bajo la lupa internacional Aunque el análisis del semanario inglés reconoce la prontitud con la que De la Espriella asumió el mando de la emergencia a tan solo tres días de su posesión —desplegando de inmediato a sus ministros en las áreas más impactadas—, no ahorra críticas hacia decisiones clave de su arranque de mandato. La revista califica como una determinación "populista" la negativa del mandatario a participar en el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Según el artículo, omitir esa transición dejó a la nueva administración sin el conocimiento técnico acumulado ni la información estratégica clave para coordinar con soltura una crisis nacional de esta magnitud desde el primer día. Lea también: La ideología sobre los escombros: Abelardo bloquea la ayuda internacional Asimismo, The Economist puso en entredicho la propuesta de campaña de De la Espriella de trasladar parte de la operación presidencial desde Bogotá hacia Barranquilla. La emergencia, sostiene la publicación, demostró la importancia crítica de mantener el centro de mando en la capital, donde se concentran los ministerios, los organismos nacionales de socorro, los medios de comunicación y las delegaciones diplomáticas internacionales. El artículo de The Economist concluye que, superada la fase aguda de rescate, el verdadero desafío para el gobierno de De la Espriella consistirá en demostrar que la reconstrucción no se limitará a levantar ladrillos, sino a cerrar de fondo las brechas que dividen a las dos Colombias.

En sesión plena celebrada el Congreso de la República eligió a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo Contralor General de la República para el periodo constitucional 2026-2030. La elección se produjo tras un proceso de selección entre diez finalistas en el que Laverde logró consolidar una amplia mayoría legislativa. La jornada en el Capitolio Nacional concluyó con una victoria contundente para Laverde Vargas, quien alcanzó un total de 269 votos: 95 en el Senado de la República y 174 en la Cámara de Representantes. Con esta votación superó por un amplio margen a otros aspirantes en la contienda, como Andrés Castro. Lea también: Jorge Laverde sería elegido como nuevo Contralor General El resultado definitivo se afianzó tras la adhesión mayoritaria de diversas bancadas del Congreso, entre ellas el Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U, lo que generó una corriente de apoyo decisiva a favor del candidato. Perfil y trayectoria profesional Jorge Eliécer Laverde Vargas, oriundo del municipio de La Dorada (Caldas), es abogado de profesión y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y el derecho administrativo. Secretario de la Comisión Sexta del Senado: Rol en el que adquirió un profundo conocimiento del funcionamiento parlamentario y los trámites normativos. Diputado a la Asamblea de Caldas: Etapa que le otorgó conocimiento de las dinámicas territoriales y del desarrollo regional. Vinculación con la Procuraduría General: Donde participó en procesos de control disciplinario e institucional. Reconocido dentro de la función pública por su perfil técnico e institucional, Laverde fue ganando terreno paulatinamente entre los diez postulantes hasta obtener el aval de la plenaria del Congreso. Lea también: El Congreso inicia entrevistas a candidatos para Contralor General Al asumir la titularidad de la Contraloría General en sucesión de Carlos Hernán Rodríguez, Laverde tendrá a su cargo la responsabilidad de auditar y velar por el uso eficiente de los recursos públicos en todo el territorio nacional. Entre los principales retos que enfrentará la entidad en este cuatrienio destacan la transparencia en la contratación estatal, el seguimiento riguroso a la ejecución de las megaobras de infraestructura y el fortalecimiento del control fiscal preventivo para evitar el detrimento patrimonial.

El talento, la precisión y la creatividad colombiana alcanzaron la cúspide mundial de la tecnología educativa. Una delegación de seis estudiantes del Colegio Biffi La Salle Bilingual School de Barranquilla, representando a la Selección Colombiana de Robótica Educativa, hizo historia al coronarse campeona en el RoboRAVE World Championship 2026 – The Osaka Edition, celebrado del 10 al 12 de agosto en Japón. Lea también: Activan centro de acopio para ayuda a damnificados del terremoto El triunfo principal estuvo a cargo del equipo Biffi La Salle Colombia 1, integrado por los jóvenes Alejandro Yoliany Mantilla y Alejandro Martínez Fonseca, quienes conquistaron el máximo galardón en la categoría aMAZE-ing. El logro se suma al destacado desempeño del segundo equipo de la institución, conformado por Juan David Barrera Guzmán y Emilio Sarmiento Navarrete, quienes lograron posicionarse en el octavo lugar del escalafón global. La delegación barranquillera se completó con la valiosa participación de Benjamín Sarmiento Navarrete y Lucas Martínez Fonseca. La categoría aMAZE-ing es una de las pruebas más exigentes del certamen internacional. En ella, los competidores deben diseñar y programar un robot totalmente autónomo capaz de descifrar un laberinto complejo, encontrar la ruta de salida y completar el recorrido en el menor tiempo posible, sin ningún tipo de asistencia o control remoto. Tras una impecable fase clasificatoria, el equipo barranquillero enfrentó en la gran final a destacadas delegaciones de Tailandia y Taiwán, superando la presión y demostrando un dominio técnico excepcional que los llevó a la cima del podio mundial. Formación integral y trabajo en equipo Este histórico resultado es fruto de la apuesta pedagógica que el Colegio Biffi La Salle promueve a través de su Área de Tecnología e Informática, orientada al pensamiento computacional, la resolución de problemas, la lógica de programación y el trabajo colaborativo. Lea también: El español barranquillero: un baile de palabras y emociones La delegación viajó a territorio asiático bajo el acompañamiento pedagógico del magíster Yesid Yair Solano Rincones, jefe del Área de Tecnología e Informática del plantel, y contó con el respaldo incondicional de sus familias. Asimismo, la participación internacional fue posible gracias al patrocinio principal de la institución educativa y al apoyo de aliados estratégicos como Robokids, Oncolife, OGA Seguros y el abogado Abelardo de la Espriella. Con este título orbital, los seis estudiantes no solo regresan al país con trofeos en mano, sino también con una experiencia transformadora que demuestra que, desde las aulas de Barranquilla, el talento joven colombiano está preparado para liderar la innovación tecnológica en el escenario internacional.

Por: Dany Oviedo Marino En medio de las horas más dramáticas para el país tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes, el reloj corre sin tregua contra los atrapados bajo el concreto y para los sobrevivientes que ahora quedan totalmente vulnerables. Sin embargo, en el Gobierno de Alias el ´Tigre´ las decisiones operativas para el manejo de la emergencia parecen estar atravesadas por un filtro de afinidad ideológica. Mientras países como México, Brasil, China y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han puesto a disposición contingentes de rescate especializado, perros entrenados y equipos de asistencia inmediata e insumos y materiales, De la Espriella ha optado por congelar o descartar la activación de dichos protocolos de apoyo internacional, aceptando casi en exclusiva la ayuda de aliados ideológicos y de más endeudamiento. Lea también: Colombia sufre el mayor sismo registrado en la última década Los reportes de la prensa nacional e internacional coinciden en el alarmante hecho de que el operativo internacional de búsqueda y rescate no ha sido activado formalmente por el Gobierno colombiano para la mayoría de los países que ofrecieron personal de socorro. Las brigadas de rescate mexicanas (reconocidas mundialmente por su experiencia para trabajar en estructuras derrumbadas) se encuentran listas en pista, a la espera de que la administración de Abelardo envíe la solicitud formal que permita su despegue. Tanto Brasil como China ofrecieron apoyo técnico, económico e instrumental de emergencia desde las primeras horas de la tragedia, pero sus ofertas continúan estancadas en trámites burocráticos y silencios oficiales. La ONU, la máxima organización multinacional, ofreció desplegar de inmediato el sistema de evaluación y coordinación de desastres (UNDAC), pero el Ejecutivo prefirió no autorizar la entrada de personal técnico extranjero. El problema de esto es que para las personas afectadas por el sismo y para las mismas ciudades afectadas es una situación compleja que requiere de respuestas rápidas y eficaces, porque la ayuda internacional especializada solo se puede centralizar e ingresar a través del Gobierno nacional. El contraste en la recepción de la ayuda deja al descubierto el criterio ideológico de la administración entrante: El gobierno de Washington anunció un paquete de 15,5 millones de dólares para refugio, alimentos y evaluación, el cual fue aceptado de inmediato y destacado por De la Espriella como una "alianza estratégica" crucial y el presidente Nayib Bukele coordinó el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de insumos, gesto que fue efusivamente agradecido en redes sociales por el mandatario colombiano. En cualquier catástrofe de origen natural, las primeras 72 horas —conocidas en el ámbito de la gestión del riesgo como la "ventana dorada"— dictan la diferencia entre la vida y la muerte para miles de atrapados. Lea también: Colombia se declara en Desastre Nacional tras devastador terremoto Rechazar o dilatar la llegada de brigadas de búsqueda o de ayudas en materiales, insumos y víveres de países como Brasil, China o México por prejuicios ideológicos no solo contraviene los principios del Derecho Internacional Humanitario, sino que es de la máximas irresponsabilidades que puede cometer un gobierno para con su pueblo y traslada, de manera inhumana y absurda, el peso de una postura política al sufrimiento de los damnificados. En momentos donde la prioridad absoluta debió ser remover escombros y salvar vidas sin reparar en banderas y líneas políticas, la postura de De la Espriella resulta difícil de justificar ante los afectados, sus familiares y la opinión pública que continúan con esperanzas entre los escombros. PD: Ni siquiera hablemos de los saludos de reina del día lunes.

Colombia afronta horas de profundo dolor y emergencia nacional luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes. Según el más reciente balance oficial, la cifra de víctimas mortales ha aumentado a 190 personas, mientras que el número de heridos asciende a 1.679, además de unos 200 desaparecidos, concentrándose la mayor gravedad del impacto en ciudades como Cali y Pereira, así como con graves afectaciones en la infraestructura de Manizales. En respuesta a la magnitud de la tragedia, el Gobierno Nacional decretó tres días de duelo nacional en memoria de los fallecidos. Durante este periodo, la bandera colombiana izará a media asta en todas las sedes de edificios públicos, así como en las embajadas y consulados del país en el exterior. Paralelamente, se formalizó el decreto que declara la emergencia nacional, firmado por Abelardo de la Espriella, con el objetivo de movilizar de manera inmediata recursos y asistencia humanitaria a las zonas más golpeadas. Lea también: Colombia sufre el mayor sismo registrado en la última década Monitoreo sísmico y constantes réplicas El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional, mantiene un seguimiento ininterrumpido sobre la zona del movimiento telúrico principal. De acuerdo con el reporte oficial, se registraron 47 réplicas, siendo la de mayor intensidad un sismo de magnitud 4,8. Expertos del SGC explicaron que estos movimientos secundarios forman parte del proceso natural de liberación y redistribución de energía en las estructuras geológicas cercanas a la falla o zona de ruptura. Asimismo, la entidad advirtió que la presencia de réplicas es habitual y podría extenderse durante días, semanas o incluso meses, dependiendo del comportamiento de la zona afectada. El organismo fue enfático en desmentir los rumores y mensajes alarmistas que circulan en redes sociales sobre supuestas predicciones de nuevos sismos. El SGC recordó a la ciudadanía que no existe ningún método científico probado para predecir la hora, lugar o magnitud de un terremoto o réplica, por lo que hizo un llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales. ¿Por qué tiembla tanto en Colombia? El informe técnico del Servicio Geológico Colombiano recordó que el territorio nacional se encuentra en una zona de elevada actividad tectónica debida a la interacción de tres grandes placas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. Esta configuración geológica hace que en Colombia se registren, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes. Si bien la inmensa mayoría de estos eventos son de baja magnitud o se producen a grandes profundidades —resultando imperceptibles para la población—, el país cuenta hoy con una red de monitoreo cada vez más robusta y con mayor capacidad de detección. Lea también: Colombia se declara en Desastre Nacional tras devastador terremoto Respuesta humanitaria y conectividad en la emergencia Frente a las graves interrupciones de comunicación presentadas en los departamentos afectados, el sector de las telecomunicaciones reaccionó de manera prioritaria. Empresas de telefonía e internet como Claro, Tigo, WOM y Starlink activaron servicios de datos móviles gratuitos para la población en las zonas de desastre, facilitando el contacto entre familias y la labor de las brigadas de rescate. Mientras los organismos de socorro continúan las labores de remoción de escombros y atención médica a los más de 1.600 heridos, el país se alista para afrontar las jornadas de duelo en medio de la evaluación de daños físicos y sociales que deja este trágico fenómeno natural.