Por: Nerio Luis Mejía El secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edinson Yesid Medina —adscritos al grupo de investigación contra el terrorismo de la Dijín— en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, a la altura del sector La Curva (jurisdicción de Bucarasica), deja una profunda preocupación en la ciudadanía y un vacío sin respuestas claras. Lea también: ¿Qué le espera a la paz en Colombia en el gobierno de De la Espriella? ¿Cómo es posible que tres expertos en inteligencia y seguridad terminen retenidos por un grupo armado en una arteria vial históricamente convulsionada? Este corredor, donde convergen distintas estructuras al margen de la ley que operan en Norte de Santander, ha dejado de ser una ruta de movilidad para convertirse, vergonzosamente, en un corredor para la criminalidad. Las acciones en la zona son sistemáticas: desde el hurto de vehículos blindados de la UNP hasta este despliegue que expone una grave falla táctica. Que tres investigadores de alto nivel transiten expuestos por esta zona plantea serios interrogantes sobre la lectura del territorio, la inteligencia previa y el estado de alistamiento que exige la lucha contra el terrorismo. Mientras el presidente Abelardo De la Espriella posa "en guardia" en la antesala de su anunciada cruzada contra los grupos armados, la fuerza pública pareciera dormirse sobre los laureles de un modelo de "paz total" desgastado. Los actores armados en el Catatumbo responden al discurso de mano dura del nuevo Gobierno con hechos concretos que hoy enlutan a la institución y siembran zozobra en la población civil, evidenciando un divorcio entre la retórica oficial desde la Casa de Nariño y la capacidad operativa en el territorio. Ante este panorama, es indispensable determinar responsabilidades institucionales: si estamos frente a una imprudencia individual o a una falla sistémica en los protocolos de desplazamiento del personal policial. Los ciudadanos de a pie nos preguntamos: ¿por qué se entregan así quienes tienen el deber constitucional de mantener el orden? Si quienes poseen la experiencia y la inteligencia para enfrentar la violencia caen en este tipo de celadas en las carreteras de Norte de Santander, ¿qué le espera al resto de la ciudadanía? Lea también: Homicidios de 2026 ya superan la totalidad de muertes registradas en 2025 Se espera que los captores, en estricto acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeten la vida e integridad de los tres funcionarios y procedan a su liberación inmediata. Sin embargo, en medio del escalamiento del conflicto, este episodio deja una sensación amarga en la región: la de un Ejecutivo que discursa firmemente mientras la fuerza pública cae en las trampas operativas de un territorio desgarrado.

En los pasillos diplomáticos de La Haya comenzó a circular con fuerza una versión que, de concretarse, alteraría de manera radical el compromiso del país con el derecho penal internacional: el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría contemplando retirar formalmente a Colombia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). La información, dada a conocer inicialmente por Caracol Radio a través de altas fuentes consultadas en la sede del tribunal multilateral en los Países Bajos, señala que la desvinculación colombiana se da por descontada en círculos diplomáticos europeos. No obstante, en la capital colombiana el asunto se maneja con estricta reserva. Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han emitido un comunicado público que ratifique el inicio formal del trámite o la remisión de la notificación escrita ante los organismos internacionales competentes. Lea también: JEP imputa crímenes de guerra a cuatro generales retirados A pesar de la cautela oficial, el mero planteamiento de esta posibilidad ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico, político y de defensa de los derechos humanos. Abandonar el tratado que reconoce la competencia de la CPI para juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional no representa una maniobra diplomática menor, sino una ruptura con una tradición de más de dos décadas de integración al sistema de justicia multilateral. El proceso de retiro no surte efectos inmediatos Para entender el alcance real de una eventual denuncia del Estatuto de Roma, es crucial examinar las normas que regulan la salida de un Estado Parte. El articulado del tratado internacional establece con claridad que cualquier país soberano puede denunciar el acuerdo mediante una comunicación formal dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el diseño del sistema impide que un gobierno pueda desconectarse de la noche a la mañana para eludir responsabilidades de manera intempestiva. El procedimiento legal estipula que el retiro definitivo solo se hace efectivo exactamente un año después de que la Secretaría General de la ONU recibe la notificación oficial. Ese período de doce meses garantiza un marco de transición en el cual el Estado denunciante sigue plenamente atado a las competencias y preceptos de la Corte. Durante ese año de transición, la Fiscalía de La Haya mantiene intacta su potestad para iniciar investigaciones preliminares o abrir expedientes formales sobre hechos acaecidos en territorio colombiano que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión. La denuncia del tratado no borra retroactivamente las obligaciones asumidas por el país mientras fue Estado Parte, ni tampoco priva al tribunal de la facultad de dar continuidad a los procesos que ya se encuentren en curso. La arquitectura de la CPI fue blindada precisamente para evitar que los vaivenes políticos de los gobiernos de turno impidan el juzgamiento de atrocidades. Veinticuatro bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma La relación de Colombia con el sistema de La Haya es profunda y de larga data. El país se convirtió en Estado Parte del Estatuto de Roma en el año 2002, luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley 742 de ese mismo año. Previamente, el Estado debió efectuar una reforma a la Constitución Política para armonizar el ordenamiento jurídico interno y posibilitar la aceptación de una jurisdicción supranacional sin menoscabar la soberanía nacional, paso que contó con el visto bueno de la Corte Constitucional en su correspondiente examen de control. Durante estos años Colombia estuvo bajo la lupa del tribunal internacional a través de un examen preliminar enfocado en las dinámicas del conflicto armado interno, los falsos positivos y los crímenes cometidos por diversos actores armados. Este examen preliminar se cerró oficialmente en octubre de 2021 mediante la firma de un acuerdo de cooperación especial entre la Fiscalía de la CPI y el Estado colombiano, en el que se reconoció la capacidad y disposición de las instituciones locales para administrar justicia. Lea también: La JEP ratifica sanción contra siete exjefes de las Farc El impacto sobre la justicia transicional y el rol de la JEP Uno de los interrogantes más complejos que suscita la hipotética renuncia al Estatuto de Roma radica en el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El modelo de justicia transicional colombiano fue diseñado bajo la premisa de la subsidiariedad e interdependencia con el marco del derecho penal internacional. La Corte Penal Internacional no actúa como un tribunal de apelación ni como una instancia superior encargada de revisar los fallos emitidos por la JEP o por la justicia ordinaria. Su competencia es complementaria: únicamente se activa cuando se demuestra que el sistema judicial interno no tiene la voluntad o la capacidad genuina de investigar y sancionar a los máximos responsables de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, la presencia de la CPI ha funcionado históricamente como un incentivo normativo para que los procesos contra las antiguas cúpulas de los grupos paramilitares, ,de las Farc, mandos militares y terceros civiles involucrados en el conflicto armado mantengan estándares de severidad y proporcionalidad en sus sanciones. La salida de Colombia de la CPI alteraría este ecosistema de supervisión internacional, privando a la justicia transicional de uno de sus respaldos externos más disuasorios. El tablero regional y el antecedente venezolano El eventual paso de Colombia para retirarse de La Haya se inscribiría en un contexto regional convulso y en plena reconfiguración. El antecedente más inmediato en Suramérica lo protagonizó Venezuela, cuyo gobierno notificó formalmente a las Naciones Unidas la denuncia del Estatuto de Roma el 24 de julio de 2026. Al igual que en el caso colombiano, la desvinculación venezolana no es instantánea y solo cobrará vigencia formal el 24 de julio de 2027. El caso del país vecino sirve para ilustrar cómo opera el principio de no retroactividad en el derecho internacional. La notificación entregada por Caracas ante la ONU no detuvo ni invalida las investigaciones que la Fiscalía de la CPI adelanta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en ese territorio. Las actuaciones iniciadas durante el tiempo de membresía siguen su curso independiente en La Haya, lo que demuestra que la renuncia al tratado no genera un manto de impunidad automático ni paraliza los expedientes vigentes. El alineamiento con Washington y la nueva política exterior La discusión sobre la desvinculación de la CPI cobra sentido al analizar el giro ideológico y diplomático emprendido por el gobierno de Abelardo De la Espriella. La política exterior colombiana ha experimentado un reordenamiento drástico, caracterizado por una sintonía estrecha con la administración de los Estados Unidos y un acercamiento estratégico con el Estado de Israel. Lea también: Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y ha mantenido una postura de reserva frente a la jurisdicción de La Haya para proteger a sus ciudadanos y tropas. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, Washington ha intensificado su ofensiva diplomática contra la CPI. En julio de 2026, la Casa Blanca impulsó una serie de medidas para debilitar la influencia del tribunal multilateral, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó públicamente a las naciones de América Latina a apartarse del Estatuto de Roma y recuperar de forma plena su soberanía penal. En esta coyuntura, la eventual salida de Colombia encajaría con la agenda geopolítica trazada por Washington y respaldada por sectores de la derecha continental. Sin embargo, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores no deposite la notificación en la sede de la ONU en Nueva York, la salida sigue siendo un escenario en evaluación sobre la mesa diplomática, cuyos costos políticos, jurídicos e internacionales comienzan a ser sopesados en detalle por la Casa de Nariño.

La actividad económica en Colombia mostró un claro síntoma de aceleración durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. Los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirman que el Producto Interno Bruto (PIB) del país experimentó un crecimiento del 3,5% en su serie original frente al mismo trimestre del año anterior. La cifra sobrepasó las estimaciones de la mayoría de analistas e instituciones financieras, quienes preveían una expansión más moderada cercana al 2,4%, y contrasta favorablemente con el resultado del segundo trimestre de 2025, cuando la economía creció a una tasa del 1,9%. Al revisar la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, el ritmo de la producción nacional avanzó un 1,3% al comparar el segundo trimestre directamente con los primeros tres meses de 2026. Gracias a este dinamismo, el balance acumulado para la primera mitad del año marca una variación positiva del 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Las cifras constatan que, tras meses de ralentización y prudencia comercial, el aparato productivo ha retomado fuerza apoyado en un vigoroso impulso del gasto gubernamental, una reactivación paulatina de la demanda interna y un destacado repunte de la inversión fija. Lea también: La inflación cede al 6,03% en julio y abre margen para recorte de tasas El empuje de la administración pública y el entretenimiento Al desagregar el desempeño de las doce grandes ramas de la actividad económica, queda en evidencia que el verdadero motor de la aceleración estuvo concentrado en los servicios estatales y sociales. El grupo que reúne a la administración pública y defensa, los planes de seguridad social, la educación y la atención de la salud humana registró una notable expansión interanual del 10,0%. Este renglón representó por sí solo una contribución de 1,7 puntos porcentuales a la variación total del PIB, consolidándose como el eje gravitacional que sostuvo la dinamización de la oferta nacional. En segundo lugar de protagonismo se ubicaron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que junto a otros servicios personales registraron un aumento anual del 9,5% y aportaron 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico. La reactivación de eventos culturales, espectáculos masivos y el consumo asociado a grandes certámenes deportivos internacionales, incluyendo el ambiente festivo en torno al Mundial de Fútbol de 2026, crearon un terreno fértil para el dinamismo de los servicios recreativos y el gasto de ocio. De igual forma, el bloque del comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida creció a una tasa del 2,2%, aportando 0,5 puntos porcentuales a la cifra global. Aunque este avance es modesto en comparación con los sectores de cabeza, su gran tamaño relativo dentro del tejido productivo ayudó a estabilizar el empleo urbano. Por su parte, la explotación de minas y canteras avanzó un 4,2%, mientras que el suministro de electricidad, gas, agua y saneamiento ambiental se incrementó en un 4,8%. El tropiezo del sector agropecuario y las manufacturas En el terreno de las cifras negativas, la actividad agropecuaria, silvicultura y pesca se posicionó como el sector de menor desempeño en el segundo trimestre de 2026, sufriendo un descenso anual del 2,1% y restando 0,2 puntos porcentuales al dato consolidado del PIB. Esta caída obedeció principalmente a la contracción en los cultivos agrícolas transitorios y permanentes, con reducciones visibles en la producción de insumos y cultivos industriales como el banano, el plátano, las flores y la yuca. A esto se sumó un pronunciado desplome en la pesca y la acuicultura, que cayó un 36,4% en el trimestre. Lea también: El petróleo Brent supera los US$100 y el WTI roza los US$93 por barril Sin embargo, el sector cafetero logró marcar un contraste significativo dentro del panorama rural. El cultivo permanente de café anotó un notable aumento del 16,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, impulsado por una mejor recolección y precios favorables en los mercados internacionales, lo que mitigó la caída general del campo colombiano. Paralelamente, el sector de información y comunicaciones anotó una leve variación negativa del 0,1%, evidenciando una pausa en la contratación de infraestructura tecnológica de gran escala. Comportamiento de la demanda: gasto público e inversión El análisis del PIB desde la perspectiva del gasto deja ver transformaciones relevantes en la estructura de la demanda colombiana. La demanda final interna creció impulsada por el gasto de consumo final, el cual registró un incremento general del 4,4% anual. Al interior de este indicador resalta con contundencia el comportamiento del gasto de consumo del gobierno general, el cual se disparó un 12,2% interanual. Esta aceleración en el gasto fiscal estuvo orientada al funcionamiento institucional, la ejecución de transferencias sociales y la prestación de servicios públicos de salud y educación. Por el contrario, el consumo de los hogares mostró una senda de recuperación más pausada pero constante, supeditada al comportamiento de la inflación y la cautela crediticia. Uno de los datos más alentadores del reporte del DANE se encuentra en la formación bruta de capital, indicador representativo de la inversión, que se expandió un 7,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025. Este crecimiento señala una renovada disposición empresarial para la renovación de maquinaria, equipo de transporte y proyectos de infraestructura. En el ámbito del comercio exterior, el balance fue heterogéneo: las exportaciones retrocedieron un 1,0% debido a menor demanda de ciertos productos clave, mientras que las importaciones crecieron un 7,5%, arrastradas por la necesidad de materias primas y bienes de capital para sostener la producción interna. Lea también: La economía de Barranquilla repuntó un 3,3% en marzo Valoración de analistas y retos para la segunda mitad del año Las cifras presentadas por el organismo estadístico generaron reacciones moderadas entre analistas e instituciones económicas. José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), destacó que aunque el crecimiento del 3,5% es una buena noticia que supera las expectativas del mercado, es indispensable poner atención al origen del impulso productivo. El dirigente señaló que la elevada contribución de la administración pública contrapuesta a la caída del sector agropecuario evidencia una recuperación asimétrica que requiere mayor tracción por parte del sector privado. De cara al cierre del año 2026, los centros de investigación económica estiman que el crecimiento acumulado para la totalidad del ejercicio se situará alrededor del 2,4% o 2,5%. La evolución de la economía durante los dos trimestres restantes estará supeditada a factores cruciales como el rumbo de las tasas de interés trazado por el Banco de la República, la capacidad de los gobiernos locales y nacionales para ejecutar proyectos de infraestructura y la estabilidad de los costos de los insumos agropecuarios para permitir un repunte del campo.

El intempestivo nombramiento de Julián Buitrago en reemplazo de Carlos Sepúlveda no solo dejó al descubierto la falta de criterio técnico en la articulación del alto Gobierno, sino también una preocupante confusión sobre la estructura misma de las instituciones del Estado. Entre confesiones de desconcierto por parte del propio designado y un alud de cuestionamientos desde diversos sectores políticos, la entidad encargada de trazar la hoja de ruta del país inicia periodo bajo la sombra de la improvisación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido históricamente la columna vertebral del diseño institucional en Colombia. Concebido como el gran centro de pensamiento técnico del Estado, su misión va mucho más allá de la burocracia ordinaria: allí se definen las prioridades del gasto, se encamina la inversión pública y se proyectan las transformaciones estructurales del país a mediano y largo plazo. Precisamente por esa razón, la forma en que la Casa de Nariño ha manejado la designación de su nuevo director encendió todas las alarmas en el ámbito político y económico. Lea también: Con Abelardo, más macondiano imposible La secuencia de hechos dejó al descubierto una preocupante falta de rigor estratégico. En un primer momento, el presidente Abelardo de la Espriella anunció a Carlos Sepúlveda como la cabeza del DNP. Sin embargo, en cuestión de días y sin una explicación transparente hacia la opinión pública, la decisión fue reversada. En su lugar fue designado Julián Buitrago, quien asumirá formalmente sus funciones este martes 18 de agosto. Este "desnombramiento" de última hora no solo descolocó a los analistas, sino al propio Buitrago, quien en declaraciones públicas reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, pues sus expectativas estaban orientadas a ocupar una posición en el sector financiero del Gobierno. La confesión del nuevo director, lejos de transmitir tranquilidad o liderazgo, terminó por confirmar las sospechas de la oposición y de diversos analistas: la dirección del organismo más importante de planificación técnica del país terminó siendo entregada bajo una lógica de descarte y reacomodación improvisada de fichas, y no como fruto de un plan concebido con minuciosidad. Desconocimiento institucional desde la cúspide del Ejecutivo Uno de los aspectos más severos de la controversia gira en torno a las declaraciones gubernamentales sobre el encuadre institucional de la entidad. Las afirmaciones del mandatario al justificar o contextualizar la designación evidenciaron vacíos conceptuales que provocaron duras reacciones de exfuncionarios y constitucionalistas. El exministro Antonio Sanguino no tardó en señalar el desacierto del Gobierno al recordar que el DNP no es, ni ha sido jamás, una dependencia supeditada al Ministerio de Hacienda. Por el contrario, se trata de un Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que encabeza el sector de la planificación nacional y responde de forma directa ante el Jefe de Estado. Sanguino aprovechó para remarcar que esta distinción no es un mero formalismo leguleyo, sino el pilar de la independencia técnica que requiere el DNP para contraponer prioridades de desarrollo frente a la visión estrictamente fiscalista del Ministerio de Hacienda. En el mismo tono irónico, sugirió que, cuando el Ejecutivo deba nombrar al director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), procure recordar que dicha entidad tampoco depende del Ministerio de Educación, sino de la Función Pública. En esa misma línea, el exministro Edwin Palma cuestionó con dureza que desde la Presidencia se ignore la naturaleza jurídica de una entidad tan vital, calificando de incomprensible que se cometan este tipo de descuidos conceptuales en el más alto nivel del poder central. Lea también: ¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella? Los peligros de un perfil improvisado Más allá de la discusión teórica sobre el organigrama del Estado, las críticas apuntan a las consecuencias prácticas que la falta de experiencia específica de Buitrago en planificación territorial puede acarrear para las finanzas públicas. Incluso desde voces que han respaldado otras decisiones del gabinete, como el congresista Daniel Briceño, el nombramiento en el DNP fue catalogado como un error mayúsculo. Briceño advirtió que la conducción de Planeación Nacional requiere un conocimiento sumamente especializado en la arquitectura de asignación presupuestal y en el control de recursos públicos. El DNP administra la compleja ingeniería de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), las instancias encargadas de evaluar y aprobar los proyectos de inversión financiados con regalías en los territorios. Relajar el perfil técnico en una entidad que maneja caudales billonarios de inversión regional abre una ventana de vulnerabilidad frente a la ineficiencia y el cuestionado manejo de la contratación en las regiones. La inquietud de los analistas radica en que colocar al frente del DNP a una persona cuya trayectoria está enfocada en el sector financiero y que no preveía asumir dicho encargo implica someter a la entidad a una curva de aprendizaje que el país no puede permitirse en momentos de desaceleración y tensión fiscal. Del centro de pensamiento al marchitamiento institucional La ligereza con la que el Gobierno ha abordado este nombramiento alimentó un debate más profundo sobre el progresivo deterioro institucional del DNP. El exministro Juan Fernando Cristo planteó que este episodio pone de manifiesto cómo la entidad ha ido perdiendo la relevancia estratégica que ostentaba en décadas pasadas. Históricamente, el nombramiento del director del DNP figuraba entre los primeros anuncios de cualquier administración entrante, dada la urgencia de estructurar el Plan Nacional de Desarrollo. Que en esta oportunidad haya quedado relegado a los últimos lugares de la lista y se haya resuelto mediante un cambiazo de última hora evidencia, según Cristo, un "marchitamiento" de la entidad, que ha pasado de ser un orientador supremo de política pública a convertirse en un ejecutor burocrático de fondos como el OCAD Paz. La polémica actual reabre el interrogante de si el Estado debe mantener una estructura centralizada de planeación o si se requiere un modelo auténticamente descentralizado donde las regiones no tengan que someter cada proyecto al visto bueno de Bogotá. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella A este diagnóstico se sumó la postura del exdirector de la DIAN y exministro Luis Carlos Reyes, quien puso en duda los resultados históricos de la planificación a largo plazo en Colombia. Reyes argumentó que, si bien el concepto del DNP es loable en el papel, sus casi 70 años de existencia muestran una brecha preocupante entre lo planteado en las hojas de ruta y lo que realmente se ejecuta. Al cuestionar cuáles son los grandes logros acumulados de planificación estatal que hoy puede exhibir el país, Reyes dejó entrever que la entidad arrastra una crisis funcional que este Gobierno, lejos de solucionar con rigor, profundiza con decisiones atolondradas. El arranque de Julián Buitrago al frente del Departamento Nacional de Planeación no se da, por tanto, en el escenario deseable para un alto funcionario. Llega cuestionado por la forma en que fue elegido, señalado por la falta de un perfil afín a las necesidades de la entidad y en medio de un Gobierno que ha demostrado una alarmante confusión sobre las competencias de sus propias instituciones. El reto del nuevo director no será únicamente demostrar que cuenta con las competencias para el cargo, sino intentar devolverle la credibilidad y el peso técnico a una institución golpeada por la improvisación política de la Casa de Nariño.

El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se encuentra frente al viraje más ambicioso de su historia reciente. Tras casi dos décadas de marcada inestabilidad, fluctuaciones dramáticas y una desarticulación casi total de las cadenas productivas compartidas, el Gobierno colombiano ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta formal orientada a transformar radicalmente la dinámica en la frontera de 2.219 kilómetros. El plan que pretende ejecutar la Embajada de Colombia en Caracas bajo la conducción de Jorge Jaller, tiene un objetivo cuantitativo y cualitativo preciso: dejar atrás el papel de simple proveedor coyuntural de insumos básicos para convertirse en un socio económico estructural, con la mirada puesta en incrementar el flujo comercial. Lea también: Comercio bilateral entre Colombia y Venezuela creció 41% en 2024 La estrategia, bautizada bajo el lema "Venezuela y Colombia: hermanos de frontera", resulta indispensable revisar la trayectoria del intercambio comercial. El punto más alto de la relación económica binacional se registró en el año 2008, cuando las exportaciones e importaciones conjuntas superaron los US$ 7.000 millones, consolidando a Venezuela como el segundo socio comercial más relevante para la industria nacional. Sin embargo, el deterioro institucional, las restricciones cambiarias y el posterior cierre fronterizo durante el gobierno Duque arrastraron la cifra a un piso crítico en el año 2020, cuando el comercio apenas alcanzó los US$ 222 millones, representando una contracción estrepitosa del 97%. A partir de allí, la recuperación que promovió el gobierno Petro, ha perrmitido avanzar de forma paulatina pero constante. Los registros oficiales marcan un repunte a US$ 741 millones en 2022, escalando a US$ 1.124 millones en 2024 y cerrando el año 2025 en US$ 1.170 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 4,1%. Para el año 2026, las proyecciones elaboradas por los gremios binacionales apuntan a consolidar un piso de US$ 1.600 millones. La tesis central que defiende la representación diplomática es que no se trata de improvisar un mercado nuevo, sino de reabrir y sistematizar una plataforma logística y productiva madura, respaldada por infraestructuras geográficas estratégicas con acceso simultáneo a las costas del Caribe y del Océano Pacífico. Las ocho decisiones regulatorias que destrabaron el escenario El fundamento técnico de la propuesta gubernamental sostiene que la viabilidad del plan no descansa en meras expectativas políticas, sino en un paquete verificado de decisiones normativas e internacionales adoptadas entre enero y agosto de 2026. Estas decisiones han cambiado las reglas del juego para la inversión privada y las operaciones transfronterizas en ambos lados de la frontera. En primer lugar, el entorno legal venezolano sufrió un ajuste significativo el 29 de enero con la aprobación de la Ley de Reforma de Hidrocarburos, normativa que eliminó la obligatoriedad del control mayoritario estatal en las empresas mixtas petroleras, aunque la estatal Pdvsa mantenga participaciones no inferiores al 50 %. A esta medida le siguió, el 20 de abril, la expedición de la Ley Orgánica de Minas, la cual habilitó la concesión de derechos temporales al capital privado extranjero y creó la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera para fiscalizar el sector. En el plano financiero e internacional, los cuellos de botella más severos comenzaron a aliviarse en el mes de abril, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) emitió la Licencia General 57. Este instrumento legal permitió, por primera vez desde 2019, el restablecimiento de mecanismos de banca corresponsal directa con entidades financieras venezolanas. Apenas semanas después, entre junio y julio, el Fondo Monetario Internacional liberó US$ 346 millones provenientes de las reservas y Derechos Especiales de Giro de Venezuela para ser aplicados en tareas de reconstrucción. El marco operativo privado se profundizó el 7 de julio mediante el Decreto 5381, que estableció los términos contractuales precisos para que operadores particulares asuman la gestión integral de campos maduros y activos energéticos mediante esquemas de cesión de derechos. A esto se sumó la evaluación técnica realizada por el Banco Mundial el 23 de julio y, de forma decisiva, el comunicado emitido el 27 de julio por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Esta última entidad estableció un periodo de "puerto seguro" (safe harbor) para las instituciones bancarias internacionales que operen bajo cumplimiento estricto, con vigencia garantizada hasta el 29 de enero de 2027. Finalmente, el 3 de agosto, la OFAC expidió la Licencia General 5Y, blindando los activos de Citgo frente a los tenedores del bono Pdvsa 2020 y otorgando estabilidad institucional al activo petrolero más relevante del país en el exterior. Lea también: Exportaciones colombianas a Venezuela crecieron cerca de 50% La arquitectura bancaria y el dilema del cobro Uno de los factores que históricamente desincentivó el comercio fue la incertidumbre en los pagos y la falta de garantías para la repatriación de utilidades. Aunque el documento gubernamental reconoce con prudencia que ningún mecanismo puede erradicar el riesgo comercial por completo, enfatiza que hoy existen herramientas formales de liquidación que eran impensables hace apenas un año y medio. La corresponsalía directa se ha venido articulando mediante una red de bancos venezolanos que incluye a Banesco, Banco Nacional de Crédito (BNC), BBVA Provincial, Banco Caribe y Banco Mercantil, todos operando con el respaldo del Banco Central de Venezuela. En el frente colombiano, el Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) dio un paso decisivo el 27 de abril al habilitar una línea especial de crédito por US$ 100 millones. Este cupo de financiación se encuentra actualmente en proceso de implementación para respaldar la apertura de cartas de crédito, la emisión de pagos diferidos y la instrumentación de esquemas de aceptación bancaria. El respaldo a estas medidas se refleja en el propio comportamiento del sistema bancario venezolano, el cual registró un crecimiento del 14,2 % al cierre del segundo trimestre del año, impulsado fundamentalmente por una reducción drástica en los costos transaccionales de corresponsalía internacional. Este avance permite a la industria manufacturera colombiana estructurar contratos de venta a mediano plazo con certezas bancarias mínimas. La reconstrucción tras la tragedia: pragmatismo y diplomacia El diseño de este plan económico se enmarca en una coyuntura social compleja y dolorosa. El documento del Gobierno colombiano antepone la dimensión humana generada por el devastador doble sismo que sacudió la región el pasado 24 de junio de 2026. Los informes consolidados en el expediente registran un saldo trágico de 5.398 personas fallecidas —cifra que las autoridades del país vecino continúan actualizando— y más de un millón de ciudadanos que requieren asistencia humanitaria prioritaria. La gravedad de la crisis es tal que el plan de respuesta formulado por la Organización de las Naciones Unidas para 2026 solicita US$ 931 millones, del cual solo se ha logrado financiar el 39%. En términos puramente materiales, las evaluaciones preliminares del Banco Mundial calculan que el daño físico directo asciende a US$ 19.600 millones, cifra equivalente al 18% del Producto Interno Bruto venezolano registrado en 2023. De ese monto, el 47% se concentra exclusivamente en la destrucción de infraestructura habitacional. A este panorama se le añaden pérdidas por US$ 2.842 millones en exportaciones no realizadas abarcando 99 subpartidas arancelarias, junto con un costo indirecto derivado de fricciones logísticas, financieras y de desconfianza que supera los US$ 20.000 millones. Frente a esta catástrofe, la diplomacia colombiana ha sido enfática en fijar lo que denomina una "advertencia de método". La reconstrucción física y comercial no se plantea como una intervención unilateral ni como un desembarco de capitales sin control, sino como un trabajo coordinado codo a codo con los empresarios locales y respetando estrictamente la soberanía venezolana. Esta aclaración responde de forma directa al comunicado emitido en julio por la Cancillería de la nación vecina, en el que se recordó de manera tajante que la dirección, planificación y ejecución de la recuperación nacional corresponde de forma exclusiva a las instituciones del Estado venezolano. Lea también: Colombia y Venezuela rehabilitarán el gasoducto binacional Los cuatro motores de demanda inmediata Con el propósito de canalizar el aparato exportador colombiano hacia sectores con necesidades reales comprobadas, el plan estratégico identifica cuatro grandes bloques de demanda: En primer lugar se sitúa el sector de la reconstrucción, los materiales e insumos de edificación. Este renglón proyecta un fondo de inversión inicial estimado entre US$ 800 millones y US$ 1.200 millones, destinado a intervenir y reparar una superficie construida de entre 1,5 y 2,0 millones de metros cuadrados. Para cumplir dicha meta, se requiere de manera inmediata el despacho de al menos 300.000 toneladas de cemento y la provisión de 120 kilómetros de redes de servicios públicos e infraestructura básica. El segundo pilar reside en la agroindustria y la seguridad alimentaria. Venezuela cuenta con aproximadamente 35 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero en la actualidad solo mantiene cultivadas 1,14 millones. Esta desconexión se explica en parte por un severo déficit en el parque de maquinaria e implementos agrícolas que oscila entre el 70% y el 80%, abriendo una oportunidad inmediata para la industria metalmecánica y de insumos químicos colombianos. Un tercer frente abarca el consumo masivo, las cadenas de retail, la salud y la industria farmacéutica. Las mediciones sectoriales muestran un crecimiento continuado de la actividad minorista de entre el 10% y el 12% proyectado entre 2025 y 2026, con niveles de abastecimiento en anaqueles que han vuelto a situarse entre el 80% y el 85%. La cercanía geográfica de Colombia la posiciona como la opción más eficiente para garantizar el flujo constante de medicamentos, alimentos procesados y bienes de primera necesidad. Por último, en el renglón de energía, petróleo e infraestructura pesada, se estima que la recuperación integral de la industria hidrocarburífera venezolana requerirá inversiones de capital superiores a los US$ 100.000 millones a largo plazo. El análisis del Gobierno nacional reconoce que Colombia no tiene la escala para competir por la operación de los grandes yacimientos, pero sí posee una ventaja competitiva insuperable para proveer bienes de capital, servicios técnicos especializados, química industrial y mantenimiento de plantas. Lea también: Ecopetrol confirma importación de gas desde Venezuela a largo plazo Geografía favorable frente a realidades macroeconómicas compleja El potencial del plan radica en la logística terrestre. La distancia entre Cúcuta y Caracas es de aproximadamente 800 kilómetros por carretera, un trayecto que los transportadores de carga pueden completar en cerca de 12 horas de viaje. Este factor otorga una competitividad en costos de flete que ningún competidor de ultramar puede equiparar. Los estudios de impacto territorial contenidos en el informe señalan que la absorción de demanda identificada en el país vecino equivale al 45,5% de la oferta exportable total del departamento del Valle del Cauca y al 22,6% de la del departamento de Risaralda. Sin embargo, el documento gubernamental no oculta la severidad de los frenos estructurales que persisten en la economía venezolana. La inflación interanual se ubica en un abrumador 544,13%, acompañada por una persistente brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo, un ingreso per cápita promedio estimado en apenas US$ 231,49 mensuales y racionamientos eléctricos que superan rutinariamente las 40 horas semanales. Asimismo, las proyecciones sobre el comportamiento del PIB para el presente año muestran un nivel extremo de dispersión entre analistas, con estimaciones que van desde un decrecimiento del -3% hasta una expansión del +7,4%. Como contraparte, la capacidad instalada de la industria manufacturera local opera a tan solo el 48,4%, dejando un 51,6% de capacidad ociosa, aunque el 68% de los empresarios venezolanos manifiesta su intención firme de efectuar nuevas inversiones. Para administrar estas variables, el plan colombiano fija un rango de absorción sostenible: ingresar entre US$ 2.000 millones y US$ 3.000 millones anuales en mercancías, una cifra que reactiva el flujo comercial sin saturar la capacidad de pago local, bajo la máxima rectora de privilegiar primero la producción e integración local y posteriormente el intercambio final. Lea también: Colombia y Venezuela acuerdan fortalecer la integración energética La ruta operativa: de 2026 a 2028 La implementación concreta de la estrategia se sustenta en tres mecanismos inmediatos. El primero es la creación de la red "Renacer", una plataforma de asistencia técnica y de reconstrucción coordinada de la mano de organismos multilaterales. El segundo es la conformación de una alianza gremial transfronteriza enfocada en la creación de un banco de materiales de construcción con esquema de exención tributaria para los insumos destinados a la atención de la emergencia. El tercero es el establecimiento de una mesa binacional permanente de trabajo integrada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara Venezolana de la Construcción, acompañadas institucionalmente por la Embajada de Colombia y ProColombia. El cronograma estipulado por la misión diplomática organiza el proceso en tres fases sucesivas: el año 2026 como la etapa de entrada y choque; el año 2027 centrado en el escalamiento de las operaciones; y el año 2028 como la fase de consolidación definitiva del modelo. A lo largo de todo este trayecto, la embajada ha dejado clara su posición institucional: el Estado colombiano acompaña, verifica los marcos de seguridad jurídica y abre puertas institucionales, pero bajo ninguna circunstancia actúa como intermediario de negocios o contratos particulares.

Cuando todavía restan más de cuatro meses para dar por terminado el año, la capital del Atlántico y su conurbación metropolitana acaban de cruzar un umbral estadístico que enciende las alarmas de las autoridades y golpea severamente la tranquilidad ciudadana. Con corte al 15 de agosto de 2026, la contabilidad delictiva en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa evidencia que el acumulado de muertes violentas sobrepasó por completo el consolidado registrado a lo largo de todo el año 2025. El acelerado incremento del delito más crítico para medir la seguridad urbana ocurre, además, en medio de un escenario paradójico donde la administración distrital y la Policía Nacional exhiben reducciones continuas en delitos contra la propiedad y balances operativos con miles de capturas. Los registros oficiales recopilados por las autoridades confirman que durante los doce meses del año 2025 se contabilizaron 725 homicidios en la jurisdicción metropolitana. En contraste, en apenas siete meses y medio transcurridos de 2026, la cifra de personas que han perdido la vida en hechos de sangre alcanzó los 738 casos. Esta aceleración en la frecuencia de los asesinatos no solo quiebra la expectativa de contención que se mantenía en la región, sino que deja al descubierto la complejidad estructural de una crisis impulsada por el enfrentamiento entre organizaciones delictivas por el control del territorio. Lea también: 682 homicidios desbordan el mapa de la violencia en Atlántico El mapa del horror muestra una marcada concentración en los núcleos urbanos con mayor densidad poblacional. Barranquilla encabeza el listado con 411 homicidios notificados, convirtiéndose en el epicentro del fenómeno violento en el departamento. Le sigue de cerca el municipio de Soledad, que acumula 221 asesinatos en el mismo periodo. Por su parte, Malambo registra 73 muertes violentas, Puerto Colombia contabiliza 21 y Galapa suma 12 casos en sus jurisdicciones. Analistas en seguridad y criminología explican que, para las redes delictivas de alto impacto, la delimitación geográfica entre la capital y los municipios vecinos no representa ningún obstáculo. Las líneas de microtráfico, el cobro sistemático de extorsiones y la persecución entre facciones rivales transitan libremente a través de las vías intermunicipales y los barrios colindantes. Esta continuidad criminal choca con frecuencia contra los límites administrativos y las competencias jurisdiccionales que deben observar las autoridades de policía e investigación judicial, lo cual es aprovechado por los sicarios para movilizarse, perpetrar las ejecuciones y buscar refugio en sectores de difícil control. La modalidad predominante detrás de este vertiginoso aumento sigue siendo el asesinato por sicariato. Distante de ser un reflejo de riñas o hechos aislados de intolerancia social, la violencia que impacta a la metrópoli está profundamente ligada al choque entre estructuras de gran calado y bandas emergentes que disputan el monopolio de las rentas ilícitas. Acosadas por la presión de dominar plazas de vicio y redes de extorsión comercial, estas organizaciones han desplegado una ofensiva en la que el valor de la vida humana ha quedado relegado a un mecanismo de ajuste de cuentas e imposición del terror. Incursiones armadas recientes en sectores como Las Américas y Las Malvinas en Barranquilla, así como en diversos vecindarios de Soledad y Malambo, ilustran la capacidad destructiva de estos grupos dentro de la cotidianidad de los barrios. El ataque perpetrado por hombres armados en espacios comunitarios, canchas de fútbol o establecimientos populares no solo deja un saldo inmediato de muertos y heridos, sino que impone un estado de vulnerabilidad permanente entre los habitantes, destruyendo la confianza en los entornos de convivencia tradicionales. El elemento más complejo de la coyuntura actual radica en el choque entre las estadísticas de homicidio y las cifras presentadas por el gobierno distrital en lo referente a los delitos patrimoniales. Las evaluaciones de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana indican que durante el transcurso de 2026 se han logrado descensos importantes en modalidades delictivas que afectan directamente la economía de los ciudadanos. El hurto a establecimientos comerciales cayó un 26 por ciento, mientras que el hurto a personas registró una disminución del 13 por ciento y el hurto a viviendas descendió un 12 por ciento. En la misma línea, el robo de vehículos cayó un 30 por ciento, el hurto de motocicletas cedió un 36 por ciento y los delitos sexuales bajaron un 9 por ciento. Lea también: La sangre corre en Barranquilla por cuenta de las bandas criminales A esta reducción en los indicadores patrimoniales se suman los resultados operativos presentados por las autoridades, entre los que figuran más de 3.199 personas capturadas por diversos delitos en lo corrido del año y la incautación de más de 550 armas de fuego que fueron retiradas del mercado ilegal. Sin embargo, la teoría criminológica explica con claridad la desconexión entre estos logros y la percepción ciudadana. Mientras la bajada en los robos genera una sensación de alivio progresivo que tarda en consolidarse, el homicidio actúa de manera fulminante. La ocurrencia de una asesinato en plena vía pública anula de inmediato cualquier percepción positiva generada por el control de los delitos menores, debido al impacto emocional e institucional que acarrea la pérdida de una vida humana. Frente a los cuatro meses y medio que restan para concluir el año 2026, las administraciones de la capital y el área metropolitana se enfrentan a un desafío de proporciones mayúsculas. Las estrategias orientadas exclusivamente al patrullaje visible o al arresto de figuras de bajo perfil de estas estructuras armadas han mostrado limitaciones para neutralizar órdenes de sicariato que continúan emitiéndose con frecuencia. Expertos e investigadores coinciden en que la contención real de la violencia homicida requerirá una reorientación hacia la inteligencia financiera y la desarticulación integral de los entramados criminales. Intervenir los flujos de dinero ilícito derivados de la extorsión y acelerar la captura de los determinadores intelectuales resultarán pasos indispensables si se pretende frenar una curva sangrienta que amenaza con cerrar el año en niveles históricos de letalidad.

La cantautora colombiana Shakira llegó de manera sorpresiva a Quibdó, capital del departamento del Chocó, acompañada por el filántropo estadounidense Howard Graham Buffett y representantes de organismos multilaterales, con el propósito de evaluar en el terreno los estragos de la tragedia y anunciar un ambicioso plan de contingencia e infraestructura educativa destinado a devolverle la esperanza a miles de niños, jóvenes y familias chocoanas. La visita, cargada de un profundo simbolismo y de compromisos financieros inmediatos, dejó como resultado la articulación de un fondo de respuesta rápida por 1,25 millones de dólares para la reconstrucción de planteles educativos colapsados, la promesa de erigir diez colegios totalmente nuevos en áreas urbanas y rurales de la mano de la Fundación Pies Descalzos y la Howard G. Buffett Foundation, y la firme convicción de la artista de volcar sus esfuerzos personales hacia la reconstrucción integral de la Universidad Tecnológica del Chocó. Lea también: The Economist cuestiona decisiones de De la Espriella ante el terremoto Un panorama desolador tras la sacudida del 10 de agosto El epicentro del sismo del pasado 10 de agosto de 2026 se localizó en el municipio de San José del Palmar, en las entrañas del Chocó. Sin embargo, sus ondas destructivas resonaron con fuerza a lo largo del occidente colombiano, causando estragos mayores en el departamento del Valle del Cauca y en la región del Eje Cafetero. El último balance oficial consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dibuja un escenario sombrío a nivel nacional: al menos 287 personas fallecidas, 4.147 heridos y cerca de 194 personas reportadas como desaparecidas. En el Chocó, uno de los territorios históricamente más marginados del mapa nacional, las consecuencias del fenómeno telúrico resultaron catastróficas. Al menos 13 personas perdieron la vida, miles quedaron en condición de vulnerabilidad y desplazamiento forzado por la pérdida de sus viviendas, y centenares de edificaciones públicas y privadas sufrieron colapsos totales o severas afectaciones en su estructura. Entre la infraestructura más dañada figura la red escolar departamental: cerca de 200 centros educativos reportaron averías graves que imposibilitan el retorno seguro de los estudiantes a las aulas de clase. A las pérdidas materiales se suma el peso de la incertidumbre social en una región que arrastra deficiencias históricas en materia de servicios básicos, conectividad e infraestructura social, acentuando la urgencia de una respuesta institucional y privada de gran calado. Inspección en el terreno y trabajo con las autoridades locales Durante su recorrido por las zonas más afectadas de Quibdó, Shakira y Howard Buffett caminaron entre los escombros y conversaron directamente con los damnificados para palpar de primera mano la magnitud de la crisis. La comitiva oficial realizó una parada prolongada en la Institución Educativa Tecnológico Industrial Carrasquilla, el colegio de mayor envergadura y trayectoria en el departamento del Chocó, golpeado seriamente por la fuerza del sismo. Allí, rodeados de aulas agrietadas y zonas clausuradas, la artista y el empresario estadounidense fueron recibidos con afecto por decenas de niños, docentes y líderes comunitarios que aguardaban con la ilusión de ser escuchados. En el marco de la visita, los visitantes sostuvieron una reunión con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños. Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron el mapa crítico de la emergencia y priorizaron las necesidades más apremiantes de la población infantil y juvenil. Shakira enfatizó que el objetivo primordial de su presencia en la zona era garantizar que la reconstrucción no se limite a promesas sobre el papel, sino a intervenciones físicas inmediatas que eviten la paralización prolongada del sistema educativo regional. Lea también: De La Espriella entregó el balance del terremoto en alocución presidencial La estructuración del plan de rescate educativo El compromiso financiero y logístico anunciado en Quibdó se compone de varias capas estratégicas diseñadas para atender la urgencia del momento y sentar bases sólidas de mediano y largo plazo. En primera instancia, se formalizó un fondo de respuesta inicial de 1,25 millones de dólares concebido para acelerar la reparación estructural de las escuelas con daños moderados y graves, permitiendo un retorno progresivo y seguro a las clases. Este capital inicial se conformó mediante la suma de tres aportes de peso: 500.000 dólares canalizados conjuntamente por Shakira y la firma multinacional de entretenimiento Live Nation, otros 500.000 dólares aportados por el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, y 250.000 dólares inyectados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). En segunda instancia, la Howard G. Buffett Foundation confirmó que sumará su músculo financiero para financiar la construcción de diez nuevos colegios en el departamento del Chocó, abarcando tanto sectores vulnerables de la zona urbana de Quibdó como comunidades rurales dispersas que sufrieron la pérdida total de sus aulas. Esta red de nuevas escuelas será ejecutada e implementada en el terreno por la Fundación Pies Descalzos, en directa coordinación con los gobiernos locales y los rectores de las instituciones beneficiadas. En tercera instancia, la artista barranquillera asumió una causa personal de alto impacto académico e institucional: la reconstrucción total de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), la principal alma máter del departamento y centro neurálgico de la formación profesional de la juventud chocoana. Shakira aseguró ante los medios de comunicación que dedicará todos sus esfuerzos personales y capacidad de gestión para devolverle a los universitarios sus espacios de aprendizaje e investigación. La escuela como trinchera emocional y social Durante sus intervenciones públicas ante la prensa, Shakira expuso con vehemencia las razones por las cuales el foco de la ayuda humanitaria debe centrarse prioritariamente en la infraestructura escolar. Argumentó que cuando la rutina educativa se interrumpe tras un desastre natural, el daño psicológico y social sobre la infancia puede resultar irreversible. La cantautora sostuvo que cada jornada en la que un niño permanece alejado del aula equivale a pausar su desarrollo y postergar su proyecto de vida, una realidad que el país no puede tolerar. Remarcó que los colegios son mucho más que estructuras de concreto y ladrillo; constituyen espacios donde los menores encuentran estabilidad emocional, alimentación, protección frente a los entornos de violencia y la rutina que necesitan para procesar el trauma causado por un terremoto. A estas reflexiones se unió Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de la organización Global Citizen, quien resaltó que el esfuerzo desplegado en el Chocó busca sentar un precedente sobre cómo la comunidad internacional y los organismos globales deben reaccionar ante emergencias ambientales o geológicas, priorizando el derecho inalienable a la educación desde las primeras fases de la asistencia humanitaria. Lea también: Activan centro de acopio para ayuda a damnificados del terremoto Una advertencia contra el olvido y un llamado a las potencias globales Uno de los mensajes más contundentes transmitidos por la intérprete a lo largo de su jornada en Quibdó fue la advertencia sobre el riesgo del abandono institucional una vez que los reflectores mediáticos y el estado de emergencia inicial comiencen a apagarse. Shakira recordó que el Chocó arrastra una deuda histórica por parte del Estado colombiano y de la sociedad en general, alimentada por años de centralismo y desatención sistemática. Manifestó su inquietud por la posibilidad de que, al pasar la fase de socorro primario, miles de familias queden relegadas al olvido y la infraestructura dañada permanezca en la ruina, perpetuando el círculo de la pobreza. Frente a esta amenaza, la artista hizo un llamado directo y categórico a los gobiernos de países industrializados como Canadá, Japón y el Reino Unido, así como al sector privado internacional, a las grandes corporaciones y a las fundaciones globales, para que se sumen de forma activa y decidida a los esfuerzos financieros orientados a la reconstrucción integral de Colombia y del Pacífico chocoano. Un vínculo filantrópico con raíces profundas en el territorio La llegada de este paquete de ayudas al Chocó no es un hecho fortuito ni improvisado, sino el resultado de un trabajo social continuo que la Fundación Pies Descalzos ha desarrollado en la región durante más de dos décadas. Desde hace 22 años, la organización creada por la artista barranquillera ha mantenido operaciones permanentes en Quibdó. Un hito fundamental de esta trayectoria se remonta a 2005 con la inauguración de la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), orientada a brindar educación primaria de calidad a niños en extrema vulnerabilidad. Actualmente, Pies Descalzos adelanta la edificación de una nueva y moderna megasede para dicha institución, con un área construida de 6.000 metros cuadrados y capacidad para albergar a 960 estudiantes. Antes de la ocurrencia del sismo, el proyecto presentaba un avance físico reportado del 90% en las plataformas oficiales de la organización. A lo largo de este periodo de intervención social en la capital chocoana, la fundación ha logrado la graduación de aproximadamente 400 bachilleres. De ellos, cerca del 70 % ha logrado dar el salto hacia la educación superior, demostrando la efectividad de los modelos pedagógicos comunitarios e integrales en contextos de alta complejidad socioeconómica. Por su parte, la presencia de Howard Graham Buffett responde a una sólida alianza de cooperación filantrópica nacida en 2008, cuando el empresario estadounidense visitó por primera vez Colombia de la mano de Shakira para apoyar la construcción de megacolegios en sectores deprimidos de Barranquilla y Cartagena. Hijo del legendario inversionista Warren Buffett, Howard ha destinado cuantiosos recursos al país a través de su fundación, invirtiendo más de 160 millones de dólares en la región del Catatumbo para la reconstrucción de vías secundarias, programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y tareas de desminado humanitario. Debido a su constante compromiso con el desarrollo social de la nación, el Gobierno colombiano le otorgó la ciudadanía colombiana por adopción en el año 2021. Lea también: Colombia se declara en Desastre Nacional tras devastador terremoto La resiliencia de un pueblo que busca ponerse de pie El paso de la comitiva por Quibdó concluyó con un renovado mensaje de aliento hacia las víctimas y con el compromiso de no abandonar las tareas de supervisión hasta que la última escuela planificada abra sus puertas. Shakira exaltó la fortaleza del pueblo colombiano ante la adversidad, destacando que en los momentos de mayor dolor surge siempre la solidaridad colectiva que caracteriza al país. Al reafirmar que el Chocó no está solo y que la meta final es asegurar que cada niño regrese a su entorno escolar junto a sus profesores y compañeros, la jornada cerró con una hoja de ruta definida para la reconstrucción. Las obras y esfuerzos interinstitucionales prometen convertirse en el motor de recuperación que permita levantar a la región chocoana de las ruinas dejadas por la fuerza de la naturaleza.

Por: Nerio Luis Mejía Colombia se enfrenta a un temible retorno a las cotas de confrontación armada más elevadas de los últimos veinte años. Para comprender el panorama actual, es imprescindible mirar el retrovisor histórico: las otrora FARC-EP aceptaron sentarse a negociar en 2012 tras haber sufrido los embates militares más severos de su historia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya estrategia de bombardeos sistemáticos y fortalecimiento de la inteligencia militar logró diezmar y debilitar a su antiguo Secretariado. Lea también: ¿Cuál será el futuro de la paz en Colombia en los próximos cuatro años? Sin embargo, en la década posterior a 2012, el mapa de la violencia sufrió una metamorfosis compleja. Las estructuras ilegales remanentes no solo sobrevivieron, sino que se reorganizaron mediante el rearme de mandos medios y combatientes disidentes. Paralelamente, los espacios vacíos dejados tras la desmovilización paramilitar de 2005 fueron copados por hegemonías emergentes como el Clan del Golfo, hoy consolidado como una de las arquitecturas criminales con mayor presencia territorial en el país. A esta dinámica se sumó la atomización del conflicto: una suerte de "franquiciamiento" donde bandas locales operan bajo esquemas de subcontratación criminal coordinados con actores de mayor envergadura, como la Segunda Marquetalia o los Comandos de Frontera. Hoy, la sociedad colombiana no enfrenta una guerra ideológica tradicional, sino un ecosistema de violencia plagado de microestructuras y macroestructuras en pugna desalmada por el control de economías ilícitas: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y robo de hidrocarburos. El resultado cotidiano para el ciudadano del común es el estado de zozobra permanente, traducido en extorsiones sistemáticas tanto en las veredas más remotas como en los centros urbanos, masacres y secuestros. En este escenario de caos emergente se enmarca el discurso del gobierno de Abelardo De la Espriella. Su llegada al poder se sustentó en la promesa de un combate frontal sin concesiones ni espacios de negociación directa, apelando al restablecimiento del principio de autoridad mediante la mano dura. No obstante, en los territorios históricamente golpeados por la guerra, la traducción práctica de esta postura ha significado la intensificación inmediata del fuego cruzado entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, recayendo la peor parte de las consecuencias sobre la población civil. Norte de Santander se erige como una de las regiones más castigadas por este reavivamiento del conflicto. Sus habitantes no solo han sido testigos del sangriento choque intestino que desde principios de 2025 sostienen el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC por el dominio territorial, sino también del hostigamiento incesante a las unidades de la Fuerza Pública. La guerra ha adquirido además una faceta tecnológica aterradora: el sábado 15 de agosto de 2026, los pobladores del municipio de Ábrego revivieron momentos de intensa angustia tras el uso de drones cargados con explosivos lanzados contra las tropas en la zona, dejando un saldo de un soldado asesinado y varios heridos. A penas 72 horas después, el lunes subsecuente, la zozobra se trasladó a las arterias viales con el secuestro de tres investigadores de la DIJIN a la altura del paraje La Curva, en jurisdicción de Bucarasica, sobre la vía que conecta a Ocaña con Cúcuta. Desde la experiencia directa de quien habita y camina estas tierras, el panorama resulta desolador. La "era De la Espriella" o "la era del Tigre" plantea serios interrogantes para el campesinado y las comunidades urbanas del departamento. Los anuncios sobre el restablecimiento de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito mediante la aspersión de bioherbicidas —presentados como alternativa al glifosato— anticipan un recrudecimiento de la conflictividad social y ambiental en la región. Lea también: Traicionados e ignorados Mientras el Ejecutivo prevé el fortalecimiento de la campaña militar y los grupos al margen de la ley responden con propaganda en redes sociales, ataques con tecnología de punta y ráfagas de fusil, la población civil queda atrapada en el medio. Para Norte de Santander y para el país en general, el camino hacia la paz bajo este nuevo ciclo político se vislumbra lleno de incertidumbre: una guerra que se renueva y se profundiza, sin que exista hasta ahora una ruta clara hacia su final.

Durante más de dos siglos, la ortodoxia económica sepultó los dogmas del mercantilismo bajo los pilares del libre mercado, la ventaja comparativa y la globalización de las cadenas de valor. Sin embargo, el escenario económico internacional de 2026 nos confronta con una paradoja histórica fascinante y alarmante: las principales potencias económicas del planeta han desempolvado los manuales de las monarquías absolutistas del siglo XVI: Aranceles punitivos, subsidios industriales masivos, control de flujos de capital y estrategias de blindaje nacional han dejado de ser anomalías pasajeras para convertirse en la gramática fundamental de las relaciones internacionales. Para comprender cabalmente la magnitud del fenómeno actual, es menester examinar el sustrato histórico que dio origen a esta doctrina. El mercantilismo no emergió como un cuerpo teórico homogéneo y abstracto, sino como un conjunto pragmático de prácticas económicas e institucionales que imperaron en Europa Occidental entre los siglos XVI y XVIII, coincidiendo con la transición del feudalismo al absolutismo monárquico y el impacto transformador del descubrimiento de América en 1492. Lea también: Estados Unidos y la trampa de Tucídides en la era Trump 2.0 La piedra angular de este sistema fue el bullionismo: la creencia inquebrantable de que la riqueza y el poder de una nación se medían exclusivamente por la cantidad de metales preciosos (oro y plata) acumulados en sus arcas. Bajo esta premisa, el comercio internacional se concebía estrictamente como un juego de suma cero. En este tablero geopolítico, lo que un Estado ganaba mediante un superávit comercial, otro lo perdía de manera inexorable. Esta visión descartaba la posibilidad de un crecimiento económico compartido, justificando intervenciones estatales agresivas para maximizar las exportaciones, restringir las importaciones y acumular tesoros destinados a financiar ejércitos permanentes y estructuras de corte. En 1613, el economista italiano Antonio Serra publicó un tratado pionero analizando el comercio mediterráneo en Venecia y Génova. Décadas más tarde, Jean-Baptiste Colbert (1665-1683), contralor general de finanzas de Luis XIV, institucionalizó el colbertismo: un modelo de intervención estatal radical basado en manufacturas reales, aranceles prohibitivos y flotas comerciales protegidas que convirtió a Francia en una potencia industrial a costa de rigideces estructurales y endeudamiento crónico. La doctrina mercantilista comenzó su declive teórico gracias a las contribuciones fundacionales de la economía política clásica. David Hume demostró técnicamente la inviabilidad de mantener superávits comerciales perpetuos, señalando que la acumulación constante de metales generaba inflación interna, encarecía las exportaciones y revertía automáticamente los flujos de capital. Posteriormente, en 1776, Adam Smith demolió los cimientos del sistema en La riqueza de las naciones, argumentando que la verdadera riqueza de una nación radica en la productividad anual de su trabajo y su tierra —el germen conceptual del actual Producto Interno Bruto—, y demostrando que la división internacional del trabajo genera ganancias mutuas para todas las partes involucradas. El Neomercantilismo del Siglo XXI: De la Divisa al Chip A pesar de haber sido desplazado teóricamente por el liberalismo económico, el mercantilismo nunca desapareció por completo; mutó hacia lo que hoy denominamos neomercantilismo. En el siglo XXI, la obsesión por acumular lingotes de oro ha sido reemplazada por la acumulación masiva de reservas internacionales en divisas fuertes y, de manera crítica, por el control de capacidades tecnológicas e industriales estratégicas. El punto de inflexión contemporáneo se materializó con crudeza en los últimos años. Estados Unidos implementó aranceles generalizados del 10% a la práctica totalidad de sus socios comerciales y tasas acumuladas del 54% sobre las importaciones procedentes de China, bajo la bandera de corregir desequilibrios comerciales históricos. No obstante, los datos macroeconómicos recientes evidencian las contradicciones de este enfoque: a pesar de las barreras arancelarias más severas desde la década de 1930, el déficit comercial estadounidense de bienes escaló a máximos históricos, mientras que la inversión extranjera directa se contrajo en comparación con la década anterior. A esto se sumó un fallo histórico de la Corte Suprema en febrero de 2026 (caso Learning Resources contra Trump), que declaró ilegales ciertos usos de facultades de emergencia para decretar aranceles unilaterales. Lea también: EE.UU. da la espalda al libre mercado por el capitalismo de Estado En paralelo, las potencias han desplegado una política industrial de corte profundamente intervencionista: Estados Unidos: A través de la CHIPS Act (2022) y la Inflation Reduction Act, ha movilizado más de un billón de dólares en subsidios directos y créditos fiscales para blindar la producción nacional de semiconductores y tecnologías de transición energética. China: Consolida un modelo de coordinación estatal explícita —ejemplificado en la ley de promoción de la economía privada de 2025—, orientando el crédito bancario masivo hacia las denominadas "nuevas fuerzas productivas" y la autosuficiencia tecnológica. Unión Europea: Responde con su propia legislación de subvenciones industriales y aranceles fronterizos al carbono, buscando evitar la desindustrialización frente a bloques hipersubvencionados. Impacto estructural en la economía mundial y regional El retorno a las prácticas mercantilistas genera ondas expansivas diferenciadas en la economía global: A nivel global: La fragmentación de las cadenas mundiales de suministro incrementa los costos de producción y redistribuye la carga inflacionaria hacia los consumidores finales. El comercio internacional deja de regirse por criterios estrictamente eficientes de costos y precios, subordinándose a la lógica de la seguridad nacional y la contención geopolítica. En las economías emergentes y regionales: Países en desarrollo enfrentan un entorno sumamente hostil. Las presiones de relocalización industrial desvían los flujos de inversión extranjera directa hacia los mercados centrales o aliados geopolíticos seleccionados, marginando a las economías periféricas que no disponen de recursos fiscales para competir mediante subsidios millonarios. Lea también: El dólar se debilita en todo el mundo por los aranceles de Trump Hacia un nuevo orden comercial fragmentado El auge del neomercantilismo en 2026 no es un accidente coyuntural, sino una respuesta sistémica a la vulnerabilidad de las cadenas globales y a la competencia hegemónica entre superpotencias. Sin embargo, como advirtieron los economistas clásicos hace dos siglos y como demuestran los datos actuales, el proteccionismo exacerbado y el intervencionismo rígido corren el riesgo de autoderrotarse: generan ineficiencias estructurales, asfixian al consumidor final y erosionan la cooperación multilateral indispensable para el crecimiento económico sostenible. El gran desafío de la economía mundial no es añorar un libre mercado ingenuo que ya no existe, sino calibrar los límites entre la legítima soberanía industrial y los costos prohibitivos de una fragmentación comercial que amenaza con fracturar la prosperidad global.

A precios actualizados a la realidad económica de 2026, el patrimonio del primer emperador romano equivaldría a más de 6,3 billones de dólares. Ningún magnate de la era digital, por mucho que domine la industria aeroespacial, la inteligencia artificial o el mercado global del lujo, se aproxima a la magnitud económica de un hombre que poseyó, a título estrictamente personal, una de las mayores potencias de la Antigüedad. Cuando las listas financieras internacionales computan los activos de figuras contemporáneas como Elon Musk, Bernard Arnault o Jeff Bezos, las cifras resultantes generan una inevitable sensación de vértigo. Con carteras compuestas por cientos de miles de millones de dólares vinculadas a cotizaciones bursátiles, conglomerados del lujo y multinacionales de la tecnología, el imaginario colectivo tiende a asumir que atravesamos el cenit histórico de la concentración de riqueza individual. Sin embargo, este análisis padece de un profundo sesgo de época. Si se confrontan los balances de los magnates de Silicon Valley con las estructuras de propiedad de la Antigüedad clásica, la conclusión es tajante: la fortuna de Elon Musk, incluso evaluada en los máximos de mercado de 2026, representa una fracción moderada respecto al patrimonio real de Cayo Julio César Octaviano, conocido en la historia universal como César Augusto. Lea también: La fortuna de Elon Musk ya es casi tan grande como el PIB de Colombia La razón de esta desproporción estriba en la naturaleza misma de su patrimonio. Mientras que la riqueza de los multimillonarios del siglo XXI depende del valor fluctuante de acciones, patentes e inversiones en mercados especulativos, César Augusto operaba bajo un esquema donde la frontera entre la hacienda pública y el bolsillo privado sencillamente no existía. Como primer emperador de Roma tras la caída de la República, Octaviano ejercía un control autócrata sobre el erario. Sin embargo, su ventaja financiera más abrumadora provenía de su condición de propietario directo de territorios enteros, recursos mineros, rutas comerciales y ejércitos de mano de obra. Las investigaciones del historiador y académico Ian Morris, profesor de la Universidad de Stanford, permiten dimensionar este fenómeno en términos macroeconómicos contemporáneos. Durante el mandato de Augusto, entre el año 63 a. C. y el 14 d. C., el Imperio romano concentraba entre el 25% y el 30% de toda la producción económica del planeta. De esa inmensa tarta productiva, Morris calcula que Augusto llegó a adjudicarse de forma directa o indirecta aproximadamente el 20% de la producción económica imperial. Llevado a la escala monetaria de 2026, tras ajustar la inflación y los índices de precios acumulados durante los últimos años, dicho porcentaje sitúa la fortuna del emperador en la escalofriante cifra de 6,3 billones de dólares, aproximadamente unos 25.200 billones de pesos colombianos. El PIB de Colombia en 2025 sumó $1.853,9 billones de pesos. Para poner esta cifra en perspectiva, la masa patrimonial de César Augusto multiplicaría por aproximadamente 25 la fortuna actual de Elon Musk. Ni contemplando la suma combinada de los diez hombres más ricos del planeta en 2026 se lograría arañar la mitad del valor neto del mandatario romano. El cimiento económico que hizo posible semejante concentración monetaria fue la Pax Romana o Pax Augusta, un dilatado periodo de estabilidad interna y expansión territorial que sucedió a décadas de sangrientas guerras civiles. Durante sus más de cuatro decenios en el poder, Augusto transformó las conquistas militares en una red sistemática de extracción de rentas. La riqueza romana no dependía del rendimiento de un algoritmo ni de la entrega de vehículos eléctricos, sino del dominio físico sobre la tierra, los minerales y las cosechas de grano que alimentaban al Mediterráneo. Lea también: Reconstrucción 3D muestra cómo era la Antigua Roma Al consolidar la hegemonía romana sobre España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Israel y la franja septentrional de África, el emperador pasó a administrar un espacio comercial integrado donde el Mediterráneo funcionaba como una red logística privada. Los lucrativos yacimientos mineros de Hispania, las cosechas masivas de olivar y viñedo, y el tráfico mercante aportaban un flujo constante de ingresos a sus arcas corporativas personales. A ello se sumaba el pilar más oscuro y lucrativo de la economía antigua: la trata de esclavos. Las campañas militares arrojaban cientos de miles de prisioneros de guerra que eran introducidos en el mercado de mano de obra. En la Roma de Augusto, el valor de mercado de un esclavo oscilaba entre los 800 y los 2.000 sestercios. Convertido a la capacidad de compra de 2026, esto equivalía a un coste individual de entre 10.350 dólares (aprox. 41,4 millones de pesos colombianos) y 26.000 dólares (aprox. 104 millones de pesos colombianos) por persona. Al multiplicar estas cifras por el volumen masivo de cautivos explotados en los latifundios agrarios y las minas imperiales, los rendimientos netos para el patrimonio de Augusto se contaban por miles de millones de dólares (billones de pesos colombianos) actuales. La oligarquía romana que rodeaba al emperador tampoco carecía de liquidez, pero su estatus dependía en gran medida de las exigencias fijadas por el propio mandatario. Para optar a un escaño en el Senado romano, la ley imponía acreditar un patrimonio personal mínimo de un millón de sestercios, lo que a precios de 2026 supone un aval obligatorio de 13,1 millones de dólares (aprox. 52.400 millones de pesos colombianos). Aunque la mayoría de los senadores superaba con creces los 65,5 millones de dólares (aprox. 262.000 millones de pesos colombianos) en activos rurales y urbanos, y percibía un estipendio estatal anual cercano a los 355.000 dólares (aprox. 1.420 millones de pesos colombianos) de hoy en día, la distancia entre las familias patricias más acomodadas y la tesorería imperial continuaba siendo abismal. El evento decisivo que consagró a Augusto como el hombre más acaudalado de todos los tiempos no fue una reforma fiscal, sino una victoria militar estratégica. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra VII en la célebre batalla naval de Accio en el año 31 a. C., la provincia de Egipto cayó íntegramente bajo su dominio. A diferencia de otros territorios conquistados que pasaban a ser administrados por el Senado como provincias públicas, Egipto fue incorporado por Augusto como una propiedad personal privada. Las arcas del reino de los Ptolomeos, la riqueza acumulada durante dinastías de faraones y las tierras más fértiles del delta del Nilo quedaron bajo su control exclusivo, transformando al mandatario en el único proveedor de grano de Roma y en el amo absoluto de sus tesoros. Consciente de que la estabilidad de su régimen autocrático requería mantener pacificada a la plebe urbana y fidelizados a los legionarios, Augusto desplegó un programa de gasto asistencial que empequeñece cualquier iniciativa de mecenazgo contemporáneo. En el año 29 a. C., el emperador ejecutó una transferencia directa de riqueza repartiendo 400 sestercios de su bolsillo a unos 250.000 ciudadanos de la capital. En valores del año 2026, este estipendio individual equivale a entregar unos 4.750 dólares (aprox. 19 millones de pesos colombianos) en efectivo a cada habitante, lo que supuso un desembolso superior a los 1.180 millones de dólares (aprox. 4,72 billones de pesos colombianos) en una sola jornada. Lea también: Fortuna de Elon Musk alcanza cifra histórica Asimismo, otorgó gratificaciones de 1.000 sestercios (unos 13.000 dólares / aprox. 52 millones de pesos colombianos) a cada uno de los 120.000 veteranos del ejército asentados en las colonias del imperio, y destinó unos 700 millones de sestercios —aproximadamente 8.300 millones de dólares (aprox. 33,2 billones de pesos colombianos) actuales— a la adquisición masiva de tierras agrícolas para posibilitar el retiro de sus soldados. Años más tarde, en el 6 d. C., el propio Augusto dotó de su patrimonio particular la creación del Aerarium Militare, el fondo estatal reservado a pensiones y salarios militares, con una inyección inicial de 170 millones de sestercios, equivalentes a más de 2.020 millones de dólares (aprox. 8,08 billones de pesos colombianos) de hoy. El contraste entre la Antigüedad y la era moderna revela una diferencia cualitativa insalvable. Los multimillonarios de 2026 operan dentro del marco de Estados soberanos que regulan sus actividades, imponen cargas fiscales, ejercen leyes antimonopolio y condicionan la volatilidad de sus empresas en bolsa. César Augusto, por el contrario, era el Estado mismo. Su fortuna no dependía del favor de los analistas de Wall Street ni de los resultados trimestrales de una junta de accionistas, sino del dominio incondicional sobre naciones, recursos naturales y ejércitos. Mientras la riqueza contemporánea se mide en certificados de acciones y liquidez financiera, el legado económico del primer emperador de Roma permanece como un récord histórico inalcanzable, erigido sobre el monopolio total del mundo conocido.

Por Álvaro Cotes Córdoba Por los suburbios de Chicago, en una discreta casa de Norwood Park Township, un hombre que se presentaba como empresario respetable, activista comunitario y payaso de fiestas infantiles, ocultó por mucho tiempo su verdadera forma de ser. Lo bautizaron con el nombre de John Wayne Gacy, pero después de crecer y convertirse en el ser inhumano, perverso y asesino que fue, lo bautizaron con el apodo de “El Payaso Asesino”. Porque convirtió el sótano y el espacio bajo el suelo de su vivienda en un cementerio clandestino y en donde enterró a la mayoría de sus 33 víctimas confirmadas. Lea también: La ideología sobre los escombros: Abelardo bloquea la ayuda internacional Entre 1972 y 1978, este hombre de apariencia amable secuestró, violó y asesinó a jóvenes y adolescentes varones, la mayoría de entre 14 y 21 años, convirtiendo su hogar en el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia criminal estadounidense. Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Su infancia estuvo marcada por el abuso de un padre alcohólico y violento. De adulto construyó una fachada impecable: dirigió una empresa de construcción, participó en la política local demócrata, organizó eventos cívicos y se disfrazaba de “Pogo the Clown” para entretener a niños en hospitales y fiestas benéficas. Esa imagen de vecino solidario y payaso jovial le permitió operar durante años sin levantar sospechas. Muchos de sus empleados y conocidos nunca imaginaron lo que ocultaba bajo su casa. Las víctimas tenían un perfil claro: eran jóvenes, en su mayoría adolescentes o hombres de veintitantos años. Gacy los atraía con promesas de trabajo en su compañía de contratistas, ofertas de dinero, alcohol o sexo. Una vez en su domicilio, los sometía a agresiones sexuales y los asesinaba, generalmente por estrangulación. Veintiséis cuerpos fueron hallados apilados en el estrecho espacio bajo el suelo de la casa; otros tres en la propiedad y cuatro más, incluidos restos de su última víctima, en el río Des Plaines, cuando el “cementerio” doméstico se saturó. El hedor a descomposición se notaba desde hacía años, pero Gacy lo atribuía a problemas de humedad y le echaba la culpa al alcantarillado de la urbe. El final llegó en diciembre de 1978. La desaparición de Robert Piest, un muchacho de 15 años que había hablado con Gacy sobre un posible empleo, activó la investigación policial. Y el 21 de diciembre fue detenido. Los registros de la vivienda revelaron el macabro descubrimiento. Gacy confesó inicialmente decenas de asesinatos y hasta dibujó un mapa de las tumbas, aunque después intentó alegar insanidad mental. En marzo de 1980 un jurado lo declaró culpable de los 33 homicidios en apenas dos horas de deliberación. Fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 en el Stateville Correctional Center de Illinois. El caso de Gacy no solo conmocionó a Estados Unidos por la magnitud de los crímenes y el contraste entre su vida pública y privada. Su figura del payaso asesino se ha convertido en un arquetipo del horror popular. Lea también: El papel de las redes sociales en la política colombiana No es casualidad que muchos vean en él una fuente de inspiración para personajes de cine y literatura que combinan la imagen infantil del payaso con la maldad extrema. La dualidad entre la sonrisa pintada y la violencia desatada que él personificó sigue resonando en la cultura contemporánea. Décadas después, algunas de sus víctimas permanecen sin identificar y las investigaciones con ADN continúan. La casa de Summerdale Avenue ya no existe, pero el recuerdo de lo que ocurrió bajo sus cimientos permanece como una advertencia: a veces el monstruo no se esconde en la oscuridad, sino detrás de una máscara de normalidad y de una sonrisa de payaso. Ojo con los presidentes Payasos.

Las imágenes captadas por el lente helado e imperturbable de un dron militar ruso en las inmediaciones de Orekhov, dentro de la disputada región de Zaporiyia, condensan en pocos segundos la cruda realidad que envuelve a cientos de ciudadanos colombianos en el frente oriental europeo. En la secuencia visual, una combatiente vestida con uniforme táctico de camuflaje, visiblemente herida y rodeada por el estruendo distante del fuego de artillería, recibe instrucciones imperativas para desprenderse de su fusil de dotación y retirarse el casco balístico. Su nombre es Daniela Zapata Aguirre, una joven oriunda de la ciudad de Medellín que, hasta hace muy poco tiempo, distaba de imaginar su destino en una de las zonas de mayor intensidad bélica del planeta. El episodio registrado en el sur ucraniano trasciende el mero marco de un evento táctico en el campo de batalla. De acuerdo con los informes recopilados en la zona, la mujer quedó aislada y expuesta luego de ser abandonada por los integrantes de su propia unidad operativa en medio de una precipita retirada, quedando vulnerable e inhabilitada por las lesiones sufridas antes de ser rodeada y aprehendida por las tropas rusas. Este acontecimiento marca un hito amargo al poner rostro femenino a un fenómeno social y militar que no ha parado de expandirse desde el inicio de la invasión a gran escala: la masiva migración de combatientes colombianos atraídos hacia los campos de batalla de Europa del Este. Lea también: Habla mercenario colombiano que sobrevivió a la guerra en Ucrania Un éxodo motivado por la precariedad y la experiencia operativa La presencia de colombianos en las filas del ejército ucraniano dejó de ser un hecho anecdótico para convertirse en un factor estructural del conflicto. Estimaciones de organismos de inteligencia e informes independientes calculan que más de 7.000 ciudadanos colombianos han viajado a la zona de guerra desde el estallido de las hostilidades. La enorme mayoría de estos hombres y mujeres comparte un perfil homogéneo: poseen instrucción militar previa o entrenamiento en fuerzas de seguridad del Estado y se encuentran atrapados en un entorno socioeconómico local que les ofrece limitadas oportunidades de desarrollo profesional o remuneración justa. La principal carnada radica en las suculentas promesas financieras. A través de campañas agresivas de enganche en redes sociales como TikTok, intermediarios y contratistas privados ofrecen remuneraciones que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 dólares mensuales, cifras astronómicas si se comparan con los ingresos promedio del sector de la seguridad en América Latina. La dinámica de reclutamiento ha cobrado un impulso vertiginoso. Según declaraciones entregadas por el sargento Luis Ortiz a la cadena británica BBC, tan solo en el transcurso de los últimos cuatro meses alrededor de 1.200 colombianos cruzaron las fronteras europeas para incorporarse a las brigadas de combate. Con este flujo constante, Colombia se posicionó en 2026 como el principal país proveedor de combatientes extranjeros para las fuerzas armadas de Ucrania. Promesas incumplidas y la sombra de la carne de cañón No obstante, la distancia entre el discurso publicitario de las redes sociales y la cruda realidad del barro y las trincheras es abismal. Excombatientes como Steven Santiago Christian Cho Vargos han alzado la voz para denunciar las condiciones sistemáticas de vulnerabilidad a las que son sometidos los latinoamericanos. Los testimonios coinciden en señalar que las retribuciones económicas prometidas suelen sufrir descuentos arbitrarios, demoras injustificadas o simplemente no llegar a materializarse, dejando a los combatientes en una situación de absoluta indefensión legal y material en un país distante y con una barrera idiomática insuperable. A esta incertidumbre financiera se suma la peligrosidad de los cometidos asignados. Múltiples denuncias de sobrevivientes indican que las unidades integradas por extranjeros son empleadas de manera recurrente como fuerza de vanguardia o "frente de cañón" en las posiciones de mayor riesgo táctico. La falta de conocimiento detallado del terreno, combinada con la superioridad de la artillería enemiga y el uso masivo de drones de ataque, reducen trágicamente las probabilidades de supervivencia de estos contingentes. Lea también: Colombia se volvió una fábrica exportadora de mercenarios Mercenarios en ambos bandos: engaños y redes clandestinas El fenómeno del mercenarismo no se limita exclusivamente al bando ucraniano. Investigaciones periodísticas han sacado a la luz la existencia de complejas estructuras paralelas dedicadas a la captación de colombianos para combatir en favor de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia. Redes de reclutamiento, que operaban originalmente bajo fachadas empresariales como Jaguar Consultoría y posteriormente reconvertidas en la Compañía Los Osos, desplegaron tácticas de engaño dirigidas a civiles sin experiencia militar previa. A estos ciudadanos se les prometían ofertas laborales en roles aparentemente pacíficos, tales como cocineros, auxiliares de logística o guardias de instalaciones privadas, respaldados por bonos de enganche de hasta 35.000 dólares, salarios mensuales de 3.500 dólares y el otorgamiento rápido de la ciudadanía rusa. Sin embargo, una vez contratados y trasladados al territorio en conflicto, eran equipados apresuradamente e integrados a las primeras líneas del frente. Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación de Colombia inició investigaciones preliminares para desmantelar estas redes tras recibir cerca de un centenar de denuncias formales por parte de familias desesperadas. La incertidumbre diplomática y la persecución judicial El estatus legal de estos ciudadanos resulta sumamente precario. Al viajar de manera independiente y sin notificar su salida a las autoridades colombianas, no existe un registro estatal unificado que permita hacer un seguimiento preciso de su paradero. Este vacío institucional complica de manera severa las labores de búsqueda cuando se produce una pérdida de contacto. Las estimaciones independientes calculan que entre 300 y 550 colombianos han fallecido en combate, mientras que las solicitudes de asistencia por personas desaparecidas oscilan entre los 500 y 670 casos. Lea también: El drama de los mercenarios colombianos en Ucrania Las cifras que maneja la Cancillería colombiana reflejan con frialdad la dimensión de la tragedia: en abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores contabilizaba 438 ciudadanos reportados oficialmente como desaparecidos en la zona de guerra, tras haber reconocido previamente unos 300 fallecidos, lo que consolida a la comunidad colombiana como el grupo extranjero con el número más elevado de bajas dentro del bando ucraniano. Por otro lado, la respuesta judicial de las autoridades rusas se ha intensificado. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia, presidido por Alexandr Bastrykin, informó que mantiene expedientes abiertos contra más de 4.000 combatientes extranjeros. Centenares de colombianos figuran en listas de búsqueda e incursión internacional, y casi 250 ya han recibido condenas por parte de tribunales rusos. Casos como el de William Andrés Gallego Orozco, otro combatiente colombiano capturado en el frente que imploró públicamente a sus allegados denunciar a las empresas reclutadoras que operan desde Bogotá, demuestran la urgencia de frenar el flujo insostenible de ciudadanos latinoamericanos hacia la vorágine de una guerra ajena que continúa cobrándose vidas jóvenes a miles de kilómetros de su patria.