Mientras De la Espriella está en guardia, la fuerza pública duerme
- Nerio Luis Mejía
- hace 7 horas
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Por: Nerio Luis Mejía
El secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edinson Yesid Medina —adscritos al grupo de investigación contra el terrorismo de la Dijín— en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, a la altura del sector La Curva (jurisdicción de Bucarasica), deja una profunda preocupación en la ciudadanía y un vacío sin respuestas claras.
¿Cómo es posible que tres expertos en inteligencia y seguridad terminen retenidos por un grupo armado en una arteria vial históricamente convulsionada? Este corredor, donde convergen distintas estructuras al margen de la ley que operan en Norte de Santander, ha dejado de ser una ruta de movilidad para convertirse, vergonzosamente, en un corredor para la criminalidad.
Las acciones en la zona son sistemáticas: desde el hurto de vehículos blindados de la UNP hasta este despliegue que expone una grave falla táctica. Que tres investigadores de alto nivel transiten expuestos por esta zona plantea serios interrogantes sobre la lectura del territorio, la inteligencia previa y el estado de alistamiento que exige la lucha contra el terrorismo.
Mientras el presidente Abelardo De la Espriella posa "en guardia" en la antesala de su anunciada cruzada contra los grupos armados, la fuerza pública pareciera dormirse sobre los laureles de un modelo de "paz total" desgastado. Los actores armados en el Catatumbo responden al discurso de mano dura del nuevo Gobierno con hechos concretos que hoy enlutan a la institución y siembran zozobra en la población civil, evidenciando un divorcio entre la retórica oficial desde la Casa de Nariño y la capacidad operativa en el territorio.
Ante este panorama, es indispensable determinar responsabilidades institucionales: si estamos frente a una imprudencia individual o a una falla sistémica en los protocolos de desplazamiento del personal policial. Los ciudadanos de a pie nos preguntamos: ¿por qué se entregan así quienes tienen el deber constitucional de mantener el orden? Si quienes poseen la experiencia y la inteligencia para enfrentar la violencia caen en este tipo de celadas en las carreteras de Norte de Santander, ¿qué le espera al resto de la ciudadanía?
Se espera que los captores, en estricto acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeten la vida e integridad de los tres funcionarios y procedan a su liberación inmediata. Sin embargo, en medio del escalamiento del conflicto, este episodio deja una sensación amarga en la región: la de un Ejecutivo que discursa firmemente mientras la fuerza pública cae en las trampas operativas de un territorio desgarrado.
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