Gobierno Petro radica Ley de Competencias en el Congreso

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formalizó ante el Congreso de la República la radicación del proyecto de Ley de Competencias. Con este paso se reactiva una de las discusiones clave en materia fiscal y territorial que había quedado suspendida durante el periodo legislativo anterior.

El proyecto —firmado por decenas de senadores y representantes de diversas colectividades— busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo constitucional mediante el cual el Gobierno central transfiere recursos a los departamentos, distritos y municipios para financiar áreas críticas como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

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Claridad en las funciones y cierre de brechas

La iniciativa lleva por título oficial "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización y el cierre de brechas".

Con este marco legal, el Ejecutivo busca establecer un esquema claro en tres frentes principales:

Delimitación de responsabilidades: Definir exactamente qué funciones asume cada nivel de gobierno (Nación, departamentos y municipios) para evitar duplicidad de tareas o vacíos de atención.

Financiación garantizada: Asegurar que el traspaso de competencias a los territorios vaya acompañado de los recursos económicos necesarios para ejecutarlas.

Equidad regional: Crear mecanismos para reducir la disparidad en el desarrollo y la prestación de servicios públicos entre las distintas regiones del país.

El camino en el marco legislativo

Tras su radicación, la propuesta deberá iniciar su trámite reglamentario desde las comisiones constitucionales hasta las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde el texto podrá ser debatido, modificado o adicionado por los congresistas.

El reinicio de este debate pone sobre la mesa el reto de coordinar la transición hacia un modelo de mayor descentralización, garantizando que los entes territoriales tengan no solo la autonomía, sino la capacidad técnica y financiera para asumir sus nuevas funciones.

Diferencias clave entre el SGP actual y lo que propone esta ley

La principal diferencia radica en que la propuesta busca pasar de un modelo donde la Nación solo gira recursos con controles centralizados, a un esquema donde las regiones reciben más presupuesto a cambio de asumir responsabilidades directas de gasto y ejecución.

Las transformaciones fundamentales entre ambos esquemas son:

1. Incremento de recursos (Participación en los Ingresos Corrientes)

Esquema actual: La Nación transfiere a los territorios aproximadamente el 29,5% de sus Ingresos Corrientes (ICN).

Nueva Ley de Competencias: Propone elevar esa cifra paulatinamente hasta el 39,5% de los ICN. Este aumento de 10 puntos porcentuales se hará a lo largo de un período de transición gradual de 12 años.

2. Redistribución interna y creación de nuevos fondos

Esquema actual: Distribución tradicional y rígida por bolsas fijas (educación, salud, agua potable y propósito general).

Nueva Ley de Competencias: Reorganiza el sistema en tres grandes bolsas:

• SGP Primario (96% de los recursos): Destina el 58,5% a educación, el 24,5% a salud y el resto a agua potable y propósito general.

  
  

• Asignaciones Especiales (4% restante): Financia directamente programas específicos como el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (FONPET), el Programa de Alimentación Escolar (PAE), resguardos indígenas y municipios ribereños.

  
  

• Fondo de Estabilización (FEIT): Crea un fondo especial (alimentado con el 5%) diseñado para amortiguar el impacto económico en las regiones cuando caiga el recaudo nacional.

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3. Cambio estructural en el sector Salud

Esquema actual: Los recursos se concentran en el financiamiento general del aseguramiento del régimen subsidiado.

Nueva Ley de Competencias: Reorienta el gasto hacia la atención primaria: el 90% del SGP de salud se destina al funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) o estructuras equivalentes, mientras que el 10% restante se destina a la salud pública y la formalización laboral de los equipos territoriales.

4. Descentralización real de competencias

Esquema actual: Gran parte de la toma de decisiones sobre la contratación de personal, diseño de infraestructura o ejecución permanece centralizada en los ministerios en Bogotá.

Nueva Ley de Competencias: Asigna a departamentos y municipios la responsabilidad directa sobre la administración de las redes territoriales de servicios, infraestructura básica y prestación local, dándoles autonomía pero también exigiéndoles rendición de cuentas sobre los resultados.