Congreso aprueba $3,8 billones para salvar a Air-e y atender el terremoto
En una jornada legislativa de alta trascendencia para la estabilidad fiscal, social y energética del país, las Comisiones Económicas del Congreso de la República dieron un paso decisivo al aprobar en primer debate una adición presupuestal de 3,8 billones de pesos destinada a robustecer los rubros clave del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2026. La ponencia mayoritaria, que logró consolidar los consensos necesarios entre las diferentes fuerzas políticas del legislativo, estuvo bajo la responsabilidad del senador Christian Garcés, perteneciente al partido Centro Democrático, quien sustentó de manera detallada ante sus colegas la urgencia y el destino estratégico de estos recursos extraordinarios para atender frentes críticos que actualmente enfrentan serios cuellos de botella financieros.
El núcleo de la discusión y el alivio fiscal aprobado gira en torno a la necesidad imperiosa de inyectar capital para mitigar la profunda crisis que atraviesa el sector energético nacional, con especial énfasis en la delicada situación financiera de la comercializadora y distribuidora de energía Air-e, la cual se encuentra actualmente bajo intervención estatal. La falta de liquidez y los pasivos acumulados de esta compañía han puesto en vilo la prestación del servicio en la región Caribe, amenazando la estabilidad económica de millones de usuarios y la sostenibilidad de todo el entramado de distribución eléctrica en esa zona del territorio colombiano. Con la aprobación de este primer debate, se abre una luz de esperanza para honrar compromisos pendientes y sanear parte de las obligaciones financieras de la empresa, evitando así un colapso operativo que habría repercutido directamente en los bolsillos de los hogares y en la competitividad empresarial de los departamentos de la Costa Atlántica.
Sin embargo, los recursos contemplados en esta ley de adición no se limitan exclusivamente al salvavidas energético. El articulado aprobado destina partidas hacia frentes de carácter estrictamente social y humanitario que requerían con urgencia una inyección de capital para no ver interrumpida su operación. Entre los destinos prioritarios destaca la asignación de 2,7 billones de pesos dirigidos al denominado Fondo Milagro, un mecanismo financiero concebido específicamente para canalizar ayudas, reconstrucción y asistencia integral a los miles de damnificados que dejó el reciente y devastador terremoto que sacudió distintas zonas del país, dejando tras de sí un panorama desolador de infraestructura destruida y familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
A esta partida se suma un monto de 1,15 billones de pesos destinado a blindar financieramente el programa Colombia Mayor, un pilar fundamental dentro de las políticas de protección a la vejez en condición de pobreza y desprotección. Durante los debates previos, diversos sectores legislativos habían advertido sobre el déficit y la apremiante necesidad de asegurar los recursos que garanticen los subsidios periódicos a los adultos mayores más desfavorecidos del país, evitando que este segmento poblacional sufra recortes o retrasos en el flujo de sus asignaciones monetarias. Asimismo, dentro del paquete presupuestal se contemplaron recursos específicos para honrar los compromisos históricos adquiridos con los veteranos de la Fuerza Pública y la Policía Nacional, reconociendo el sacrificio y la labor de quienes han entregado su vida y su servicio a la seguridad nacional.
En lo que respecta a la ingeniería financiera detrás de esta millonaria adición, el senador ponente explicó detalladamente ante las comisiones de cámara y senado que los dineros provienen de fuentes sanas y de un ejercicio riguroso de focalización y optimización del gasto público. Un porcentaje significativo, estimado en 2,71 billones de pesos, se apoya en el recaudo derivado de alivios tributarios implementados recientemente. A esto se suman 891 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Solidaridad Pensional y de diversos fondos especiales, así como 258 mil millones de pesos rescatados a través de reintegros de recursos que se encontraban inmovilizados en fiducias sin ejecución prevista, los cuales fueron liberados para ser redirigidos hacia las prioridades sociales del Estado.
El desglose de los traslados presupuestales internos aprobados también revela un movimiento estratégico dentro de las carteras ministeriales y entidades descentralizadas. Dentro de las modificaciones avaladas se contemplan 450 mil millones de pesos provenientes directamente del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, los cuales serán canalizados de manera directa hacia la cobertura de subsidios energéticos para las familias de menores ingresos. Del mismo modo, se autorizó un traslado de 238 mil millones de pesos correspondientes a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conocida por sus siglas como Casur, junto con una partida de 27.527 millones de pesos provenientes de Prosperidad Social, focalizada específicamente en las labores de gestión institucional.
La aprobación de esta adición presupuestal en primer debate representa un ejercicio de concertación política poco común en tiempos de tensiones fiscales, donde el Ejecutivo y el Legislativo han tenido que sopesar la urgencia de atender emergencias sobrevenidas, como el desastre natural y la crisis de los servicios públicos domiciliarios, sin desatender las obligaciones con los sectores más vulnerables de la sociedad y los servidores de la patria. El proyecto continuará ahora su trámite reglamentario en las plenarias y las siguientes etapas legislativas, donde se espera que se mantenga el respaldo mayoritario para convertir estos recursos en una realidad tangible que comience a surtir efecto en la economía real y en el bienestar de los colombianos antes de que finalice la vigencia fiscal.
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