El uribismo será la ficha decisiva en el debate de la reforma tributaria

Apenas tres meses después de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su prueba de fuego legislativa más sensible en el Congreso de la República. El proyecto de la Ley de reforma tributaria, denominada por el gobierno como Rescate Fiscal, diseñado para mitigar el déficit financiero heredado, ha generado profundas divisiones incluso entre los partidos aliados de la coalición gubernamental.
Mientras que la propuesta de austeridad y reducción del aparato estatal cuenta con un respaldo casi unánime, el componente tributario y el incremento de cargas impositivas han encendido las alarmas en el Capitolio.
El núcleo de la discordia radica en la dualidad del articulado. Por un lado, congresistas de distintas bancadas reconocen como positivas las medidas orientadas a sanear las finanzas públicas mediante la contención del gasto. Entre los puntos más aplaudidos destacan: la reducción del 50% en los contratos de prestación de servicios para el año 2027, la disminución progresiva del impuesto de renta empresarial del 35% al 31% a partir de 2028 y los recortes en nómina burocrática, eventos institucionales, pauta oficial y entidades con funciones duplicadas.
Sin embargo, el descontento surge al revisar el paquete de recaudo. Diversos legisladores han manifestado su oposición al traslado de cargas tributarias a la clase media y a los sectores productivos.
Voces críticas desde la propia coalición
Los reparos no provienen únicamente de la oposición, sino de bancadas tradicionalmente afines al Ejecutivo y de partidos que respaldaron la candidatura presidencial, como Salvación Nacional. La representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos marcaron distancia frente al articulado impositivo, calificando su postura en contra de los nuevos tributos como un “rotundo no”.
En la misma línea se pronunciaron la senadora María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo) y María Clara Posada (Centro Democrático). Villalba aplaudió los recortes administrativos, pero cuestionó tajantemente el incremento del IVA —del 5% al 19%— en productos básicos de la canasta familiar como el café, el azúcar, los aceites, así como gravámenes a insumos agropecuarios y el fin de la exclusión del IVA al servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3.
“En el caso del café, deberíamos estar promoviendo su consumo, no encareciéndolo”, advirtió Villalba, mientras que Posada enfatizó en su cuenta de X: “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”.
Por su parte, desde la oposición, el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) sostuvo que la reforma económica representa una carga injusta para los hogares colombianos.
El pulso clave con el Centro Democrático y el factor Uribe
Para que el proyecto prospere, el Ejecutivo necesita consolidar mayorías, un terreno en el que el Centro Democrático se erige como un actor decisivo. No obstante, las relaciones entre la Casa de Nariño y la bancada uribista muestran signos de tensión, principalmente debido a la falta de socialización previa de la iniciativa.
El senador Juan Espinal señaló que habría sido fundamental concertar el articulado con los partidos de gobierno antes de su radicación en el Congreso. A pesar de reconocer la gravedad de la crisis fiscal, Espinal confirmó que la bancada se reunirá formalmente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para fijar una postura técnica definitiva.
Paralelamente, el expresidente Uribe indicó en entrevistas radiales que el presidente De la Espriella le manifestó su disposición a escuchar alternativas, evidenciando que el Gobierno deberá negociar el apartado tributario si pretende asegurar los votos necesarios.
Retos en tiempos y trámite legislativo
El tiempo corre en contra del Ejecutivo. Para que la ley pueda regir a partir de 2027, el proyecto de ley debe superar sus cuatro debates reglamentarios y ser aprobado antes del 16 de diciembre (o el 20 de diciembre en sesiones extraordinarias).
Analistas políticos estiman que la estrategia más viable en el Congreso será la votación por bloques, separando las medidas de austeridad estatal —que obtendrían luz verde con facilidad— de los incrementos tributarios, los cuales enfrentarán un camino cuesta arriba en las comisiones económicas conjuntas y en las plenarias.




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