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El camino a seguir es la ley de competencias de Petro

Por: Jorge Vergara Carbó



Por la sencilla y única razón, que la ley de competencias es eso una ley, no es una ilusión. Si bien lo aprobado en la reforma al SGP, no fue lo que se logró conseguir en la Constitución del 91, de que en ese entonces los ingresos por Situado Fiscal fueran del 46.5%, de los ingresos corrientes de la nación (ICN), los cuales fueron reducidos por los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, hasta el punto de llevarlos a un 27.2% de los ICN, la reforma al SGP lo llevo al 39.5%. Un triunfo del gobierno del presidente Petro con el apoyo de Juan Fernando Cristo que contó con el respaldo de 85 senadores, que votaron favorablemente esa ley.


Otra de las razones, es que con la reforma aprobada y que tiene como condición para su aplicación la aprobación de una Ley de Competencias, la cual debe elaborarse y aprobarse para “cerrar brechas” tal como lo ha exigido el presidente Gustavo Petro. Lo que significa que los 12.3 puntos a repartir entre las entidades territoriales debe distribuirse de tal forma que las entidades territoriales con los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), deben recibir un mayor porcentaje, el cual debe ir acompañado de unas competencias que dejará de prestar el gobierno central para asumirlas las entidades territoriales.



Por ello, lo que esta en juego es algo serio, que debe afrontarse con mucha responsabilidad por parte de cada alcalde, gobernador, políticos, gremios, academia y por supuesto las bases populares. Esa Ley de Competencias es un hecho real, que debe aprobarse por el Congreso antes de diciembre del año 2026, porque entrará a regir desde enero del 2027. De tal forma que no sea “peor el remedio que la enfermedad”.


Otro hecho, es que al pasar las transferencias de la nación del 27.2% a 39.5%, de los ingresos corrientes de la nación(ICN), los recursos que quedan de los ICN para que el gobierno central pueda cumplir con sus competencias es limitado, tal como lo pueden contactar en el siguiente cuadro, en el cual se muestra los recursos transferidos a las entidades territoriales, y algunas de las funciones del gobierno central con su costo para el año 2025, de acuerdo a lo presupuestado y aprobado para ese año.



El resultado de la tabla anterior muestra la realidad de como los ICN se distribuyen entre el gobierno central y las entidades territoriales. Los ICN sobrantes, es decir, el 60.5%, no es suficiente para atender las necesidades del gobierno central. La sola deuda pública a pagar en el año 2025, es de $112 billones, que equivale al 42% de los ICN. La inversión prevista es de $82.5 billones, es| decir un 30.9% de los ICN, el pago por pensiones es de $66 billones, un 24.7% de los ICN, y el pago de la burocracia del gobierno central es de $60 billones, un 22.5%, del total de los ICN.


Todo lo anterior significa que no hay espacio para las pretensiones de los antioqueños (cederle impuesto renta +patrimonio), como tampoco para los caribeños en su propuesta de convertir la RAP en una RET. El recaudo en el año 2024, por impuesto a la renta y ´patrimonio fue de $99 billones, que significarían un 37% de los ICN. Empeorando la situación del funcionamiento del gobierno central.


La propuesta Caribe, de lo planteado hasta el día de hoy, no dicen, ni explican como lo hacen los antioqueños de donde saldrán los recursos para financiar a la RET. De todos es conocido que la Rap Caribe contrario a las del interior del país NO funciono por la falta de recursos. Desde su creación no fueron capaces los gobernadores de ponerse de acuerdo para financiarla, como tampoco se pudieron poner de acuerdo para escoger una sede, y designar un director en propiedad. ¿Por qué no lo hicieron? Por la sencilla razón que no tienen dinero, con que financiarla.


Les pregunto a los gobernadores, liderados por Eduardo Verano de ¿dónde sacaran los recursos? Será que el gobernador de: ¿Guajira, Cesar y Córdoba en un acto altruista cederán un porcentaje alto de sus regalías para financiar la RET? ¿Están dispuestos esos funcionarios a tomar esa decisión consultando a su pueblo?


Todos sabemos, que esos gobernantes no tomarán esa decisión, ya esa decisión la vivimos cuando trataron de vender el proyecto de CORPOCARIBE, lo que ocasiono una respuesta contundente de los habitantes de esos Departamentos, que incluso puso en riesgo la integración costeña, para la elaboración del único Plan de Desarrollo participativo que se ha hecho en el Caribe “ UN VIAJE HACIA EL FUTURO” en el gobierno de Belisario Betancourt y que fue base, para crear los CORPES, el del Caribe funcionó porque contaba con recursos de las regalías, más no del PGN.



Tiene sentido, les pregunto a los gobernadores seguir insistiendo en la creación de una Región Autonómica o convertirnos en estado federal, si no hay recursos financieros suficientes para financiar esas iniciativas, ni voluntad política del presidente Petro para montar al país en una aventura, que ni siquiera muchos de los que la impulsan tienen claro que es lo que en realidad desean.


Por ello, he insistido en mis últimos escritos sobre el tema que convertir la RAP en RET, y/o en un Estado Federal no es viable. El camino es el que ha trazado el presidente Petro con los parlamentarios en la futura Ley de Competencias. Sino lo quieren entender los gobernadores es su problema, pero no piensen que van a engañar a los alcaldes y al pueblo con promesas ilusorias, que no llevan a ninguna parte. Y menos con un referendo que no conduce a nada, tal como paso con el voto caribe

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