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Por Álvaro Cotes Córdoba La imagen es impactante: una fila de ataúdes alineados en una capilla mortuoria, cada uno cubierto con la bandera venezolana de franjas amarilla, azul y roja, con sus ocho estrellas blancas. Gorras rojas reposan sobre algunos de ellos, mientras soldados de honor con uniformes rojos ceremoniales, penachos altos y expresiones solemnes montan guardia. Flores amarillas y blancas adornan el espacio, en un ambiente de duelo nacional. Esta fotografía, que circula ampliamente en redes sociales y medios oficialistas, muestra el homenaje a algunas de las víctimas mortales del operativo militar estadounidense que, el 3 de enero, resultó, según el presidente Donald Trump, en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Lea también: La venezolanización de la oposición colombiana Fuentes venezolanas anónimas citadas por medios internacionales hablan de más de 80 fallecidos, entre militares, personal de seguridad y civiles, incluyendo 32 asesores cubanos según el gobierno de La Habana. Y Estados Unidos solo reporta lesiones menores en sus fuerzas. El operativo, ordenado por el presidente Donald Trump y ejecutado por fuerzas especiales con apoyo aéreo masivo, ha sido justificado por Washington como una acción para detener a Maduro por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Trump ha declarado que EE.UU. "administrará" temporalmente Venezuela, con acceso a sus reservas petroleras para cubrir costos, evocando críticas por violación de la soberanía y el derecho internacional. En este contexto de controversia global, la imagen de los ataúdes resuena con particular ironía, porque María Corina Machado, líder opositora y quien en diversas ocasiones le pidió al gobierno de Trump que invadiera a su país y se llevara preso al presidente Maduro, fue premiada “por su lucha por la democracia en Venezuela” con el Nobel de Paz el año inmediatamente anterior. Alfred Nobel debe de estar revolcándose en su tumba. Por eso la laureada en Estocolmo ha sido señalada por sectores oficialistas y movimientos sociales como cómplice indirecta de la intervención. Críticos argumentan que su respaldo a presiones estadounidenses, incluyendo sanciones y acciones contra el "narcoestado", ha facilitado este desenlace sangriento, tiñendo su galardón de sangre y tal vez la pena de llevar a sus espaldas ese gran premio destilando y dejando un rastro sanguíneo para el resto de sus días en la Tierra. Sin embargo, celebró la “captura” de Maduro como el "amanecer de la libertad", sin mencionar siquiera a los muertos, a pesar de que fue la “captura” más sangrienta de los últimos tiempos y en la que ella, con su apestado premio Nobel a cuesta, destilando la sangre de los caídos por la brutal y asesina detención de un presidente, tuvo su grano de arena. No obstante, ese premio ya había sido cuestionado desde antes. Incluso durante la ceremonia en Oslo –donde no pudo asistir personalmente–, porque voces críticas lo describieron como "manchado de sangre" por su alineación con políticas que han escalado hacia la confrontación militar. Lea también: Venezuela y la tragedia Latinoamericana La operación ha dividido al mundo: aliados de EE.UU. la ven como un golpe contra un régimen autoritario acusado de fraude electoral y narcotráfico; detractores, incluyendo naciones latinoamericanas y potencias como China y Rusia, la condenan como agresión imperialista que expone las "garras del águila del norte". Y mientras Venezuela llora a sus muertos y enfrenta un futuro incierto bajo transición forzada, esta imagen de ataúdes envueltos en la tricolor nacional recuerda el alto costo humano de una crisis que debió solucionarse con la cordura que tanto proclaman los organismos internacionales para mantener un orden mundial de las cosas. El duelo oficial contrasta con celebraciones opositoras, reflejando un país ahora más profundamente polarizado ante la intervención extranjera que ha alterado su destino. El mundo observa si esta acción trae estabilidad o si, como advierten expertos, abre un peligroso precedente en América Latina, en donde los países deberán gobernar para el resto de sus vidas aquí en la Tierra con los ojos de la voraz águila observándolos y acechándolos, para que no se salgan de su nido y mantenerlos siempre bajo sus patas rapiñas como presas de sus aguiluchos nacidos y por nacer durante sus dominios imperiales subsiguientes.

Mientras Latinoamérica recorre la "última milla" en su batalla contra la inflación, los gobiernos de la región han oficializado incrementos en sus salarios básicos. El objetivo: proteger el poder de compra tras años de volatilidad económica. El escenario laboral de América Latina para 2026 presenta una dualidad marcada. Por un lado, el informe Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela una recuperación alentadora: el salario mínimo real aumentó en 11 de los 17 países analizados entre 2024 y 2025. Sin embargo, la brecha entre las naciones del istmo y el Cono Sur sigue siendo profunda, con extremos que van desde la estabilidad de Costa Rica hasta la crisis salarial crónica en Venezuela. Lea también: Aumento histórico y polémico del salario mínimo en Colombia El retorno del poder adquisitivo Según la OIT, los salarios mínimos en la región han registrado un incremento en su valor real (ajustado por inflación) de entre el 10% y el 60% en el periodo 2012-2025. "La mayor parte de los países ha logrado sostener o aumentar el valor real, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico", destaca el informe. Países como Perú y México lideran las mejoras recientes, con crecimientos de entre el 2% y el 8% en términos reales durante el último año. Los grandes: México y Brasil México: Bajo una política de recuperación histórica, el salario mínimo general subirá un 13% en 2026, alcanzando los US$533 mensuales (MXN$9.582). Es uno de los saltos más significativos de la región. Brasil: El gigante suramericano aplicará un alza del 6,79%, situando el piso salarial en US$295. No obstante, persiste un desafío estructural: el Dieese estima que una familia tipo requiere más de US$1.200 para cubrir necesidades básicas. Región Andina y Cono Sur Colombia: El gobierno colombiano tomó una decisión enfocada en la compensación inflacionaria y el acceso a un "mínimo vital", de aumentar el salario mínimo en un 23,8% nominal llevando el ingreso básico (sumando el auxilio de transporte) a los US$533 (COP$2.000.000). Lea también: Inflación y desempleo a la baja, pero persiste la inseguridad alimentaria   Ecuador: Por primera vez en casi una década, se logró un consenso tripartito para fijar el salario en US$482. Bolivia: Este país que históricamente gozaba de estabilidad, cerró 2025 con una inflación superior al 20%, lo que neutraliza el incremento salarial del mismo porcentaje que llevó el salario base a US$344. Chile y Argentina: Ambos países presentan ajustes moderados de cara a enero de 2026, con alzas cercanas al 1,9%. Argentina sitúa su salario en US$233, mientras que Chile roza los US$600. Uruguay: Destaca por un enfoque de "salto cualitativo". Con una inflación controlada (4%), el aumento salarial será del 7,54%, elevando el mínimo a US$648. Cuba y Venezuela Costa Rica se mantiene en la cima regional con un salario de US$751. En el otro extremo, Cuba y Venezuela enfrentan realidades críticas donde el salario mínimo oficial, convertido a tasas de mercado informal, apenas supera los US$4 en Cuba y no llega a US$1 en Venezuela, evidenciando una desconexión total con el costo de la canasta alimentaria. Lea también: Aumento del salario mínimo: justicia social y vendetta institucional

Por: Jorge Vergara Carbó El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, revolucionó al mundo con su nueva teoría económica. El 29 de diciembre del 2025, al aumentar el salario mínimo en Colombia en el 23.7%, quedando ese salario en $2 millones, incluyendo el transporte. Esa teoría, que aumenta el salario por encima de la inflación y la productividad desafiando los postulados económicos de la mayoría de los economistas del mundo, la complementa con teorías que ha venido ejecutando en su mandato como es la de que un país no debe explorar petróleo, gas y carbón porque esos combustibles atentan contra la humanidad, por ello hay que reemplazar a esos combustibles fósiles por energía limpia, la solar, la atómica, la hídrica y la eólica. Igualmente pregona su teoría que hay que acabar con la privatización de los servicios públicos domiciliarios, con las concesiones en las carreteras, en los aeropuertos y puertos, que la tierra debe estar en manos de los campesinos, que la salud debe socializarse por ello financia al Sisben, y penaliza la contributiva. Un crecimiento económico basado en el endeudamiento a tasas de interés superiores al 10%, un gasto publico desbordado en gastos de funcionamiento, con tasas que no superan el 3%, pero que disminuyen el desempleo, con un incremento acelerado de los llamados por el DANE “inactivos” personas que se pensionaron, discapacitadas para trabajar y se cansaron de buscar trabajo, quienes no se tienen en cuenta para calcular la tasa de desempleo de la economía. Lea también: Aumento del salario mínimo: justicia social y vendetta institucional La Nueva teoría de Petrosky contempla “cambiar la Constitución” eliminando o restringiendo a las entidades que se oponen al querer del ciudadano presidente para gobernar sin obstáculos y hacer lo que se le venga en gana, en materia de fijar la tasa de interés de referencia o las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, o gastar como loco, en lo que se le ocurra o aumentar el SMLV en 20 puntos por encima de la inflación, tal como lo hizo el 29 de diciembre del 2025, y reemplazar al Congreso expidiendo una emergencia económica para recaudar los ingresos de una reforma que no le aprobaron. Logrado lo anterior, el camino para la dictadura política y fiscal esta a la vuelta de la esquina. No hay duda, que sin una Junta Directiva del Banco de la República que maneje la política monetaria y cambiaria, sin una Regla Fiscal que controle el gasto público, sin una CREG que maneje las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, sin un Congreso deliberante, sin una justicia independiente y sin entidades de control, el camino para perpetuarse en el poder directamente o a través de testaferro está aceitado. A eso es lo que aspira Gustavo Petro. Por ello ha disparado el gasto público, acelerado los subsidios, como populista aumentado el SMLV en el 23.7%, decretando emergencia económica para recaudar plata para seguir gastando, para lograr en marzo, con toda esa plata comprar la conciencia de los colombianos a fin de elegir el mayor número de congresistas en la lista del Pacto Histórico, así el votante no tenga ni idea a quienes esta eligiendo por ser una lista cerrada. El presidente Petro quiere controlar todo, menos a sus funcionarios corruptos que cada día cometen actos delictivos, como el reciente de vender bonos de deuda pública interna a un solo oferente por US$6.000 millones, a una tasa del 13.5%, que le genera anualmente a esa persona intereses anuales por US$810 millones, sin haber realizado una subasta como le corresponde. Con una Fiscalía y Procuraduría a su favor todo se le facilita. Mientras, cada día el plan diseñado por Petro y sus alfiles para marzo del 2026 avanza a pasos agigantados, los partidos políticos supuestamente en la oposición, no tienen rumbo, ni han sabido debatir con argumentos los planteamientos errados del presidente Petro, andan dándose codazos, divididos y sin un líder que logre aglutinarlos, porque para rematar los candidatos escogidos para el Congreso, en su gran mayoría nadie los conoce o por lo menos los colombianos no sabemos que papel van a desempeñar. Solo le queda, a los colombianos defender nuestro sistema democrático con sus imperfecciones, ya que es lo más preciado que tenemos “la libertad de opinar libremente” eso no podemos perderlo, tenemos que defenderlo y la única arma es con el “voto” libre. Lea también: El desempleo desciende al 7%: la mejor cifra en una década PENSAMIENTO DE PRINCIPALES ECONOMISTAS, SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE ESTADO SOBRE AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO VITAL. Estas son los distintos postulados, de la teoría económica sobre el aumento del salario mínimo vital: 1. La Teoría de Say (Ley de los Mercados) postula que toda oferta crea su propia demanda. Es decir, la producción genera ingresos que se gastan, no puede haber sobreproducción generalizada ni escasez de demanda agregada; por lo tanto, un aumento del salario mínimo, visto como precio de la mano de obra, podría no ser problemático para la demanda si las empresas aumentan producción y empleo. El salario mínimo es un precio mínimo para la mano de obra. Si se fija por encima del equilibrio, teóricamente, se genera un excedente de oferta de trabajo (desempleo). 2. Economistas neoclásicos advierten que fijarlo por encima del equilibrio generaría desempleo. Un aumento por encima del equilibrio de mercado para la mano de obra resultaría en desempleo (exceso de oferta de trabajo) porque los empleadores demandarían menos trabajadores de los que se ofrecen a ese precio 3. Keynes argumenta que la demanda agregada sí puede ser insuficiente, especialmente en crisis, y el aumento podría impulsar la demanda, aunque hay debates sobre inflación y empleo formal. Para Keynes y otros, un aumento salarial podría estimular la demanda y la producción, sacando a la economía de una recesión, aunque esto genera debates sobre inflación. Aumentar el SMLV por decreto y no por productividad termina reduciendo la inversión, el empleo y disparando la inflación. 4. Siguiendo a Smith, es la productividad del trabajo la que depende de los salarios que cobren los trabajadores. De modo que allí donde los salarios sean elevados, los trabajadores serán mucho más “productivos” que allá donde sean reducidos. 5. De acuerdo con Marx “el valor de la fuerza de trabajo, al igual que el de toda otra mercancía, se determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción, y por tanto también para la reproducción de ese artículo específico”. 6. Milton Friedman afirma “Un salario mínimo, al ser un precio artificialmente alto para la mano de obra, reduce la cantidad de trabajo que los empleadores están dispuestos a contratar, creando un excedente de oferta de trabajo (desempleo), según la teoría de los precios. Son los trabajadores con habilidades más bajas quienes sufren más, ya que sus salarios de mercado son naturalmente inferiores, y el salario mínimo los deja fuera del mercado”. Lea también: Inflación y desempleo a la baja, pero persiste la inseguridad alimentaria 7. Los tres premios nobel de economía del 2021, David Card, Josehua Angrist y Guido Imbens aportaron nuevos conocimientos sobre el mercado laboral basados en experimentos naturales aplicados a la comercialización de los productos de Burger King y KFC. Llegando a la conclusión que aumentar el SMLV no necesariamente conduce a menos puestos de trabajo. Fue un enfoque muy puntual en New Jersey y Pensilvania, que no permite la investigación establecer un principio universal aplicable a todos los aumentos del salario mínimo. Si bien el salario por hora subió un 18.8%(5.05 /4.25), la cifra esta lejos del 23.7% de Petro, y en esas ciudades no existe la informalidad en el trabajo que hay en Colombia, ni tampoco tenemos una legislación laboral flexible que permita ajustarse a los cambios. 8. Stiglitz atribuye las críticas a la decisión en España a una visión antigua basada en la presunción que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado: definido por la oferta y demanda. Una idea que el experto considera “una especie de creencia religiosa”. 9. Krugman es un defensor del aumento del salario mínimo, basándose en evidencia empírica que desafía la teoría económica tradicional, viéndolo como una herramienta para la demanda agregada y la reducción de la desigualdad, pero siempre con un ojo en sus posibles efectos secundarios. 10. AIER American Instituto, en estudios recientes ha examinado los efectos del aumento del salario mínimo encontrando lo siguiente : a) un estudio de Neumark y Shirley en 2021, encontraron que el 79.3% de los estudios mostraron efectos negativos sobre el empleo después de los aumentos del salario mínimo, entre los adolescentes, adultos jóvenes y trabajadores menos educados b) en el año 2024 Kalenkoski indica que los aumentos en salario mínimo pueden reducir las oportunidades para los trabajadores jóvenes no cualificados c) Newman en 2018, encuentra evidencia de que el aumento del salario mínimo puede conducir a perdidas de empleo en trabajadores menos calificados. En síntesis, la teoría moderna reconoce que no hay una única respuesta, sino que los efectos del salario mínimo dependen crucialmente de las condiciones específicas del mercado laboral y la economía en cuestión. No hay fórmula mágica, cada país tiene unas condiciones las cuales no pueden desconocerse al tomar la decisión de aumentar el salario mínimo legal. En Colombia esta decisión esta reglada por la ley 278 de 1996, que establece que el SMLV debe fijarse de común acuerdo entre las partes, y de no conseguirlo el gobierno mediante decreto puede expedir el aumento antes del 30 de diciembre del respectivo año. Tanto la ley como la Constitución establecen unos parámetros que no se pueden desconocer al momento de decidir dicho aumento, hecho que se olvidó en la aplicación de la nueva teoría económica de Petrosky. Otro punto que le molesta de la Constitución de 1991. Los artículos de la CN de Colombia sobre el SMLV, Sentencias del Consejo de Estado y Corte Constitucional. a) Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas b) Artículo 53. El Congreso debe expedir el Estatuto del Trabajo, el cual debe fundamentarse en principios mínimos como la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital, estabilidad laboral, primacía de la realidad sobre las formalidades, y protección especial a la mujer y al menor trabajador, garantizando la seguridad social y reconociendo los convenios internacionales del trabajo, todo para dignificar el trabajo humano. Lea también: El Banco de la República mantiene las tasas en 9,25% c) Artículo 333. Establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pilares del modelo económico, pero sujetas al bien común, sin permisos previos, y garantiza la libre competencia económica como derecho de todos, implicando responsabilidades y permitiendo al Estado intervenir para controlar abusos o posiciones dominantes, protegiendo el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural. d) Artículo 334. Establece que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, el cual debe intervenir por mandato de ley para racionalizar la economía, mejorar la calidad de vida, distribuir equitativamente oportunidades, preservar el medio ambiente, promover la productividad y asegurar el acceso a bienes y servicios básicos. e) El Acto Legislativo 03 de 2011, la sostenibilidad fiscal debe orientar la acción de los poderes públicos, pero sin menoscabar derechos fundamentales. f) El derecho al mínimo vital en Colombia, aunque no está explícitamente redactado en un solo artículo, se deriva principalmente del Artículo 53 (remuneración mínima vital y móvil), el Artículo 11 (vida), el Artículo 49 (salud), el Artículo 25 (trabajo) y el Artículo 48 (seguridad social), siendo consolidado y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para asegurar condiciones materiales básicas de vida digna, especialmente para personas vulnerables. g) Sentencia del Consejo de Estado sobre el Decreto 2552 de 2015, mediante el cual se fijaba el aumento del SMLV para el año 2016, fue anulado porque encontró que “sin motivación suficiente no hay SMLV válido”. Esto quiere significar, que, si no se tiene en cuenta la inflación vigente, más la inflación proyectada para el año siguiente, la productividad, el porcentaje del ingreso nacional y el crecimiento de la economía (PIB) para fijar el SMLV, este no tiene validez. El fallo del 2016, da bases pare demandar el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. h) Sentencia C-815 de 1999, declaró EXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 278 del 30 de abril de 1996, en el entendido de que, al fijar el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos". Lea también: En noviembre inflación en Colombia se desaceleró y fue del 5,30% Finalmente, el SMLV de Colombia hoy dos de enero del 2026, es de US$532 dólares, por encima de todos de AL, a excepción de Chile US$565, un 99% por encima de la India, un 256% por encima de Camboya, un 271% por encima de Vietnam, un 90% por encima de Rusia y Sudáfrica, un 44% por encima de China, un 84.7% por encima de Brasil, un 33.0% por encima de México, un 236% por encima de Argentina. El salario de Venezuela US$3, el de Cuba US$18 y el de Nicaragua US$255. Esta relación de salarios, muestra lo desproporcionado del aumento decretado por el gobierno del 23.7%, aumento que le quitará competitividad a Colombia con relación a países con los cuales competimos para colocar nuestros productos en el exterior, y afectará también la inversión extranjera directa al país. El presidente Petro no midió las consecuencias que el aumento del SMLV está ligado a una reforma laboral que ha empezado a aplicarse, al igual que muchos bienes y servicios están indexados con el salario mínimo, incluyendo a muchas pensiones que se alcanzaron en el sector público por convenciones colectivas y a la de los privilegiados que alcanzan 25 SMLV, que les aumentará su mesada a los nuevos pensionados y perjudica a los pensionados de los Fondos privados porque ahora tendrán que ahorrar más para ver si alcanzan una pensión. También se le olvido, que la fuerza laboral del país, el 56% son informales y en el Caribe más del 60%, porcentajes estos que no dudamos se incrementarán. No hay excusa con el aumento en el año 1993, del 25% del SMLV, porque en ese año, la inflación fue del 22%. O sea, su aumento estuvo 3 puntos por encima de a inflación esperada, el de hoy 20 puntos por encima de la inflación esperada 3%. Recojo el comentario de varios economistas locales que se han pronunciado sobre el tema a fin de ampliar el panorama, para que usted como lector se forme su propio criterio y tome la mejor decisión al momento de depositar su voto en el mes de marzo y mayo. Esto opinan: Jorge Iván González, "califico la medida como populista, desproporcionada y traerá consecuencias negativas para la economía". Por su parte el decano de economía del Externado Juan Pablo Herrera dijo “una medida irresponsable que puede llevar a la informalidad laboral, una presión para las pequeñas empresas y un populismo económico que perjudicará a trabajadores y la economía”. El exministro Ocampo dice “tendrá efectos positivos solo para una décima parte de los trabajadores. Sin embargo, sus efectos negativos se verán reflejados en la inflación, al alza de los costos laborales, así como el incremento en las tasas de interés". El banco JP Morgan afirmó que “el incremento, muy por encima de los parámetros técnicos de inflación y productividad, tendrá efectos trasversales sobre precios, tasas de interés, mercado laboral y finanzas púbicas a lo largo del 2026”. Lea también: PIB colombiano creció 3,6% en el tercer trimestre Los voceros del gobierno también se pronunciaron. Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, dijo: “respaldo a la subida del salario mínimo por razones éticas y económicas. Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna”. Fabio Arias presidente de la CUT “si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos, y con absoluta seguridad, mayor productividad y un jalonamiento (impulso) de la economía. Los trabajadores y los sectores populares estamos de fiesta el día de hoy”. Como ustedes señores lectores pueden ver hay diversidad de criterios, pero también hay un marco jurídico que el gobierno tiene que respetar, por lo que creemos que tanto el decreto de aumento, como el de la emergencia económica serán tumbados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respectivamente. La derrota de la nueva teoría económica de Petrosky, en busca del premio Nobel de Economía. “EL POPULISMO DE IZQUIERDA O DE DERECHA NO TRAE NADA BUENO PARA LA ECONOMÍA”

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha anunciado una transformación estructural en la forma en que se mide la pobreza en Colombia. A través de un proceso de actualización dinámica, el Sisbén IV transicionará hacia un modelo que cruzará información en tiempo real, lo que podría desplazar a miles de hogares de sus actuales rangos de clasificación y, por ende, de los programas de Prosperidad Social. Históricamente, el Sisbén ha dependido de encuestas presenciales que pierden vigencia rápidamente. Para 2026, el objetivo del DNP es la interoperabilidad total. Esto significa que el sistema no solo creerá en lo que el ciudadano declare, sino que validará la información con registros administrativos de salud, pensiones, notarías y entidades financieras. Lea también: Hacen llamado a la prevención tras reporte de 55 lesionados por pólvora "Buscamos una radiografía exacta del estado socioeconómico para evitar que los subsidios lleguen a quienes no los necesitan y garantizar que nadie en pobreza extrema se quede por fuera", señalaron fuentes del DNP. ¿Quiénes sentirán el impacto primero? Aunque el cambio es nacional, la fase crítica de actualización de registros administrativos se intensificará en las principales capitales y regiones estratégicas: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Boyacá (con especial atención en municipios como Jericó). El riesgo para los beneficiarios es real: si el cruce de datos detecta ingresos superiores a los declarados o mejoras en las condiciones de vida, un hogar podría pasar del Grupo A (Pobreza Extrema) al Grupo B (Pobreza Moderada) o incluso al Grupo C (Vulnerable), perdiendo el acceso automático a programas como Renta Ciudadana o la Devolución del IVA. Lea también: Los 15 hechos más importantes de Colombia en 2025 Lo que debe saber sobre la actualización 2026 Cruce de registros administrativos: se integrarán datos de empleo formal (PILAS), propiedad de vehículos, registros educativos y consumos energéticos. Validación automática: si la encuesta del Sisbén dice una cosa y los registros de aportes a salud dicen otra, el sistema ajustará la categoría automáticamente. Impacto en Prosperidad Social: los hogares que suban de categoría podrían ser retirados de las nóminas de pagos si dejan de cumplir los requisitos de vulnerabilidad extrema.

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud departamental, reiteró un llamado urgente a la prevención y al cuidado de la vida, luego de conocerse el reporte consolidado de personas lesionadas por pólvora pirotécnica durante la noche del 31 de diciembre de 2025 y la madrugada del 1 de enero de 2026, en el marco de la Vigilancia Intensificada que se mantiene activa en el departamento. De acuerdo con el informe del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), con corte a las 9:00 a. m. de este 1 de enero, se notificaron cinco nuevos casos de lesiones por pólvora, ocurridos entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del Año Nuevo. Entre estos se encuentra un menor de edad lesionado en el municipio de Galapa. Con este reporte, el balance total de la temporada decembrina asciende a 55 personas lesionadas por pólvora en el Atlántico, de las cuales 13 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y 42 corresponden a adultos. Del total de personas mayores de edad lesionadas, 31 se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Lea también: Gobernación del Atlántico activa campaña de protección ciudadana La secretaria de Salud encargada del Atlántico, Leonor Pérez Blanco, reiteró el llamado a las familias y a la ciudadanía en general para evitar la manipulación de pólvora y proteger la vida, especialmente la de los menores de edad. “Desde la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Salud hacemos un llamado a las familias para que eviten la manipulación de la pólvora y, de esta manera, disminuir las lesiones que ponen en riesgo la vida y la salud de nuestra población”, enfatizó la funcionaria. La administración departamental insistió en la responsabilidad de padres, madres y cuidadores frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordando que la pólvora no es un juego y que su manipulación por parte de menores constituye un riesgo grave para su integridad física. Asimismo, la secretaria (e) subrayó la importancia del autocuidado en la población adulta, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos registrados están asociados al consumo de alcohol. “Mezclar bebidas alcohólicas con la manipulación de pólvora multiplica el riesgo de accidentes. La gran mayoría de los adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol y hoy reciben atención médica. El llamado es claro: no manipular pólvora y celebrar de manera responsable”, indicó. El reporte evidencia un incremento preocupante en la incidencia de casos, al superar la cifra registrada en la vigencia anterior, cuando para la misma fecha se contabilizaban 36 personas lesionadas por pólvora en el departamento. Actualmente, todas las personas lesionadas han sido atendidas de manera oportuna en la red hospitalaria del Atlántico, la cual permanece en Alerta Amarilla, garantizando la disponibilidad de talento humano en salud, insumos médicos, ambulancias y bancos de sangre. En el territorio departamental continúa activa la Vigilancia Intensificada de Lesiones por Pólvora Pirotécnica, en articulación con SIVIGILA, el área de Salud Pública, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Atlántico (CRUED) y la red pública y privada de servicios de salud. Lea también: Hurto a viviendas y comercios supera los 44 mil casos en 2025 Seguridad El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, informó que durante la jornada se registraron tres homicidios en el departamento en Barranquilla, Soledad y Baranoa. Uno de los casos corresponde a un homicidio por sicariato en el municipio de Baranoa, atendido por el Departamento de Policía Atlántico (DEATA). La víctima se dedicaba a la actividad de cobradiario y presentaba antecedentes judiciales. El segundo caso fue reportado por la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), ocurrido en la ciudad de Barranquilla, con arma cortopunzante, el cual se encuentra en proceso de investigación. Adicionalmente, se reportó otro hecho violento en el municipio de Soledad.

Este año no solo fue de transición política, sino de eventos que pusieron a prueba la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombiana. En este artículo exponemos los 15 hitos que marcaron la agenda nacional durante el 2025. 1. El veredicto histórico contra Álvaro Uribe El 28 de julio de 2025, la justicia colombiana emitió un fallo sin precedentes al declarar al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La sentencia concluyó que hubo una estrategia orquestada para manipular testimonios que favorecieran su situación jurídica. El impacto fue tal que las principales ciudades registraron tanto marchas de apoyo como de celebración, evidenciando una fractura social que marcó toda la segunda mitad del año. Finalmente, la revisión de la sentencia por un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Uribe, lo declaró inocente de estos delitos. Lea también: Histórica condena a Álvaro Uribe Vélez 2. Santa Marta: 500 años de resiliencia La celebración del quinto centenario de la ciudad el 29 de julio trascendió lo festivo. Bajo el lema "Santa Marta 500", el Gobierno y la Alcaldía entregaron la primera fase del nuevo sistema de acueducto, buscando saldar la deuda histórica con la escasez de agua. La agenda incluyó actos simbólicos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y un concierto masivo en la Bahía que reunió a más de 200.000 personas. 3. Emergencia Económica y Social (Decreto 1390) Debido al déficit crítico en la financiación del sistema de salud y la parálisis administrativa en varias regiones, el Gobierno declaró la Emergencia Económica el 22 de diciembre. Esta medida permitió el giro directo de recursos a los hospitales sin pasar por intermediarios, una decisión que, aunque fue demandada ante la Corte Constitucional, logró mitigar el riesgo de un cese de servicios a nivel nacional durante el fin de año. 4. El Metro de Bogotá: El primer tren en casa El 10 de septiembre, Bogotá vivió un momento histórico con la llegada del primer tren de la Línea 1 al Patio Taller en Bosa. Tras un complejo traslado desde el Puerto de Buenaventura, los vagones fueron ensamblados para iniciar pruebas de rodadura. Al cerrar el año, el proyecto alcanzó un 57% de ejecución física, consolidando la confianza en que el sistema operará comercialmente en 2028. 5. Salario Mínimo 2026: El aumento del 23% En una movida que dividió a los economistas, el Gobierno decretó un aumento del 23% en el salario mínimo para el 2026. La intención declarada fue proteger el consumo interno y compensar la inflación acumulada. No obstante, los gremios advirtieron sobre un posible aumento en la informalidad laboral, que ya rozaba el 56% en ciudades intermedias. 6. Crisis humanitaria en el Catatumbo y Chocó El 2025 fue calificado por organismos internacionales como el año de mayor retroceso humanitario en la última década. La disputa territorial entre grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 85.000 personas en regiones como el Catatumbo. El confinamiento de comunidades enteras en el Chocó debido a paros armados persistentes puso en jaque la efectividad de la política de seguridad del Estado. 7. El hundimiento de la Ley de Financiamiento El 9 de diciembre, por segunda vez en el año, el Congreso hundió la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. El rechazo a impuestos sobre grandes capitales y a la eliminación de exenciones corporativas dejó un hueco fiscal de $11 billones de pesos, obligando al Ministerio de Hacienda a anunciar recortes drásticos en el presupuesto nacional para el inicio de 2026. Lea también: El ELN anuncia cese unilateral del fuego durante Navidad y fin de año 8. Ruptura de diálogos con el ELN La "Paz Total" enfrentó su mayor crisis tras una serie de ataques a la infraestructura petrolera y paros armados en el suroccidente del país. El Gobierno suspendió la mesa de diálogo en diciembre y reactivó las órdenes de captura contra los miembros de la cúpula del ELN, incluyendo a aquellos que se encontraban en el exterior, cerrando una ventana de negociación que duró tres años. 9. Crecimiento económico del 2,6% A pesar de la incertidumbre política, el PIB de Colombia creció un 2,6% en 2025. Este crecimiento fue impulsado por la recuperación del sector construcción y el auge del turismo, que recibió a más de 6 millones de visitantes extranjeros. Sin embargo, la inversión extranjera directa mostró una desaceleración, manteniéndose en niveles de precaución. 10. La Toma de Buenos Aires, Cauca El 16 de diciembre, las disidencias de las FARC ejecutaron una toma armada en el municipio de Buenos Aires que duró más de diez horas. El ataque, que incluyó el uso de drones con explosivos, obligó a una reestructuración del mando militar en el Cauca y generó un fuerte reclamo de los gobernadores por mayor presencia estatal en las periferias. 11. Referendo por la Reforma Laboral Ante la imposibilidad de aprobar la reforma en el Congreso, el Ejecutivo impulsó la idea de un referendo popular. Aunque la logística y los tiempos legales retrasaron su ejecución, la propuesta dominó el debate público, enfrentando al Gobierno con las altas cortes sobre la constitucionalidad de legislar temas laborales mediante consulta directa. 12. Alerta de Tsunami en el litoral Pacífico El 30 de julio, un sismo de gran magnitud en la península de Kamchatka generó una alerta de tsunami que puso a prueba los sistemas de gestión del riesgo en Colombia. Municipios como Tumaco y Guapi evacuaron preventivamente a miles de personas. Aunque el impacto fue de olas menores a 1 metro, la respuesta coordinada evitó tragedias y demostró mejoras en la preparación civil. 13. Selección Colombia: Paso firme al Mundial 2026 En lo deportivo, el equipo nacional selló un año brillante en las eliminatorias. Con victorias clave sobre Paraguay y un empate histórico contra Brasil en marzo, la selección masculina se ubicó en los primeros puestos de la tabla, asegurando virtualmente su cupo para la cita mundialista de este año. Lea también: Atentan contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay 14. El asesinato de Miguel Uribe Turbay El hecho político más luctuoso del año fue la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto. Tras haber sido víctima de un atentado con arma de fuego el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, el líder del Centro Democrático falleció después de dos meses de cuidados intensivos. Su fallecimiento fue catalogado como un magnicidio que alteró profundamente el tablero electoral para 2026 y reabrió el debate sobre la violencia política en el país. 15. El gran remezón ministerial de febrero Iniciando el año, el presidente Petro renovó casi la mitad de su gabinete. El cambio buscó integrar figuras con mayor capacidad de ejecución técnica para terminar los proyectos bandera antes del fin de su mandato. Este movimiento permitió acelerar obras civiles y programas de reforma agraria que habían estado estancados desde 2024.

De acuerdo con el más reciente estudio de la firma W.A.A. (William Acero Arango), publicado por El Espectador, el panorama hacia la Casa de Nariño en 2026 comienza a definirse con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como los candidatos que pasarían a una eventual segunda vuelta. Cepeda lidera la intención de voto con un 30,7%, seguido por De la Espriella con el 16,2%, en un escenario donde el voto en blanco se consolida como una fuerza determinante al alcanzar un 11,8 %, superando incluso a figuras tradicionales de la política nacional. Lea también: Cepeda y De la Espriella tienen la mayor intención de voto: CNC Detrás de los punteros se ubican Sergio Fajardo, con un 6,7%, y Roy Barreras, con un 6,1%. La encuesta también registró apoyos menores para María Fernanda Cabal (4,1%), Vicky Dávila (3,6%), Claudia López (3,5%), Germán Vargas Lleras (3,1%) y Miguel Uribe Londoño (2,3%). Es relevante anotar que la medición para Cabal se realizó antes de conocerse que no sería la carta del Centro Democrático. El resto del espectro político, compuesto por nombres como Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, entre otros, no logra superar el umbral del 1,6%. En los escenarios proyectados para una segunda vuelta, Iván Cepeda se perfila como el vencedor indiscutible frente a sus principales contendores: superaría a De la Espriella con un 42,1% frente a un 29,0%, a Fajardo con una ventaja de 23 puntos y a Vargas Lleras con un contundente 44,4% sobre un 15,4%. Estos datos coinciden con la autodefinición ideológica de los consultados, donde un 32,6 % se identifica con la izquierda, un 29,4 % con la derecha y un 16,1 % con el centro, mientras que un 21,9 % se declara independiente. Respecto a las preocupaciones ciudadanas, el estudio revela que la salud es la prioridad absoluta para el 32,0% de los colombianos, seguida por la seguridad (23,3%) y el empleo (19,6%), dejando en planos secundarios temas como la educación, la movilidad y las relaciones internacionales. Lea también: Los 22 precandidatos que radicaron firmas ante la Registraduría Finalmente, la encuesta evaluó la percepción sobre la administración de Gustavo Petro, arrojando un clima de opinión dividido: un 30,6% califica su gestión como buena, frente a un 35,4% que la considera regular y un 34,0% que la tilda de mala. A pesar de estas cifras, los encuestados identifican hitos claros en su gobierno, destacando principalmente el incremento del salario mínimo (25,8%), la entrega de tierras a campesinos (18,3%) y la protección social al adulto mayor (13,8%). Otros logros mencionados incluyen la mejora en las condiciones salariales de la fuerza pública y el impulso a las políticas ambientales, elementos que siguen pesando en el balance que la ciudadanía hace del Ejecutivo a medida que se acerca la contienda electoral de 2026. La encuesta fue realizada por la firma  W.A.A. (William Acero Arango), inscrita ante el CNE mediante la Resolución 12167 del 26 de diciembre de 2025, y consultó a 11.509 personas mayores de edad en 12 ciudades del país, con un margen de error del 2,6%.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que, al cierre de noviembre de 2025, Colombia registró una tasa de desocupación del 7%, consolidándose como el mejor desempeño para este mes desde el año 2015, cuando la cifra se situó en un 7,6%. Lea también: El Banco de la República mantiene las tasas en 9,25% Este resultado representa una notable mejoría frente al mismo periodo de 2024, logrando una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto al 8,2% reportado el año anterior. Según el reporte oficial presentado este 30 de diciembre, la dinámica económica permitió que aproximadamente 241.000 personas abandonaran las filas del desempleo a nivel nacional, una transición que se sintió con mayor fuerza en los centros poblados y zonas rurales dispersas (con una incidencia del 31,0%) y en las diez principales ciudades del país (16,9%). Este hito histórico estuvo impulsado principalmente por el sector primario de la economía. La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se posicionó como el motor de la ocupación, aportando 1,3 puntos porcentuales al incremento total de la población con empleo. No obstante, el informe también arroja una señal de alerta sobre la calidad del trabajo: la proporción de informalidad laboral se ubicó en 55,4%, lo que supone un ligero incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Esto sugiere que, si bien el volumen de empleo está en niveles récord, el reto de la formalización sigue siendo una tarea pendiente para la estructura económica del país. Uno de los puntos más destacados por el DANE en este boletín es la reducción sin precedentes de las brechas de género. La tasa de desocupación para los hombres se situó en un 5,5%, mientras que para las mujeres fue del 9,1%. Aunque persiste una diferencia, esta brecha de 3,5 puntos porcentuales es calificada por la entidad como la más baja en toda la serie histórica del país. Esta disminución, considerada estadísticamente significativa, marca un avance crítico hacia la equidad en el acceso a oportunidades laborales, reflejando un mercado más inclusivo en comparación con las mediciones de años anteriores. Lea también: Inflación y desempleo a la baja, pero persiste la inseguridad alimentaria Finalmente, los datos de noviembre confirman una tendencia de recuperación que se venía gestando durante el último trimestre de 2025. Al observar el comportamiento previo, se evidencia un descenso progresivo y consistente: la tasa de desempleo pasó de un 8,2% en septiembre a un 8,0% en octubre (que ya representaba una caída frente al 9,5% de octubre de 2024), hasta culminar en el histórico 7% de noviembre. Estos indicadores sugieren un fortalecimiento de la demanda laboral en las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales, cerrando el año con un optimismo estadístico que no se veía en el país desde hace diez años.

El fraude del “hijo en apuros”, las suplantaciones de organismos oficiales y de grandes marcas y el secuestro silencioso de cuentas son algunas de las estafas más extendidas en 2025 a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Con sus más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares, algo que buscan explotar los cibercriminales, ya sea usando este servicio como canal principal para distribuir sus engaños o como canal final para cometer un fraude. WhatsApp se ha convertido en uno de los principales vectores de fraude digital durante 2025, como informan desde Check Point Software, ya que concentra algunas de las estafas más extendidas y efectivas, que explotan la confianza, la urgencia y la inmediatez propias de la mensajería instantánea. Lea también: Elon Musk lanza advertencia sobre WhatsApp Una de ellas es el conocido como fraude del ‘hijo en apuros’, en la que las víctimas reciben un mensaje desde un número de teléfono desconocido en los que el ciberdelincuente se hace pasar por un hijo o hija. El mensaje pide ayuda urgente, normalmente económica, y se aprovecha de la presión emocional para conseguir que muchas víctimas actúen sin verificar la identidad real del remitente. Más novedosa es la técnica del ‘Ghost Pairing’ o secuestro silencioso de cuentas de WhatsApp. Con ella, como explican los expertos de Check Point, los ciberdelincuentes consiguen vincular la cuenta de WhatsApp de la víctima a otro dispositivo sin necesidad de robar la SIM ni la contraseña. A través de engaños previos, logran que la persona facilite códigos de verificación, lo que les permite tomar el control de la cuenta y utilizarla posteriormente para engañar a sus contactos. Las suplantaciones de organismos oficiales y de grandes marcas y plataformas digitales también han conseguido engañar a los usuarios de WhatsApp este año. Estas campañas envían mensajes que simulan proceder de organismos como la DGT, alertando de multas pendientes o incidencias administrativas, o de empresas conocidas como Amazon, informando de supuestos problemas con pedidos, cuentas bloqueadas o cargos sospechosos. El objetivo final suele ser el robo de credenciales o el control de la cuenta de WhatsApp para extender el fraude a otros contactos. A veces, la estafa no llega en un mensaje recibido en WhatsApp, sino que comienza en una plataforma legítima, como Facebook o TikTok, con una publicación que sirve de gancho para llevar el fraude a la aplicación de mensajería. Lea también: WhatsApp crea los hilos para ordenar las conversaciones Se trata de un patrón que se ha observado en campañas más sofisticadas. Check Point Research ha identificado recientemente una campaña masiva de ‘phishing’ que utilizaba Google Classroom como gancho inicial. Los ciberdelincuentes enviaban invitaciones falsas desde esta plataforma legítima y, una vez establecida la confianza, redirigían a las víctimas a contactar por WhatsApp, donde se desarrollaba el fraude. «Este año hemos visto cómo estafas muy distintas comparten un mismo patrón: llevar la conversación a WhatsApp para sacar al usuario de entornos más controlados y aumentar las probabilidades de éxito», ha comentado el director técnico de Check Point Software para España y Portugal, a Eusebio Nieva.

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla otorgó la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, conocido bajo el alias de ‘Gatico’ y vástago de la extinta empresaria de apuestas Enilce López, ‘La Gata’. La decisión judicial se fundamenta en que el sentenciado ha cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos que exige el Código Penal colombiano para acceder a este beneficio. Alfonso López, cuya madre falleció en enero de 2024, purgaba una condena por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Aunque inicialmente fue sentenciado en 2014 a una pena de 39 años de prisión (468 meses) como determinador de un asesinato, el Tribunal Superior de Bogotá redujo su condena en 2017 a poco más de 29 años (351 meses), decisión que posteriormente quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Lea también: Revocan la medida de casa por cárcel al hijo de 'La Gata' Para conceder la libertad, el despacho judicial determinó que el condenado ya ha superado las tres quintas partes de su pena. Según el cómputo oficial a octubre de 2025, Alfonso López registra 229 meses y 18 días de tiempo cumplido, una cifra que integra el tiempo de reclusión efectiva con las redenciones de pena obtenidas mediante el trabajo y el estudio, sumado a la aplicación del principio de favorabilidad normativa. Además del factor cronológico, el juzgado valoró positivamente el comportamiento del interno durante su tratamiento penitenciario, respaldado por un concepto favorable del Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario El Bosque. Los magistrados también consideraron que el arraigo familiar y social del procesado es suficiente para inferir que la continuación de la ejecución de la pena en un centro carcelario no resulta necesaria. Lea también: El hijo de ´La Gata´ ya no será facilitador de paz Es importante destacar que, al momento de recibir esta notificación, el hijo de ‘La Gata’ ya se encontraba bajo prisión domiciliaria debido a un cuadro clínico de enfermedad grave, calificado previamente por el Instituto Nacional de Medicina Legal como incompatible con la vida en reclusión. Tras esta nueva orden, el tiempo restante de su condena se convertirá en un periodo de prueba bajo supervisión judicial, durante el cual deberá cumplir estrictamente con las obligaciones impuestas por la ley para mantener el beneficio de la libertad condicional.

Por: Dany Oviedo Marino En un movimiento que redefine las reglas del juego político en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto que fija el salario mínimo para 2026 en $2.000.000. Esta cifra, que representa un incremento del 23,7%, no es solo un dato económico; es un manifiesto de ruptura, una herramienta de campaña y, para muchos observadores, el acto final de una calculada venganza contra los gremios económicos que han sido sus principales antagonistas durante este cuatrienio. Concepto Salarial 2025 (Cifras Reales) 2026 (Decreto Petro) Variación Salario Base $1.423.500 $1.750.905 +23% Auxilio de Transporte $200.000 $249.095 +24.5% Total Mensual $1.623.500 $2.000.000 +23,2% Lea también: Empresarios y sindicatos no acordaron aumento del salario mínimo en 2026 El salario como arma de guerra La relación entre la Casa de Nariño y los gremios (ANDI, Fenalco, SAC) se rompió hace mucho. Tras años de críticas cruzadas por la Reforma Laboral y el rechazo a la Ley de Financiamiento, Petro ha decidido que la concertación es una etapa superada. Al imponer un aumento que triplica la oferta empresarial y que es un 7% mayor que lo demandado por la centrales obreras, el presidente envía un mensaje nítido: si el establecimiento económico no permite las reformas en el Congreso, el Ejecutivo las impondrá por decreto en la nómina. Es el uso del salario mínimo como un "arancel interno" destinado a redistribuir las utilidades de las grandes empresas directamente hacia la base popular, sin intermediarios. Este golpe debió esperarlo el empresariado toda vez que no dejó de golpear a Petro durante todo su gobierno y los trabajadores de salario mínimo también lo esperaban como un gesto final de Petro hacia la justicia social. Petro ha decidido que su legado será el mayor aumento real del salario mínimo realizado en Colombia. En resumen, es una audaz jugada que mezcla vendetta contra los gremios, justicia social para los trabajadores que menos ganan y estrategia política. A pocos meses de las elecciones de 2026, Petro ha pavimentado su narrativa. Al romper la barrera psicológica de los dos millones, se posiciona como el mandatario que más ha beneficiado al trabajador formal en la historia reciente. Lea también: Aumento histórico y polémico del salario mínimo en Colombia Este aumento actúa como un imán electoral. Para el ciudadano de a pie, la cifra es tangible y heroica; las advertencias técnicas sobre la inflación o el desempleo quedan relegadas a un segundo plano frente a la realidad del depósito bancario. MiPymes, informalidad e inflación Fuera de la narrativa oficial, la realidad del tejido empresarial es sombría. Para una pequeña empresa, el costo real de un trabajador (incluyendo seguridad social, primas y cesantías) escalará aproximadamente a los $3.000.000 mensuales en 2026. El riesgo es una "desbandada hacia la informalidad". Las micro y pequeñas empresas, que no gozan de los márgenes de las grandes corporaciones, se enfrentan a un dilema existencial: despedir personal, subir precios agresivamente o pasar a la contratación "en negro". Petro parece haber aceptado este costo social como un daño colateral necesario para su golpe de autoridad política. Por otro lado, el Banco de la República plantea que esta decisión puede ser una jugada de "suma cero", pues su junta directiva asume que un aumento de esta magnitud generará una bomba de demanda que obligará al Banco de la República a mantener las tasas de interés elevadas (posiblemente por encima del 10%) para evitar que la inflación se desboque. Otro posible efecto colateral será el aumento de la vivienda VIS: Como el precio de la Vivienda de Interés Social está atado al salario mínimo, un apartamento que costaba $213 millones en 2025 pasará a costar $300 millones en 2026. Lea también: La venezolanización de la oposición colombiana La batalla final Los gremios ya preparan una contraofensiva jurídica. La demanda de nulidad ante el Consejo de Estado es inminente, alegando que el decreto carece de sustento técnico en productividad, violando la Ley 278 de 1996. Si la justicia suspende el decreto, Petro tendrá el escenario perfecto para su cierre de gobierno: culpar a las "élites judiciales y económicas" de arrebatarle al pueblo el aumento que él les otorgó. El aumento de los 2 millones es la obra maestra de la comunicación política de Petro. Es, simultáneamente, un acto de justicia social para su base, una vendetta contra sus opositores gremiales y una trampa institucional para sus críticos. El 2026 será el año en que Colombia descubra si este salto al vacío conduce a una prosperidad impulsada por el consumo o a una crisis de costos que termine por marchitar la economía formal.

En una decisión que ha sacudido el panorama económico del país, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el incremento del salario mínimo para el año 2026. Tras el fracaso de las negociaciones en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el mandatario fijó la cifra mediante decreto, estableciendo un aumento sin precedentes en la historia reciente de Colombia. A partir del 1 de enero de 2026, el ingreso mínimo de los trabajadores colombianos alcanzará los $2.000.000, sumando el salario básico y el auxilio de transporte. El ajuste representa un incremento global del 23,7% (algunas fuentes precisan un 23,78%), una cifra que triplica las proyecciones iniciales basadas en la inflación, que se estima cerrará el 2025 cerca del 5%. Lea también: Empresarios y sindicatos no acordaron aumento del salario mínimo en 2026 El desglose del nuevo salario queda de la siguiente manera: Salario básico: $1.746.882 (un aumento del 22,7% frente a los $1.423.500 de 2025). Auxilio de transporte: $253.118 (un incremento del 24,5%). El concepto de "Salario Mínimo Vital" Durante su alocución presidencial el pasado 29 de diciembre, el presidente Petro defendió la medida bajo la tesis del "salario mínimo vital". Basándose en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno argumenta que el salario no debe ser solo un cálculo estadístico de inflación y productividad, sino un monto que garantice una vida digna, cubriendo alimentación, educación, salud y recreación para el trabajador y su núcleo familiar. Petro aseguró que este incremento no disparará el desempleo. Por el contrario, afirmó que "entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja", y sostuvo que el aumento del poder adquisitivo dinamizará la "economía popular" al incrementar las ventas en tiendas de barrio y pequeños negocios. Preocupación en gremios y expertos La decisión ha generado una ola de críticas por parte de los sectores empresariales. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la medida como un riesgo para la estabilidad económica, advirtiendo sobre posibles presiones inflacionarias y un impacto negativo en las finanzas públicas. Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, tildó el aumento de "irresponsable" y vaticinó que podría profundizar la informalidad laboral en el país. Efecto dominó: vivienda y multas El impacto del decreto va más allá del cheque mensual de los trabajadores. Expertos advierten que el incremento del 23% tendrá efectos automáticos en otros sectores: Vivienda de Interés Social (VIS): Al estar indexados al salario mínimo, los topes de las viviendas VIS se dispararán. Una vivienda de 150 salarios mínimos pasaría de costar $213 millones a aproximadamente $262 millones, lo que podría dejar a muchos beneficiarios sin capacidad de cierre financiero. Lea también: El Banco de la República mantiene las tasas en 9,25% Servicios y multas: Diversos trámites, tarifas de servicios y administraciones de propiedad horizontal que se rigen por el salario mínimo verán un ajuste similar. Mientras las centrales obreras celebran lo que consideran un acto de justicia social, el mercado financiero ha reaccionado con cautela. La tasa de los títulos de deuda pública (TES) ya mostró presiones al alza ante el temor de que este incremento obligue al Banco de la República a frenar la reducción de las tasas de interés para contener una posible nueva espiral inflacionaria en 2026.