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Aumento del salario mínimo: justicia social y vendetta institucional

Por: Dany Oviedo Marino


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En un movimiento que redefine las reglas del juego político en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto que fija el salario mínimo para 2026 en $2.000.000. Esta cifra, que representa un incremento del 23,7%, no es solo un dato económico; es un manifiesto de ruptura, una herramienta de campaña y, para muchos observadores, el acto final de una calculada venganza contra los gremios económicos que han sido sus principales antagonistas durante este cuatrienio.


Concepto Salarial 2025 (Cifras Reales) 2026 (Decreto Petro) Variación

Salario Base $1.423.500 $1.750.905 +23%

Auxilio de Transporte $200.000 $249.095 +24.5%

Total Mensual $1.623.500 $2.000.000 +23,2%



El salario como arma de guerra


La relación entre la Casa de Nariño y los gremios (ANDI, Fenalco, SAC) se rompió hace mucho. Tras años de críticas cruzadas por la Reforma Laboral y el rechazo a la Ley de Financiamiento, Petro ha decidido que la concertación es una etapa superada.


Al imponer un aumento que triplica la oferta empresarial y que es un 7% mayor que lo demandado por la centrales obreras, el presidente envía un mensaje nítido: si el establecimiento económico no permite las reformas en el Congreso, el Ejecutivo las impondrá por decreto en la nómina. Es el uso del salario mínimo como un "arancel interno" destinado a redistribuir las utilidades de las grandes empresas directamente hacia la base popular, sin intermediarios.


Este golpe debió esperarlo el empresariado toda vez que no dejó de golpear a Petro durante todo su gobierno y los trabajadores de salario mínimo también lo esperaban como un gesto final de Petro hacia la justicia social. Petro ha decidido que su legado será el mayor aumento real del salario mínimo realizado en Colombia. En resumen, es una audaz jugada que mezcla vendetta contra los gremios, justicia social para los trabajadores que menos ganan y estrategia política.

A pocos meses de las elecciones de 2026, Petro ha pavimentado su narrativa. Al romper la barrera psicológica de los dos millones, se posiciona como el mandatario que más ha beneficiado al trabajador formal en la historia reciente.



Este aumento actúa como un imán electoral. Para el ciudadano de a pie, la cifra es tangible y heroica; las advertencias técnicas sobre la inflación o el desempleo quedan relegadas a un segundo plano frente a la realidad del depósito bancario.


MiPymes, informalidad e inflación


Fuera de la narrativa oficial, la realidad del tejido empresarial es sombría. Para una pequeña empresa, el costo real de un trabajador (incluyendo seguridad social, primas y cesantías) escalará aproximadamente a los $3.000.000 mensuales en 2026.


El riesgo es una "desbandada hacia la informalidad". Las micro y pequeñas empresas, que no gozan de los márgenes de las grandes corporaciones, se enfrentan a un dilema existencial: despedir personal, subir precios agresivamente o pasar a la contratación "en negro". Petro parece haber aceptado este costo social como un daño colateral necesario para su golpe de autoridad política.


Por otro lado, el Banco de la República plantea que esta decisión puede ser una jugada de "suma cero", pues su junta directiva asume que un aumento de esta magnitud generará una bomba de demanda que obligará al Banco de la República a mantener las tasas de interés elevadas (posiblemente por encima del 10%) para evitar que la inflación se desboque.


Otro posible efecto colateral será el aumento de la vivienda VIS: Como el precio de la Vivienda de Interés Social está atado al salario mínimo, un apartamento que costaba $213 millones en 2025 pasará a costar $300 millones en 2026.



La batalla final


Los gremios ya preparan una contraofensiva jurídica. La demanda de nulidad ante el Consejo de Estado es inminente, alegando que el decreto carece de sustento técnico en productividad, violando la Ley 278 de 1996.


Si la justicia suspende el decreto, Petro tendrá el escenario perfecto para su cierre de gobierno: culpar a las "élites judiciales y económicas" de arrebatarle al pueblo el aumento que él les otorgó.


El aumento de los 2 millones es la obra maestra de la comunicación política de Petro. Es, simultáneamente, un acto de justicia social para su base, una vendetta contra sus opositores gremiales y una trampa institucional para sus críticos. El 2026 será el año en que Colombia descubra si este salto al vacío conduce a una prosperidad impulsada por el consumo o a una crisis de costos que termine por marchitar la economía formal.

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