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La candidata presidencial Paloma Valencia presentó su programa de gobierno, denominado “Plan 10”, junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La propuesta articula medidas en seguridad, salud, energía, finanzas públicas, pensiones, empresa e infraestructura, con énfasis en orden público y reactivación económica. Seguridad El plan incluye una estrategia denominada “30-30”, que propone incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 policías, con el objetivo de alcanzar un pie de fuerza cercano a 530.000 efectivos. La candidata plantea además: Inversión en tecnología, incluyendo drones y ciberinteligencia. Mayor presencia territorial y control de corredores viales, incluso con militarización de vías como la de Popayán-Pasto. Reforma a la justicia y fortalecimiento de procesos de resocialización en cárceles. Cárceles “dignas y productivas”, con enfoque en actividades agrícolas. Bloqueo total de señal celular en centros penitenciarios. Lea también: Partido de la U oficializa su respaldo a Paloma Valencia Salud En materia de salud, Valencia propone intervenir el modelo de financiación del sistema, especialmente la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Las otras propuestas son: Resolver 10 millones de atenciones represadas en los primeros 100 días. Compra masiva de medicamentos por $3 billones para garantizar abastecimiento inmediato. Incentivos a las EPS para atender pacientes crónicos, con enfermedades huérfanas y discapacidad. Ajustar la UPC según el perfil de riesgo y necesidades reales de cada paciente. Priorizar zonas rurales y poblaciones vulnerables. Energía: fracking y tarifas El plan energético combina expansión de fuentes tradicionales y alternativas: Aprobación del fracking Reactivación de la exploración de petróleo, gas y carbón. Desarrollo de energías renovables: eólica, solar, biomasa, geotérmica, hidrógeno y nuclear. Promoción de proyectos hidroeléctricos. Reducción de tarifas, con énfasis en la región Caribe. Sustitución de leña por gas en un millón de hogares mediante subsidios. Desarrollo energético para atraer centros de datos e inteligencia artificial. Finanzas públicas: ajuste fiscal y lucha anticorrupción Valencia propone una reingeniería del manejo fiscal y del gasto público: Auditoría forense a entidades intervenidas como la Nueva EPS. Implementación de un “Estado Digital” con inteligencia artificial para vigilar la contratación. Prohibición de contratar con el Estado para personas o empresas vinculadas a corrupción. Reducción “drástica” de impuestos y simplificación del estatuto tributario. Eliminación del impuesto al patrimonio. Refinanciación de la deuda pública con cooperación internacional. Pensiones y adulto mayor Uno de los puntos más sensibles es el sistema pensional. Valencia, quien demandó y mantiene frenada la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, presentó su propuesta. Ampliar la cobertura de subsidios de 1,6 millones a 3 millones de adultos mayores y aumentar el monto del subsidio a $230.000, pero esto ya está siendo aplicado por el gobierno del presidente Gustavo Petro sin reforma. La candidata aclara que su oposición no es al subsidio que reciben los ancianos, sino al impacto fiscal que, según ella, generaría la reforma actual. Lea también: "Me dan ganas de vomitar": Santiago Botero sobre Paloma Valencia y el uribismo Empresas: formalización y apoyo a emprendimientos El plan económico incluye medidas para facilitar la creación y formalización de empresas: Eliminación de barreras regulatorias y reducción de trámites. Registro gratuito en cámaras de comercio y acceso sin costo al Invima. Creación de un “mini régimen simple” de tributación. Capital semilla para emprendimientos, especialmente liderados por mujeres. Créditos blandos y apoyo tecnológico. Inclusión financiera de trabajadores informales mediante billeteras digitales. Infraestructura: vías, vivienda y cierre de brechas En infraestructura, el “Plan 10” propone: Construcción de 10.000 km de vías terciarias. Mantenimiento de 25.000 km de red vial con apoyo a alcaldes y juntas de acción comunal. Impulso a proyectos férreos, aéreos y fluviales. Construcción de un millón de viviendas para hogares de bajos ingresos. Fortalecimiento de programas como Mi Casa Ya, Casa Semilla y Semillero de Propietarios. El contexto político y económico La presentación de este plan no es solo una propuesta técnica, sino un movimiento político estratégico. Al proponer una alternativa tangible, la senadora Valencia se posiciona como una voz líder de la oposición frente a las reformas del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, surgen dos puntos a debate: su viabilidad fiscal, pues los críticos cuestionan cómo se compensará la reducción de recaudación de impuestos si se bajan las tasas corporativas, y el poco impacto social, pues sectores del gobierno argumentan que estas medidas benefician primordialmente a los grandes capitales.

Por: Juan C. Pérez Polo El periodismo, en su concepción más pura, debe ser el contrapoder por excelencia. Su función es fiscalizar a quienes ostentan el mando, sin importar el color de sus banderas. Sin embargo, lo ocurrido con Vicky Dávila y su reciente regreso a la Revista Semana, tras su fracasada aventura electoral hacia la presidencia, marca un precedente nefasto para la salud democrática de Colombia y para la integridad de un oficio que ya arrastra una profunda crisis de credibilidad precisamente porque en vez de periodistas de verdad se ha llenado activistas. Lea también: El ridículo fracaso de la campaña presidencial de Vicky Dávila El regreso de Dávila a la silla editorial no es simplemente el retorno de una periodista a su casa; es la institucionalización de la "puerta giratoria" entre el activismo político y la información. Cuando una figura pública decide abandonar las redacciones para pedir votos, está cruzando un Rubicón ético. Al hacerlo, admite que sus preguntas ya no buscan la verdad, sino el poder. ¿Cómo puede alguien que hace apenas semanas buscaba el favor del electorado pretender ahora vestir de nuevo el ropaje de la imparcialidad? El peligro de este vaivén es múltiple. La independencia de un medio se basa en la distancia crítica. Una periodista que fue candidata ya no informa, sino que hace campaña desde el medio. Cada titular contra sus antiguos rivales o a favor de sus exaliados estará irremediablemente contaminado por su agenda personal. Si se permite que los periodistas usen sus espacios para construir plataformas electorales y luego regresen a ellos cuando fracasan, el oficio se convierte en un simple mecanismo de relaciones públicas y marketing político. Simplemente se pervierte, se corrompe. Casos como el chat filtrado con Paloma Valencia demuestran que las fronteras entre la labor informativa y la estrategia partidista se han borrado. Cuando la "primicia" es pactada en círculos de poder, el ciudadano deja de ser el cliente del medio para convertirse en el objetivo de una manipulación. Lea también: Vicky Dávila, una candidata producto de la maquinaria mediática Y es ahí donde Dávila se vuelve ahora más peligrosa de lo que ya era. No se puede ser juez y parte, ni se puede ser candidato hoy y "perro guardián" de la democracia mañana. El regreso de Vicky al periodismo es una bofetada a quienes creen en la ética profesional de esta profesión. Representa el triunfo del espectáculo sobre la sustancia y deja una pregunta inquietante en el aire: ¿estamos leyendo noticias o simplemente los resentimientos de una campaña que no pudo ser? La independencia no es un traje que se quita y se pone según la conveniencia del calendario electoral; es una convicción que, una vez empeñada, difícilmente se recupera.

Por: Pepe Sánchez Tuvo como escenario el Cementerio Universal y lo contó el médico Leonello Marthe en su libro Historia de la Sociedad Hermanos de la Caridad. Fue escalofriante conocer el episodio del que supe de manera inicial, por el libro Historia del Cementerio Universal, autoría del finado médico, Leonello Marthe. -Pepe, es real y como dices tú, asusta recordarlo- dijo el Maestro Chelo de Castro cuando lo consultamos -Fue un fusilamiento ordenado por el General Joaquín Fernando Vélez Villamil, al que toda Barranquilla se opuso- siguió diciendo el Maestro. El general Vélez Villamil era por aquel entonces, gobernador del Estado de Bolívar, al que pertenecía Barranquilla (No existía del departamento del Atlántico). Un capitán del ejército –cuyo nombre no se ha podido establecer (hoy se sabe que su apellido era Acosta), de origen cartagenero- y un soldado barranquillero quien -según algunas fuentes de la época- se llamaba Mariano García, fueron enviados en comisión a Santa Marta. (Es bueno recordar que para ese entonces -1902- no existía una vía directa de conexión por carretera) Ellos estaban enemistados y la decisión de mandarlos juntos, fue para tratar de que por las vicisitudes que debían afrontar por el camino, rehicieran su amistad. Pero… Mariano García llegó a los ocho días solo, sin el capitán, diciendo que se habían separado y no pudieron encontrarse de nuevo -Ud. lo mató- le dijo el comandante de la tropa y tras un Consejo de Guerra, el gobernador, General Vélez Villamil, ordenó el fusilamiento del soldado. -Toda Barranquilla se puso en pie para rogar o exigir que no se le fusilara- dice el Maestro. En su libro, el Dr. Marthe manifiesta que luego de que Vélez se mostrara inflexible frente a la multitud que solicitaba el indulto, unas damas de la alta sociedad local, vinculadas a entidades de caridad, se reunieron con el gobernador para pedirle que perdonara al soldado. Pero Vélez -como afirmaba el escritor José María Vargas Vila- era “puro como el hielo, pero también frío como él” y no quiso ceder. Se mantuvo firme en la decisión de ejecutar al muchacho. La pena capital se llevó a cabo en “los paredones del Cementerio Universal”–como señala Marthe en su libro- en horas de la tarde de aquel aciago abril de 1902. -Más o menos un mes días después, apareció el capitán cartagenero. Era cierto que se había perdido y no pudo encontrar a su compañero- dice Chelo de Castro. -Maestro, pero eso fue verdadero crimen -Desde luego, Pepe. Y aunque Vargas Vila trató de justificar a Vélez escribiendo en un libro que publicó, un artículo que tituló “No fue un crimen, fue un error”, la verdad es que no fue un error. Fue un crimen -Claro que sí, Maestro. ¿Y sería ese suceso lo que le costó la presidencia de la República al General Vélez? -Es posible, Mucha gente estaba disgustada con el General porque era muy autoritario- dijo Chelo al final. Bueno, en esa elección hubo el famoso “Pacto de Padilla” en el que los Marroquín el propio General Rafael Reyes intervinieron y se dio “El chocorazo” para evitar que Vélez llegara al presidencia, pero esa ya es otra historia. El episodio de ese fusilamiento, empañó para siempre la reputación de Vélez Villamil. Este es un capítulo de la ciudad que –en el pasado- se caracterizó por la tolerancia y el no a la violencia. Publicado originalmente en: https://pepecomenta.com

En un movimiento que redefine el tablero político de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, el Partido de la U anunció formalmente su adhesión a la campaña de la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Tras una serie de intensas reuniones de bancada y debates internos, la colectividad —que en el pasado fue el soporte legislativo de gobiernos de distintas tendencias— decidió volcar su maquinaria en favor de la líder uribista. Según fuentes del partido, la decisión busca consolidar una "opción que garantice la estabilidad institucional" frente a las propuestas de otros sectores en contienda. Lea también: Centro Democrático oficializa respaldo a fórmula Valencia-Oviedo El apoyo del Partido de la U llega en un momento crucial. Paloma Valencia, quien se impuso con contundencia en las consultas interpartidistas de marzo con más de 3,2 millones de votos, busca ahora ampliar su base de electores más allá del núcleo tradicional del uribismo. La llegada de "La U" no solo le aporta una estructura regional significativa, sino que también marca una tendencia entre los partidos tradicionales. Mientras el Partido Liberal y el Conservador mantienen divisiones internas, la decisión de La U de actuar como bloque mayoritario fortalece la narrativa de unidad en torno a Valencia para enfrentar a candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La directiva del partido argumentó que, tras evaluar las distintas candidaturas, la propuesta de Valencia en temas de seguridad, reactivación económica y defensa del Estado de derecho es la que más se alinea con las necesidades actuales de los colombianos. "Nuestra responsabilidad es con la democracia y la certidumbre del país", señalaron en un comunicado oficial tras la votación en el Club de Banqueros, donde la mayoría de los congresistas electos y actuales dieron el visto bueno a la adhesión. El panorama hacia mayo Con este movimiento, el mapa electoral para la primera vuelta queda polarizado en tres grandes bloques: La derecha institucional: Liderada por Paloma Valencia con el apoyo del Centro Democrático y ahora el Partido de la U. Lea también: Políticos cierran filas ante amenazas contra Paloma Valencia La izquierda: Representada por Iván Cepeda, quien cuenta con el respaldo de las fuerzas de gobierno actuales. El sector "Anti-establecimiento": Encabezado por Abelardo de la Espriella, quien ha rechazado formalmente el apoyo de partidos tradicionales para mantener su imagen de outsider. El próximo hito en el calendario será el 31 de mayo, donde los colombianos decidirán si esta coalición de partidos tradicionales y uribismo es suficiente para definir la presidencia o si el país deberá acudir a una segunda vuelta el 21 de junio.

Los mercados energéticos han iniciado la semana con una marcada tendencia al alza. Las cotizaciones internacionales del crudo registraron sólidos incrementos en respuesta a un complejo escenario geopolítico, impulsado por la reciente escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. Lea también: Guerra de Irán, ¿paz real o un respiro antes de la tormenta? El barril de Brent, referente en el mercado colombiano y europeo, escaló hasta los US$101,92, lo que representa un repunte del 7,06% frente al cierre de la jornada anterior. De igual manera, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, Canadá y México se situó en US$104,09, tras avanzar un 7,79%. Ambos indicadores han superado con holgura la barrera psicológica de los 100 dólares. Este movimiento refleja la aguda sensibilidad de los inversores ante los recientes anuncios de Washington sobre un posible bloqueo perimetral en esta zona estratégica, vital para el tránsito global de hidrocarburos. El repunte de los precios se produce después de que Estados Unidos confirmara el despliegue de operaciones navales en aguas cercanas a Irán. Esta maniobra ha sembrado dudas sobre la estabilidad del flujo de crudo y gas natural a través del Estrecho de Ormuz, un paso marítimo por el que circula aproximadamente la cuarta parte del comercio energético mundial. Reacción en el sector del gas El impacto de la crisis no se limitó al petróleo. En el mercado TTF de Países Bajos, referente para el gas natural en Europa, los precios se dispararon un 8,6%, alcanzando los 47,66 euros por megavatio hora (MWh), tras haber rozado los 50 euros durante la apertura. Lea también: La trampa persa: Pekín capitaliza el desgaste de Washington en Irán Este comportamiento supone un giro radical frente a la tendencia de la semana pasada, cuando los precios cayeron un 19% bajo la expectativa de un alto el fuego temporal que, finalmente, parece haberse disipado. La situación actual reafirma la extrema volatilidad que define al sector energético. La combinación de factores geopolíticos y el temor real a interrupciones en la cadena de suministro global mantienen a los precios en una montaña rusa, supeditados a la evolución del conflicto en la región.

Por: Rodolfo Pontón Barranquilla vuelve a situar en el centro del debate público uno de sus mayores desafíos: la seguridad ciudadana. En medio de este panorama, la tasa de seguridad y convivencia se presenta como un instrumento clave, pero también como un foco de cuestionamientos. Lea también: Barranquilla está desafiada por la delincuencia Si bien la administración y recaudo de esta tasa corresponde a la Gobernación del Atlántico, no se puede desconocer una realidad fundamental: el principal responsable de la seguridad en el distrito es el alcalde. Es sobre su gestión donde recaen los resultados, las decisiones estratégicas y, sobre todo, la percepción de tranquilidad —o miedo— que viven los ciudadanos en las calles. Durante años, Barranquilla ha recibido importantes recursos provenientes de esta tasa, cobrados mensualmente a través de los servicios públicos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿se están traduciendo estos recursos en una mejora real de la seguridad? Lea también: Atlántico cerró febrero con un aumento del 65% en homicidio La historia reciente demuestra que la inseguridad no es un fenómeno nuevo. Desde administraciones como la de Alex Char, se impulsó una narrativa de modernización y progreso que posicionó a la ciudad como ejemplo de transformación urbana. No obstante, en paralelo, la delincuencia ha evolucionado, adaptándose a nuevas condiciones sociales y económicas. Hoy, el alcalde no solo enfrenta el reto de administrar recursos, sino de contener un fenómeno estructural: el crecimiento de economías ilegales, el aumento de la extorsión y la persistencia del robo como forma de subsistencia para algunos sectores. Lea también: Los homicidios por sicariato están sin control en Barranquilla En este contexto, la tasa de seguridad deja de ser un simple cobro para convertirse en un compromiso. Un compromiso que exige resultados visibles, estrategias claras y, sobre todo, transparencia en el uso de los recursos. La ciudadanía ya no se conforma con discursos. Exige respuestas. Porque, al final, más allá de decretos, recaudos y cifras, la responsabilidad política y administrativa de garantizar la seguridad recae directamente sobre quien gobierna la ciudad. Y en Barranquilla, esa responsabilidad tiene un nombre: el alcalde Alejandro Char

En el inicio del calendario tributario de este año, miles de colombianos se han encontrado con una sorpresa desagradable al descargar sus facturas del impuesto predial: incrementos que, en algunos casos, triplican el valor pagado el año anterior. Ante esta situación, las autoridades nacionales han emitido una alerta recordatorio: ningún incremento puede superar el 50% respecto al año anterior, salvo contadas excepciones legales. Lea también: ¿Por qué ese aumento desaforado del avalúo catastral en 2026? De acuerdo con la Ley 1995 de 2019 , se estableció un límite máximo para el incremento del impuesto predial con el fin de proteger la capacidad económica de los contribuyentes frente a las actualizaciones catastrales. Este límite dicta que, independientemente del nuevo avalúo que se le asigne a un predio, el valor a pagar por concepto de impuesto no puede exceder el 50% del monto liquidado el año anterior. ¿Existen excepciones a esta regla? Es fundamental que el ciudadano identifique si su propiedad entra en las categorías que no gozan de este beneficio de límite de crecimiento: Predios que se incorporan por primera vez: Viviendas nuevas o lotes que no estaban registrados en el censo catastral. Cambios en el uso del suelo: Si un terreno pasó de ser rural o residencial a comercial o industrial. Nuevas edificaciones o mejoras: Si el propietario construyó un segundo piso, una piscina o realizó una ampliación significativa que no estaba reportada. Lea también: Pida la revisión del avalúo catastral 2026. Así se solicita Predios que no han sido formados: Aquellos que nunca han tenido una valoración previa. ¿Qué hacer si su incremento es injustificado? Si su predio es de uso exclusivamente residencial y no ha sufrido modificaciones estructurales, pero el cobro supera el tope del 50%, usted tiene derecho a realizar los siguientes pasos: Revisión de Estrato y Avalúo: Verifique que la información básica de su predio en la factura coincida con la realidad. Recurso de Reconsideración: Presente un reclamo formal ante la Secretaría de Hacienda de su municipio o ciudad. Tiene un plazo determinado (generalmente antes del vencimiento del pago con descuento) para radicar esta solicitud. Solicitud de Revisión Catastral: Si el error proviene de una valoración errónea del inmueble, deberá dirigirse al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o a la entidad catastral correspondiente en su jurisdicción (como Catastro Distrital). Lea también: ¿Qué esperas para hacer tu reclamo por el aumento del predial? El impacto de las actualizaciones catastrales El Gobierno reconoce que muchas regiones del país tenían un rezago de más de diez años en sus valores catastrales. Sin embargo, la directriz es clara: la actualización es necesaria para la inversión pública, pero no puede realizarse de manera que asfixie financieramente al ciudadano en un solo periodo fiscal. Antes de realizar el pago, compare su factura de 2025 con la de 2026. Si el aumento es superior al 50% y no hubo cambios en su propiedad, no dude en interponer el recurso legal correspondiente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el inicio de una nueva convocatoria laboral para fortalecer la logística de las elecciones presidenciales de 2026. Se ofrecen 4.297 plazas para el cargo de Auxiliar Administrativo Supernumerario, destinadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo. Las vacantes pertenecen al nivel asistencial (código 5120-04) y están enfocadas en tareas operativas críticas. Lea también: CNE fortalece la presencia institucional en la Región Caribe Funciones principales: Atención al ciudadano, gestión documental, organización de información y apoyo logístico el día de los comicios. Salario: El sueldo base es de $3.380.954. Cabe destacar que el pago se realizará de manera proporcional al tiempo laborado. Duración del contrato: Es un vínculo temporal que comprende del 26 de mayo al 4 de junio de 2026. Cronograma de inscripción y selección El proceso se realiza exclusivamente de forma virtual a través de la plataforma oficial de la entidad, bajo los lineamientos de la Resolución 25801 de 2025, el cual tendrá las siguientes fechas clave para los aspirantes: Publicación de lista preliminar: 24 de abril. Reclamaciones: 27 y 28 de abril. Respuesta a reclamaciones: 29 y 30 de abril. Lista definitiva de seleccionados: 4 de mayo. Formalización y entrega de documentos: Del 5 al 12 de mayo. En caso de empate en el puntaje de los aspirantes, la entidad realizará un sorteo público los días 22 y 23 de abril. El enlace para inscribirse es el siguiente: https://acortar.link/dEzPo2 Requisitos para postularse Para aplicar a una de las plazas, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios: Nacionalidad: Ser colombiano y poseer cédula de ciudadanía vigente. Educación: Título de bachiller académico. Situación militar: Definida (para hombres). Edad: Ser menor de 70 años. Incompatibilidades: No tener parentesco (hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) con delegados, registradores o candidatos de la zona de postulación. Lea también: El CNE inició el escrutinio nacional para el Senado de la República La inscripción en múltiples ciudades será causal de rechazo automático. Fechas de inscripción por departamentos

Por Juan C. Pérez El tablero político colombiano comienza a perfilar figuras que representan los extremos de un espectro ideológico profundamente fracturado. En este escenario, los nombres de Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella surgen no solo como candidatos, sino como símbolos de dos visiones de país diametralmente opuestas. Sin embargo, al despojar la discusión de la retórica partidista y analizar sus trayectorias bajo la lupa de la idoneidad y la transparencia, las diferencias en sus hojas de vida resultan determinantes. Lea también: La estridencia nunca construye mayorías Iván Cepeda ha construido su carrera sobre la base del activismo en derechos humanos y la labor legislativa. Desde 2010 en el Senado, su perfil se ha centrado en la facilitación de procesos de paz, un rol que, si bien le ha acarreado feroces críticas políticas, no ha derivado en manchas judiciales concretas. Los cuestionamientos en su contra suelen gravitar en torno a su postura ideológica y acusaciones de nexos con insurgencias que, a falta de pruebas legales válidas o cadenas de custodia sólidas, se han quedado en el terreno de la controversia mediática. Cepeda carece de condenas por corrupción o enriquecimiento ilícito, manteniendo una coherencia profesional ligada al servicio público y la defensa de causas sociales. Por el contrario, la hoja de vida de Abelardo de la Espriella está marcada por una amalgama entre el derecho, los negocios y la representación de figuras sombrías. Su historial como abogado de clientes vinculados al lavado de activos, el paramilitarismo y esquemas piramidales como DMG, plantea interrogantes éticos que van más allá del simple derecho a la defensa. El señalamiento de haber recibido fondos millonarios para labores de "lobby" en el Congreso y las denuncias por acoso judicial contra periodistas —un mecanismo que la FLIP ha cuestionado— dibujan un perfil donde el lucro privado y la confrontación jurídica parecen primar sobre el interés colectivo. Sombras y Contrastes Es cierto que en una Colombia polarizada nadie llega "impoluto" a la arena presidencial. La confrontación genera un ruido procesal que afecta a cualquier figura pública. No obstante, existe una diferencia sustancial entre ser objeto de ataques por una postura política y cargar con cuestionamientos por prácticas profesionales y financieras. Iván Cepeda: Presenta un historial de vida pública centrado en el debate de ideas. Sus mayores "escándalos" son extensiones de la lucha política colombiana, sin evidencias de un uso indebido del poder para beneficio económico personal. Lea también: ¿Los partidos de derecha enfrentan una crisis de identidad? Abelardo de la Espriella: Su trayectoria está ligada a un historial litigioso de alto riesgo, donde las acusaciones de firmas falsas en su candidatura y las investigaciones precluidas sobre nexos con grupos irregulares dejan un rastro de dudas sobre su proceder ético y la transparencia de su ascenso. Si la carrera por la Presidencia se mide por la solidez y limpieza de la hoja de vida, Iván Cepeda parte con una ventaja competitiva. Mientras que el senador ha demostrado una trayectoria de activismo con menos sombras en su comportamiento profesional, De la Espriella carga con el peso de una carrera donde las líneas entre la defensa legal y el beneficio personal a menudo se han visto desdibujadas. En la búsqueda de un liderazgo que ofrezca confianza institucional, la coherencia de una vida dedicada a la causa pública parece ser un argumento más fuerte que un historial de éxitos financieros envueltos en controversias judiciales.

Prosperidad Social anunció el inicio del tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor, invitando a los beneficiarios a seguir de cerca el cronograma oficial para el cobro de sus incentivos. La jornada de dispersión comenzará este 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo. Para esta etapa, el Gobierno Nacional ha destinado una inversión de 708.000 millones de pesos, recursos que beneficiarán directamente a 3 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional. Lea también: El 34% de las tutelas en Colombia son por el derecho a la salud Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, destacó la importancia de este proceso: "Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso". Operadores y puntos de cobro La entrega de los subsidios se realizará a través de las redes de SuperGiros y SuRed, que cuentan con una infraestructura de más de 31.000 puntos habilitados en zonas urbanas y rurales. Esta amplia cobertura busca evitar largas filas y permitir que los beneficiarios reclamen el incentivo en lugares cercanos a su lugar de residencia. Hacia la inclusión financiera Como novedad, Prosperidad Social informó que continúa fortaleciendo la implementación de herramientas digitales, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales. Esta estrategia, que se aplicará de forma progresiva, busca que el proceso sea más ágil, seguro y sin necesidad de intermediarios. "Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera, facilitando que los adultos mayores reciban sus transferencias digitalmente. Esto mejora su calidad de vida y elimina barreras de acceso", añadió Rodríguez Amaya. Lea también: Informe de la ONU raja a Colombia en cuanto a protección de los niños Evite fraudes: canales oficiales La entidad hizo un llamado especial a la ciudadanía para recordar que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos. Para prevenir estafas, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales: Sitio web oficial: prosperidadsocial.gov.co Canal de WhatsApp: Verificado por la entidad: https://onx.la/chwp Atención al ciudadano: gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/

Por: Jesús David Torres Consuegra La visita de Barack Obama a Cartagena en abril de 2012 para la Cumbre de las Américas dejó una huella imborrable, no por sus discursos sobre democracia, sino por el escándalo sexual que precedió su llegada. Doce agentes del Servicio Secreto de EE.UU., junto con militares, contrataron trabajadoras sexuales en bares como Pley Club y El Dorado, prometiendo pagos que nunca cumplieron. Lea también: El problema es el imperio estadounidense, no Trump Lo que parecía un incidente local se convirtió en noticia mundial, pero con un giro siniestro: documentos recientes de Jeffrey Epstein revelan que el financista asesoró a la Casa Blanca para encubrir el caso, desacreditando a las mujeres de Cartagena. Este episodio ejemplifica cómo la política de una superpotencia coloniza el debate público colombiano. No fue solo "turismo sexual", sino abuso de poder transnacional: agentes federales explotaron la vulnerabilidad económica de las trabajadoras, estigmatizándolas para proteger su propia impunidad. La prensa centró la narrativa en la "mala imagen" de la ciudad, pero nadie protegió la dignidad de las víctimas; su testimonio quedó reducido a chisme sensacionalista opacado por la maquinaria diplomática gringa. El encubrimiento es aún más escandaloso: Kathryn Ruemmler, abogada del gobierno Obama, consultó directamente a Epstein —entonces bajo investigación por tráfico sexual— para manejar la prensa. Emails filtrados muestran a Epstein editando respuestas oficiales y cuestionando la credibilidad de las testigos en el hotel El Cid. Aunque el foco recayó en Jonathan Dach, un asistente cuya reputación se blindó con la frase "no hay actos indebidos", solo tres agentes renunciaron. El silencio sobre las conexiones internas perduró hasta que los archivos de Epstein lo destataron 14 años después. Es evidente que cuando la política de EE. UU. cruza el Atlántico, impone su jerarquía informativa: las trabajadoras sexuales —mujeres afrodescendientes y madres cabeza de hogar— pasaron de ser víctimas a fuentes "dudosas". Lea también: Donald Trump juega con fuego mientras el imperio se desmorona Medios internacionales y nacionales como El Tiempo repitieron la versión oficial sin cuestionar el silenciamiento de las voces cartageneras. Esto puede catalogarse como colonialismo mediático: Colombia como escenario exótico donde la potencia protagoniza su redención y las locales cargan con el estigma. Hoy, con los documentos públicos, Cartagena merece una reparación narrativa: estas mujeres no eran "prostitutas erradas", sino testigos de un abuso sistémico.

Más de un año después de que la Alcaldía de Barranquilla anunciara la intervención de la emblemática calle 72, el panorama es desolador. Lo que debería ser la futura "Avenida Shakira" es hoy un corredor de malabarismo peatonal donde comerciantes y transeúntes denuncian una obra estancada, marcada por la improvisación y un creciente hueco fiscal. Caminar por la 72 es sortear una carrera de obstáculos: adoquines apilados que bloquean el paso, zonas verdes desérticas y tramos de pavimento destruidos. La indignación no es gratuita. El proyecto, iniciado en abril de 2025, ya acumula dos prórrogas y una adición presupuestal superior a los $12.600 millones, estirando la agonía de los vecinos hasta, por lo menos, el 30 de agosto de 2026. Lea también: El rescate del Parque Cultural del Caribe costaría $32.000 millones El comercio, en cuidados intensivos Para los negocios del sector, la demora no es solo una molestia estética, es una amenaza financiera. Luis Ernesto Vergara, de la Importadora El Hueco, reporta una caída del 50% en las ventas y pérdidas materiales significativas. "La mercancía se ensucia y se daña. Han pasado más de seis meses en un solo tramo y el avance es mínimo", lamenta. La falta de planificación es la queja recurrente. Comerciantes como Luis Dávila cuestionan por qué se intervinieron ambas aceras simultáneamente, bloqueando por completo la movilidad y provocando accidentes. "Si hubieran terminado una primero, el impacto sería menor. Ahora el caos es total", señala. A pesar de los cuantiosos recursos invertidos, el avance es desigual y, en algunos puntos, inexistente: Calle 72 (Carreras 43 - 44): Cierre total y trabajos lentos. Calle 72 (Carreras 52 - 53): Apenas iniciando intervención en ambas aceras. Calle 72 (Carreras 47 - 49C): Sin arrancar, tras un año de haberse adjudicado el proyecto. También se evidencia la ausencia total de orientadores de tráfico, lo que obliga a las rutas de buses a improvisar desvíos por calles no aptas. Las cifras que no cuadran El contrato LP-024-2024, adjudicado al Consorcio Urbano LP (integrado por Lopeca S.A.S. y Grupo Proyectos y Desarrollo S.A.S.), nació con un presupuesto de $20.849 millones y una fecha de entrega para diciembre de 2025. Sin embargo, el panorama financiero cambió drásticamente: Prórroga No. 1: Extendió el plazo a marzo de 2026. Prórroga No. 2 y Adición: Se sumaron $12.601.162.260 adicionales al contrato original. Lea también: Anuncian cierre del puente de la Cordialidad por mantenimiento La justificación oficial del Distrito apunta a "ajustes técnicos, modificaciones urbanísticas e ítems no previstos". No obstante, para el ciudadano de a pie, estos tecnicismos no explican por qué la obra parece circular en un bucle de demolición y reconstrucción sin fin. Mientras el presupuesto sube, la calidad de vida en la zona baja. La ciudadanía exige que el Distrito no solo inyecte dinero, sino que ejerza una interventoría real y rigurosa. Barranquilla espera que la "Avenida Shakira" no termine siendo recordada como el monumento a la demora, sino como el proyecto de desarrollo que prometieron y que, hasta hoy, sigue enterrado bajo el polvo de la calle 72.