Salario mínimo 2026: ¿podrá superar una demanda?
- Acta Diurna
- hace 24 horas
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El año ha comenzado con una noticia que sacudió los bolsillos y las mesas de debate: un incremento del salario mínimo del 23% y un auxilio de transporte que sube un 24.5%. A primera vista, parece una victoria rotunda para los trabajadores, especialmente cuando la inflación cerró en 5.3%. Sin embargo, detrás de los titulares celebratorios, los Decretos 1469 y 1470 de 2025 podrían estar caminando sobre la cuerda floja.
Al analizar el decreto que aumenta el salario mínimo queda claro que estamos ante un escenario legal inédito. Si alguien decide demandar estos decretos, la batalla no será por "lo que se dijo", sino por la racionalidad de lo que se decidió.
A continuación, desglosamos qué podría pasar ante una eventual demanda y por qué este aumento histórico tiene flancos débiles que podrían tumbarlo.
La lección aprendida: la forma ya no es el problema
En el pasado, decretos de salario mínimo se han caído porque el Gobierno no explicaba bien sus razones. Ocurrió con el decreto de 2016, que el Consejo de Estado anuló por tener una motivación "precaria".
Esta vez, el Gobierno hizo la tarea. El Decreto 1469 de 2025 está "blindado" en su forma. Dedica páginas enteras (9, 10 y 11) a explicar detalladamente el peso de cada factor. Jurídicamente, el riesgo de que se caiga por "falta de motivación" es bajo. El Gobierno se aseguró de decir por qué lo hizo.
El corazón del conflicto: "Salario Vital" vs. Realidad Económica
Aquí es donde el asunto se complica. La fórmula técnica tradicional (sumar inflación + productividad) sugería un aumento cercano al 7.21%6. Sin embargo, el Gobierno decretó un 23%. ¿Cómo justificó ese salto de casi 16 puntos?
Introdujo el concepto de "Salario Vital", basado en la Constitución y en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El argumento del Gobierno es noble: busca cerrar la brecha para alcanzar una remuneración que realmente cubra las necesidades vitales. Pero, ¿es esto legalmente suficiente para ignorar los parámetros económicos?
Los tres talones de Aquiles ante una demanda
Si el Consejo de Estado recibe una demanda bien estructurada, no atacará la "forma", sino la "lógica interna" del decreto, que tendría tres grietas estructurales por donde podría entrar la nulidad:
A. La "Trampa Lógica" (O es vinculante o no lo es)
El decreto comete un error táctico curioso. Textualmente dice que el estudio de la OIT sobre el Salario Vital no tiene carácter vinculante (no es obligatorio), pero luego usa ese mismo estudio como el único factor determinante para fijar el 23%.
Un demandante podría alegar que el Gobierno usó un criterio "auxiliar" para anular los criterios que sí son obligatorios por ley (como la inflación del 5.3%). Esto se llama "desviación de poder": admitir que la ley dice una cosa, pero hacer otra basándose en un estudio que el mismo gobierno admite que no es ley.
B. El agujero fiscal en las pensiones
Este es quizás el punto más peligroso. En Colombia, si sube el salario mínimo, suben automáticamente las pensiones mínimas. Un aumento del 23% implica que el Estado debe pagar un 23% más en pensiones subsidiadas.
La Constitución (Art. 334) exige tener en cuenta la sostenibilidad fiscal para la decisión del aumento del salario mínimo. Si el Ministerio de Hacienda no certificó que el Estado tiene la plata para pagar este aumento masivo, el decreto podría ser inconstitucional por crear un gasto impagable. No se puede decretar generosidad con dinero que no existe.
C. Irracionalidad económica
La ley exige que el Gobierno actúe con "racionalidad". Los datos oficiales del propio Gobierno muestran una productividad bajísima (0.91%) y una inflación controlada (5.3%).
Decretar un aumento que casi cuadruplica la suma de la inflación y la productividad podría considerarse una medida "manifiestamente irrazonable". El Consejo de Estado podría determinar que esto no es "racionalizar la economía", sino distorsionarla artificialmente, lo cual podría generar el efecto contrario al deseado: destruir empleo formal al encarecerlo demasiado.
¿Qué esperar?
Los Decretos 1469 y 1470de 2025 son formalmente robustos, pero sustancialmente arriesgados. Si una demanda se enfoca en la sostenibilidad fiscal y la racionalidad económica, el Consejo de Estado tendrá que decidir entre validar una aspiración política de justicia social (el Salario Vital) incluida en la Constitución o proteger la estabilidad macroeconómica del país.
Por ahora, el aumento es una realidad. Pero es una realidad construida sobre argumentos que, ante un examen jurídico riguroso, podrían tambalearse por su propia contradicción interna.