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La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Grupo GAULA, en el marco de las estrategias focalizadas contra el multicrimen que afecta la seguridad de Barranquilla y su área metropolitana, desarrolló varios procedimientos que permitieron la materialización de capturas por extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes e intimidaciones a comerciantes. En el barrio San Martín se realizó un procedimiento antiextorsión que permitió la captura en flagrancia de un sujeto señalado de exigir $700.000 pesos a sus víctimas, identificándose como integrante de un grupo delincuencial con injerencia en la ciudad. El individuo registra anotaciones judiciales por homicidio, porte y tráfico de armas de fuego, fuga de presos, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Durante el procedimiento fueron incautados $700.000 pesos producto de la exigencia económica. Lea también: Condenan a 28 años de cárcel a Santiago Uribe por paramilitarismo En el barrio Barlovento se desarrolló un procedimiento de registro y allanamiento que permitió la captura en flagrancia de dos individuos señalados de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado a extorsionar comerciantes del centro comercial San Andresito en el sector de Paseo Bolívar, con exigencias que oscilaban entre $2 y $4 millones de pesos. Los sujetos presentan antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. Durante la diligencia se incautó un arma traumática tipo pistola modificada, seis cartuchos 9 mm, 500g de marihuana y siete panfletos alusivos al grupo criminal. En el barrio Rebolo se capturó en flagrancia a un individuo que se hacía pasar por integrante de un grupo delincuencial de alto impacto con el fin de intimidar a un concejal de Barranquilla, exigiéndole $400.000 pesos a través de mensajes enviados por aplicaciones de mensajería. El sujeto registra anotaciones por porte ilegal de armas, fuga de presos, uso de documento falso y hurto. En el procedimiento se incautaron $400.000 pesos y un celular utilizado para la extorsión. En el municipio de Soledad el Grupo GAULA logró una captura mediante orden judicial por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. El individuo, conocido con un alias dentro de su entorno criminal, exigía a comerciantes el pago de una inscripción de $3.000.000 y cuotas mensuales de $50.000 pesos como condición para permitirles trabajar. Se incautó un celular utilizado para coordinar las intimidaciones. En Soledad, en el barrio Villa Linda, se materializó otra captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y/o porte de armas de fuego, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El sujeto, quien intimidaba a comerciantes mediante entrega de panfletos para presionar pagos extorsivos, fue sorprendido con una granada de fragmentación, dos panfletos alusivos a su grupo delincuencial, una motocicleta y un celular. Finalmente, en el municipio de Soledad se materializó otra captura mediante orden judicial contra un individuo identificado como integrante de un grupo delincuencial que realizaba exigencias económicas al gremio de comerciantes, cobrando una inscripción de $3 millones y cuotas mensuales de $50.000 pesos. Presenta anotación por concierto para delinquir agravado para extorsión. Lea también: Leyton Barrios habría presentado documentación falsa para rectoría de la UA “Estas acciones fortalecen la seguridad ciudadana y demuestran el compromiso institucional en la lucha directa contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad”, afirmó el Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte su seguridad. Línea Contra el Crimen 3178965523 y línea de emergencias 123.

En la edición número 523 de su tradicional ‘Weekly Post’, el Observatorio de Fútbol CIES presentó a los clubes más destacados del planeta por su rentabilidad en el mercado de fichajes desde enero del 2021. Junior de Barranquilla fue el único equipo colombiano que apareció en un extenso listado que comanda el Eintracht de Frankfurt de Alemania. Lea también: Figura del tiburón podría volver a Colombia para 2026 De acuerdo con el CIES, se valoraron los clubes por sus balances financieros de jugadores fichados y traspasados a otros equipos en los últimos 5 años. Es importante mencionar que, según el reporte, “la clasificación solo incluye los clubes cuyos gastos e ingresos totales por fichajes desde 2021 superan los 10 millones de euros”. El ranking mundial lo lidera el Eintracht con un saldo comercial positivo de 286 millones de euros. El podio lo completan el Brighton & Hove Albion de la Premier League (+221 M€) y el Stuttgart de la Bundesliga (+178 M€). En el top 10 solo hay equipos europeos: tres italianos, dos franceses, dos alemanes, un inglés, un portugués y un belga. El único representante de la Liga BetPlay en la lista del Observatorio del Fútbol es el Junior. El cuadro barranquillero, que actualmente disputa los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano, aparece con un balance positivo de 2 millones de euros, pues desde 2021 registró 5 M€ en gastos y 7 M€ en ingresos. Lea también: Alfredo Arias habla sobre los aspectos a corregir en el Junior Con el misma saldo comercial del equipo rojiblanco están Sheffield United, Atlético San Luis, Peterborough United, RWDM Brussels, Pumas UNAM, FK Orenburg, Charlotte FC, Pisa SC, Monterrey, Vålerenga Fotball y San Lorenzo. Los últimos dos, además, registraron la misma cifra que Junior en gastos (5 M€) e ingresos (7 M€). AS

El Tribunal Superior de Antioquia ha emitido un fallo de segunda instancia que condena a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a una pena de 28 años y 4 meses de prisión (340 meses). La condena, que revoca una absolución previa, se da por su responsabilidad en el grupo armado ilegal "Los 12 Apóstoles" en Antioquia. El Tribunal lo encontró penalmente responsable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, este último en concurso con crímenes calificados como de lesa humanidad. Lea también: Inició etapa final del juicio contra Santiago Uribe Responsabilidad en 'Los 12 Apóstoles' El Grupo: La condena se fundamenta en la conclusión de que Uribe Vélez tuvo responsabilidad en la conformación y funcionamiento del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles". Operación: Esta estructura operó en Yarumal, al norte de Antioquia, durante la década de los noventa. Crímenes: El grupo es señalado de realizar homicidios selectivos contra personas que tildaban de delincuentes o supuestos colaboradores de la guerrilla. El fallo menciona a varias víctimas, incluyendo a Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, y otros más. Este fallo revoca la decisión de primera instancia, la cual había absuelto a Uribe Vélez en noviembre de 2024. La Sala de Segunda Instancia dictaminó que existen suficientes elementos probatorios para establecer su plena responsabilidad. Lea también: Álvaro Uribe responde a acusaciones de Mancuso ante la JEP Sanciones adicionales y cumplimiento El Tribunal negó la suspensión de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada (tras un posible recurso ante la Corte Suprema de Justicia), se expedirá inmediatamente la orden de captura para que cumpla la condena. Adicionalmente, se le impusieron sanciones como una cuantiosa multa y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.

Por Álvaro Merino La «guerra contra el terror» ha llegado a Latinoamérica. En su enésima pirueta política, Donald Trump está reciclando la retórica y las herramientas de la ofensiva militar lanzada por George W. Bush tras el 11-S para la actual escalada militar en el Caribe. Al vincular narcotráfico con terrorismo, Trump enmarca dentro de la defensa de la seguridad nacional las 80 muertes que ya han provocado los ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Atlántico Oriental. Su Administración, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de que esas embarcaciones supusieran amenaza alguna para EE.UU. y ha rechazado solicitar la declaración de guerra al Congreso. «Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental», ha llegado a afirmar Donald Trump, que ya declaró en febrero a alguno de estos grupos «organizaciones terroristas extranjeras». Pero tras el verano la ofensiva antidrogas de su Gobierno ha entrado en una nueva fase mucho más agresiva: ha militarizado el Caribe —el despliegue naval es el mayor desde la Guerra Fría—, ha hundido 18 botes desde septiembre y ahora apunta directamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusa de liderar el mal llamado Cártel de los Soles. Desde hace dos meses, Estados Unidos mantiene en el Caribe, cerca de la costa venezolana, ocho buques de guerra y un submarino, a los que se acaba de sumar el portaaviones USS Gerald R. Ford y tres destructores que lo han escoltado durante su viaje desde el Mediterráneo. El despliegue del USS Gerald R. Ford, que transporta a 5.000 marineros y más de 75 aviones y es el buque de guerra más caro jamás fabricado, confirma que la operación para interceptar a narcotraficantes a bordo de lanchas rápidas está evolucionando hacia algo mucho más serio. La Armada de los Estados Unidos cuenta con once portaaviones, de los que suele tener operativos solo tres por razones de mantenimiento y formación, y el movimiento del Gerald R. Ford hacia el Caribe deja sin cobertura a Europa, que lo necesita para disuadir a Rusia. Los otros dos permanecen en Japón —con un ojo puesto en China— y el océano Índico —por Irán y los hutíes—. De esta manera, el despliegue naval estadounidense en el Caribe es el mayor desde la operación Tormenta del Desierto en el golfo Pérsico de 1991 y, en el contexto caribeño, el mayor desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. A ello hay que sumar unos 10.000 militares desplegados en el Caribe, la mitad en buques de guerra y la otra mitad en bases de Puerto Rico. Venezuela y el tráfico de drogas Además de dirigir el Cártel de los Soles, Donald Trump acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, de liberar a delincuentes de sus cárceles e instituciones mentales y enviar a miembros del Tren de Aragua —el grupo criminal venezolano más prominente— a Estados Unidos. Algo similar ocurre con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que la Casa Blanca acusa también de ser un capo de la droga. Pero es solo en el caso de Venezuela en el que Trump ha deslizado la posibilidad de lanzar una acción militar. En las últimas semanas, el magnate republicano ha afirmado que los ataques en el mar se extenderían al territorio venezolano y que los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, aunque ha descartado por el momento una guerra con el país latinoamericano. A pesar de los esfuerzos de su Administración por incluir una posible intervención en Venezuela en una nueva «guerra contra el terror» y la lucha contra el narcotráfico, lo cierto es que el país no juega un papel destacado en el tráfico regional de drogas. La propia Administración de Control de Drogas del Gobierno estadounidense estimó en 2020 que solo el 8% de la cocaína que llega al país norteamericano atraviesa Venezuela, mientras que la ruta del Pacífico canaliza hasta tres cuartas partes de la cocaína que alcanza el mercado estadounidense desde los centros de cultivo de Colombia, Perú y Bolivia. El corredor caribeño era la principal ruta contrabandista en los años ochenta y noventa. Ahora, sin embargo, la cocaína suele entrar por tierra a través de la frontera sur de Estados Unidos tras seguir un recorrido indirecto en el que los barcos hacen paradas intermedias en países del Caribe, Centroamérica o México. Una parte minoritaria de ese tráfico sucede por aire, y ahí los vuelos desde Venezuela, que comparte una frontera muy porosa con el principal productor de coca, Colombia, sí juegan un papel más destacado, según datos de la ONU. Más allá de la cocaína, la epidemia de drogadicción que vive Estados Unidos es en realidad una crisis de opioides, concretamente de fentanilo. Y, de nuevo, esta droga se fabrica prácticamente en su totalidad en México con sustancias químicas importadas en su mayoría de China, mientras que Venezuela apenas interviene en la producción o el contrabando de fentanilo. La escalada militar en el Caribe se equivoca por tanto de prioridades geográficas. También de herramientas: un barco destructor es tres veces más caro que un guardacostas y, aunque puede generar titulares, no contribuye a desmantelar las sofisticadas redes del narcotráfico internacional. En su lugar, Washington podría dotar a la Guardia Costera de más medios y reforzar una estrategia que ya está funcionando. La incautación récord de drogas en la frontera de 2024 vino de la mano de un aumento del personal de inspección y el uso de tecnología puntera para identificar cargamentos sospechosos. Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de armas de los grupos criminales a los que pretende combatir: el 73% de las armas recuperadas en el Caribe provienen de fuentes estadounidenses. Qué busca Trump en Venezuela Teniendo en cuenta la falta de coherencia del argumento de la lucha contra las drogas, todo apunta a que la escalada militar en el Caribe tiene como objetivo principal el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No en vano, Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y ha elevado la recompensa a cambio de pistas que puedan conducir a la detención de Maduro a 50 millones de dólares. El presidente estadounidense ha tenido en el punto de mira al régimen socialista de Venezuela desde su primer mandato. «Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre, y Nicaragua sea libre, este se convertirá en el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad», afirmó en 2019. Venezuela es al fin y al cabo un aliado de Cuba, Rusia, China e Irán, todos enemigos geopolíticos de Washington, en un hemisferio dominado por Estados Unidos. Y a ojos de la Casa Blanca actual, el país no puede ser una potencia global sólida si no consigue imponerse en todos los rincones del hemisferio occidental, desde Groenlandia y Canadá hasta Panamá o Venezuela. Tampoco hay que olvidar que Venezuela es el país con más reservas probadas de crudo y que posee también jugosas reservas minerales, recursos que Trump quiere abrir de par en par a las empresas estadounidenses. Pero expulsar a Nicolás Maduro, que acumula una década en el poder gracias a una combinación de corrupción, represión y fraude electoral, ha resultado más difícil de lo esperado. Así, durante su primer mandato Donald Trump apostó por el opositor Juan Guaidó, quien también trató de lanzar una operación paramilitar para descabezar al régimen de Maduro con apoyo desde Miami en 2020. Los intentos de Guaidó para hacerse con el control de Venezuela fueron en vano y Trump se acabó abriendo a un pacto con el núcleo chavista en 2020. En aquel entonces Caracas se cerró en bando, confiada de que Trump no conseguiría ser reelegido en las elecciones presidenciales. Tras su regreso a la Casa Blanca en 2024, el presidente republicano volvió a la carga y sus diplomáticos convencieron al régimen venezolano para que liberara a presos estadounidenses y aceptara el envío de migrantes venezolanos deportados. Pero entonces Marco Rubio, el actual secretario de Estado y asesor de seguridad nacional en funciones, irrumpió en escena. De ascendencia cubana y antiguo senador por Florida, Rubio está vinculado con la oposición venezolana y ha hecho de la lucha contra el socialismo latinoamericano su seña de identidad política. Es, también, el gran representante del ala intervencionista de la Administración Trump, en contraposición a una más aislacionista capitaneada por el vicepresidente J.D. Vance. Haciendo uso del argumento de la defensa de la seguridad nacional y la lucha contra las drogas, Marco Rubio consiguió convencer a Donald Trump para no ceder ni un solo milímetro con Caracas y de la posibilidad de expulsar del poder a Nicolás Maduro. El despliegue militar en el Caribe responde a la creciente influencia de Rubio en el círculo más próximo del presidente, que rechazó en meses recientes una oferta de Maduro para rebajar tensiones y evitar un conflicto a cambio de una participación predominante estadounidense en su industria petrolera y minera. Pero Trump no está convencido de entrar en Venezuela: el riesgo militar, legal y político de una intervención directa es demasiado grande, y no tiene prisa por tomar una decisión. De hecho, hasta que la temporada de huracanes no llegue a su fin en el Caribe a últimos de noviembre, no tiene por qué autorizar ninguna nueva operación. Mientras tanto, el apoyo a la presencia de barcos de guerra cerca de Venezuela ha caído al 30% en Estados Unidos, y menos de la mitad de los venezolanos —el 43%— apoyarían una intervención militar estadounidense. De la presión psicológica a bombardeos selectivos Hasta el momento, la presión sobre el régimen de Maduro ha sido psicológica. El despliegue militar, así como los ataques a supuestas narcolanchas o la autorización a la CIA, ha sido tan fulgurante y público que parece formar parte de una campaña de desmoralización y quiebre interno de la cúpula chavista. En la misma estrategia se enmarcan las continuas declaraciones de altos cargos estadounidenses sobre su caída, así como posibles sanciones u ofertas de exilio garantizado al círculo más próximo de Nicolás Maduro. No obstante, la acumulación de activos militares cerca de aguas venezolanas empieza a ser demasiado intensa como para descartar otros escenarios. Uno de ellos sería la puesta en marcha de ataques aéreos selectivos sobre instalaciones militares para sembrar el caos en el Ejército venezolano, que hasta ahora ha cerrado filas con Maduro. Alguno de esos bombardeos tendría probablemente como objetivo puntos de distribución de drogas para sostener la retórica oficial de la lucha contra el narcotráfico. Otro escenario sería la orquestación de una operación encubierta o el envío de fuerzas especiales para capturar o matar a Maduro en una operación relámpago. La CIA podría allanar el terreno consiguiendo información sensible o saboteando su Gobierno desde dentro. A pesar de ello, este tipo de injerencias han fracasado hasta la fecha. Venezuela es, de hecho, uno de los pocos países latinoamericanos que escaparon del intervencionismo estadounidense durante todo el siglo XX, en muchas ocasiones ligado a la lucha contra el narcotráfico. Aunque el presidente republicano Richard Nixon formalizó la guerra contra las drogas en 1971, fueron sus sucesores Reagan y Bush padre los que la internacionalizaron y la mezclaron con la lucha anticomunista en América Latina. En ese contexto se enmarcan la invasión de Panamá en 1989 o el apoyo a los contrarrevolucionarios en Nicaragua en la década de los ochenta. De intervenir finalmente en suelo venezolano, la Armada estadounidense probablemente optaría por utilizar drones o armas de largo alcance para evitar poner en riesgo a sus soldados, una línea roja para Trump, que prometió acabar con las «guerras eternas» en campaña. Una invasión terrestre a gran escala parece por tanto muy improbable. En cualquier caso, si la operación para derrocar a Maduro prospera, no sería nada fácil gestionar su marcha. El heredero de Hugo Chávez controla todas las instituciones, y tanto la convocatoria de unas elecciones libres y plurales como la entrega del poder requeriría de complicadas negociaciones. EOM

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha identificado una certificación de experiencia docente presuntamente falsa dentro del proceso de elección de rector de la Universidad del Atlántico (Uniatlántico). Este hallazgo se produce en el marco de una indagación por presuntas irregularidades en dicho proceso. La cartera de Educación logró determinar que al menos una de las certificaciones aportadas por el aspirante, Leyton Barrios Torres, como documento probatorio indispensable para validar su experiencia docente —un requisito clave para acceder al cargo de rector—, constituye un documento falso. Lea también: Las incongruencias del Consejo Superior de Uniatlántico Las inconsistencias se relacionan directamente con la experiencia académica certificada por Leyton Barrios Torres, quien finalmente resultó designado como rector de la institución. Este descubrimiento se da en el contexto de la vigilancia especial decretada sobre la Universidad del Atlántico. La medida fue tomada tras encontrar posibles inconsistencias en los documentos aportados por Barrios Torres, relacionados con su trayectoria docente y directiva. Acciones legales y disciplinarias Dada la gravedad de la situación, el Ministerio informó que trasladará el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público y notificará a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las correspondientes investigaciones disciplinarias por las faltas cometidas en el ejercicio de funciones públicas, tanto por parte del aspirante como de quienes hayan participado en el proceso. Lea también: El rector que necesita la Universidad del Atlántico “Con estas denuncias el Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de la normatividad en las instituciones de educación superior, preservando la autonomía universitaria, pero evitando cualquier vulneración al debido proceso y la integridad institucional”, afirmó el MEN. COOLPRENSA

Por: Nerio Luis Mejia El 19 de octubre de 2025, las redes sociales, al igual que los medios periodísticos, fueron escenarios donde se registraron enfrentamientos verbales entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos (Gustavo Petro y Donald Trump), luego de las acusaciones del mandatario norteamericano, quien señala al presidente colombiano de ser un “líder del narcotráfico” que incentiva la producción masiva de cocaína. Asimismo, asegura que el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio del país y que el Gobierno no hace nada para detenerlo; por lo tanto, su administración detendrá los pagos o subvenciones que recibe Colombia para combatir este flagelo. Lea también: Los pagos que propone Petro para sustituir los cultivos de coca Los señalamientos de Donald Trump hacia Colombia y su presidente en relación con el combate al narcotráfico son una verdadera infamia. Es cierto que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en el número de hectáreas cultivadas de coca, pero ha sido en este gobierno donde se han intensificado las incautaciones, que podrían ser mucho más efectivas que la erradicación forzada de la planta. Por otro lado, las diferencias ideológicas entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos han erosionado las relaciones bilaterales. Lo que quizás Trump desconoce es que Gustavo Petro es mucho más combativo que cualquier otro mandatario con los que el magnate haya cazado sus caprichosas peleas, las cuales pretende ganar mediante el chantaje y las amenazas arancelarias con las que busca arrodillar al mundo. Frente a las acusaciones infundadas de Trump, el presidente Gustavo Petro, mediante un extenso mensaje en su cuenta de X, le responde al mandatario estadounidense y lo llama “ignorante”. Le manifiesta que Colombia jamás ha sido grosera con su país, por lo que lo invitó a “leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”. Con estos enfrentamientos, que podrían llevar a suspender las ayudas económicas destinadas por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Colombia, los únicos beneficiados son los carteles de la droga. Se recrudece la violencia en nuestro país y, a la vez, aumenta el número de muertos por sobredosis en suelo norteamericano y en otros lugares del planeta, donde la cocaína que sale de Colombia tiene un gran número de consumidores. Lea también: Los que de verdad se llenan los bolsillos con el cuento de las drogas Hoy más que nunca se requiere rodear a las instituciones de nuestro país. Sin importar las orillas ideológicas, las amenazas arancelarias y toda forma de constreñimiento anunciadas por Donald Trump no afectan solo a Gustavo Petro: son un atropello contra todos los colombianos. Las relaciones entre Estados soberanos deben fundamentarse en el respeto mutuo, no en el sometimiento con el que Trump pretende arrodillar a Colombia. Quizás sea importante recordarles a los líderes de oposición, así como a los empresarios colombianos, que lambiéndole los pasillos y la suela de los zapatos a los gobernantes estadounidenses no se logran los objetivos ante un impredecible Trump. La dignidad no se mendiga, se exige con carácter y respeto. Es hora de escribir una nueva página en los libros de historia ante las amenazas de Donald Trump hacia nuestro país.

Barranquilla tendrá en 2026 el presupuesto más alto que jamás haya gestionado: $7,7 billones (exactamente $7.727.117.331.000). Esta cifra representa un aumento del 15% respecto a la vigencia actual, lo que se traduce en un salto de $1 billón adicional para las arcas distritales. Este hito económico es impulsado, en gran medida, por el buen comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio, así como del predial, reflejando la confianza de los contribuyentes y el dinamismo empresarial de la ciudad. El alcalde Alejandro Char celebró la aprobación y destacó la eficiencia del gasto proyectado. La prioridad es clara: la inversión social. "El 85% del presupuesto se destinará a inversión social, pasando de $5,5 billones a $6,3 billones. Los gastos de funcionamiento representan apenas el 7%, un indicador clave de eficiencia financiera", señaló el mandatario. El mapa de la inversión: ¿En qué se gastará el dinero? Los recursos se han distribuido alineados al Plan de Desarrollo 2024–2027 “Barranquilla a otro nivel”. Así se dividirá la "torta" presupuestal: Ciudad Segura y Solidaria (66,1%): Se lleva la mayor parte. Incluye salud, seguridad, educación inclusiva y vivienda digna. Ciudad Dinámica (15,5%): Enfocada en cultura, competitividad económica, espacio público y movilidad sostenible. Ciudad Ambiental y Sostenible (9,4%): Proyectos de adaptación al cambio climático y ordenamiento territorial. Gobierno Eficiente y Responsable (9,1%): Modernización institucional y transparencia.

Por: Elizabeth Mora-Mass “Estamos en graves problemas en nuestro país (USA). No hemos hablado lo suficiente. Tenemos más de un millón de vacantes en empleos críticos: servicios de emergencia, transporte de tractomulas, trabajadores calificados de factoría, plomeros, electricistas, intercambio de bienes y servicios (a nivel nacional e internacional) y ventas especializadas, pero no hay personal”, se quejaba frente a las cámaras de Inside Business Jaime Farley, presidente de la empresa fabricante de automotores Ford. De acuerdo con Farley, la situación más difícil que la empresa enfrenta en este momento es la consecución de “cinco mil mecánicos especializados, a pesar de pagar 120.000 dólares anuales”. Lea también: Baja la calificación de deuda de Estados Unidos Farley explicó que toma cinco años preparar a un aprendiz de mecánico para que sea capaz de sacar un motor de un tractor Super Duty en forma correcta y que, “en el país (USA) no se está entrenando la suficiente gente para que pueda hacerlo”. Por tal motivo, la automotriz entregó cuatro millones de dólares en becas con el fin de preparar a técnicos de autos. De igual manera, explicó la urgencia y la necesidad de educar a aquellos que no tienen nada, es decir, a los jóvenes de las barriadas pobres, para que tengan un futuro de clase media para sus familias, tal como lo hicieron sus antepasados. “Mi abuelo no tenía nada, pero gracias a su trabajo y a su esfuerzo fue capaz de salir adelante y poner a su familia en una situación de clase media. Eso puede hacerse con un trabajo decente, pero usted necesita capacitarse”, enfatizó el mandamás de Ford. Por otra parte, los analistas económicos aseguran que hay alrededor de 400.000 empleos vacantes en trabajos de manufactura, pero no se encuentra el personal idóneo para cubrirlos. Para los especialistas, el gran problema que enfrenta Estados Unidos es que las escuelas de preparación profesional fallan “porque no hay control de calidad”. Lea también: Una nación mortalmente sobredosificada En 2024, un estudio del Departamento de Educación demostró que solo el 27% de los estudiantes de octavo grado pasaron los exámenes de los regentes, la medida que se usa para valorar el conocimiento de los alumnos. Por ejemplo, en Nueva York, los niños y adolescentes pasan por las escuelas primarias y secundarias sin que los obliguen a presentar exámenes que acrediten lo que están obligados a saber. Las consecuencias son devastadoras: los alumnos de octavo grado carecen de conocimientos elementales de matemáticas; leen, pero no tienen comprensión de lectura, y el 70% falla al escribir un ensayo de 300 palabras. Por lo anterior, Donald Trump quiere cerrar el Departamento de Educación a nivel nacional.

Durante millones de años, la Tierra ha atravesado ciclos de hielo y deshielo que han moldeado océanos, continentes y climas. Pero ¿qué provoca realmente una era glaciar? ¿Por qué comienzan, y qué condiciones hacen que terminen? Estas preguntas no solo despiertan la curiosidad científica, sino que también ofrecen claves sobre el futuro del planeta en un contexto de cambio climático acelerado. Uno de los factores más determinantes son las variaciones periódicas en la órbita y la inclinación de la Tierra, conocidas como ciclos de Milankovitch. Lea también: Nuestro sistema solar viaja por una nube galáctica a 26 km por segundo -Excentricidad: la órbita terrestre se alarga o se hace más circular en ciclos de unos 100.000 años. -Oblicuidad: el eje terrestre se inclina más o menos cada 41.000 años. -Precesión: un “bamboleo” del eje que se repite aproximadamente cada 23.000 años. Estas variaciones modifican la cantidad y distribución de la radiación solar que recibe la Tierra, lo que puede favorecer la expansión o el retroceso de los casquetes polares. La influencia de los gases de efecto invernadero La concentración de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxidos de nitrógeno (N₂O) en la atmósfera actúa como un “termostato” global. -En momentos de bajas concentraciones, el planeta tiende a enfriarse, favoreciendo el crecimiento de glaciares. -En épocas de mayores niveles, el calentamiento global acelera el deshielo. Los registros de burbujas de aire atrapadas en el hielo de la Antártida muestran una estrecha correlación entre los niveles de gases de efecto invernadero y la entrada o salida de eras glaciares. Lea también: Estas son las causas de la tectónica de placas La tectónica de placas y la posición de los continentes La deriva continental también juega un papel clave. Cuando grandes masas de tierra se concentran cerca de los polos, facilitan la acumulación de hielo. Además, la formación de cadenas montañosas como el Himalaya intensifica la erosión y captura de CO₂ atmosférico, reforzando el enfriamiento global. Por el contrario, aperturas oceánicas como el Paso de Drake (entre Sudamérica y la Antártida) modifican las corrientes marinas, redistribuyendo calor por el planeta. Océanos y corrientes marinas: el motor invisible Las corrientes oceánicas transportan calor desde los trópicos hacia latitudes altas. Alteraciones en la circulación termoalina —como el debilitamiento de la corriente del Atlántico Norte— pueden desencadenar enfriamientos bruscos o, por el contrario, acelerar el deshielo. Erupciones volcánicas y meteoritos Aunque menos frecuentes, los eventos catastróficos también influyen. -Grandes erupciones volcánicas pueden inyectar cenizas y aerosoles a la atmósfera, bloqueando la radiación solar y generando un enfriamiento temporal. -Impactos de asteroides pueden alterar el clima de forma súbita, tanto por enfriamiento inicial como por liberación de CO₂ posterior. Lea también: ¿Cuán redonda es realmente la Tierra? ¿Estamos al borde de una nueva era glaciar? En condiciones naturales, los ciclos orbitales y climáticos indicarían que la Tierra debería acercarse lentamente hacia una nueva glaciación en los próximos milenios. Sin embargo, las emisiones humanas de gases de efecto invernadero están alterando este patrón. La actividad industrial ha elevado los niveles de CO₂ a valores no vistos en al menos 3 millones de años, lo que retrasa —o incluso podría cancelar— el inicio de la próxima era glaciar. NCYT

Tras una jornada marcada por la baja participación en las urnas, la Registraduría Nacional anunció los resultados de las votaciones para la Gobernación del Magdalena: María Margarita Guerra, de la Coalición Fuerza Ciudadana, ganó los comicios con más del 50% de los votos. Guerra será la líder del departamento hasta 2027, puesto que llega en reemplazo de Rafael Martínez, cuyo nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado luego de que determinaran que el político incurrió en doble militancia. A pesar de que no hubo reportes de incidentes relacionados con la seguridad, el Magdalena vive actualmente una crisis en el tema. De hecho, la baja participación se le atribuye a amenazas que grupos armados ilegales habrían hecho circular en los últimos días. Lea también: Gobierno Petro apoyaría transición del poder en Venezuela ¿Quién es María Margarita Guerra? Guerra nació en el municipio de Fundación (Magdalena). Es abogada, especialista y magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte de Barranquilla; y tiene más de 12 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado como secretaria general y de gobierno de Concordia y Algarrobo; coordinadora regional de la Unidad para las Víctimas; Asesora de despacho de municipios como Aracataca, El retén, Pivijay, Nueva granada y Juan de Acosta; y asesora jurídica de la Secretaría de Educación Departamental. En cuanto a lo político, Guerra ha sido reconocida por tener una postura progresista, apoyando las causas LGBTI y de género, así como a los jóvenes y minorías. Durante las elecciones atípicas, fungió entonces como la opción que le daba continuidad a la línea de trabajo que ha predominado en el departamento los últimos años. De hecho, hay quienes la consideran una ficha de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena durante 2020-2023. Isaac Morales, coordinador de la línea de Democracia de Pares, aseguró para el portal web de aquella organización que el triunfo de Guerra: “Es una consolidación de la base electoral que tiene el movimiento de Carlos Caicedo en este departamento. A pesar de haber sido una jornada de elección atípica hubo una amplia participación y se sienta una base superior a los 260 mil votantes de Fuerza Ciudadana que puede ser un indicio importante en la aspiración que tiene Caicedo de ser candidato presidencial (...) Con esta jornada se demuestra que Fuerza Ciudadana se consolida como la fuerza política del departamento”. En su plan de trabajo, Guerra aseguró que trabajará por “educación moderna, inclusiva y con enfoque territorial a los municipios, fortaleceremos la atención a la niñez y a las familias, y seguiremos ampliando las oportunidades para jóvenes que quieren estudiar”, y agregó que se concentrará en atender las necesidades de la región relacionadas con la protección del medio ambiente. Denuncias en el marco de las elecciones A pesar de que no se reportaron hechos de inseguridad, la baja participación política en el departamento sería consecuencia de la presión de grupos armados ilegales sobre los habitantes del territorio. Aunque 1.094.000 ciudadanos estaban habilitados para votar, solo acudieron 341.782. Es decir, hubo una participación del 31,26%, según reportes de la Registraduría Nacional. Lea también: MOE lanza alerta por violencia para elecciones de 2026 En cuanto a otros incidentes, las autoridades reportaron 30 denuncias por presunto fraude electoral que fueron atendidas. Por ejemplo, en el barrio Santana, en Santa Marta, un adulto mayor fue sorprendido portando listados y pancartas alusivas a un candidato, algo prohibido en los puestos de votación. Tanto él como sus acompañantes fueron retirados del lugar. En esa misma zona, según los reportes, se avistaron a varias personas tomándose fotos con el tarjetón, mostrando por quién habían votado. Aquello está prohibido por la legislación electoral. Además, según el Puesto de Mando Unificado (PMU), se atendieron incidentes relacionados con fallas intermitentes de energía, demoras en la entrega de formularios y reclamos por reubicación de mesas. En el balance aseguraron que aquellos hechos no afectaron las elecciones.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, presentó el reporte más actualizado sobre los riesgos de violencia y electorales en el país para las elecciones de 2026, las cuales escogerá al nuevo Congreso y al Presidente de la República. “Ahora que estamos empezando el proceso de inscripción de candidaturas el corte está el 8 de noviembre y a la fecha llevamos 215 hechos de violencia contra liderazgos políticos, 104 contra liderazgos sociales, 50 contra liderazgos comunales para un total de 369 hechos”, indicó, tras resaltar que los liderazgos políticos siguen creciendo. Lea también: MOE propone reformar el CNE y la Registraduría Las zonas más afectadas por las alertas de riesgo electoral Señaló que las principales zonas del país concentración de hechos de violencia están en el Cauca, Valle del Cauca, la frontera en el departamento de Antioquia, Norte de Santander y Bogotá. “No tenemos una distribución en todas las organizaciones políticas, pero estamos viendo con preocupación que hay una concentración hacia dos organizaciones políticas: el Centro Democrático y el Partido Conservador. ¿Eso qué significa? Que se necesitan tomar unas acciones especiales para la protección de candidaturas de estos dos partidos que son de la oposición”. apuntó Barrios. Sobre los grupos que están tras esas acciones, destacó que por ejemplo en el departamento de Arauca están las disidencias, “si estamos hablando de Montes de María con la presencia de grupos armados ilegales pertenecientes al Clan del Golfo o grupos paramilitares, y hay una mayor presión hacia los partidos de Colombia Humana o de la UP”. Barrios sostuvo que se tuvo en cuenta todo tipo de información relativa a hechos de violencia que puedan afectar el proceso electoral frente a organizaciones políticas. “La MOE hace seguimiento a las denuncias que hayan sido presentadas, en algunos casos frente a la Fiscalía General o que sean unos hechos notorios cubiertos por medios de comunicación, por la Defensoría del Pueblo o por alguna institución del Gobierno. Si esta información no se pone en conocimiento de la Fiscalía General y si no se lleva también por parte de las organizaciones políticas a las comisiones de seguimiento electoral no van a ser adecuadas ni suficientes las medidas de protección que se adopten”. Lea también: Cuestionamientos de la MOE a la Registraduría Precisó que estos hechos de violencia podrían estar generando un riesgo para la distribución de puestos, de mesas que tengan que ser cambiada por temas de seguridad en el caso de las elecciones de Congreso y de Presidencia. “Es la presencia de los grupos armados ilegales en los territorios y la forma como se relacionan con las elecciones lo que puede poner en riesgo que se mantengan determinadas mesas en las zonas rurales”, advirtió la experta.

Tras conocerse el revelador informe de Noticias Caracol sobre los presuntos nexos de un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las Farc, LIDERADAS POR ALIAS ‘Calarcá’, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según detalló el Ministerio Público, el propósito de la indagación es aclarar si ambos participaron en planes para crear empresas de seguridad privada y compartir información confidencial sobre operativos militares, sin que esta decisión implique aún un señalamiento de responsabilidad. En el documento expedido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, la Procuraduría ordenó iniciar la indagación y vinculó al general Huertas y a Mejía por los hechos revelados en el reportaje periodístico titulado “Los archivos secretos de Calarcá”, divulgado por Noticias Caracol. Lea también: Investigan a jueza que dejó en libertad a Emilio Tapia El ente disciplinario decretó varias pruebas para esclarecer los hechos. Entre ellas, ofició a la Dirección de Personal del Ejército para obtener la hoja de vida del general Huertas, sus funciones actuales y datos de contacto. También solicitó a la DNI certificar si Mejía está vinculado a esa entidad y, en caso afirmativo, detallar el tiempo de servicio, cargos, funciones, hoja de vida y contacto actualizado. Asimismo, pidió al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Ejército informar si esa cartera ordenó investigaciones administrativas internas relacionadas con las denuncias sobre la presunta creación de empresas de seguridad privada vinculadas a las disidencias. La Procuraduría también requirió a la Fiscalía General de la Nación indicar si existen actuaciones en curso sobre estos hechos y si tiene bajo custodia la información incautada en el retén del 23 de julio de 2024, donde fue interceptada una caravana que transportaba a jefes de las disidencias. Si la respuesta es afirmativa, la entidad buscará realizar una inspección disciplinaria a esas investigaciones y obtener copia de los archivos recogidos. El papel de los implicados en los presuntos nexos con las disidencias Los documentos mencionaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos del grupo ilegal, indicando que su vínculo con el Presidente permitiría que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control. También señalaron que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por el entonces comandante Enrique Zapateiro, pero reintegrado posteriormente durante el gobierno del presidente, Gustavo Petro, donde fue ubicado en un cargo clave en el manejo del personal y de los traslados internos de la institución. Además del general, los archivos mencionaron a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Testimonios bajo anonimato indicaron que, gracias a su cercanía con disidentes, grupos del Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar habrían accedido a información privilegiada que les permitió esquivar operativos de la Fuerza Pública. Según fuentes citadas en la investigación periodística, Mejía también participó en reuniones con delegados disidentes en Colombia y Venezuela y habría intervenido en contactos para avanzar en la creación de la empresa de seguridad que permitiría legalizar armas y uniformes del grupo armado. Lea también: Contraloría abre investigación por compra de 17 aviones Gripen Mejía negó todas las acusaciones y afirmó que se trataba de un montaje. Según la información revelada, la fiscal general Luz Adriana Camargo conocía del contenido de los dispositivos desde hace más de un año, pero no existen procesos penales abiertos contra los funcionarios mencionados. Consultados por el medio de comunicación, ni los implicados ni la Casa de Nariño entregaron respuestas concretas sobre los señalamientos. Las fuentes dentro de las disidencias reiteraron que las comunicaciones y vínculos descritos eran reales. COLPRENSA