Los acuerdos de La Habana: entre la esperanza y el desencanto

Por: Nerio Luis Mejía

La terminación del conflicto armado con la guerrilla de las FARC en 2016 ha generado más críticas que avances reales frente a este grupo criminal que en su momento amenazó la estabilidad de la nación. Los enfrentamientos armados, las tomas guerrilleras que arrasaron poblaciones enteras, las emboscadas contra la fuerza pública, el asalto a bases militares y puestos de policía, el asesinato de civiles, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores y el secuestro derivaron en graves crímenes de guerra cometidos tanto por guerrillas como por paramilitares. A su vez, las fuerzas del Estado incurrieron en crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, como los tristemente célebres “falsos positivos”. Todo ello desembocó en una impunidad casi absoluta.

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Durante los gobiernos posteriores a la administración de Juan Manuel Santos, con quien se firmó el acuerdo, el tema de los incumplimientos ha sido recurrente. Muchos señalan al expresidente Iván Duque de haber desmantelado lo pactado; otros aseguran que en el gobierno de Gustavo Petro no se alcanzaron las expectativas de implementación. También hay quienes responsabilizan a las mismas exFARC por no cumplir con lo básico: contar la verdad sobre sus crímenes, reconocer sus vínculos con el narcotráfico y entregar bienes para reparar a las víctimas. En definitiva, casi una década después de la firma, el desacuerdo con los acuerdos de La Habana es evidente.

No obstante, no se puede desconocer que en ese extenso documento surgieron propuestas —los llamados “puntos”— que permitieron visibilizar problemas ocultos durante décadas bajo una selva de desidia que afectó especialmente a la Colombia profunda. De allí nacieron iniciativas como la reforma agraria integral, proyecto bandera de la administración Petro que busca entregar tierras a campesinos; los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para transformar las zonas más golpeadas por el conflicto; y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), con 16 curules destinadas a las víctimas del conflicto armado.

Este último punto ha sido uno de los más sensibles y cuestionados. Tras el primer periodo de 2022, se criticó duramente la forma en que se eligieron los representantes, pues muchos esperaban reglas distintas de acuerdo con lo firmado. La realidad, sin embargo, es que este espacio ha sido copado por clanes políticos que postulan a sus herederos, e incluso por linajes de victimarios que ocupan el lugar que deberían tener las víctimas.

En las regiones favorecidas por los acuerdos, los procesos electorales han estado marcados por cuestionamientos. Se señala a candidatos con inclinaciones ideológicas hacia actores armados, y a alcaldes y gobernadores que presionan a los electores para que voten por quienes sirven a sus intereses, fortaleciendo proyectos políticos construidos durante décadas a través del fraude y el chantaje. Estas prácticas parecen ya parte de nuestro sistema electoral.

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Así, los acuerdos de La Habana han estado plagados de impunidad y cooptados por políticos y actores armados, arrebatando a las víctimas los espacios que les corresponden. Resulta casi imposible soñar que cualquier gobierno, sin importar su inclinación ideológica, logre cumplir lo firmado. Mucho menos imaginar que en las curules de paz lleguen a estar las verdaderas víctimas defendiendo sus derechos en el Congreso de nuestra república bananera.