La peligrosa estupidez de desmantelar la JEP
Por: Dany Oviedo Marino
La democracia colombiana atraviesa un momento de fragilidad institucional crítico. La aprobación en primer debate del proyecto de acto legislativo que busca recortar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a tan solo diez años —imponiendo un cierre intempestivo en marzo de 2028— no es un simple ajuste de plazos o un trámite legislativo de rutina. Se trata, en el fondo, de una embestida estructural contra el modelo de justicia transicional pactado en el Acuerdo Final de Paz y un desafío directo a las garantías democráticas que sostienen el Estado Social de Derecho en nuestro país.
Aceptar de forma pasiva esta iniciativa abre un precedente nefasto que pone en riesgo las bases del constitucionalismo colombiano, abre las compuertas de la impunidad, deja en la incertidumbre procesal a miles de exintegrantes de la Fuerza Pública y compromete gravemente la credibilidad internacional del país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El primer y más grave peligro radica en la erosión del propio orden constitucional. Como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017, el principio del juez natural constituye un elemento definitorio e inalterable de la Carta Política. La JEP fue concebida como un tribunal especializado, prevalente, exclusivo y autónomo, diseñado para investigar y juzgar las lógicas complejas de la macrocriminalidad del conflicto armado.
Traspasar de un día para otro miles de causas abiertas de la JEP a la justicia ordinaria equivale a desmantelar la garantía del juez predeterminado por la Ley Fundamental. Adicionalmente, el proyecto vulnera flagrantemente el principio de estabilidad jurídica del Acuerdo de Paz, amparado por el Acto Legislativo 02 de 2017 y la Sentencia C-630 de 2017, los cuales blindaron los contenidos sustanciales de justicia y derechos humanos como parámetros obligatorios de validez constitucional hasta el año 2030. Modificar unilateralmente las reglas de juego rompería la confianza legítima y alteraría la supremacía constitucional.
Por otra parte, el traslado de más de 10.000 expedientes a la jurisdicción penal ordinaria con participación de la Fiscalía General de la Nación es una fórmula garantizada para la denegación de justicia.
Las cifras no mienten: la justicia ordinaria enfrenta hoy un represamiento que supera los 1,86 millones de expedientes. Pretender que despachos judiciales saturados asuman complejas investigaciones de violaciones masivas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario se traducirá en la parálisis de los procesos.
Sin la infraestructura ni las metodologías de la justicia restaurativa, la inmensa mayoría de estos crímenes prescribirán o quedarán archivados quedando en la impunidad. El derecho de las víctimas a la verdad, la reparación integral y la no repetición quedará sacrificado irremediablemente en el altar del cálculo político.
Como tercer elemento -este muy paradójico-, la narrativa de los promotores del proyecto quiere vender esta reforma como un supuesto beneficio o "reestablecimiento de garantías" para los miembros de la Fuerza Pública. Nada más alejado de la realidad. Expulsar a los exmilitares y expolicías del paraguas de la JEP para devolverlos al derecho penal ordinario y punitivo los priva del régimen especial de condicionalidad y de las sanciones propias (restaurativas) de esta jurisdicción que son, por mucho, más benévolas.
En la justicia ordinaria, los uniformados no encontrarán esquemas diferenciados de juzgamiento transicional, sino las severas penas del Código Penal ordinario, el aislamiento procesal y la dilación indefinida de sus situaciones jurídicas. Lejos de protegerlos, esta iniciativa convierte a los comparecientes en rehenes de una inseguridad jurídica permanente que prolonga su juzgamiento sin resolver de fondo sus causas y sometiéndolos a penas más largas.
Adicionalmente, el impacto de este proyecto trasciende las fronteras nacionales y ubica a Colombia en un escenario de desobediencia y desconfianza ante la comunidad internacional. El Acuerdo de Paz de 2016 fue depositado ante el Consejo de Estado Suizo como un Acuerdo Especial bajo los Convenios de Ginebra y respaldado de manera unánime por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano que realiza un seguimiento riguroso a su implementación a través de la Misión de Verificación.
Desarmar unilateralmente el componente judicial del sistema transicional representa una vulneración abierta del principio internacional de pacta sunt servanda (lo pactado obliga). Esta ruptura de compromisos no solo desencadenaría la condena diplomática de la ONU, sino que activaría de inmediato el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional (CPI).
Si el Estado colombiano demuestra incapacidad o falta de voluntad para juzgar a los máximos responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad en un tribunal especializado, la Fiscalía de la CPI tendría los argumentos jurídicos para reabrir la investigación formal por encima de Colombia por crímenes de lesa humanidad y de guerra, afectando a tirios y troyanos a penas verdaderamente altas dictadas por el tribunal internacional que darían al traste con todo el acuerdo.
Por estas y otras razones, acelerar el cierre de la JEP bajo la excusa del agotamiento del tiempo no es una decisión administrativa: es un acto de deslegitimación institucional que desprotege a las víctimas, sume en la incertidumbre a los comparecientes (sobre todo los miembros de la fuerza pública) y degrada el estatus democrático de Colombia a nivel global.
Un Estado de Derecho que altera arbitrariamente las reglas de su propia justicia para sepultar la verdad del conflicto es un Estado que condena a su democracia a la fragilidad e inestabilidad perpetuas e incluso, a la eterna continuación del conflicto que sufrimos desde el nacimiento de la República. El Congreso tiene la obligación histórica y constitucional de frenar este desatino del estúpido senador Enrique Gómez Martínez antes de que el daño sea irreversible.
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