´Iván Mordisco´ impone manuales de convivencia en el Huila

En el noroccidente del departamento del Huila, la autoridad constitucional ha comenzado a ser suplantada por el dictamen de las armas. En varias zonas rurales de esta región, ya no son las instituciones del Estado las que fijan las reglas de convivencia social, sino las directrices coercitivas del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, comandado por alias Iván Mordisco.

La gravísima radiografía de control territorial e intromisión en la vida cotidiana de la población quedó al descubierto tras la emisión de la Alerta Temprana 016 de 2026 por parte de la Defensoría del Pueblo. El organismo humanitario encendió las alarmas sobre el acelerado fortalecimiento de dos estructuras armadas en la zona: el Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, integradas al Bloque Central Isaías Pardo del EMC.

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Régimen de control social: horarios, listas y "manuales"

El accionar del grupo disidente sobrepasa la presencia militar y se adentra en la microgestión de la vida comunitaria. Según el informe de la Defensoría, los insurgentes han diseñado e impuesto estrictos "manuales de convivencia". Estas reglas de facto fijan desde horarios permitidos para la movilidad de ciudadanos hasta restricciones severas para el ingreso de foráneos y visitantes a las veredas.

Para asegurar el cumplimiento de estas normas ilegales, el grupo armado utiliza la coacción directa sobre la estructura social local. La Defensoría denunció que los líderes comunitarios y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) están siendo obligados a actuar como correos y voceros de las instrucciones del grupo disidente, una situación que los expone tanto a amenazas de la estructura ilegal como a graves procesos de estigmatización.

"Los líderes sociales son coaccionados para transmitir instrucciones del grupo armado a la comunidad, lo que los expone a estigmatización y amenazas", advierte enérgicamente la Alerta Temprana.

Homicidios "ejemplarizantes" y asfixia económica

El acatamiento de estos manuales no es voluntario. Para consolidar un clima de terror y sumisión, el grupo ilegal ha recurrido a ejecuciones arbitrarias. Durante el año 2025, la Defensoría del Pueblo documentó al menos seis homicidios "ejemplarizantes" en la subregión, perpetrados contra pobladores acusados de haber infringido los códigos impuestas por la organización armada.

En paralelo, las disidencias mantienen una red de extorsión sistemática que golpea a los renglones económicos del departamento. Caficultores, ganaderos, comerciantes, transportadores y pequeños mineros de mármol son citados en áreas rurales para exigirles cuotas de dinero bajo presión e intimidación.

Violaciones al DIH: viviendas como trincheras y uso de drones

El informe defensorial resalta una preocupante degradación del conflicto armado con infracciones continuas al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entre las conductas documentadas figuran la ocupación de centros educativos y el uso de viviendas civiles como trincheras durante los enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Adicionalmente, el organismo advirtió sobre el posible empleo de drones cargados con materiales explosivos, una innovación táctica bélica que incrementa de forma alarmante el riesgo de afectación indiscriminada a pobladores y bienes civiles.

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Niñez en riesgo y vulneración a comunidades históricas

Uno de los puntos más críticos expuestos por la entidad es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA). Para seducir e integrar a los menores a sus filas, el EMC emplea promesas de dinero, regalos como motocicletas y teléfonos inteligentes de alta gama, combinados con estrategias de captación activa a través de redes sociales. Una vez reclutados, los jóvenes son trasladados a frentes de combate en zonas convulsas como el Cauca o la Orinoquía para ser utilizados como "carne de cañón".

La expansión disidente genera también un impacto desproporcionado sobre dos grupos vulnerables: los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en proceso de reincorporación y las comunidades indígenas del pueblo Nasa, cuyo gobierno propio y autonomía ancestral se ven seriamente amenazados.