Crimen organizado, extorsión y colapso judicial en el Atlántico
- Acta Diurna
- 23 jul
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La creciente ola de extorsión, los homicidios selectivos y el temor recurrente de los comerciantes en Barranquilla y los municipios del Atlántico no responden a un simple brote de delincuencia común. Se trata del accionar de potentes estructuras de crimen organizado que operan en medio de un colapso operativo del sistema de justicia y de una fractura institucional entre el gobierno nacional y las autoridades territoriales.
Así lo advirtieron el politólogo e investigador Luis Fernando Trejos Rosero y el abogado y exsecretario de Gobierno e Interior, Guillermo Polo Carbonell, durante su participación en el espacio radial Mesa de análisis.
El "corto circuito" institucional y la mutación del crimen
Para el profesor Luis Fernando Trejos, la seguridad ciudadana debe entenderse como una cadena de eslabones locales y nacionales. Aunque la Alcaldía Distrital ha realizado inversiones significativas en patrullas, tecnología de vigilancia y cámaras, estas capacidades resultan insuficientes cuando falta una articulación efectiva en inteligencia, justicia y sistema penitenciario a nivel central.
"Hay un corto circuito entre lo nacional y lo local. Mientras el distrito fortalece la capacidad policial, el gobierno nacional le apostó a mesas de diálogo para apaciguar la violencia homicida. Esa exclusión de las autoridades locales y la tregua produjeron una fractura del ecosistema criminal y la expansión de la extorsión a municipios donde antes no existía, como Sabanalarga, Baranoa o Santo Tomás".
Por su parte, Guillermo Polo subrayó la importancia de diferenciar la seguridad ciudadana (orientada al delito común u ordinario) de la lucha contra el crimen organizado. A su juicio, organizaciones alimentadas por el narcotráfico, el microtráfico, el 'gota a gota', el despojo de tierras y la extorsión generan volúmenes multimillonarios que no se detienen con patrullajes de rutina ni con cámaras.
El colapso judicial: un 94,5% de impunidad
Uno de los aportes más reveladores del debate fue la actualización del estudio sobre las capacidades operativas del Distrito Judicial de Barranquilla presentado por Guillermo Polo.
Las cifras exponen un escenario alarmante sobre la respuesta estatal frente al delito:
Crecimiento desmedido de la demanda penal: En un periodo de seis años, las denuncias y noticias criminales crecieron un 107%, acumulando más de 428.000 procesos en el sistema.
Acumulación en inventario: De ese total, 407.316 procesos (el 94,5%) permanecen represados en el inventario sin resolver.
Capacidad de evacuación en caída: En 2019, la capacidad del sistema para descongestionar inventarios era del 17%; para 2024 cayó de manera drástica al 5%.
Déficit de operadores de justicia: El Atlántico cuenta apenas con 3,5 jueces y 5,3 fiscales por cada 100.000 habitantes. Para evacuar la carga actual, un juez de conocimiento tendría que resolver entre 7 y 8 procesos diarios, incluidos fines de semana.
"El mensaje que se le envía al delincuente es desastroso: la probabilidad de que reciba un castigo es casi inexistente. La impunidad se convierte en el mayor incentivo para que el crimen organizado siga creciendo".
El dilema carcelario y la inviabilidad del "modelo Bukele"
Ambos analistas coincidieron en que los centros penitenciarios se han convertido en el epicentro de la extorsión a través de call centers delictivos que operan con complicidad o descontrol.
Frente a las voces que sugieren adoptar en Colombia el modelo penitenciario y de juzgamiento del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Luis Trejos fue enfático en señalar su inaplicabilidad:
Diferencias constitucionales y de escala: El Salvador es un territorio pequeño que suspendió garantías constitucionales bajo un estado de excepción prolongado.
Riesgo al debido proceso: Aplicar arrestos masivos sin derecho a la defensa vulnera pilares fundamentales del Estado de derecho.
Sin embargo, Guillermo Polo matizó que, si bien el componente de juzgamiento no debe ser replicado, el aspecto de la infraestructura y aislamiento penitenciario sí requiere medidas drásticas. Polo propuso construir cárceles fuera de los cascos urbanos y acudir a esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP) para financiar la construcción y operación de centros de alta seguridad sin asfixiar la caja fiscal del Estado.
¿Qué hacer a corto y mediano plazo?
Los expertos plantearon una serie de acciones concretas para frenar el deterioro de la seguridad:
Golpear las rentas criminales: Concentrar el trabajo de inteligencia financiera y persecución de activos de lavado de dinero en lugar de limitar el esfuerzo a capturas individuales que terminan en libertad.
Inhibidores de señal y control tecnológico: Instalar de forma efectiva inhibidores de señal en los pabellones carcelarios e imponer regulaciones estrictas a la venta de tarjetas SIM y al rastreo de transacciones en billeteras digitales.
Reforma presupuestal a la justicia: Incrementar las partidas del presupuesto nacional para aumentar la planta de jueces, fiscales e investigadores criminales en las regiones más vulnerables.
Involucramiento del Congreso y presión ciudadana: Convocar a los senadores y representantes a la Cámara por el departamento del Atlántico para que impulsen reformas legislativas en materia penal y de control de la extorsión.
El diagnóstico presentado deja claro que la crisis de seguridad que vive el Caribe colombiano no se resolverá con anuncios coyunturales ni culpabilidades cruzadas entre gobernantes. La clave reside en articular la oferta de justicia, recuperar el control de las cárceles y aplicar una política criminal integral que desmonte la rentabilidad del crimen organizado.
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