Inseguridad alimentaria en Colombia cayó al 21,1% en 2025
- Acta Diurna
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En un giro significativo para las políticas de bienestar social del país, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos experimentó una notable reducción de 4,4 puntos porcentuales durante el año 2025, situándose en el 21,1% frente al 25,5% registrado en 2024. Los datos, obtenidos mediante la rigurosa Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), evidencian un alivio estructural en el acceso económico a la comida, aunque encienden las alarmas en territorios históricamente rezagados como la periferia rural y el Pacífico colombianos.
El reporte técnico oficial, consolidado a partir de una muestra robusta de más de 85.000 hogares examinados por el DANE a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), representa uno de los termómetros más fieles para evaluar el progreso del país frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2: Hambre Cero). La caída generalizada del indicador principal se complementa con una reducción sustancial de la inseguridad alimentaria grave —la manifestación más extrema de la privación nutricional—, la cual pasó del 5,0% en 2024 al 3,4% en 2025, marcando una variación de -1,6 puntos porcentuales con plena significancia estadística.
Al desagregar las estadísticas bajo la óptica de las personas (indicador internacional ODS 2.1.2), la directora general del DANE, Piedad Urdinola Contreras, precisó la dimensión demográfica del fenómeno: “En 2025, el 22,8% de la población del país experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que equivale a un poco más de 12 millones de personas. Esta cifra representa una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al año anterior”. De igual manera, la alta funcionaria destacó que las privaciones severas e individuales entre los ciudadanos descendieron en un 1,5%.
Por su parte, Agustín Zimmermann, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, subrayó el valor estratégico de este ejercicio estadístico continuo: “Esta información obtenida bajo la Escala FIES es importante para el país ya que presenta datos a nivel nacional y departamental, insumos claves para la toma de decisiones y la medición de avances de Colombia frente al cumplimiento de los indicadores del ODS 2: Hambre Cero”.
Ciudades en alivio, el campo en deuda
A pesar del optimismo que infunden las cifras macroeconómicas, las asimetrías territoriales persisten con fuerza en las regiones. La prevalencia en las áreas urbanas (cabeceras municipales) lideró la tendencia de descenso al contraerse 4,9 puntos porcentuales, ubicándose en un 18,1% en 2025. Por el contrario, en las zonas rurales dispersas y los centros poblados, la disminución marchó a un ritmo mucho más modesto (-2,8 puntos porcentuales), reduciendo el indicador del 34,2% en 2024 al 31,4% en 2025.
Esta diferencia de más de trece puntos entre lo rural y lo urbano visibiliza que las redes de distribución económica y las oportunidades de ingresos estructurales siguen favoreciendo significativamente a las grandes metrópolis, dejando rezagada a la Colombia rural. En términos de vivencias cotidianas, el análisis del DANE detalla que la experiencia de inseguridad alimentaria más común a lo largo del año fue la mera "preocupación de quedarse sin alimentos", la cual afectó al 35,8% de los hogares a nivel nacional y superó el umbral del 51,5% en las comunidades rurales.
Paradojas departamentales
El mapa regional de 2025 revela realidades diametralmente opuestas. En el extremo positivo destaca el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que registró una contracción histórica de la inseguridad alimentaria moderada o grave, desplomándose del 31,8% al 5,2% (una caída sin precedentes de -26,6 p.p.). Su tasa de inseguridad grave bajó del 12,3% a un mínimo técnico de 0,6%. Las auditorías e informes de campo del DANE atribuyen este notable avance al robustecimiento económico de la isla, impulsado por el notable repunte del turismo y agresivas ferias locales de empleabilidad que dinamizaron el ingreso monetario familiar.
Otras regiones como Vaupés (que cayó del 46,1% al 22,3%), Casanare (-16,9 p.p.) y Cundinamarca acompañaron la senda del progreso nacional. Al final de la tabla de vulnerabilidad, San Andrés (5,2%), Caldas (9,2%) y Bogotá D.C. (9,6%) consolidaron los entornos más estables del país.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es desgarradora. El departamento del Chocó se ratificó como el epicentro de la precariedad nutricional en Colombia: la inseguridad alimentaria moderada o grave trepó con violencia un 20,5%, pasando de un ya preocupante 36,3% en 2024 a un devastador 56,8% en 2025. Peor aún, el hambre extrema (categoría grave) en esta región se triplicó de forma estadísticamente significativa, disparándose del 6,4% al 17,9% (+11,5 p.p.).
De acuerdo con el personal operativo de recolección del DANE, la crisis humanitaria chocoana responde a una "tormenta perfecta" de factores simultáneos:
Controles a actividades informales: El endurecimiento de los controles contra la minería ilegal paralizó las dinámicas de ingresos de miles de familias rurales dependientes.
Factores climáticos: La crudeza de una intensa ola invernal devastó cultivos de pancoger y limitó severamente la tradicional "subienda" de pescado.
Orden público: El recrudecimiento de las disputas armadas entre actores ilegales bloqueó la movilidad fluvial comercial, aislando a decenas de comunidades.
Subsidios: El recorte o retraso en la asignación de transferencias del gobierno nacional impactó el flujo de caja básico familiar.
Acompañando al Chocó en los niveles más críticos de vulnerabilidad se encuentran Sucre, con una prevalencia del 50,1%, y La Guajira con un 47,8%.
El rol clave de las ayudas institucionales
Un dato revelador que resalta el boletín técnico se asocia a la efectividad de la política de asistencia social. Si bien los hogares beneficiarios de subsidios estatales (como Colombia Mayor, Renta Ciudadana o Devolución del IVA) registran niveles lógicamente altos de inseguridad debido a su vulnerabilidad focalizada de base (34,3% frente a 20,1% de los no beneficiarios), fue precisamente en este grupo asistido donde las reducciones interanuales se dieron con mayor fuerza.
Las transferencias monetarias demostraron un blindaje eficaz contra el hambre extrema, abriendo una ventana de oportunidad clave para robustecer el rediseño y cobertura de estos programas de rescate social en las áreas periféricas del país.
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