MinEnergía advierte riesgo de apagón y pide cambios regulatorios
- Acta Diurna

- hace 2 días
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El Ministerio de Minas y Energía emitió una fuerte advertencia sobre la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). A través de una circular urgente enviada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el ministro Edwin Palma Egea solicitó modificar de inmediato las reglas de la subasta del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2029-2030, alertando que Colombia enfrenta un riesgo real de desabastecimiento energético.
La alarmante solicitud se fundamenta en una "tormenta perfecta" que amenaza al país: un déficit proyectado de energía firme, el impacto geopolítico en los precios de los combustibles y la altísima probabilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño a la vuelta de la esquina.
Un panorama crítico
De acuerdo con el Centro Nacional de Despacho (CND) y las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) no será suficiente para cubrir la demanda de los próximos años. Las proyecciones de déficit son preocupantes:
Periodo dic 2025 – nov 2026: Déficit estimado de 1,97 TWh-año.
Periodo dic 2026 – nov 2027: El déficit se duplicará, alcanzando los 3,9 TWh-año.
“El déficit identificado exige la adopción de medidas inmediatas que amplíen la base de agentes con capacidad de participar en los mecanismos de subastas e incentiven la entrada temprana de los mismos”, advirtió la cartera minero-energética.
El Ministerio señala que la actual Resolución CREG 101 de 2007 impone trabas regulatorias que limitan la participación de plantas existentes que ejecutan obras de ampliación, frenando la entrada de energía adicional que el sistema necesita con urgencia.
El efecto Medio Oriente y el golpe al bolsillo
El panorama se complica aún más por factores internacionales. El conflicto geopolítico desatado en Medio Oriente a finales de febrero de 2026 disparó el precio del petróleo Brent de US$70 a casi US$100 por barril (un incremento del 42%).
Esta volatilidad impactó directamente el precio de escasez en Colombia, el cual pasó de $709,3 por kWh en marzo a $1.006,9 por kWh en abril de 2026.
Críticas a la fórmula de la CREG
El Ministerio cuestionó duramente la metodología de la Resolución CREG 139 de 2011 para calcular los Costos Promedio de Combustible (CPC), calificándola de obsoleta e inequitativa:
Falta de lógica logística: la fórmula actual otorga el mismo peso financiero al abastecimiento de una planta de 200 MW en el sur del país que a una de 300 MW ubicada junto a un centro de distribución.
Evaluaciones desfasadas: El Ministerio denunció que la validación hecha por el ASIC el pasado 25 de marzo usó el precio de marzo ($709,3/kWh), dejando por fuera a varias térmicas. Si la verificación se hubiera hecho dos días después, con el precio indexado de abril, los resultados de habilitación habrían sido muy distintos.
El Niño regresa en el segundo semestre
Para agravar la situación, el factor climático juega en contra. Citando informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), el Gobierno advirtió que existe un 95% de probabilidad de que un nuevo Fenómeno de El Niño inicie en junio de 2026.
La combinación de sequía, escasez de energía firme y combustibles caros configura un escenario de alto riesgo para la continuidad del servicio eléctrico en el país.
Las peticiones urgentes del Gobierno
Para evitar un escenario de racionamiento, el Ministerio de Minas y Energía solicitó formalmente a la CREG tres acciones normativas inmediatas:
Flexibilizar la subasta: Modificar la regulación para permitir la incorporación inmediata de nueva energía firme y crear incentivos para periodos críticos de sequía.
Actualizar precios de referencia: Utilizar el precio de escasez de abril de 2026 ($1.006,9/kWh) para ampliar la baraja de plantas térmicas habilitadas en la subasta.
Aliviar la burocracia financiera: Revisar los plazos para la constitución de garantías bancarias (como cartas de crédito), ya que el sector financiero tarda actualmente cerca de 50 días hábiles en tramitarlas, un tiempo que el sistema hoy no se puede permitir perder.



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