Gobierno De la Espriella apaga la programación de las Emisoras de Paz
- Acta Diurna
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El lunes festivo 17 de agosto de 2026, la cotidianidad radial en más de veinte municipios azotados históricamente por el conflicto armado en Colombia sufrió un giro drástico. A través de un mensaje enviado por la aplicación WhatsApp desde las oficinas centrales en Bogotá, la dirección de Inravisión —el nombre con el que se rebautizó al Sistema de Medios Públicos— ordenó a los responsables de las 20 Emisoras de Paz detener de manera inmediata la emisión de toda su programación habitual. La instrucción afectó del mismo modo a las 11 emisoras descentralizadas de la Radio Nacional de Colombia, una red que abarca más de 70 frecuencias a lo largo y ancho del territorio nacional.
A partir de las primeras horas del martes 18 de agosto, los espacios informativos, las crónicas rurales, los programas de música autóctona y los boletines comunitarios producidos desde las regiones fueron sustituidos por una señal unificada proveniente de la capital, dedicada exclusivamente a la difusión de música continua. La transmisión local, construida a lo largo de años como un canal directo entre las comunidades y el Estado, quedó congelada sin previo aviso ni periodo de transición.
Detrás de este movimiento administrativo se encuentran las profundas transformaciones que vive el sistema radial público tras la llegada al poder del presidente Abelardo De la Espriella, cuyo mandato inició el pasado 7 de agosto de 2026. La decisión cobró fuerza tras la oficialización, mediante un decreto expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el 12 de agosto, del nombramiento de la abogada Ángela María Mora como nueva gerente de Inravisión, bajo la gestión de la ministra de las TIC, Alexandra Falla.
La tesis del "aparato de propaganda"
El marco argumentativo de la medida gubernamental quedó plasmado en un comunicado de prensa difundido por el MinTIC el domingo 16 de agosto. En dicho documento, la cartera de comunicaciones anunció el inicio de un plan de acción tendiente a desmontar lo que calificó categóricamente como el "aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia". Según lo informado por el Gobierno, la ministra Alexandra Falla y la gerente Ángela María Mora pactaron una reestructuración inmediata destinada a revisar la contratación vigente, auditar los convenios institucionales y suprimir las franjas noticiosas y de opinión tanto en radio como en televisión.
Desde la postura del gobierno De la Espriella, la meta consignada en el comunicado oficial consiste en edificar un modelo de medios públicos caracterizado por la pluralidad, la independencia y la transparencia, evitando que la información oficial responda a sesgos ideológicos o intereses partidistas.
Sin embargo, los testimonios entregados desde las entrañas de Inravisión ofrecen un matiz drásticamente distinto. Según fuentes internas consultadas en la investigación periodística de El Armadillo, las fricciones editoriales venían manifestándose con fuerza desde la semana anterior a la suspensión, particularmente durante el cubrimiento informativo del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Varios periodistas de la entidad señalaron que la nueva administración posicionó al comunicador Diego Fajardo —quien para ese momento ni siquiera contaba con un contrato formalizado— como un veedor de las decisiones periodísticas, con facultad para intervenir directamente en los consejos de redacción.
Una funcionaria del sistema de medios relató que se ejercieron vetos explícitos sobre ciertos enfoques periodísticos. Durante la planificación del cubrimiento sobre las secuelas del sismo, cuando algunos redactores sugirieron indagar por las condiciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas en el departamento del Cauca, la indicación de Fajardo fue descartar de plano el abordaje de los pueblos originarios argumentando que ese enfoque "politizaba la información". Ante el empeño de los equipos periodísticos por defender el rigor profesional y la neutralidad informativa, la respuesta institucional se zanjó con la cancelación radical de la parrilla programática.
El mandato constitucional del Punto 6.5
El apagón de las Emisoras de Paz desató una discusión de hondo calado legal y social debido al origen mismo de estas frecuencias. Su creación no respondió a un antojo administrativo de turno, sino al cumplimiento estricto del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Dicho apartado estipuló la puesta en marcha de 20 "emisoras para la convivencia y la reconciliación" en zonas altamente impactadas por la confrontación armada y con históricas brechas de conectividad.
Aun cuando las administraciones anteriores mantuvieron líneas editoriales diversas sobre la radio pública, los contenidos de las Emisoras de Paz conservaron su independencia operativa y su enfoque pedagógico. Trabajadores del sistema explicaron que, aunque los boletines nacionales se enlazaban con Bogotá, cerca del 90% de la grilla de programación de cada estación nacía del trabajo de campo en los territorios. Allí se emitían contenidos orientados al desarrollo agropecuario, la conservación ambiental, el fortalecimiento de la economía campesina, las muestras culturales nativas y el seguimiento localizado a la implementación de los compromisos de paz.
El impacto de este silenciamiento se evidencia con claridad en casos como el del municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. La emisora local, operativa desde julio de 2019, representa la única frecuencia de paz en el territorio antioqueño, con un alcance radial que abraza a 16 municipios y más de un centenar de veredas rurales.
Líderes sociales y habitantes de la zona remarcaron el valor simbólico y práctico que desempeñaba la estación. Jhonatan Sucerquia, gestor cultural de Ituango, enfatizó que transformar la estación en un canal musical genérico equivale a despojar a la región de una herramienta de resiliencia, pues el micrófono permitía proyectar una imagen del territorio ligada a la vida, el arte y la riqueza comunitaria, distanciándose de la narrativa estigmatizante que encasilla a sus pobladores como actores del conflicto armado. En idéntico sentido, el líder comunitario Julio Sepúlveda lamentó la pérdida de un servicio público indispensable para la articulación de la población urbana y rural en geografías donde la radio constituye el principal vínculo de comunicación.
La ola de reacciones: de los firmantes de paz a la libertad de prensa
La suspensión masiva de la programación local provocó un inmediato rechazo entre las colectividades políticas de oposición y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Una de las posturas más tajantes vino de Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto armado como "alias Timochenko", exintegrante del secretariado de las FARC y actual presidente del partido Comunes.
Londoño se pronunció públicamente a través de la red social X para denunciar que apagar la programación de estas estaciones viola de manera flagrante los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y atenta contra los mandatos de la Constitución Política de Colombia. En su mensaje, el dirigente político cuestionó la prevención del Gobierno de De la Espriella frente a unos canales cuyo propósito fundamental es la pedagogía de la no violencia a través del arte, la cultura y la memoria histórica.
A estas críticas se sumó el exsenador Omar Restrepo, también del partido Comunes, quien fustigó las determinaciones del Ejecutivo acusándolo de querer hacer retroceder al país hacia épocas de polarización y violencia. Restrepo subrayó que privar de voz a las Emisoras de Paz vulnera directamente el derecho a la información de las víctimas del conflicto armado y de las comunidades marginadas, recortando los espacios ganados para la reconciliación nacional. De forma paralela, sectores del Congreso liderados por senadores como Iván Cepeda calificaron la medida como un ataque directo a los pilares democráticos y a la pluralidad informativa.
En el ámbito gremial y periodístico, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) confirmó que recopila los antecedentes sobre la interrupción de las transmisiones y las denuncias sobre censura previa en las salas de redacción, con el objetivo de estructurar un pronunciamiento institucional sobre el impacto de esta medida en el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y veraz.
El futuro del sistema radial público
La parálisis de las 20 Emisoras de Paz arrastra también un drama humano e institucional. Aproximadamente 105 profesionales —entre los que se cuentan periodistas, comunicadores comunitarios, técnicos de sonido y productores locales— se encuentran actualmente en el limbo. La gran mayoría trabaja bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios cuya fecha de terminación está fijada para el mes de octubre, lo que genera una aguda zozobra sobre la continuidad de sus puestos de trabajo y el sustento de sus familias.
Las directivas de Inravisión convocaron a reuniones clave para definir los pasos a seguir respecto a las estaciones regionales. Entre los trabajadores circulan versiones que anticipan no solo un rediseño drástico de la parrilla de contenidos, sino un eventual cambio de nombre para la red de emisoras con el fin de retirar cualquier alusión explícita al proceso de paz o a las iniciativas del gobierno anterior.
Hasta el momento de consolidar esta información, ni el equipo de prensa de la Presidencia de la República ni la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, han respondido a las solicitudes de entrevista formuladas por diversos medios de comunicación. Entre tanto, en los rincones más apartados de la geografía colombiana, miles de oyentes rurales sintonizan sus transistores esperando el retorno de las voces de sus vecinos, mientras por los altavoces continúa sonando únicamente la programación musical distribuida desde la capital.
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