La oposición critica a De la Espriella por gestión del terremoto

Haciendo uso del Estatuto de la Oposición, que otorga a los partidos declarados en independencia o contradicción al Ejecutivo el derecho a tres espacios anuales de réplica en televisión abierta frente a alocuciones presidenciales, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda asumieron la vocería de  la bancada opositora del Pacto Histórico en una alocución de 17 minutos que sacudió la agenda pública, expuso graves cuestionamientos a la gestión operativa de la emergencia y reabrió el debate sobre el modelo fiscal para financiar la recuperación del país.

La intervención combinó una narrativa institucional y comunitaria a cargo de Cepeda con una arremetida técnica, política y económica lanzada por Petro. Lejos de reducirse a un trámite procedimental, el pronunciamiento reavivó de inmediato las tensiones en el Congreso y en la opinión pública, provocando una avalancha de reacciones cruzadas entre voceros del oficialismo, quienes calificaron la postura de la oposición como un acto de cinismo político, y líderes de la izquierda, que respaldaron la exigencia de sostener la progresividad tributaria y la soberanía nacional en la atención del desastre.

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Derechos sociales, austeridad y autogestión comunitaria

El espacio de réplica fue iniciado por el senador Iván Cepeda, quien adoptó un tono pausado pero firme, enfocado en poner en el centro del debate la dignidad de las comunidades damnificadas y la defensa del tejido social. Cepeda inició expresando la solidaridad del movimiento con las familias golpeadas por el terremoto y resaltando que integrantes, líderes y congresistas del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida se desplegaron desde las primeras horas en los territorios para respaldar las labores de rescate, la habilitación de puntos de acopio, la distribución de víveres y la formulación de diagnósticos de daños en infraestructura social.

En su diagnóstico, el legislador sostuvo que la verdadera contención del impacto inicial de la tragedia derivó del esfuerzo propio de la ciudadanía organizada, las redes de solidaridad vecinal y las Juntas de Acción Comunal. Bajo la premisa de que la organización popular es el pilar fundamental para la preservación de la vida, Cepeda estructuró un conjunto de exigencias y condicionamientos al gobierno de De la Espriella. La primera de ellas apuntó directamente a los alcances de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, advirtiendo que los decretos de excepción que expida la Casa de Nariño no pueden menoscabar los derechos fundamentales ni retroceder los avances socioeconómicos de las poblaciones más vulnerables y de las capas medias alcanzados durante la administración anterior.

Asimismo, la intervención alertó sobre la inminencia de una segunda emergencia climática asociada a la sequía y al avance del fenómeno de El Niño, cuyas manifestaciones iniciales en forma de incendios forestales amenazan con cruzarse con la devastación provocada por el sismo. Para evitar una doble tragedia regional, Cepeda instó a desplegar un plan nacional integral de prevención y coordinación interinstitucional. En el plano de la austeridad del gasto público, solicitó formalmente al Consejo de Estado ratificar la vigencia del decreto dictado en el gobierno saliente que eliminó la prima especial de servicios de 18 millones de pesos para los congresistas, y requirió al Ejecutivo actual destinar de manera exclusiva esos fondos a la atención directa de los damnificados.

Finalmente, el senador interpuso una línea roja en materia de orden público e internacionalización de la ayuda, exigiendo que la tragedia no sea instrumentalizada para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en labores de seguridad interna. Recordó que cualquier operación castrense foránea en suelo nacional requiere la autorización previa del Senado, según lo estipula el artículo 173 de la Constitución Política. Como fórmula para acelerar la reconstrucción, propuso la concertación urgente de un marco normativo que faculte la contratación directa entre el Gobierno Nacional y las organizaciones comunitarias y juntas vecinales, garantizando que los recursos fluyan sin la intermediación de grandes estructuras corporativas.

La arremetida de Gustavo Petro

A su turno, el expresidente Gustavo Petro asumió la palabra con un discurso marcadamente incisivo que cuestionó la idoneidad operativa de las primeras cien horas de respuesta estatal, periodo que definió como crucial para el salvamento de vidas humanas. Petro atribuyó el caos inicial a lo que calificó como una severa incapacidad en el proceso de empalme por parte del equipo entrante de Abelardo De la Espriella, lo que, en su criterio, derivó en una parálisis de las capacidades de socorro estatal previamente instaladas.

Uno de los puntos centrales de su denuncia se enfocó en la inoperancia de la infraestructura de salud pública desplegada en el litoral Pacífico. Petro señaló explícitamente el caso del buque hospital Benkos Biohó, una embarcación dotada para la atención de alta complejidad en zonas costeras y fluviales, asegurando que permaneció anclada e inerte durante siete días en el puerto de Buenaventura mientras la población afectada carecía de asistencia médica urgente. De igual modo, cuestionó la falta de reactivación de los miles de profesionales de la salud agrupados en el programa de territorios saludables, atribuyendo esta omisión al desconocimiento de los equipos técnicos y a un sectarismo político que privilegió la solicitud de hospitales de campaña y el modelo de aseguramiento privado sobre la red pública.

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En materia diplomática y de asistencia internacional, el exmandatario rechazó la presencia en terreno de delegaciones de búsqueda y rescate provenientes de Israel, argumentando que la atención de la catástrofe requería personal capacitado en salvamento urbano humanitario y no delegaciones de inteligencia o seguridad militar. Petro advirtió sobre el riesgo de que la reconstrucción del país sea utilizada como plataforma para la entrega de concesiones mineras, petroleras o territoriales a intereses externos a cambio de financiamiento.

Frente al costo fiscal de la recuperación nacional, estimado en unos 40 billones de pesos, Petro desestimó que la crisis pueda resolverse mediante donaciones del sector privado, a las que tildó de limosnas insuficientes en proporción a la magnitud del daño, o a través del endeudamiento público con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Como alternativa de fondo, propuso a la administración de De La Espriella rescatar el proyecto de reforma tributaria de 20 billones de pesos presentado al término de su mandato, enfocado en gravar las grandes fortunas y patrimonios acumulados, e implementar una reducción coordinada en las tasas de interés del Banco de la República para aliviar la presión presupuestal y reactivar la economía desde las bases populares.

Ola de reacciones y la respuesta de la bancada opositora

El contenido de la réplica encendió de inmediato una fuerte polémica en el escenario político colombiano, dividiendo de manera drástica las posturas entre el oficialismo y los sectores defensores de la intervención de la oposición. Desde la orilla aliada al Gobierno Nacional, los señalamientos contra Petro y Cepeda fueron tajantes, calificando sus declaraciones como un intento de deslegitimar la gestión gubernamental en medio de una coyuntura crítica.

El exsenador Ernesto Macías Tovar reaccionó enérgicamente cuestionando el fondo y la forma de la alocución. Macías tildó de infame y cínica la postura de los líderes del Pacto Histórico, afirmando que quienes estuvieron al frente del Gobierno anterior carecen de autoridad moral para dar cátedra de administración pública tras dejar debilitadas las arcas del Estado. Asimismo, el dirigente conservador puso en duda la validez legal de la participación de Petro en un espacio reservado para la oposición parlamentaria e instó irónicamente al presidente De la Espriella a no realizar más alocuciones públicas para evitar que sean utilizadas como plataforma de confrontación política.

En esa misma línea, la concejala de Bogotá Sandra Forero defendió el despliegue de ministros y funcionarios gubernamentales que la administración De la Espriella ha mantenido en las zonas afectadas desde el primer día de la emergencia. Forero recordó las investigaciones y cuestionamientos que rodearon el manejo de los recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el periodo de Petro, señalando que resulta inaceptable utilizar una catástrofe natural para sembrar desconfianza institucional y hacer política con la tragedia. Por su parte, el analista Germán Ricaurte cuestionó la viabilidad técnica y política de la propuesta tributaria planteada por el expresidente, advirtiendo la contradicción implícita en exigir un aumento de impuestos de 20 billones de pesos cuando, de ser propuesto por la actual administración, suscitaría la inmediata movilización social de la izquierda.

En contraste, la dirigencia del Pacto Histórico cerró filas en torno al mensaje de la réplica. El exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar respaldó con firmeza la propuesta de reorientar los 18 millones de pesos de la prima parlamentaria hacia las familias víctimas del sismo y defendió la vigencia de la reforma tributaria progresiva como el mecanismo más justo para evitar que la carga económica recaiga sobre los sectores populares a través de deuda pública. A su vez, las representantes a la Cámara Claudia Romero y Marco Hincapié reiteraron que la oposición mantendrá un ejercicio de fiscalización riguroso pero con disposición al trabajo conjunto, insistiendo en que la prioridad absoluta del Estado debe ser la protección de la vida, la transparencia en la contratación y la garantía de una reconstrucción integral sin discriminaciones políticas.

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El trasfondo del debate: dos modelos de país frente a la crisis

Más allá de los duros cruces verbales, la réplica del Pacto Histórico expone el dilema de fondo que enfrentará Colombia en los próximos meses. La atención del desastre natural ha dejado al descubierto la colisión estructural entre dos modelos antagónicos de gestión pública y política fiscal. Mientras el gobierno de Abelardo De la Espriella perfila un esquema de excepción orientado a otorgar alivios tributarios —incluyendo la eventual eliminación o modificación del impuesto al patrimonio para estimular la inversión privada—, la oposición sostiene que la financiación de la reconstrucción debe apoyarse en la tributación directa a las altas fortunas y en la contratación con las comunidades organizadas.

El rumbo de esta discusión no solo determinará la velocidad y efectividad con la que se levantarán los municipios devastados por el sismo, sino que trazará el margen de gobernabilidad del nuevo Ejecutivo. En un ambiente marcado por la polarización y la vigilancia ciudadana, el trámite de los decretos de emergencia en el Congreso y la respuesta fiscal ante la crisis se convierten en la primera prueba de fuego para la estabilidad política del país.