¿Qué le espera a la paz en Colombia en el gobierno de De la Espriella?

Por: Nerio Luis Mejía

Colombia se enfrenta a un temible retorno a las cotas de confrontación armada más elevadas de los últimos veinte años. Para comprender el panorama actual, es imprescindible mirar el retrovisor histórico: las otrora FARC-EP aceptaron sentarse a negociar en 2012 tras haber sufrido los embates militares más severos de su historia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya estrategia de bombardeos sistemáticos y fortalecimiento de la inteligencia militar logró diezmar y debilitar a su antiguo Secretariado.

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Sin embargo, en la década posterior a 2012, el mapa de la violencia sufrió una metamorfosis compleja. Las estructuras ilegales remanentes no solo sobrevivieron, sino que se reorganizaron mediante el rearme de mandos medios y combatientes disidentes. Paralelamente, los espacios vacíos dejados tras la desmovilización paramilitar de 2005 fueron copados por hegemonías emergentes como el Clan del Golfo, hoy consolidado como una de las arquitecturas criminales con mayor presencia territorial en el país. A esta dinámica se sumó la atomización del conflicto: una suerte de "franquiciamiento" donde bandas locales operan bajo esquemas de subcontratación criminal coordinados con actores de mayor envergadura, como la Segunda Marquetalia o los Comandos de Frontera.

Hoy, la sociedad colombiana no enfrenta una guerra ideológica tradicional, sino un ecosistema de violencia plagado de microestructuras y macroestructuras en pugna desalmada por el control de economías ilícitas: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y robo de hidrocarburos. El resultado cotidiano para el ciudadano del común es el estado de zozobra permanente, traducido en extorsiones sistemáticas tanto en las veredas más remotas como en los centros urbanos, masacres y secuestros.

En este escenario de caos emergente se enmarca el discurso del gobierno de Abelardo De la Espriella. Su llegada al poder se sustentó en la promesa de un combate frontal sin concesiones ni espacios de negociación directa, apelando al restablecimiento del principio de autoridad mediante la mano dura. No obstante, en los territorios históricamente golpeados por la guerra, la traducción práctica de esta postura ha significado la intensificación inmediata del fuego cruzado entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, recayendo la peor parte de las consecuencias sobre la población civil.

Norte de Santander se erige como una de las regiones más castigadas por este reavivamiento del conflicto. Sus habitantes no solo han sido testigos del sangriento choque intestino que desde principios de 2025 sostienen el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC por el dominio territorial, sino también del hostigamiento incesante a las unidades de la Fuerza Pública. La guerra ha adquirido además una faceta tecnológica aterradora: el sábado 15 de agosto de 2026, los pobladores del municipio de Ábrego revivieron momentos de intensa angustia tras el uso de drones cargados con explosivos lanzados contra las tropas en la zona, dejando un saldo de un soldado asesinado y varios heridos. A penas 72 horas después, el lunes subsecuente, la zozobra se trasladó a las arterias viales con el secuestro de tres investigadores de la DIJIN a la altura del paraje La Curva, en jurisdicción de Bucarasica, sobre la vía que conecta a Ocaña con Cúcuta.

Desde la experiencia directa de quien habita y camina estas tierras, el panorama resulta desolador. La "era De la Espriella" o "la era del Tigre" plantea serios interrogantes para el campesinado y las comunidades urbanas del departamento. Los anuncios sobre el restablecimiento de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito mediante la aspersión de bioherbicidas —presentados como alternativa al glifosato— anticipan un recrudecimiento de la conflictividad social y ambiental en la región.

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Mientras el Ejecutivo prevé el fortalecimiento de la campaña militar y los grupos al margen de la ley responden con propaganda en redes sociales, ataques con tecnología de punta y ráfagas de fusil, la población civil queda atrapada en el medio. Para Norte de Santander y para el país en general, el camino hacia la paz bajo este nuevo ciclo político se vislumbra lleno de incertidumbre: una guerra que se renueva y se profundiza, sin que exista hasta ahora una ruta clara hacia su final.