CARF prevé un déficit fiscal de 7,8% del PIB en 2026 y de 9,5% en 2027
El panorama de las finanzas públicas colombianas atraviesa un momento de marcada vulnerabilidad estructural. En un minucioso informe técnico presentado ante el Congreso de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) trazó un diagnóstico severo que difiere sustancialmente de las previsiones presentadas por el Ministerio de Hacienda. Según las estimaciones del organismo independiente, el déficit fiscal total del Gobierno Nacional Central se elevará hasta el 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del ejercicio 2026, y se profundizará hasta un inédito 9,5 % del PIB durante el año 2027.
Estas previsiones contrastan con la narrativa oficial contenida en la actualización del Plan Financiero presentada en agosto, en la cual el Ejecutivo proyectaba un déficit del 7,2 % para 2026 y del 9,4 % para 2027.
La magnitud del deterioro resulta aún más evidente al comparar los datos actuales con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) formulado en junio de ese mismo año, documento que situaba el déficit total en un 5,3 % del PIB y el déficit primario en un 2,1 %. En apenas un par de trimestres, las brechas fiscales de la nación se han ampliado drásticamente, situando las previsiones actuales en cotas que el propio Comité califica como equivalentes a las registradas en 2020 durante la parálisis económica provocada por la emergencia sanitaria global.
Un descuadre impulsado por el gasto y recortes poco viablesAl descomponer la dinámica presupuestal prevista para 2026, el documento elaborado por el CARF demuestra de forma contundente que la discrepancia entre el escenario oficial y las estimaciones del comité técnico no radica en la capacidad de recaudación tributaria. De hecho, la proyección de ingresos entre ambas partes es prácticamente coincidente: el Gobierno calcula un recaudo equivalente al 16,1 % del PIB, mientras que el CARF lo sitúa en un 16,0 %. Por lo tanto, el origen del desajuste descansa casi de manera exclusiva en el comportamiento y la estructura del gasto público.
Mientras el Ministerio de Hacienda revisó al alza sus estimaciones de gasto total de un 21,4 % a un 23,2 % del PIB en el Plan Financiero de agosto —impulsado por un incremento de 1,3 puntos porcentuales en el gasto primario y de 0,6 puntos en el servicio de la deuda e intereses—, el CARF proyecta que las erogaciones reales llegarán al 23,8 % del PIB. Esta cifra equivale a un desembolso de 479 billones de pesos y situaría el déficit primario en un 3,9 % del PIB, frente al 3,3 % estimado por el Gobierno.
El punto neurálgico del desacuerdo metodológico estriba en la factibilidad de las metas de austeridad. El Marco Fiscal de Mediano Plazo contemplaba un ajuste efectivo por 30,8 billones de pesos, monto que posteriormente fue reducido en el Plan Financiero a 21,7 billones mediante la figura de un "bloqueo preventivo" de apropiaciones. Sin embargo, el análisis técnico del CARF concluye que el recorte verdaderamente realizable apenas rondará los 9,7 billones de pesos. En su informe, el órgano consultivo advirtió a los legisladores que, si bien el congelamiento preventivo de partidas presupuestales constituye un mensaje institucional adecuado de contención, dicho mecanismo administrativo no representa ni garantiza por sí solo una reducción real y efectiva del gasto público ejecutado.
La flexibilización reiterada de la Regla Fiscal y la presión sobre la deuda
El informe enfatiza el desgaste que sufre la credibilidad de la política macroeconómica cuando las metas fiscales se convierten en un objetivo móvil. Tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal aprobada en junio de 2025, la meta inicial de desviación del balance fiscal se fijó en 1,4 % del PIB. No obstante, este margen ha sido modificado en tres ocasiones en un intervalo inferior a dos años: aumentó a 1,7 % en el Plan Financiero de marzo, ascendió a 2,0 % en el Marco Fiscal de junio, escaló a 3,3 % en la actualización de agosto y ahora el CARF proyecta que la brecha real tocará el 3,9 % del PIB para el cierre de 2026.
Como reflejo de este desequilibrio persistente, los indicadores de endeudamiento público continuarán su trayectoria ascendente. El Comité calcula que el nivel de deuda neta del Gobierno Nacional Central cerrará el año 2026 representando un 60,2 % del PIB, dato que se ubica por encima del 59,7 % calculado en las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda.
Panorama para 2027: desbalance estructural y presiones desbordadas
Las proyecciones para el año 2027 ofrecen un panorama aún más complejo para las finanzas de la nación. El desbalance total del escenario oficial sufrió una revisión drástica al pasar del 4,5 % del PIB estipulado en el Marco Fiscal de junio a un preocupante 9,4 % en la actualización de agosto. Esta variación negativa de 5,0 puntos del PIB responde a la adición de 3,1 % en gasto proyectado y a la caída del 1,8 % en la expectativa de ingresos. Sobre este último punto, el informe destaca que un 1,4 % del PIB correspondió a la eliminación de ingresos hipotéticos que habían sido incluidos previamente sin contar con el respaldo de herramientas legales o tributarias definidas para su recaudo.
En el escenario independiente trazado por el CARF, el déficit total de 2027 se fija en un 9,5 % del PIB, mientras que la desviación del balance primario neto estructural escalaría al 4,8 % del PIB, asignando apenas un 0,1 % de esta brecha a las fluctuaciones del ciclo petrolero. De este modo, entre 2025 y 2027 el deterioro fiscal acumulado respecto a la senda original pactada para la cláusula de escape alcanzará la cifra del 7,4 % del PIB. Si estas proyecciones se confirman, el nivel de deuda neta escalaría hasta un histórico 67,4 % del PIB en 2027, coincidiendo con el último año en que aplica el marco de flexibilidad otorgado por la cláusula de suspensión.
El informe alerta además que las estimaciones para 2027 se encuentran sujetas a un elevado margen de riesgo al alza. Existen presiones presupuestales de carácter estructural en sectores sensibles como el sistema general de salud, la carga pensional, los gastos acumulados de personal estatal y los subsidios a la energía y al gas social. A este paquete de rigideces se suman los desembolsos requeridos para los planes de reconstrucción a causa del movimiento telúrico registrado en agosto de 2026. Las cifras de 2026 asumieron como neutro el impacto de esta contingencia mediante la asignación inmediata de 4,1 billones de pesos para la fase inicial de la emergencia, pero la posterior reconstrucción física demandará recursos adicionales que impactarán las cuentas del año entrante.
El contexto macroeconómico: un crecimiento atado al gasto público
El diagnóstico técnico del CARF analiza el comportamiento de la economía real y concluye que el crecimiento de la actividad productiva no marcha al ritmo de los supuestos gubernamentales. El organismo prevé una expansión del PIB del 2,5 % para 2026 y un enfriamiento hasta el 1,8 % para 2027, cifras sensiblemente menores a las contempladas en las hojas de ruta oficiales. Adicionalmente, el Comité anticipa que la inflación al consumidor cerrará el año 2026 en cotas cercanas al 6,8 %.
Una de las observaciones más agudas expuestas en el documento señala que el desempeño económico observado durante el año ha dependido de manera desproporcionada del impulso del gasto y el consumo estatal. Los modelos del CARF indican que, al sustraer la variable del consumo público de la ecuación del PIB, la economía colombiana habría registrado un modesto avance cercano al 1 % en lo corrido del año. A pesar de que el consumo de los hogares se mantiene en máximos históricos, la inversión productiva privada continúa rezagada, y aunque los indicadores de prima de riesgo país han cedido ligeramente, se mantienen en niveles más elevados que los de otros países emergentes de la región con similar calificación.
Frente al trámite presupuestal, el organismo recordó que emitió conceptos críticos sobre el proyecto inicial del Presupuesto General de la Nación para 2027 presentado a finales de julio, catalogándolo como incompatible con la sostenibilidad financiera. Respecto al texto reformulado presentado a finales de agosto, el CARF reconoció que el documento admite con mayor transparencia la magnitud del desequilibrio, pero advirtió que el Estado colombiano no puede seguir postergando la adopción de reformas estructurales y permanentes si pretende estabilizar el volumen de deuda pública y retornar formalmente al cumplimiento de los parámetros fijados por la Regla Fiscal.
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