El monumental desafío de seguridad que enfrentará De la Espriella

Por: Nerio Luis Mejía

Colombia y el mundo entero se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá a partir del 7 de agosto de 2026, tras la toma de posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella. Los reflectores apuntan y los micrófonos permanecen abiertos ante sus anuncios sobre el ambicioso plan para rescatar la seguridad del país, especialmente en aquellas regiones donde los grupos armados ilegales ejercen un denso control territorial y social.

El nuevo inquilino de la Casa de Nariño anunció la creación de «Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana» conformados por reservas militares, una medida que ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad. Existe el temor fundado de que esta iniciativa termine derivando en esquemas similares a las mal llamadas Convivir —embrión del proyecto paramilitar que dejó a su paso una devastadora estela de violencia en la nación— y cuyos grupos herederos hoy disputan el control territorial a las fuerzas legítimas del Estado.

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El camino no será sencillo para el abogado cordobés. Al prometer erradicar de raíz a las distintas estructuras del crimen descartando cualquier negociación o proceso de paz, el mandatario costeño ha planteado a los grupos al margen de la ley solo dos alternativas: el sometimiento a la justicia o ser dados de baja mediante el uso legítimo de las armas de la República. Sin embargo, para evaluar la viabilidad de esta doctrina es imprescindible comprender la nueva dinámica del conflicto armado colombiano, una realidad que determinará el éxito o el fracaso de sus promesas.

La brecha tecnológica: el nuevo teatro de operaciones

De acuerdo con informaciones suministradas por expertos en defensa, los grupos armados ilegales le llevan hoy una ventaja tecnológica de más de cinco años a la Fuerza Pública. El conflicto actual en nada se parece al que vivimos hace algunas décadas. Aunque persisten los enfrentamientos entre las mismas estructuras criminales por el control de rentas ilícitas, la preparación y la aplicación de nuevas tecnologías en el combate representan un salto cualitativo inédito.

La guerra ha evolucionado a escala global y Colombia no ha sido la excepción. Fenómenos observados en Europa del Este entre Ucrania y Rusia, o en el Medio Oriente, demuestran cómo la irrupción masiva de los drones ha reconfigurado los teatros de operaciones. La fuerza bruta por sí sola ya no basta para ganar un enfrentamiento; un despliegue de tropa sin el respaldo tecnológico y logístico que exigen los nuevos tiempos se convierte en presa fácil del adversario que domine la tecnología no tripulada.

En regiones azotadas por la violencia como el Catatumbo y el Cauca, las organizaciones ilegales utilizan drones de manera cotidiana en sus confrontaciones. Estos dispositivos han ocasionado numerosas bajas y heridos entre soldados y policías, afectando gravemente a la población civil. Lo más alarmante es el grado de sofisticación alcanzado: los grupos armados han adaptado drones comerciales para cargar material bélico y operan drones FPV (First Person View), contando incluso con escuelas de instrucción para entrenar a sus integrantes en el pilotaje táctico.

Frente a esta amenaza, la Fuerza Militar y Policial colombiana carece aún de la cobertura necesaria para inhabilitar estos dispositivos en el terreno. Si bien el gobierno saliente de Gustavo Petro dejó aprobado un documento CONPES de defensa orientado a fortalecer la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como a impulsar la fabricación nacional de drones y sistemas antidrón, los trámites y tiempos de contratación estatal representan una ventaja temporal que los criminales siguen aprovechando.

Mercenarios, fibra óptica y frecuencias invisibles

Especialistas del sector defensa insisten en que es urgente reorientar la instrucción de los soldados y policías. En el contexto actual ya no basta con empuñar el fusil o la ametralladora; la instrucción en guerra electrónica y uso de drones debe ser prioritaria.

A este escenario se suma una variable sumamente inquietante: el eventual retorno de mercenarios colombianos que han combatido en Ucrania. El conocimiento táctico adquirido en Europa del Este sobre el uso de drones FPV y guerra electrónica podría ser permeado o vendido a grupos paramilitares y guerrilleros.

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De hecho, fuentes de inteligencia señalan que algunas estructuras guerrilleras ya emplean drones guiados por fibra óptica para evadir los sistemas de inhibición tradicionales. Más grave aún: se han detectado transmisiones de señal que imitan las arquitecturas de radio de sistemas avanzados como el dron ruso Orlan. Si bien estos aparatos militares no han llegado físicamente al país, los grupos ilegales están adaptando esas frecuencias a sus drones FPV. El peligro radica en que los inhibidores (jammers) en posesión del Estado colombiano no reconocen ni bloquean estos rangos de señal por tratarse de frecuencias no convencionales.

Las Fuerzas Militares de Colombia son conscientes de las deficiencias que enfrentan ante el acelerado avance tecnológico de las organizaciones al margen de la ley. La tecnología bélica avanza a ritmo vertiginoso en manos del crimen, mientras la Fuerza Pública lidia con la escasez de recursos y la lentitud burocrática. Por ello, si el nuevo gobierno pretende cumplir su promesa de restaurar el orden, deberá acelerar drásticamente la modernización tecnológica y táctica del Estado para responder a los complejos desafíos del conflicto contemporáneo.