2024 será un año de urnas y armas. Un test de estrés tanto para el sistema democrático como para la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global. Seguimos ante un mundo desordenado, convulso y contestado, pero, esta vez, cualquier análisis pende del gran interrogante que supone el intenso ciclo electoral que marcará el próximo año. Con guerras abiertas en Ucrania, Palestina, Sudán o Yemen, el mundo concentra la mayor cantidad de conflictos activos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la agenda geopolítica de los próximos meses se entreteje a partir del impacto mutuo entre los distintos conflictos bélicos y el veredicto que lanzarán los más de 70 procesos electorales marcados en el calendario.
Hay elecciones que pueden definir guerras. Las consecuencias políticas de la brutal ofensiva israelí en Gaza o el estancamiento del frente de guerra ucraniano también dependen de la carrera presidencial en Estados Unidos. Las grietas en la unidad transatlántica y las cada vez más categóricas acusaciones de doble rasero en las lealtades de Occidente no son ajenas a lo que ocurra el 5 de noviembre de 2024 en las urnas estadounidenses. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca modificaría por completo las relaciones de fuerza y la posición de Washington en cada uno de estos conflictos, desde el suministro de armamento al Gobierno ucraniano, al apoyo a Israel, o en la confrontación con Rusia o China.
Pero no se trata solo del futuro de la democracia en Estados Unidos: más de 4.000 millones de personas irán a las urnas en más de 70 países. La Unión Europea (UE), India, Pakistán, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela o Senegal… grandes actores con peso demográfico e influencia geopolítica protagonizarán un año de una intensidad electoral sin precedentes, que definirá un mundo en plena transición global del poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. Sin embargo, tanta concentración de elecciones no significa más democracia. Estamos en tiempos de inteligencia artificial (IA) y de sofisticación extrema de la manipulación que amenazan la fiabilidad de las urnas. Los sistemas híbridos ganan terreno, y está por ver si el ciclo electoral de 2024 acaba siendo un momento de profundización de la degradación o de resistencia democrática. La sensación de desorden no es nueva, ni siquiera su aceleración. Pero cada año se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. El mundo es cada vez más descentralizado, diversificado y multidimensional. Se consolida este «orden múltiplex» –como Amitav Acharya lo describió ya en 2017– porque todo ocurre simultáneamente. Y, sin embargo, seguimos ante un rediseño del mundo todavía abierto porque esta simultaneidad de cambios concentra distintas pugnas en liza.
1. Más conflictividad, más impunidad
2023 ha sido uno de los años más conflictivos en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra mundial. En solo doce meses, la violencia política ha aumentado un 27%. Crece en intensidad y en frecuencia. La guerra en Gaza ha marcado el final de 2023, con sus más de 17.000 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, las advertencias por parte de Naciones Unidas del riesgo de colapso humanitario y de genocidio de la población palestina atrapada en la Franja, así como el pulso entre el primer ministro Benyamín Netanyahu y el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, para intentar lograr un alto el fuego. En esta crisis continuada del orden liberal y en plena discusión sobre la validez del derecho internacional, Israel ha asestado un golpe profundo a la credibilidad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un instrumento para la parálisis; una tenaza al servicio de los intereses de viejas potencias que han llevado a Guterres a admitir públicamente la frustración de la impotencia. Unas Naciones Unidas que, debilitadas políticamente, se aferran a su acción humanitaria sobre el terreno para intentar marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 130 trabajadores humanitarios de Naciones Unidas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, el mayor número de fallecidos entre su personal en un conflicto de su historia.
2023 ha sido un año violento. Se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo ha estado expuesta a un conflicto en los últimos doce meses. La sensación de impunidad y de menosprecio por la legislación internacional se ha agravado. No solo en Gaza. El enquistamiento de la guerra en Ucrania; la expulsión de la población de origen armenio de Nagorno Karabaj; o la sucesión de golpes de estados vividos en seis países africanos en los últimos 36 meses dan buena cuenta de este momento de «desregulación del uso de la fuerza», que se ha ido fraguando durante años de erosión de las normas internacionales. Y si a finales de 2023 asistimos a la retirada de las tropas internacionales del G-5 Sahel desplegadas en Burkina Faso y Níger, como ya ocurrió un año antes con la expulsión de los soldados franceses de Mali, en 2024 será la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) la que tendrá que abandonar el país antes del 29 de febrero. Una retirada que Human Rights Watch ha calificado de «abdicación catastrófica» porque aumenta el riesgo de atrocidades y abusos a gran escala en un escenario de guerra civil, limpieza étnica y hambruna que ya ha provocado más de siete millones de desplazados internos, convirtiendo Sudán en el país con un mayor número de desplazados internos de todo el planeta.
Y, sin embargo, el combate internacional por poner límites a la impunidad se dotará de nuevos instrumentos en 2024. A partir del 1 de enero, la Convención Liubliana-La Haya en cooperación internacional para la investigación y persecución del crimen de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales podrá ser firmado (y ratificado) por los estados miembros de Naciones Unidas que deseen adherirse. Se trata del mayor tratado para la lucha contra la impunidad internacional, que facilita la cooperación interestatal en la investigación judicial de estos crímenes, garantiza la reparación para las víctimas y agiliza la extradición. En paralelo, Naciones Unidas también está elaborando una Convención contra los crímenes contra la humanidad con el objetivo de crear un tratado vinculante de derecho internacional, especialmente en un contexto marcado por el aumento de estos crímenes en países como Myanmar, Ucrania, Sudán o Etiopía. En otoño de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá que valorar el progreso de las negociaciones. Todo ello ocurrirá coincidiendo con los 30 años del genocidio de Rwanda.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, hasta ahora sin consecuencias. Sin embargo, si en noviembre de 2024 Putin decidiera asistir a la próxima cumbre del G-20 en Brasil, eso supondría un desafío para el país anfitrión ya que, a diferencia de India, Brasil sí es parte del Estatuto de Roma de 1998, el tratado internacional que condujo a la creación de la CPI. Si en un principio el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Putin no sería detenido en caso de acudir a la cumbre, después matizó que la decisión recaería sobre la justicia brasileña y no en el Gobierno.
A pesar del pesimismo que pueda generar la eficacia de estos tratados, en los últimos meses hemos visto como, tras la ofensiva militar azerí en Nagorno Karabaj, Armenia ratificó en noviembre el Estatuto de Roma de la CPI, adquiriendo el estatus de país miembro a partir de febrero de 2024. Además, a finales de 2023, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comores y Djibouti reclamaron una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Palestina. Asimismo, en noviembre de 2023, las autoridades judiciales francesas emitían una orden de detención internacional contra el presidente sirio Bashar al-Assad –rehabilitado este mismo año con su retorno a la Liga Árabe, más de una década después de su expulsión– y varios generales sirios por el uso de armas químicas contra su población civil en 2013.
2. La democracia, a examen
Más de 4.000 millones de personas están llamadas a las urnas en 76 países, casi el 51% de la población mundial. Mientras la mayoría de la ciudadanía de estos países votará en democracias plenas o con imperfecciones, uno de cada cuatro votantes participará en comicios en regímenes híbridos y/o autoritarios. Países como Rusia, Túnez, Argelia, Bielorrusia, Rwanda o Irán instrumentalizarán estos procesos electorales para tratar de fortalecer a los liderazgos en el poder y ganar legitimidad ante sus ciudadanos, mientras que casi la otra mitad del electorado ejercerá su derecho a voto en países que, en los últimos años, han mostrado una erosión democrática o tentaciones iliberales, como en Estados Unidos o India.
2023 se cierra con la toma de posesión del «anarcocapitalista» Javier Milei a la presidencia argentina, que confirma la profunda crisis de los partidos tradicionales y el auge de las agendas radicales: desde el agresivo punitivismo penal de Nayib Bukele en El Salvador ―que aspira a la reelección en 2024―, a la irrupción electoral de Renovación Popular en Perú, refundada por el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Respuestas extremas a los distintos escenarios de crisis político-económicas y de seguridad. En Europa, las urnas europeas dieron una de cal y otra de arena, con la victoria de la oposición polaca, por un lado, y los buenos resultados del islamófobo Geert Wilders en los Países Bajos, por el otro. Pero el intenso ciclo electoral de 2024 será decisivo para saber si se consolida la contestación, la fragmentación y el auge del extremismo político que han transformado las democracias a nivel global, o bien si el sistema resiste.
En este test democrático, el voto de las mujeres y los jóvenes será clave. Lo fueron en Polonia, como castigo a las políticas reaccionarias del Partido Ley y Justicia (PIS). En Brasil o Austria, por ejemplo, el apoyo de los hombres a fuerzas de extrema derecha es 16 puntos superior al de las mujeres. En México, las presidenciales de junio de 2024 elegirán, por primera vez a en su historia, a una mujer como presidenta del país. Las dos candidatas son Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y representante del gubernamental partido de izquierdas, Morena, y Xóchitl Gálvez, en nombre de una coalición opositora de Frente Amplio por México, que agrupa, entre otros, al derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En Estados Unidos, la movilización de las juventudes de origen latino será especialmente relevante. En los últimos años, más de 4,7 millones de jóvenes hispanos han obtenido el derecho a voto y su papel va a ser significativo en estados claves como Nevada o Arizona. Si bien esta cohorte tiende a mostrar una actitud e inclinación progresista, su perspectiva sobre los partidos dominantes es complicada: cuestiones identitarias, de discriminación o racismo suelen marcar su relación tanto con los Demócratas como con los Republicanos, y rechazan la identificación política, lo que refuerza la idea de que la polarización en Estados Unidos es más evidente entre los políticos que entre sus votantes. A pesar de ello, el miedo a unas elecciones injustas ha aumentado dramáticamente (del 49% en 2021 al 61% en 2023). Aunque la desigualdad económica sigue siendo la principal amenaza percibida (69%) entre los votantes estadounidenses, el mayor desafío en esta carrera electoral es, probablemente, la presencia de Donald Trump, no solo porque su futuro inmediato está en manos de los tribunales, sino también porque si su candidatura llegara a materializarse significaría que el Partido Republicano habría decidido entregar su futuro al hombre que intentó revertir los resultados electorales de hace cuatro años y que el propio comité del Congreso, que investigó la toma del Capitolio del 6 de enero de 2020, acusó de «insurrección». A partir de enero empezarán las elecciones primarias y los caucus estatales; sin embargo, a falta de concretarse los candidatos definitivos, el imaginario de un posible duelo electoral entre octogenarios se resuelve, de momento según las encuestas, a favor de Trump. Mientras tanto, la fecha del juicio al expresidente se acerca peligrosamente al supermartes del 5 de marzo, el día en que 13 estados votan en las primarias republicanas.
Una investigación de The Guardian con la Universidad de Chicago afirma que un 5,5% de los estadounidenses, es decir, 14 millones de personas, creen que el uso de la fuerza está justificado para restaurar a Donald Trump en la presidencia, mientras que otro 8,9%, unos 23 millones de estadounidenses, creen que la fuerza está justificada para impedirlo. No se trata de una tendencia aislada. El riesgo de inestabilidad política y de violencia vinculada a procesos electorales va al alza, así lo confirma la Fundación Kofi-Annan.
También el futuro de una Unión Europea, que afronta este invierno con dos guerras en su vecindario, se decidirá en las urnas. Además de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024, 12 estados miembros también tienen comicios. Las elecciones generales en Bélgica, Portugal o Austria serán un buen termómetro para medir la fuerza de la extrema derecha, que aspira a salir reforzada de las elecciones a la Eurocámara. Si los comicios de 2019 determinaron el fin de la gran coalición que, desde los orígenes del Parlamento Europeo, había garantizado a socialdemócratas y democristianos una mayoría de escaños en el pleno de Estrasburgo, ahora el gran interrogante está en saber dónde quedarán los límites de la derechización de la UE. Las últimas proyecciones en intención de voto muestran resultados importantes para el grupo Identidad y Democracia (ID) –hogar de partidos de extrema derecha como el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen o Alternativa para Alemania (AfD)– que llegaría hasta los 87 escaños y superaría a la otra familia de derecha radical, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que preside la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que pasaría de los 66 eurodiputados actuales a 83. Sin embargo, y a pesar de la pérdida de escaños que sufrirían las fuerzas tradicionales, el Partido Popular Europeo (PPE) seguiría como la principal familia política de la Unión. Por eso, unos de los interrogantes de este 2024 es saber si ¿estaría dispuesto el PPE, que preside el bávaro Manfred Weber, a buscar una posible mayoría con la derecha radical?
Las nuevas mayorías en la UE serán cruciales para decidir el futuro de los compromisos climáticos, la continuidad de la ayuda a Ucrania y las urgentes reformas institucionales que deben facilitar la entrada de futuros miembros. La ampliación tiene que pasar de ser una promesa a una realidad, pero la UE está cada vez menos preparada para llevarla a cabo. En 2024, cuatro países candidatos a la Unión celebrarán elecciones: Bosnia y Herzegovina, Moldova, Macedonia del Norte y Georgia, además de la incógnita que pende sobre la convocatoria de elecciones en Ucrania. Según su Constitución, Ucrania debería celebrar comicios en marzo de 2024. Pero, bajo la ley marcial, impuesta tras la invasión de Rusia en 2022, con una parte del electorado reticente a ir a las urnas en plena excepcionalidad, y con ocho millones de refugiados ucranianos fuera del país, Volodímir Zelenski ya apuntó en noviembre que no era «el momento adecuado».
También un Reino Unido en plena crisis política y social podría avanzar elecciones generales, previstas para enero de 2025. Con un escenario desafiante para los conservadores frente al Partido Laborista encabezado por Keir Starmer, el actual primer ministro, Rishi Sunak, tiene discreción para elegir la fecha de los comicios. Otro de los interrogantes es Libia que, tras quedar pospuesto indefinidamente en 2021 el plan de Naciones Unidas de celebrar elecciones, la incapacidad de alcanzar un acuerdo entre los miembros de los dos gobiernos en el este y el oeste del país ha vuelto a mover la fecha de una posible celebración de comicios a 2024.
En África, se celebrarán 16 elecciones, aunque solo seis de ellas tendrán lugar en países considerados como democracias. Treinta años después de las elecciones de 1994 en Sudáfrica, que marcaron el inicio de un viaje democrático dominado desde entonces por el Congreso Nacional Africano (CNA), el panorama político empieza a cambiar. Las elecciones generales de 2024 pueden confirmar el debilitamiento del poder y de los apoyos al CNA, mientras los principales partidos de la oposición buscan alianzas para presentar una alternativa. Además, la complicada situación económica, unida a otros factores como la corrupción, ha hecho que crezcan en popularidad partidos extremistas.
También en India la oposición se presenta más unida que nunca ante un Narendra Modi que aspira a renovar un tercer mandato en primavera. Aupado en el nacionalismo, la polarización y la desinformación, Modi exhibirá los logros económicos y geopolíticos del país que en 2023 superó a China como el más poblado del mundo.
Finalmente, está por ver qué grado de participación podrá tener la oposición venezolana en las elecciones presidenciales pactadas por Nicolás Maduro para la segunda mitad del año. De momento, el panorama interno se ha enrarecido todavía más con la intensificación del conflicto territorial con Guyana y la movilización del ejército.
3. De la saturación informativa a la desconexión social
Nos encontramos ante unas sociedades cada vez más cansadas. Abrumadas por la saturación de contenidos y exhaustas por la velocidad de los cambios que deben digerir. La incertidumbre política y electoral, así como la multiplicidad de conflictos que marcarán el 2024 alimentarán todavía más el desfase entre sociedad, instituciones y partidos políticos.
La cantidad de personas que declara «evitar» ver las noticias permanece cerca de máximos históricos, y es especialmente visible en Grecia (57%), Bulgaria (57%), Argentina (46%) o el Reino Unido (41%). ¿Las razones principales? La repetición excesiva de algunas informaciones y el peso emocional que pueden comportar para la salud mental de la población. En concreto, esta fatiga apunta, según el Reuters Institute, a cuestiones como la guerra en Ucrania (39%), la política nacional (38%) y a acontecimientos relacionados con la justicia social (31%) con altos niveles de politización y polarización. Los ecos de la pandemia de la COVID-19, las imágenes de la violencia bélica y su impacto económico sobre unas condiciones de vida cada vez más adversas para la población han amplificado esta tendencia a la desconexión social, agravada por el sentimiento de soledad y la polarización.
No obstante, esta reducción del consumo periodístico se ha dado en paralelo a un mayor uso de redes sociales: las nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez prestan más atención a influencers que a periodistas. A su vez, crece la fragmentación de las redes sociales. La migración de usuarios hacia Instagram o TikTok también ha alterado la forma de consumir la actualidad, con una priorización del contenido de ocio en lugar del informativo.
No se trata solo de una renuncia voluntaria a la información, sino que esta tendencia de desconexión también ha llevado a una reducción en la participación social y en los debates en redes tal como se vivieron durante las primaveras árabes en 2011, en la movilización del MeToo o en el Black Lives Matter. Casi la mitad de los usuarios de redes sociales abiertas (47%) ya no participa ni reacciona a las noticias. Pero, además, la desconexión informativa también está vinculada a la desconexión política y a las transformaciones sociales que han alterado claramente los comportamientos electorales. Los cambios demográficos relacionados con el uso de la tecnología y el contexto de volatilidad permanente también se han traducido en una menor fidelización del voto, lo que ha contribuido a la crisis de los partidos tradicionales. El elemento identitario de pertenencia a un partido ha mutado entre los más jóvenes. La identificación se construye desde el posicionamiento en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, el racismo, los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI+, o incluso el conflicto de Israel y Palestina.
El 65% de los adultos estadounidenses declara que se siente agotado, siempre o con frecuencia, cuando piensa en política. Según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses en edad de votar admite tener muy poca o ninguna confianza en el futuro del sistema político de su país. Y este descontento se extiende a las tres ramas del gobierno, a los actuales líderes políticos, y a los candidatos a cargos públicos. Cuando se les pide que resuman sus sentimientos sobre la política en una sola palabra, el 79% se muestra negativo o crítico. Las más repetidas son los adjetivos «divisiva», «corrupta», «caótica» o «polarizada», y lamentan la sobreexposición mediática de los conflictos entre republicanos y demócratas, y la poca atención prestada «a los problemas importantes que enfrenta el país». La paradoja, sin embargo, es que este descontento ha coincidido, en estos últimos años, con niveles históricamente altos de participación electoral. La duda es si se repetirán en las presidenciales del próximo noviembre, especialmente cuando coinciden con otro elemento de desafección generacional como es la gerontocracia. En 2023, la media de edad de los líderes mundiales ha sido de 62 años. Para los jóvenes, los partidos políticos tradicionales han sido incapaces de articular una forma de comunicación directa, aumentando la sensación de desconexión entre sociedad, políticos e instituciones. En este contexto, una reedición de la confrontación Biden-Trump en 2024 enfatizaría la extrema polarización entre republicanos y demócratas en un ciclo electoral considerado de riesgo. El derecho al aborto y la seguridad siguen siendo puntos fuertes de movilización para los votantes.
Por otra parte, la desconexión también puede ser forzada y, en ese caso, el bloqueo informativo se convierte en un arma de represión y censura de la libertad de expresión. Irán, India y Pakistán fueron los tres países con más restricciones al acceso de Internet en la primera mitad de 2023, y los tres celebrarán elecciones en 2024. Con el auge y la consolidación de la IA, la desinformación será uno de los retos adicionales de este superaño electoral, ya que su rápido progreso, especialmente en el ámbito generativo, puede proyectar una sombra todavía mayor sobre la confianza en la información y en los procesos electorales. El perfeccionamiento de los deepfakes, la rápida y sencilla creación de imágenes, textos, audios o propaganda por IA, así como la creciente dependencia de las redes sociales para consultar e informarse de la realidad, representan un caldo de cultivo para la desinformación en un momento en el que aún no existe un control efectivo de estas tecnologías. Quizás por eso la palabra del año de 2023 para el diccionario Merriam-Webster ha sido «auténtico». Con el preludio de aquella «posverdad» de 2016, la capacidad tecnológica de manipular hoy la realidad no tiene precedentes, desde la autenticidad de una imagen a la redacción de un trabajo académico. Por eso, más de la mitad de los usuarios de redes sociales (56%) dudan sobre su propia capacidad de poder discernir aquello que es falso de la realidad en las noticias de Internet.
4. Inteligencia artificial: explosión y regulación
2023 fue el año de la irrupción de la IA generativa; el año de la presentación en sociedad de ChatGPT que, en enero, solo dos meses después de su lanzamiento, ya contaba con 100 millones de usuarios y, en agosto, llegó a los 180 millones. Pero, la revolución también trajo consigo una nueva consciencia de los riesgos, aceleración y transformación que supone una tecnología que aspira a compararse con la inteligencia humana, o incluso a mejorarla o superarla. Por eso, 2024 será un año fundamental para la regulación de la IA. Las bases ya están puestas y solo hay que repasar las distintas iniciativas en marcha. La más ambiciosa es la de la UE, que está decidida a convertirse en la primera región del mundo que se dota de una ley integral para regular la inteligencia artificial y liderar el salto adelante que hay en ciernes. La Unión ha optado por categorizar los riesgos (inaceptables, elevados, limitados o mínimos) que supone el uso de sistemas de IA y obligará a realizar una «evaluación de impacto en los derechos fundamentales» antes de que un sistema de IA de «alto riesgo» pueda ser sacado al mercado. El acuerdo alcanzado el 7 de diciembre se ratificará en el primer trimestre de 2024 y dará paso a un período de dos años hasta su implementación total en 2026.
Casi también en tiempo de descuento, el G-7 adoptó el 1 de diciembre de 2023 una guía internacional para desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial, especialmente para la IA generativa, que menciona la necesidad de introducir medidas para gestionar la desinformación, considerada uno de los principales riesgos para los líderes del G-7 por su impacto en la manipulación de la opinión pública a las puertas de un año de sobreexcitación electoral global.
Pero el debate de la gobernanza va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica y, a diferencia de la UE, en el caso de Estados Unidos y China eso significa, además, el desarrollo de su aplicación militar. Ambos países buscan afianzar su liderazgo, y la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada por el primer ministro británico, Rishi Sunak, se convirtió en el punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La cumbre tendrá una segunda edición en Seúl y una tercera en París, ambas en 2024. De momento, deja sobre la mesa la «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, que recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial, inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la IA. Por su parte, China continúa avanzando hacia su objetivo de alcanzar un 70% de autosuficiencia en tecnología crítica para 2025, mientras va aumentando claramente su presencia en los principales organismos internacionales de estandarización relacionados con la tecnología.
A toda esta hiperactividad normativa, se sumará la adopción, en septiembre de 2024, de un Pacto Digital Mundial, durante la Cumbre del Futuro que organizará Naciones Unidas. Este pacto supondrá la creación de un marco de cooperación multiactor y multisectorial entre gobiernos, empresas privadas y sociedad civil, que debería establecer unas reglas comunes que guíen el desarrollo digital en el futuro. La aplicación de los derechos humanos en Internet, la regulación de la IA y la inclusión digital serán algunos de los temas principales a discutir.
Esta necesidad de regular la IA se verá acentuada también, en los próximos meses, por una creciente democratización de las herramientas de IA, lo que comportará una mayor integración en distintos sectores profesionales. El foco en una IA responsable se intensificará a escala local (más ciudades desplegando estrategias o marcos regulatorios de la IA), nacional y transnacional. Y es que, a medida que la IA adquiere un papel más importante en la toma de decisiones en toda la sociedad, la seguridad, la confiabilidad, la equidad y la responsabilidad son fundamentales. El informe anual de McKinsey sobre el uso de herramientas de IA generativa señala que un tercio de las empresas encuestadas han empezado a utilizar este tipo de programas. El sector tecnológico y de comunicaciones (40%), así como el financiero (38%) y el legal (36%), se encuentran a la cabeza en su uso y aplicación. Sin embargo, este mismo estudio también señala que justamente los sectores laborales que dependen en mayor medida del conocimiento de sus empleados serán los que verán un impacto más disruptivo de estas tecnologías –si este impacto es positivo o negativo es aún incierto–. A diferencia de otras revoluciones que han transformado el mercado laboral, son los llamados «trabajadores de cuello blanco» los que pueden sentirse más vulnerables ante la IA generativa. En cambio, un estudio del Banco Central Europeo asegura que la IA no está suplantando a los trabajadores, pero sí está reduciendo ligeramente sus sueldos, especialmente en empleos considerados como poco o medio cualificados, más expuestos a las herramientas de automatización, y entre las mujeres.
En el marco de esta aceleración reguladora de la revolución digital, 2024 también será el año en que la UE desplegará, con todo su potencial, la nueva legislación de servicios y mercados digitales para fijar límites y obligaciones al poder monopolístico de las grandes plataformas y a su responsabilidad en la propagación algorítmica de desinformación y contenido dañino. A partir del 1 de enero, las Big Tech se enfrentan al imperativo de cumplir con estas regulaciones, con multas potenciales por incumplimiento que alcanzan hasta el 6% de la facturación global, según la DSA (Digital Services Act), y entre el 10% y el 20% de la facturación mundial según la DMA (Digital Markets Act). También aumentará en 2024 el flujo de datos internacionales, en particular las transferencias entre la UE y Estados Unidos, en virtud del nuevo Marco de privacidad de datos aprobado en julio de 2023. Veremos también un nuevo escrutinio por parte de ONG y grupos de defensa de los derechos digitales para determinar la legalidad y el respeto a la privacidad individual en estos intercambios.
5. Resaca económica y sostenibilidad de la deuda
En 2024 serán más visibles las consecuencias económicas de la sucesión de crisis experimentadas en los últimos años, especialmente el impacto del aumento de los tipos de interés para hacer frente al mayor repunte de la inflación en cuarenta años tras la crisis energética de 2022. Asimismo, el endurecimiento de las condiciones de financiación limitará la política fiscal, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a los impactos de la COVID-19 y la guerra en Ucrania.
En este contexto, el crecimiento será débil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no espera que la inflación se sitúe en el objetivo de la mayoría de bancos centrales hasta 2025, lo que augura tipos de interés elevados durante un largo período de tiempo, sobre todo si se vuelve a tensionar el precio del petróleo en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. La previsión de crecimiento del FMI para 2024 es del 2,9%, una tasa muy similar a la estimada para 2023 e inferior a las tasas de crecimiento prepandemia.
Sin embargo, el enfriamiento será dispar por economías. Estados Unidos parece haber evitado la recesión gracias a la fortaleza de su mercado laboral y a los estímulos fiscales, por lo que se enfrentaría a un aterrizaje suave. En ese país, las políticas de relocalización industrial, como la Inflation Reduction Act, los beneficios empresariales récord poscovid, así como la extraordinaria pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación han sido algunos de los ingredientes que explican el renacer del movimiento sindical estadounidense, sin precedentes desde los años setenta del siglo pasado. Su éxito puede ser contagioso a otros sectores y economías con mercados laborales tensionados. Así, en 2024, el descenso de la inflación y el alza de los salarios podría proveer de cierto alivio económico.
En la UE habrá un mayor escrutinio sobre las cuentas públicas, especialmente de países con un menor margen financiero como Italia, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, debido a las condiciones de financiación y la entrada en vigor de la reforma de las reglas fiscales. La «disciplina fiscal» estará también muy presente en la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE (MFF, por sus siglas en inglés), donde la UE confrontará sus mayores deseos (apoyo a Ucrania, respaldo a la política industrial, la transición verde y aumento de las partidas para defensa, migración o el Global Gateway) con la realidad (falta de recursos y acuerdo para ampliarlos). La adopción de la Estrategia Europea de Seguridad Económica y el resultado de la investigación antidumping contra las subvenciones chinas al vehículo eléctrico determinarán en buena medida si en el frente económico la UE opta por alinearse con Estados Unidos en su competición estratégica con China o intenta mostrarse como paladín de una globalización reformada.
También habrá que seguir de cerca la evolución de una China que se enfrenta a su menor crecimiento económico en 35 años, exceptuando los años de la COVID-19, lastrado por sus desequilibrios, especialmente en lo que concierne a una excesiva acumulación de deuda y a su dependencia del sector inmobiliario. El cambio de las reglas de la globalización impulsadas por la competencia estratégica de Estados Unidos lastrará también sus exportaciones y capacidad de atraer capital en un contexto en el que el liderazgo chino prioriza la seguridad económica al crecimiento. Con una demografía adversa, el país aún no ha conseguido erigir el consumo interno como motor de crecimiento.
Por su parte, los países emergentes sentirán con fuerza el frenazo chino, especialmente aquellos con una mayor dependencia comercial y financiera. El éxito en términos de volumen de inversión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha visto ensombrecido por los problemas en la devolución de hasta el 60% de los préstamos, lo que ha llevado a Xi Jinping a anunciar una nueva etapa de inversiones con proyectos más pequeños. En 2024, el nuevo papel de China como prestamista de última instancia y su participación en los procesos de reestructuración de deuda de países en dificultades tendrán una creciente importancia en cómo es percibida y en su influencia geoeconómica sobre el Sur Global.
Y es que un elevado número de países emergentes se encuentran en una delicada situación fiscal que, en un contexto de rápido tensionamiento de las condiciones financieras y de fortaleza del dólar, agrava también su vulnerabilidad externa. Aunque algunos de ellos, como México, Vietnam o Marruecos se están aprovechando de la reconfiguración del comercio y de las cadenas de valor (nearshoring), la mayoría de países emergentes pueden verse perjudicados por un escenario de mayor fragmentación económica. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos –basados en los patrones de votación en Naciones Unidas– ha crecido entre un 4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de Ucrania.
En este contexto de escaso margen monetario y fiscal, el colchón para amortiguar otra crisis es muy reducido, lo que puede exacerbar la volatilidad y el nerviosismo de los mercados ante episodios de incertidumbre. El principal foco de atención puede pasar de Ucrania a Oriente Medio, ya que los shocks de petróleo se transmiten a la economía de manera más amplia que los del gas natural. Esto podría afectar, directamente, a la UE y a España, especialmente dependientes porque importan más del 90% del petróleo que consumen. Además, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos se encuentran en mínimos equivalentes a los de 1983, y los pocos países con margen para incrementar su producción de crudo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia) puede que no estén por la labor de hacerlo sin concesiones políticas significativas.
6. Sur(es) y Norte(s)
Para 2023 se anunciaba la consolidación del Sur Global como espacio de confrontación y liderazgo, y los experrtos apuntaban a la presencia estratégica de India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil, en 2024 esta reconfiguración dará una vuelta de tuerca más. Las contradicciones y fragmentaciones de esta lógica dicotómica Norte-Sur quedarán más expuestas que nunca. El Sur Global se ha consolidado como un actor clave en la contestación a Occidente bajo lógicas antiimperialistas o de doble rasero. La imagen más simbólica de este momento de expansión geopolítica la veremos en octubre de 2024, cuando los BRICS se reúnan en Rusia para formalizar su ampliación. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica suman a su club a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Juntos suponen el 46% de la población mundial, un 29% del PIB global, e incluyen a dos de los tres mayores productores de petróleo del mundo. De esta forma, los BRICS ganarán una voz todavía más potente, aunque inevitablemente también es posible que integren más contradicciones internas y agendas propias. No obstante, la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, que ha confirmado su decisión de no unirse a los BRICS, también alimenta la idea de este choque de agendas e intereses en el Sur Global: Arabia Saudí e Irán son competidores por la influencia estratégica en el Golfo Pérsico, e India y China tienen sus propias disputas fronterizas en el Himalaya. El Sur Global seguirá ganando influencia, pero también heterogeneidad. Más allá de una retórica poscolonial compartida, su acción es muy diversa. El Sur Global es multirregional y multidimensional y está compuesto por regímenes políticos diferentes. Pero también es el espacio geográfico donde se consolidan los flujos comerciales globales como consecuencia de la reglobalización. El último informe anual de la OMC confirma que, a pesar de que las economías avanzadas siguen siendo actores clave del comercio mundial, ya no son dominantes. Sin embargo, si en 2023 hablábamos de la aceleración geopolítica de los «otros» con India como símbolo de este potencial liderazgo del Sur Global, en 2024 será América Latina quien tratará de adoptar un papel protagonista. Brasil será el país anfitrión del G-20, mientras que Perú acogerá la Cumbre de Cooperación Económica en Asia Pacífico (APEC).
Y en esta superación de dicotomías, también el Norte Global puede sufrir una fractura interna profunda si se confirma el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. La distancia transatlántica se ha impuesto como el nuevo marco de unas relaciones con más carga transaccional que de alianza tradicional. El desencuentro entre Washington y Bruselas se agravará en 2024 cuando Estados Unidos pida a la UE aumentar su contribución al Gobierno de Volodímir Zelensky y la propia lógica de divisiones internas entre socios comunitarios lo impida. Especialmente tenso será el segundo semestre de 2024, cuando Hungría –el país más reticente de la UE sobre la ayuda militar y la futura adhesión de Ucrania– asuma la presidencia rotatoria de la Unión. Será también paradójico que esta brecha en el Norte Global se ensanche por la guerra de Ucrania. Precisamente, en 2023, la invasión rusa fue el mortero que cimentó la unidad transatlántica y confrontó a la UE y a Estados Unidos con los límites de su capacidad de influencia ante un Sur Global que cuestionaba el doble rasero de Occidente. En 2024, en cambio, la guerra en Ucrania puede aumentar la distancia entre Washington y Bruselas.
A pesar de esta lógica de confrontación, la miopía geopolítica del binarismo está cada vez más fuera de lugar. Y, sin embargo, cuesta de superar. El hecho de que Estados Unidos y la UE sigan planteándose su relación con América Latina solo como espacio de explotación de recursos y de disputa geopolítica con China es parte de esa miopía. De momento, el fracaso reiterado de las negociaciones para un acuerdo UE-Mercosur alejan una vez más el sueño suramericano de poder reforzar su presencia comercial en el mercado único europeo. Las negociaciones se retomarán en el primer semestre de 2024, después de que Paraguay tome el relevo de Brasil en la presidencia de Mercosur.
7. Retroceso en los compromisos internacionales
2023 deja la cooperación internacional en la cuerda floja. Con un lenguaje cada vez más contundente, António Guterres declaraba que el mundo está «lamentablemente fuera de rumbo» en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en 2023 llegaron al ecuador de su implementación. 2024 tiene que demostrar si la comunidad internacional todavía es capaz y quiere consensuar respuestas coordinadas a problemas globales compartidos, a través de órganos de gobernanza colectiva. No será fácil. Estamos ante una aceleración de la crisis ecológica, ante un récord de migraciones y desplazamientos forzosos, así como ante una clara involución de la agenda para la igualdad de género.
Por primera vez, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década basándose únicamente en la configuración de políticas actuales, según World Energy Outlook 2023. A corto plazo, los países productores de combustibles fósiles ignoran las alertas climáticas y planean aumentar la extracción de carbón, petróleo y gas. La elección de un Estado petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, como anfitrión de una cumbre climática y el nombramiento de un ejecutivo de combustibles fósiles para presidirla, ya era, como mínimo, un mal augurio. Y, sin embargo, la COP28 de Dubái ha sido la primera que ha conseguido sacar un texto que reconoce explícitamente la necesidad de «dejar atrás» los combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas, como principales responsables de la crisis climática. Si bien el acuerdo final ha sido celebrado como histórico por hacer referencia a esta necesidad de iniciar una transición (transitioning away from) para garantizar unas emisiones cero netas en 2050, el grado de ambición demostrado no es suficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, si bien la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños para compensar a los países más afectados por el cambio climático también es un paso positivo, la recaudación inicial de 700 millones de dólares queda muy por debajo de lo necesario. Cada año, los países en desarrollo hacen frente a 400.000 millones de dólares de pérdidas vinculadas a la acción climática.
En este contexto, no solo se corre el riesgo de empeorar los impactos climáticos, sino que también veremos emerger, todavía con más fuerza, tensiones sociales y políticas entre gobiernos y sociedades por la explotación de los recursos. En Europa hay una creciente insatisfacción con las políticas de transición climática de la Unión, y el previsible ascenso de las fuerzas euroescépticas y de derecha radical en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 puede aumentar todavía más esta presión. La hiperactividad regulatoria en cuestiones climáticas e industriales está aumentando la politización de este tema, avivando el malestar social en ciertos estados miembros. Italia, Polonia, los Países Bajos y ciertos sectores de Alemania, en especial del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), están tratando de limitar las ambiciones de la UE en materia climática. La llegada del nuevo Gobierno sueco, apoyado por la derecha radical, ha frenado de golpe los compromisos climáticos que lideraba uno de los países de la UE que más ha contribuido a las políticas medioambientales comunitarias. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca también haría tambalear de nuevo algunos de los limitados avances domésticos e internacionales en este ámbito.
Según una encuesta realizada por Ipsos, mientras una gran parte de los hogares europeos continúan dando prioridad al medio ambiente frente al crecimiento económico, esta proporción está en declive: si en 2019 un 53% de los hogares preferían la protección del medio ambiente, en 2022 esta cifra se había reducido cinco puntos, pese al impacto evidente de los fenómenos climáticos. Sin embargo, esta tendencia de «no en mi patio trasero» no se limita a Europa. A finales de 2023, hemos visto la resistencia de los panameños contra la ampliación de contratos de minería. Algunos expertos hablan de «choque de ambientalismos» para referirse a la confrontación que surge entre aquellos que quieren proteger los recursos naturales de su país y el deterioro de los ecosistemas, y los intereses de gobiernos que buscan recursos para alimentar su transición energética. Lo mismo puede ocurrir en la UE. A principios de 2024, entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas que quiere garantizar el suministro de níquel, litio, magnesio y otros materiales esenciales para la transición verde y las industrias estratégicas, vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como para los ordenadores y los teléfonos móviles. Y, en este contexto, la UE prevé revivir la minería en el continente. Una decisión que puede movilizar protestas ecologistas en la Unión en los próximos meses.
También en 2024 se espera que los estados miembros de Naciones Unidas lleguen a un acuerdo global para acabar con la contaminación por plásticos. Será un tratado internacional, jurídicamente vinculante, considerado como el pacto medioambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París, y que fijará un plan de actuación hasta 2040.
Sin embargo, son las políticas de género y las políticas migratorias las que están más expuestas a esta ola radical que ha transformado las agendas gubernamentales, sobre todo, en la UE y en América Latina. Si bien es verdad que la igualdad de género durante 2023 se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, el ritmo de progreso se ha desacelerado. A este paso, se necesitarán 131 años para alcanzar la plena paridad. Aunque la proporción de mujeres contratadas para puestos de liderazgo ha aumentado de manera constante en aproximadamente un 1% anual a nivel mundial durante los últimos ocho años, esta tendencia se revirtió en 2023, retrocediendo a los niveles de 2021.
Las emergentes políticas exteriores feministas, que definían aquellos países con un claro compromiso de promover la igualdad de género en las relaciones internacionales, han sumado cuatro bajas importantes en los últimos meses: Suecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Argentina. Los cambios de Gobierno, junto con la creciente politización y polarización de las cuestiones percibidas como «feministas», han demostrado el fácil abandono de estas iniciativas, dependientes de las orientaciones progresistas de los gobiernos en el poder. México, otro de los países que ha adoptado estas políticas, se enfrentará a unos comicios en junio que también marcarán la continuidad o el abandono de su compromiso con la igualdad de género en la acción exterior.
Y, pese a no tener una política exterior feminista, el retorno de Trump a la Casa Blanca podría llevar al restablecimiento de políticas restrictivas sobre el aborto y de recortes de financiación contra las ONG internacionales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.
Además, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) denuncia el resurgimiento de tendencias antifeministas en países como Croacia e Italia, destacando discursos sexistas y homófobos por parte de líderes europeos como Viktor Orbán, Andrzej Duda o Giorgia Meloni, que justifican ataques a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y socavan años de esfuerzos para lograr avances en la ruptura de los estereotipos de género. Si bien el Plan de Acción en materia de Género III de la UE tiene vigencia hasta 2025, un cambio de orientación política en Bruselas también diluiría los compromisos de uno de los actores más implicados en este ámbito. En una nota más positiva, será interesante seguir en 2024 los avances de Naciones Unidas respecto a la Convención contra los crímenes contra la humanidad, ya que movimientos feministas y de la sociedad civil de todo el mundo aprovecharán esta oportunidad para tratar de codificar el apartheid de género como crimen contra la humanidad –especialmente debido a la continua discriminación y opresión del régimen talibán hacia las mujeres afganas y a la situación de las mujeres iraníes.
También las políticas migratorias europeas han formalizado un retroceso importante. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024, supone una legitimación de las políticas antiinmigración de la UE. Dicho pacto permite retrasar el registro de los solicitantes de asilo, instaurar procedimientos de asilo fronterizos de segunda categoría y ampliar el tiempo de detención en frontera; es decir, rebaja estándares y legaliza lo que hasta ahora era directamente ilegal. Este acuerdo en ciernes refleja los niveles de polarización y politización que marcan el paso de la respuesta europea a las migraciones. Y, en plena precampaña electoral, la utilización política del debate migratorio será todavía más evidente en los próximos meses. Ello forma parte, además, de otro proceso más de fondo: las políticas de externalización de la migración de la UE, que han alimentado también la estigmatización de los inmigrantes y refugiados en la región de Oriente Medio y Norte de Africa (MENA por sus siglas en inglés).
8. Desbordamiento humanitario
Las guerras y la violencia impulsaron el desplazamiento forzado a escala mundial hasta una cifra récord estimada de 114 millones de personas a finales de septiembre de 2023, según ACNUR. Los principales generadores de estos desplazamientos forzados fueron la guerra en Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar; además de la sequía, las inundaciones y la inseguridad que azota Somalia; así como una prolongada crisis humanitaria en Afganistán.
Solo en los primeros seis meses de 2023, se presentaron 1,6 millones de nuevas solicitudes individuales de asilo a nivel mundial, la cifra más alta jamás registrada. No se trata de una situación excepcional. La reactivación de conflictos olvidados ha aumentado los niveles de volatilidad y violencia. En octubre de 2023, más de 100.500 personas –más del 80% de los 120.000 habitantes estimados de Nagorno Karabaj– huyeron a Armenia tras la toma de control del enclave por parte de Azerbaiyán. También hubo miles de desplazados en el norte de Shan, por la escalada de combates entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y varios grupos armados. A finales de octubre de 2023, casi dos millones de personas se encuentran desplazadas internamente en Myanmar, en condiciones precarias y necesitadas de asistencia vital. Y las imágenes de más de un millón de palestinos huyendo de sus hogares por los bombardeos israelíes, que se iniciaron tras el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, reflejan la crisis humanitaria que azota Gaza.
Sin embargo, este incremento en el número de refugiados y desplazados no ha ido acompañado de un refuerzo de la ayuda internacional necesaria para cubrir sus necesidades. Más de un millón de refugiados rohingya en Bangladesh deberán hacer frente al menguante compromiso internacional. En 2023, Naciones Unidas redujo un tercio la asistencia alimentaria y la ayuda humanitaria a este colectivo. La falta de financiación internacional disminuyó considerablemente los niveles de asistencia en 2023, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se vio obligado a recortar entre un 30% y un 50% el tamaño y el alcance de la asistencia alimentaria, monetaria y nutricional que ofrece. 2.300 millones de personas, casi un 30% de la población mundial, hoy están al límite de una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El alza continuada del precio de los alimentos en 2024 y el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en la producción agrícola pueden empeorar todavía más esta situación. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas prevé que entre 105 y 110 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria al menos hasta principios de 2024, con un aumento de las necesidades en las regiones de África Austral y América Latina y el Caribe, y una disminución neta en África Oriental.
De momento, los expertos alertan sobre el riesgo de una nueva crisis del arroz en 2024, como consecuencia de la restricción en las exportaciones que impuso India para intentar contener los efectos del descenso de producción interna. La ola expansiva de esta prohibición ha provocado también el encarecimiento de los precios del arroz en Tailandia y Vietnam, segundo y tercer mayor exportador de arroz después de India, que han visto aumentar los precios un 14% y un 22%, respectivamente. A ello se suman los efectos del fenómeno climático de El Niño, asociado con el calor y la sequía en todo el Océano Pacífico, que puede dañar la producción de 2024. Por todo ello, los expertos advierten que, si India mantiene las restricciones actuales, el mundo va camino de repetir la crisis del arroz de 2008. El fenómeno de El Niño, que no se disipará hasta mediados de 2024, suele estar asociado, por una parte, a un incremento de las precipitaciones en algunas zonas meridionales de América del Sur, del sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central; pero, por la otra, también puede provocar graves sequías en Australia, Indonesia y partes del sureste asiático. El último episodio de este fenómeno, en 2016, significó el año más cálido jamás registrado, con unos récords globales de calor que todavía no se han superado.
Los gobiernos donantes y las agencias humanitarias deben prepararse para un 2024 de grandes necesidades de asistencia en múltiples regiones. 2023 ya nos ha dejado varias muestras de ello: sequía extrema en el Amazonas y restricciones del tráfico marítimo en el canal de Panamá; incendios forestales en Bolivia y cortes de luz diarios en Ecuador debido a la baja producción de electricidad que proviene en más del 80% de centrales hidroeléctricas; las peores inundaciones registradas en el noroeste de Argentina, que provocaron además deslizamientos de tierra que afectaron a más de 6.000 personas; y un devastador huracán de categoría 5 en México que sorprendió a autoridades y científicos, los cuales no pudieron prever la intensidad del fenómeno.
9. Seguridad vs derechos
El conflicto entre seguridad y derechos fundamentales ha sido una constante en 2023, y la incertidumbre electoral de los próximos meses fomentará, todavía más, la tentación de las políticas de control y mano dura. El debate público en toda América Latina, sin excepción, ha quedado copado por la seguridad, con efectos directos sobre otras crisis como la migratoria, que desde hace una década afecta a todo el continente, y que en 2024 se prevé todavía más intensa. El bukelismo gana adeptos. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, ha declarado su admiración por las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También la campaña electoral en Ecuador estuvo muy marcada por el debate de la seguridad. Según Crisis Group, el continente lucha contra una nueva ola de criminalidad que se ha extendido a países tradicionalmente más estables, que ahora forman parte de rutas rentables del narcotráfico, como son los casos de Paraguay y Argentina. El tráfico de personas, sobre todo la explotación criminal de la crisis migratoria venezolana, también ha crecido en toda América Latina. En este contexto, Naciones Unidas y la Interpol han puesto en marcha una iniciativa conjunta contra la trata de seres humanos. Está por ver el impacto que las elecciones venezolanas puedan tener en esta crisis migratoria, que ya ha provocado la salida de más de siete millones de personas desde 2014.
Asimismo, con el aumento de la impunidad, también ha crecido el riesgo de la tentación autoritaria por parte de los gobiernos de la región latinoamericana, con la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento democrático en todo el continente. También en la UE. La sensación de vulnerabilidad se ha convertido, desde hace tiempo, en un revulsivo político para determinadas fuerzas en Europa. Desde el inicio de la guerra en Gaza, algunos países europeos han extremado la seguridad por miedo a atentados, hasta el punto de prohibir manifestaciones de apoyo a la población palestina, como fue el caso en Francia. En este sentido, la securitización de los movimientos sociales también emerge como una estrategia que seguirá ganando peso en 2024. Cada vez más, los gobiernos democráticos están extremando la presión sobre los movimientos de protesta: multas, prohibiciones de la libertad de expresión o persecución judicial están empequeñeciendo el espacio de la protesta civil. En este contexto, la UE ha llegado a un acuerdo en 2023 para legislar contra las demandas estratégicas que pretenden desincentivar la participación pública o silenciar a medios independientes (las llamadas SLAP, en sus siglas en inglés) que debería ratificarse antes del final de mandato.
Finalmente, el debate de la seguridad y su efecto sobre los derechos individuales marcará también los meses previos a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Grupos de derechos humanos han denunciado los planes del Gobierno francés para la utilización de cámaras de reconocimiento con IA para detectar en tiempo real actividades sospechosas en las calles de la capital durante los juegos. La tecnología es un elemento crucial de la transformación que vive el binomio seguridad y conflicto. Los drones se han convertido en un arma clave para la resistencia en Ucrania, como también lo fue en el arsenal de Hamás utilizado en su ataque del 7 de octubre contra Israel. Precisamente unos Estados Unidos en pleno recorte presupuestario han asignado, en cambio, una inyección de dinero extra, en 2024, al Pentágono para el desarrollo de la llamada «guerra electrónica».
10. Desacoplamiento entre intereses y valores
Hay un hilo conductor en muchos de los puntos anteriores que hilvana un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado a través de intereses y alianzas cambiantes. En su informe de prospectiva estratégica de 2023, la Comisión Europea reconoce que la «batalla de narrativas» que durante tanto tiempo utilizó como argumento de la confrontación geopolítica entre democracia y autoritarismo está quedando obsoleta. Ello va más allá de la constatación de que Occidente ha perdido la batalla por el relato de la guerra de Ucrania y de que su doble rasero ante los conflictos del mundo empequeñece la capacidad de influencia de la UE. El caso de Sudán es el ejemplo más claro de cómo Occidente puede comprometerse con guerras que considera existenciales para la supervivencia de sus propios valores, como la de Ucrania, mientras ignora el genocidio que se está cometiendo, con asesinatos casa por casa, en los campos de refugiados de Darfur.
El mundo se ha transformado en una «batalla de ofertas» que configura tanto la opinión pública como la acción de los gobiernos. Crece la diversidad de opciones y de alianzas. Las narrativas hasta hace poco hegemónicas o están contestadas o ya no sirven para explicar la realidad. En esta «multipolaridad desequilibrada» (unbalanced multipolarity), con potencias medianas marcando agendas regionales, los grandes actores tradicionales están obligados a buscar su propio espacio. La competición global por los recursos que deben alimentar las transiciones verde y digital acentúa, todavía más, esta geometría variable de acuerdos y alianzas. Y los resultados del ciclo electoral de 2024 pueden acabar reforzando está transformación. La tentación aislacionista de Estados Unidos es una realidad. Vladímir Putin revalidará en las urnas su capacidad de resistencia, después de haber sorteado los efectos de las sanciones internacionales y de haber construido un andamio económico para resistir una guerra larga en Ucrania. En India, la popularidad de Narendra Modi permanece intacta y alimenta el dominio de su partido. El interrogante electoral dibuja un 2024 que empieza totalmente abierto. La crisis del orden liberal, agudizada por la reacción internacional a los últimos conflictos, y la erosión del multilateralismo –con el desafío explícito a Naciones Unidas– alimentan todavía más esta sensación de dispersión del poder global hacia una variedad de potencias medianas dinámicas, capaces de ayudar a moldear el entorno internacional en las próximas décadas.
Arranca un año clave para evaluar la capacidad de resistencia de unos sistemas democráticos sometidos, desde hace tiempo, a una profunda erosión. Estaremos pendientes del resultado de las urnas, así como de los límites de la impunidad con que actúan, cada vez más desacomplejadamente, las armas. CIDOB
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