crossorigin="anonymous"> Consejo de Seguridad de la ONU ratifica apoyo al Acuerdo de Paz y a la JEP
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Consejo de Seguridad de la ONU ratifica apoyo al Acuerdo de Paz y a la JEP



En un momento definitivo para el futuro del proceso de paz en Colombia, la comunidad internacional ha decidido enviar un contundente mensaje de estabilidad e irreversibilidad. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron de manera unánime su pleno apoyo al Acuerdo Final de Paz de 2016 y al papel fundamental que desempeña la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).


La sesión de control giró en torno a la presentación del más reciente informe trimestral elaborado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Delegados de las principales potencias mundiales —incluidos Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China, junto con miembros no permanentes como Dinamarca— coincidieron en que el modelo de justicia transicional colombiano es un referente global que debe protegerse ante los vientos de polarización política y de cara a la transición de gobierno de 2026.


Miroslav Jenča, subsecretario general de la ONU, lideró la presentación de los balances destacando la necesidad de asegurar las bases de lo construido:



"Es esencial proteger lo ya logrado, ampliar la seguridad y el desarrollo con una mayor presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia, y garantizar justicia plena para las víctimas", aseveró el alto funcionario.


Financiamiento directo a la justicia que restaura


La muestra más tangible de este respaldo no se limitó al plano diplomático. Durante la plenaria se anunció formalmente la aprobación de más de 13 millones de dólares (aproximadamente 44.600 millones de pesos colombianos) provenientes del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.

Estos recursos estarán destinados a financiar iniciativas locales de paz, la remoción integral de minas antipersonal y, de manera muy especial, el componente restaurativo de las sanciones propias dictadas por la JEP. Este flujo de capital busca garantizar que las sentencias impuestas por el tribunal se traduzcan en obras de reparación comunitaria y reconstrucción del tejido social en los territorios que más sufrieron la guerra.


El hito histórico de las primeras sentencias


El debate en Nueva York estuvo marcado por un hito histórico: la emisión de las primeras sentencias en firme dictadas por la JEP. El tribunal de paz sancionó a siete exmiembros del último secretariado de las extintas FARC-EP (por el delito de secuestro) y a doce antiguos integrantes de la Fuerza Pública (por casos de muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como "falsos positivos").


Ambos grupos de comparecientes recibieron la sanción máxima de ocho años de restricciones efectivas de derechos y libertades, dedicados a trabajos, obras y actividades con un claro contenido reparador para las víctimas. Al respecto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó:


"A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto, proporcionando una reparación real para las víctimas".



Retos de seguridad y transición gubernamental


A medida que Colombia se encamina hacia su transición política y electoral en este 2026, la ONU ve con preocupación la necesidad de que los relevos institucionales no debiliten los avances de la paz. Guterres hizo un llamamiento explícito a la calma y a una transición gubernamental fluida y cooperativa entre administraciones. El Secretario General instó a los líderes de todas las corrientes a desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo.


Adicionalmente, el informe de la Misión de Verificación advirtió que la violencia de grupos armados ilegales sigue ensañándose con las zonas rurales donde la implementación de los programas del Acuerdo Final de Paz ha sido deficiente. Factores como la extorsión, los confinamientos y los desplazamientos afectaron a cerca de 316.000 personas en regiones como el Cauca y la Amazonía. Por esta razón, el Consejo de Seguridad recordó que el Estado colombiano debe redoblar esfuerzos para brindar plenas garantías de seguridad tanto a los más de 11.000 firmantes de paz en reincorporación como a las víctimas y magistrados de la JEP.


Síntesis del Balance de la ONU sobre el Acuerdo de Paz (2026)


Indicador Evaluado

Datos de Impacto

Destino de los Recursos e Implementación

Fondo Multidonante

USD 13 Millones

Financiación de obras de reparación comunitaria y desminado.

Sanciones Propias JEP

8 Años de Restricción

Trabajos restaurativos y de reparación directa a las víctimas.

Firmantes de Paz

+11.000 Excombatientes

Acompañamiento en su proceso estable de tránsito a la vida civil.

Comunidades Afectadas

316.000 Ciudadanos

Población bajo confinamiento o restricciones de movilidad en el Cauca y Amazonía.



Un camino sin retorno


El veredicto manifestado unánimemente en la ONU reafirma que el Acuerdo de Paz y la JEP constituyen políticas de Estado que trascienden gobiernos y fronteras. Pese a las complejidades del orden público en zonas históricamente marginadas y a las tensiones políticas de la campaña electoral, el mensaje internacional es claro: el mundo respalda el Acuerdo de Paz y la justicia transicional de Colombia y está decidido a cofinanciar y proteger este camino hacia la reconciliación integral.

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