Comisión de la ONU recrudece su acusación contra Israel por genocidio
En un nuevo y contundente informe que marca un hito crítico en el panorama geopolítico internacional, la Comisión Independiente de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados ha reafirmado con absoluta gravedad que las fuerzas y autoridades de Israel continúan perpetrando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El documento, concebido para ser presentado este lunes ante la Asamblea General del organismo internacional, detalla una ofensiva sistemática que abarca tanto la continuación del genocidio en la Franja de Gaza como prácticas deliberadas de exterminio, persecución, tortura y violencia sexual contra la población civil en Cisjordania.
El análisis presentado por el presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar, profundiza en el salto cuantitativo y cualitativo de la violencia desatada en los territorios cisjordanos a raíz de los acontecimientos desencadenados el 7 de octubre de 2023. Mientras que en el período comprendido entre 2018 y la víspera de aquellos ataques apenas se registraron seis fallecidos a causa de bombardeos aéreos en Cisjordania, la cifra se ha disparado de manera alarmante hasta alcanzar los 254 muertos contabilizados hasta finales del pasado mes de septiembre. Las autoridades de la ONU sostienen que estas muertes, sumadas a la destrucción deliberada de infraestructuras habitacionales y al persistente rechazo del Estado israelí a asumir cualquier tipo de responsabilidad jurídica o moral, obedecen a una hoja de ruta premeditada dirigida a vaciar el territorio, forzar el desplazamiento masivo de sus habitantes y someterlos a condiciones de existencia incompatibles con la vida humana.
Las consecuencias de esta estrategia militar han reescrito el mapa demográfico de la región. Las operaciones castrenses intensificadas desde enero de 2025 han provocado la mayor crisis de desplazamiento forzado en Cisjordania desde la histórica contienda de 1967, dejando tras de sí un saldo superior a los 34.000 palestinos desplazados hacia mediados de 2026. Este éxodo constante subvierte el tejido social de comunidades enteras y consolida una dinámica de fragmentación territorial que, según advierte el informe, encuentra sus raíces profundas en las políticas colonizadoras históricas orientadas a maximizar la apropiación de tierra mientras se reduce al mínimo la presencia, la autonomía y la viabilidad del pueblo palestino.
Un patrón de conducta enfocado en erradicar la continuidad generacional palestina
La magnitud de la devastación sobre la población infantil representa uno de los ejes más estremecedores del informe presentado en Ginebra. Los datos recopilados por la investigación arrojan que, únicamente entre octubre de 2023 y octubre de 2025, más de 20.000 niños palestinos perdieron la vida y más de 44.000 resultaron heridos. Esta cifra escalofriante sitúa a los menores de edad como los principales damnificados del conflicto, representando aproximadamente el 30% del total de las víctimas mortales registradas en los territorios palestinos ocupados.
Las evidencias periciales documentadas en las pesquisas exponen un uso sistemático de armamento pesado y tácticas letales de precisión en zonas altamente pobladas. Una parte considerable de estas muertes fue ocasionada por incursiones aéreas ejecutadas con artefactos explosivos de gran tonelaje y extenso radio de dispersión. De forma simultánea, los peritajes médicos e informes de campo dan cuenta de casos atroces en los que los menores fueron impactados por disparos directos en la cabeza o en el torso, ejecutados por francotiradores o mediante el despliegue de drones armados.
A juicio de los comisionados, el ensañamiento directo contra la infancia excede la categoría de daños colaterales y revela un patrón deliberado ideado para desarticular la viabilidad futura de la comunidad palestina en Gaza. Esta selectividad letal contra los sectores más vulnerables de la población constituye, según la investigación, uno de los indicios probatorios clave que sustentan la figura jurídica del genocidio, al evidenciar la intención explícita de aniquilar, total o parcialmente, al grupo humano en la zona.
"La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos y de las mujeres embarazadas están estrechamente vinculados al derecho fundamental del pueblo palestino a la autodeterminación», aseveró Srinivasan Muralidhar. «Al atacar a los niños, Israel está erosionando la estructura fundamental de la sociedad palestina".
La solidez de estas conclusiones descansa sobre un proceso de verificación forense e investigativa multidisciplinar. La Comisión basó sus hallazgos en testimonios directos recolectados en grupos de discusión con víctimas y sobrevivientes —incluidos niños—, cruzados minuciosamente con dictámenes médicos, análisis balísticos, registros fotográficos, material audiovisual y un riguroso procesamiento digital de fuentes abiertas mediante protocolos de inteligencia de datos.
En lo que respecta al escenario gazatí global, la Comisión constata con profunda preocupación que los actos de carácter genocida no se han detenido ni siquiera bajo el paraguas de los frágiles acuerdos de alto el fuego pactados hace más de un año. Los ataques continuos y la asfixia humanitaria responden a una intención deliberada y persistente de destruir, de manera parcial o total, al grupo nacional, étnico y religioso palestino. La persistencia de las hostilidades y el goteo constante de víctimas mortales —evidenciado por más de un millar de fallecimientos acumulados en periodos recientes de relativa contención militar— demuestran la incapacidad de los mecanismos diplomáticos tradicionales para frenar una tragedia que la comunidad internacional observa con creciente impotencia.
El informe tampoco elude la responsabilidad de los actores políticos internos dentro de los territorios palestinos. La Comisión ha lanzado duras críticas contra la Autoridad Palestina, a la que acusa de emplear tácticas de persecución y hostigamiento contra las voces disidentes, además de mostrar una preocupante falta de voluntad e imparcialidad a la hora de investigar de manera rigurosa las muertes y agresiones perpetradas por sus propias fuerzas de seguridad contra periodistas y activistas defensores de los derechos humanos. Esta deriva autoritaria interna contribuye a debilitar el frente institucional palestino en un momento de extrema vulnerabilidad existencial.
Ante este panorama desolador, el mandato de la ONU culmina con exigencias inapelables hacia el Estado de Israel, instándole a poner fin de manera inmediata a una ocupación declarada ilegal por los tribunales internacionales y a proceder a la restitución íntegra de las tierras y propiedades confiscadas a lo largo de décadas de contienda. El informe de Ginebra se erige así como un documento histórico de acusación que demanda una reacción urgente y vinculante por parte de los Estados miembros de la Asamblea General para evitar que la impunidad continúe marcando el sino de millones de personas en Oriente Medio.
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