La extorsión se triplica y pone en jaque a las ciudades capitales
El fenómeno de la criminalidad en Colombia atraviesa por uno de sus momentos más críticos y desafiantes para la seguridad ciudadana y la estabilidad socioeconómica de las regiones, luego de que se revelara una radiografía preocupante sobre el comportamiento de la extorsión en el territorio nacional durante los últimos años.
Un exhaustivo estudio conjunto elaborado y divulgado recientemente por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, conocida como Asocapitales, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, ha puesto sobre la mesa una serie de cifras que evidencian cómo este flagelo delictivo no solo se ha arraigado profundamente en la cotidianidad del país, sino que ha experimentado un crecimiento desbordado que amenaza con sofocar la tranquilidad de los ciudadanos, los comerciantes y los empresarios en prácticamente todos los rincones de la geografía colombiana.
De acuerdo con la información contenida en el documento titulado formalmente como 'Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia', el cual se fundamenta en un riguroso procesamiento de datos estadísticos históricos recopilados entre los años 2010 y 2025 a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, Siedco, el país ha sido testigo de un incremento exponencial que rompe con cualquier indicador histórico previo.
Específicamente, el análisis detalla que la extorsión en el territorio nacional pasó de registrar aproximadamente 4.900 casos durante el año 2016 a dispararse de manera alarmante hasta alcanzar los 13.869 reportes oficiales al cierre del año 2024. Esta variación representa un incremento porcentual masivo del 182,9% en un periodo de tan solo ocho años, una cifra que refleja con crudeza la expansión y la mutación de las estructuras criminales dedicadas a amedrentar a la población mediante constreñimientos ilegales para exigir sumas de dinero bajo amenazas.
La situación adquiere tintes aún más graves al enfocar la lupa sobre las principales urbes del país, dado que el estudio de Asocapitales y el DNP advierte que el flagelo castiga con particular severidad a los centros urbanos más poblados. Al examinar de manera exclusiva el comportamiento delictivo en las treinta y dos capitales de departamento de Colombia, el incremento acumulado de la extorsión entre los años 2016 y 2024 trepó hasta llegar a un escandaloso 201,5%, lo que demuestra que las ciudades capitales se han convertido en el epicentro preferido por los delincuentes para operar, coordinar y materializar las exigencias económicas extorsivas, afectando transversalmente la dinámica comercial y la convivencia urbana.
No obstante, a pesar de que el balance estadístico nacional mostró una leve contracción global del 3,25 durante el año 2025, año en el que se documentaron 13.428 casos en total, el informe técnico hace un llamado urgente a las autoridades para que no bajen la guardia y mantengan una postura de máxima alerta, debido a que la disminución general no significó un alivio homogéneo para todas las regiones. Por el contrario, el comportamiento delictivo mostró dinámicas regionales preocupantes y disparadas en ciudades intermedias y distritos turísticos específicos, donde el flagelo continuó expandiéndose con fuerza inusitada durante ese mismo periodo.
Un caso paradigmático señalado en el documento es el de la ciudad de Cartagena, donde los registros oficiales pasaron dramáticamente de 197 casos reportados en 2024 a 382 casos en 2025, lo que representa un repunte desproporcionado del 93,9% en tan solo doce meses. Esta misma tendencia al alza, contraria al promedio nacional, se replicó con fuerza en otras capitales del país como Tunja, donde los casos crecieron un 76,7%; Pasto, con un incremento del 37,8%; y Sincelejo, que experimentó una subida del 36,6% en sus estadísticas de extorsión.
Detrás de este crecimiento masivo se encuentra también una transformación en las metodologías utilizadas por los delincuentes para intimidar a sus víctimas, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas y los canales de comunicación modernos. Según los datos consignados en la investigación, la modalidad tradicional de la extorsión telefónica continuó siendo la más predominante durante el año 2025, abarcando el 48,8% del total de los casos registrados en las ciudades capitales del país.
Sin embargo, el informe destaca el crecimiento exponencial que han tenido las modalidades delictivas asociadas directamente al uso de las redes sociales y las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Mientras que en el año 2016 estas herramientas digitales representaban apenas el 7,6% de las formas de extorsión, para los años recientes esta proporción escaló hasta alcanzar el 18,6%, evidenciando que los extorsionadores han diversificado sus canales de coerción digital mediante perfiles falsos, suplantaciones, la difusión de material íntimo o montajes para presionar económicamente a los ciudadanos.
Uno de los aspectos más alarmantes y complejos que expone el estudio está relacionado con el origen geográfico y operativo desde donde se orquestan la gran mayoría de estas intimidaciones. Tomando como base una estimación técnica realizada por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, la Dijín, el documento revela que cerca del 70% de las llamadas y mensajes extorsivos que reciben los ciudadanos colombianos provienen directamente desde el interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
Esta cifra desnuda las profundas fallas estructurales en materia de seguridad, control tecnológico y corrupción al interior del sistema penitenciario, evidenciando que las cárceles continúan funcionando de manera clandestina como centros de operaciones criminales desde donde los delincuentes privados de la libertad manejan redes de extorsión a escala nacional con total impunidad.
Finalmente, la investigación concluye con una advertencia crítica sobre la subdenuncia que rodea a este delito, un factor que dificulta enormemente dimensionar la verdadera magnitud del problema y diseñar políticas públicas de choque eficaces.
De acuerdo con las estimaciones recogidas en el diagnóstico, menos del 20 por ciento de los hechos reales de extorsión que se cometen en el país terminan siendo formalmente denunciados ante las autoridades competentes.
Esta situación de silencio, motivada principalmente por el miedo a las represalias, la desconfianza institucional y la falta de garantías de seguridad para las víctimas, plantea un reto monumental para el Estado colombiano, el cual se ve en la imperiosa necesidad de fortalecer de manera radical los mecanismos de denuncia anónima, optimizar la protección integral a los afectados y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y seguridad para hacer frente a esta epidemia delictiva que golpea los cimientos de la sociedad.
Comentarios