Defensoría pide revisar designación de funcionarios señalados de violencia de género
La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia institucional directa al Gobierno Nacional sobre la incompatibilidad ética y social que representa la designación de personas procesadas por violencias basadas en género en puestos de alta dirección pública. En un duro pronunciamiento, la entidad de control instó al Ejecutivo a revisar minuciosamente las vinculaciones laborales de este perfil y a aplicar filtros estrictos que garanticen una política real de tolerancia cero.
El organismo fue enfático en trazar una frontera clara: aunque la presunción de inocencia es un derecho fundamental que obliga a que sean los jueces de la República quienes determinen las responsabilidades penales, dicha premisa constitucional no exime al Estado de su deber de debida diligencia administrativa. Según la entidad, la idoneidad para ejercer un alto cargo público exige un estándar ético que va más allá del desenlace de un juicio penal.
Los tres casos bajo el lupa del organismo de control
El llamado institucional de la Defensoría se fundamenta en el seguimiento a tres nombramientos concretos en distintas ramas y dependencias del Estado:
Ministerio de las Culturas: El nombramiento de un alto funcionario que afronta un proceso penal activo por presuntos hechos de violencia sexual, los cuales habrían sido cometidos mientras se desempeñaba en funciones diplomáticas en Chile.
Ecopetrol: La posible vinculación a la cúpula directiva de la petrolera estatal de un general en retiro, quien actualmente enfrenta acciones judiciales por presunto acoso sexual.
Coljuegos: La designación y permanencia del presidente de la entidad administradora del juego en Colombia, sobre quien pesa una denuncia formal en curso por violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.
El mensaje institucional y el riesgo de revictimización
Uno de los puntos analíticos más agudos del pronunciamiento gira en torno al impacto psicológico y social que estas decisiones provocan en la ciudadanía y, particularmente, en las víctimas de violencia machista.
"No podemos pedir que las mujeres denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran", sentenció la Defensoría del Pueblo.
El documento señala que la presencia de presuntos agresores en posiciones de poder estatal no solo genera desconfianza en el sistema, sino que profundiza las barreras institucionales y aumenta el temor de las mujeres a sufrir represalias. La disparidad de poder entre un alto funcionario y una denunciante eleva sensiblemente los riesgos de:
Presión e intimidación directa o indirecta sobre las denunciantes o testigos.
Revictimización institucional, al obligar a las víctimas a ver a sus presuntos agresores en cargos de visibilidad y autoridad.
Conflictos de interés, que pueden interferir con el normal desarrollo de las investigaciones judiciales y administrativas.
Exigencia de un protocolo público de nombramientos
Frente a esta situación, la Defensoría exhortó al Estado colombiano a adoptar de forma inmediata un conjunto de criterios claros, públicos, consistentes y transparentes para la selección y mantenimiento del personal en la alta dirección pública. Estos criterios deben sopesar la gravedad de las acusaciones, el avance de las investigaciones, la naturaleza del puesto directivo y el nivel de riesgo para las víctimas.
Con este llamado, la entidad reitera que la lucha contra la violencia de género no puede limitarse a discursos ni a campañas de sensibilización, sino que debe reflejarse en decisiones administrativas coherentes con la protección integral de los derechos de las mujeres.
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