Por: Omar Antonio Diaz Botiva El evento sísmico del 10 de agosto marca un momento en la historia del país al ser, el movimiento telúrico más fuerte en lo corrido del siglo, pero no es el único momento histórico de los últimos días, la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente del país en Cali, y el pronunciamiento de su discurso de posesión frente a un cantón militar (con más arengas y promoción de la fé, que propuestas de gobierno) marca un camino hacia lo que se denomina como Estado de excepción. Pero vamos paso a paso, definamos punto por punto y hagámoslo desde lo que ha pasado primero hasta los hechos más recientes. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella La posesión del nuevo presidente de la República representa en su misma esencia una excepcionalidad dado que llega al poder con el discurso de la ultraderecha global que ha venido copando los espacios políticos y de discusión global, acusando de una “guerra cultural” para mantener los “valores e instituciones tradicionales” desde la defensa de la familia. En ese sentido ADLE que en su vida personal no representa estos valores (por varios escándalos y hechos sobre su vida privada divulgados en redes y confirmados por el mismo que lo alejan de este marco de personalidad), con el favor del movimiento religioso-cultural protestante (traído a América durante la década de los 60 por la CIA) que se ha encargado de perdonar y lavar ante la sociedad la imagen de diversos criminales desde el muchacho ex adicto y ex ladrón que canta rap en Transmilenio hasta Luis Alfredo Garavito. La excepcionalidad radica en la ruptura del Estado de derecho constitucionalmente laico, para dar paso a declaraciones confesionales que resuenan más fuerte que las propuestas gubernamentales; de igual forma está misma se establece como pilar de la “guerra cultural” que promueve el establecimiento (lo cual es en sí mismo paradójico ya que la guerra cultural es un concepto que se desprende del planteamiento de hegemonía cultural de Antonio Gramci que se manifiesta en “el sentido común” (creer en lo que considera natural, correcto o verdad sin pensar si es justo), “la guerra de posiciones” (es decir la guerra constante por el relato y la narrativa tanto en colegios (como la propuesta de Vivían Morales), la prensa (sobretodo la hegemónica que no es crítica sino que aplaude y minimiza desde el manejo del discurso acciones terroristas en el país en los primeros días de la posesión -como el periodista de caracol calificando de “más leve” las acciones contra la población-) y por último la iglesia (pese a que Colombia es un país marcadamente católico la influencia del protestantismo americano es profunda, tienen hasta partidos políticos). Continuemos con la segunda parte de esto. La tradición política nacional de posesionarse frente al congreso a lo largo de nuestra historia republicana, sólo se ha visto interrumpida por motivos de Excepción; como en la Guerra de los Artesanos de 1854 con José María Melo en el que Tomas Herrera mandó desde Ibagué, gobierno que continuó dos años más José de Obaldia como presidente interino, o cómo con Juan José Nieto que en la guerra de las soberanías gobernó desde Cartagena y Barranquilla; no olvidemos que esta guerra llevó a la formación de los Estados Unidos de Colombia a través de la constitución de 1863, lo que nos llevó a la regeneración con Rafael Nuñez que despachó desde Cartagena y al establecimiento de la constitución de 1886 siendo la más longeva durando hasta 1991, el último caso es el de Manual Antonio Sanclemente que por problemas de salud despacho desde 3 municipios de Cundinamarca; si sabemos leer entre líneas las “excepcionalidades” fueron en medio de algunas de las guerras civiles que atravesó el país en el siglo XIX que es el periodo de construcción de nuestra identidad republicana. Y también como parte de nuestra identidad está una constante y de nuestra psique como sociedad está el concepto de Estado de Sitio dado ya que si hacemos memoria este fue una constante durante el siglo XIX-XX, tal vez el hecho más destacable es el recordado estatuto de seguridad de Julio Cesar Turbay Ayala en el 78, con las consecuencias que ya conocemos y aún nos alcanzan hasta nuestro tiempo. Y por último, pero absolutamente necesario ¿que es eso de Estado de excepción? Para dar una definición ligera podríamos decir que es el momento en dónde el poder ejecutivo asume poderes especiales para “proteger la sociedad”; en ese orden de ideas La excepción puede darse en nuestro país por 3 causales, Guerra exterior, Conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica y es ahí donde en mi concepto nos encontramos en una situación compleja. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver toda esta carreta con la situación atravesada por el país a partir del 7 de agosto y es precisamente está última, la posibilidad de declaración de emergencia económica, social y ecológica la que debería preocuparnos en este momento ya que frente al desarrollo y paso tranquilo de gobierno a gobierno, el actual decidió no desarrollar un empalme complicando la continuidad y transición pacífica y estable que debe haber entre gobiernos. Lea también: ¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella? La terrible tragedia que enfrentan varias regiones del país por el terremoto y la inoperancia gubernamental actual reflejada en varios factores, partiendo desde la llegada del presidente 3 horas tarde a la instalación del Punto de Mando Unificado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pasando por no tener un gerente en ésta, así como la no solicitud de ayuda a las Naciones Unidas y la no aceptación del apoyo y ayuda extranjeras (que como es sabido las primeras 72 horas son vitales para encontrar sobrevivientes) evidencian un enorme desfase entre lo que necesita la población y lo que vaticina será el próximo cuatrienio en el país. Lo más complejo es que dentro del poco alcance de mi interpretación, ante está situación terrible que afrontamos como país, la declaración de un Estado de excepción por la situación actual sumado a la no aceptación de ayuda internacional, la minimización de las acciones terroristas por parte de los medios y el claro enfoque en diversas carteras que apuntan en contra de lo construido en 1991, avizore el uso de cualquier recurso (sea político o natural) para excusar y establecer un Estado de excepción (o volver al estado de sitio) que facilite la imposición de políticas en contra de la misma soberanía; vuelve con pasos de gigante la necro política.

Por: Lizandro Penagos Lo primero es lo primero y en este momento lo primero es superar la tragedia y su devastación, rescatar al mayor número de personas (ojalá con vida) y diseñar desde ya una etapa de reconstrucción que les permita a las ciudades y poblaciones más afectadas del país, volver a la normalidad. Eso queremos todos los colombianos, así esa ‘normalidad’ sea para muchos una lucha permanente por la supervivencia. Bien sabemos, por experiencias propias y ajenas, que cualquier catástrofe o crisis encierra la reactivación económica de ciertos sectores y uno de ellos será el de la construcción. Y sobre este sector –que hace parte del amplio espectro inmobiliario– recae buena parte de las lecciones que deja el terremoto del 10 de agosto de 2026 y que, primero, deben estudiarse; y segundo, no deben olvidarse jamás. No se trata de una cuestión emocional, ni mucho menos, sino de un obligado aprendizaje a modo del que han asumido países latinoamericanos como México o Chile, que han padecido situaciones similares; o Japón, que ha integrado a su cultura la convivencia con movimientos telúricos permanentes de gran escala. No debemos llamarnos a engaños y asumir con responsabilidad el lugar del mundo que ocupamos y ese lugar se llama: Cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurre el 90% de los terremotos que suceden en la Tierra y que alberga el 75% de los volcanes activos. Si a ello le sumamos las condiciones específicas de nuestros territorios y las particulares de nuestra idiosincrasia, los impactos, aunque altos, pueden minimizarse para no quedarnos con la idea de que es algo inevitable, castigo de la naturaleza, divino o –como circula en redes antisociales– alguna conspiración tramada por las megapotencias planetarias. No se pueden predecir los terremotos ni su intensidad, pero hay indicadores. Por ejemplo, el volcán Puracé hace rato nos ‘está hablando’. Lea también: The Economist cuestiona decisiones de De la Espriella ante el terremoto El sismo de 7.4 en la escala de Richter con epicentro de San José del Palmar no solo es el de mayor magnitud registrado en el siglo XXI en Colombia, sino el más catastrófico en términos físicos, y por como avanzan los datos, también en víctimas fatales, pues podría superar las de Popayán en 1983, que oficialmente fueron 267 muertos, 7.500 heridos y más de 25.000 personas sin hogar. (Armero supera todas las cifras, pero fue avalancha). Cali es una de las ciudades más afectadas –junto a otras capitales como Pereira y Manizales–, pero mediática y asistencialmente el mismo San José del Palmar, Armenia, Dosquebradas, Roldanillo, El Cairo, Salento, Buenaventura, Dagua y muchos otros centros poblados, sin altas edificaciones, padecen los rigores de la devastación y la centralización de las ayudas humanitarias que no les llegan. No es la primera vez que Cali padece los rigores de un terremoto. Ya había sido afectada por uno de 6.6 en la escala de momento sísmico (Mw), el 7 de junio de 1925, cuando era apenas un pequeño villorrio que superaba con creces los 100 mil habitantes; pero desde entonces marcó un hito en la historia de la actividad sísmica de la zona y las condiciones de nuestro suelo, pues reveló la vulnerabilidad de las que se erigían como las ciudades futuras del suroccidente del país. Cali ha sido y es vulnerable a los terremotos y de todos nosotros depende que no lo siga siendo. No porque neguemos la realidad sino porque la debemos asumir, para enfrentarla con planes, programas y normas en todos los ámbitos, particularmente los de la construcción y la gestión del riesgo. Para citar solo uno de los terremotos recientes que ha soportado Cali, el del 15 de noviembre de 2004 tuvo una magnitud de entre 6.7 y 7.2 en la escala de Richter y según varios estudios hoy archivados, dejó debilitamientos estructurales que es evidente no resistieron el del pasado lunes. Sumados éstos a efectos acumulados sobre viejas estructuras, como el temblor del 15 de febrero del 1995 (6.4) o el del 25 de enero de 1999 (6.2). De modo pues, que no se trata de buscar culpables, sino de trabajar con responsabilidad en la proyección de la ciudad y de futuros acontecimientos similares, para que los daños materiales y las pérdidas humanas se minimicen. Es cierto que hay daños que son visual y, si se quiere, emocionalmente fuertes, pero en términos de estructura menores y no suponen riesgo inminente, porque la sismorresistencia así lo prevé. Pero no es menos cierto, que por cuenta de voracidad inmobiliaria Colombia está llena de edificios en alto riesgo y mínimo cuidado. A partir del terremoto del 9 de febrero de 1967, con epicentro entre Campoalegre y Neiva-Huila hace 59 años (entre 7.0 y 7.2 Mw), el Estado colombiano legisló para intensificar los estudios y mitigar los impactos de las catástrofes telúricas. Al respecto, hace más de tres décadas existe un estudio de microzonificación sísmica de Cali que vaticinaba el impacto sobre la ciudad de un terremoto de la magnitud del ocurrido el pasado lunes. Afirma que Cali tiene terrenos de licuefacción, muy blandos, húmedos, arcillosos y en algunos casos, zonas de desecación de antiguos cauces de sus múltiples ríos que fueron cubiertos con escombros o tierra suelta removida, donde la onda sísmica se propaga a sus anchas. Una desbordada expansión urbanística y demográfica, generada por oleadas migratorias que incluyen entre otros factores, violencia partidista, catástrofes naturales, desplazamiento y auge del narcotráfico, ocupó terrenos y construyó a velocidad crucero sin el rigor técnico adecuado. Lea también: La otra cara de los terremotos El mismo estudio asegura que las zonas menos vulnerables de Cali son las cercanas a los cerros, pues la conformación rocosa de su suelo detiene o atenúa las ondas sísmicas. Y la realidad lo comprueba, pues a pesar de que en las zonas de ladera las construcciones populares son en su mayoría muy artesanales y hechas a retazos según las posibilidades económicas cambiantes, no sufrieron daños; así como tampoco las edificaciones mayores, conjuntos o unidades residenciales, que tampoco se vieron afectadas. Pero otra cosa ocurre en la zona plana, donde el suelo es diferente, no solo por la historia geológica, sino también por la intervención y la codicia humana. La ciudad creció sobre las madresviejas de sus siete ríos, cauces antiguos hoy urbanizados, suelos que no admiten altas edificaciones o por lo menos, no con los mínimos estándares exigidos. Lagunas que eran reguladores naturales de la riqueza hídrica de la ciudad como El Pondaje, Aguablanca o Charco Azul, hoy son barrios que se levantan sobre rellenos explanados. Así como algunos de los sectores hoy más afectados. Muy a nuestro pesar, las ciudades de Colombia están inundadas de edificios (sobre todo para estratos medios y bajos: Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social) mal construidos o construidos sobre terrenos de alto riesgo o construidos con materiales de baja calidad o construidos sin estudios técnicos de rigor o construidos sin las normas de sismorresistencia exigidas, todos levantados en un santiamén para responder a la rentabilidad y las dinámicas económicas, que en Cali son motor fundamental del empleo, la inversión y, por supuesto, la riqueza. Para nuestra desgracia igualmente, el sector de la alta construcción masiva es una de las más grandes máquinas de lavado de activos y para comprobar lo anterior basta revisar los mapas de extinción de dominio o los informes de la Sociedad de Activos Especiales. Hay falta de severidad en la aplicación de las normas para construir, desidia administrativa en su control, irresponsabilidad de las empresas constructoras y, por supuesto, corrupción anclada en varios de sus procesos, que incluyen especulación inmobiliaria y volteo de tierras. Ojalá el próximo terremoto –en este país sin memoria o con memoria selectiva– ocurra cuando hayamos olvidado este.

En un país donde la cotidianidad política parece competir de manera constante con la ficción más estrafalaria, la línea que separa el debate público del absurdo resulta cada vez más difusa. En ese escenario desmedido germina Embusteroman, una propuesta audiovisual que irrumpió en el ecosistema digital colombiano para cuestionar la investidura del poder mediante la caricatura feroz. Concebida por el cineasta y caricaturista Emanuel Vidal a través de su productora Creatividal Entertainment, la serie animada no busca simplemente arrebatar una risa fácil al espectador, sino desarticular, mediante el uso grotesco de marionetas y animación, la escenografía que rodea al liderazgo político contemporáneo. La premisa narrativa parte de una figura trágica y cómica a la vez: el peor superhéroe del mundo. Un personaje cuyo traje raído, ego desmedido e incapacidad técnica no le impiden escalar los peldaños de la burocracia hasta alcanzar la máxima magistratura de una nación acosada por el caos. Esta inversión del mito del héroe salvador conecta directamente con el desencanto ciudadano y la desconfianza hacia las promesas mesiánicas de la política tradicional. A través de este filtro paródico, las alocuciones oficiales, los decretos improvisados y los escándalos de pasillo se transforman en piezas de un teatrillo donde el absolutismo gubernamental queda expuesto en toda su fragilidad. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella El valor distintivo de Embusteroman radica en su manufactura estética e ideológica. Lejos de acomodarse en la animación digital genérica o en el comentario escrito de las redes tradicionales, Emanuel Vidal optó por construir un universo tangible mediante la técnica del montaje físico y el stop-motion combinado con herramientas digitales. La textura de los muñecos, las proporciones deformes de los rostros y la escenografía minuciosamente elaborada aportan una cualidad carnavalesca que recuerda a la mejor tradición del teatro de guiñol y la caricatura de prensa. Este enfoque se enmarca dentro de lo que sus creadores denominan activismo creativo: el uso deliberado del arte plástico, el cine de formato corto y la narrativa satírica como herramientas de resistencia cívica y fiscalización popular. Cada episodio se convierte en una intervención visual inmediata frente a los acontecimientos de la agenda nacional. Cuando un líder político incurre en una contradicción pública o se desata una polémica en los medios, el equipo de Creatividal Entertainment responde con piezas dinámicas que sintetizan la coyuntura mediante metáforas visuales punzantes, logrando que el discurso crítico circule con la velocidad y flexibilidad que exigen las plataformas digitales modernas. Lea también: El periodismo, la caricatura política y la censura en Colombia Parodia sin concesiones de las figuras del poder El centro neurálgico de la narración es la parodia directa y frontal de los protagonistas de la política colombiana actual. La serie no guarda distancias diplomáticas ni busca el aplauso institucional; por el contrario, desnuda los vicios retóricos, la vanidad de los funcionarios y la obsesión por el encuadre mediático que caracterizan a los gobernantes de turno. En los capítulos más recientes, los guiones abordan pasajes que van desde la emisión de decretos extravagantes hasta los pactos secretos de campaña y la burocracia desatada en la distribución de ministerios. Episodios como ´El trono dorado´, ´La crisis del panal´ o ´El ministerio prometido´ ilustran con precisión este procedimiento satírico. Los personajes se mueven entre el delirio de grandeza y la incompetencia más elemental, reflejando cómo la toma de decisiones trascendentales en el país muchas veces responde a rencillas personales, caprichos de ego o cálculos electorales de baja estofa. La sátira logra así un efecto catártico en la audiencia: al ridiculizar la pompa del poder, le resta el halo de inviolabilidad a los mandatarios y le devuelve al ciudadano la capacidad de juzgar a sus gobernantes sin la solemnidad que estos pretenden imponer. Lea también: ¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella? Financiación comunitaria y la figura de los 'Productores Creatividal' En un entorno mediático donde la pauta publicitaria oficial o el patrocinio de grandes conglomerados suele condicionar la línea editorial de las producciones culturales, Embusteroman ha trazado una ruta de independencia económica. El proyecto se sostiene de manera autónoma gracias a una red de micromecenazgo integrada por sus propios espectadores, agrupados bajo la figura de Productores Creatividal. Este modelo no solo garantiza la sostenibilidad financiera para la adquisición de materiales, diseño de escenografías y procesos de edición, sino que blinda el contenido frente a eventuales presiones o censuras externas. La relación entre el creador y su comunidad trasciende la mera transacción monetaria; se trata de una alianza ideológica y afectiva donde la audiencia se reconoce como copropietaria del espacio de crítica. Publicados de forma periódica en perfiles de TikTok, Instagram y en el canal oficial de YouTube de Creatividal Entertainment, los episodios de duración corta aprovechan el formato vertical y la inmediatez del algoritmo para penetrar en capas sociodemográficas jóvenes que habitualmente han mostrado apatía hacia los análisis políticos tradicionales en televisión abierta o prensa escrita. Lea también: Abelardo: Entre la histeria de "La Celosa", la salsa y el extravío de Cantinflas El impacto popular y la vigencia del humor político La repercusión de Embusteroman demuestra que el humor político en Colombia está experimentando una transición profunda. Si durante décadas la sátira estuvo concentrada en programas de televisión nacional y caricaturas editoriales en periódicos impresos, el fenómeno de Creatividal Entertainment evidencia cómo la producción independiente de alta factura estética puede disputar el sentido común desde las redes sociales. La combinación de estética y la velocidad de distribución digital ha generado una comunidad activa que comparte, debate e integra los modismos de la serie en la conversación pública cotidiana. En última instancia, el auge de Embusteroman radica en su relectura del realismo mágico o del ambiente macondiano aplicado a la trastienda estatal. Al presentar a una nación donde lo irracional ha sido institucionalizado como norma, la serie plantea un espejo incómodo pero imprescindible. Mientras la realidad política continúe ofreciendo episodios de absurdo desmedido, la figura de este falso superhéroe seguirá operando como un testimonio audiovisual de la capacidad de resistencia del arte humorístico frente a las desviaciones del poder.

Un vuelco tectónico en la percepción pública global ha quedado al descubierto tras la publicación del Índice de Percepción de la Democracia 2026. Los resultados de este minucioso trabajo de campo, basado en decenas de miles de encuestas distribuidas en casi un centenar de naciones, arrojan una conclusión rotunda que desafía la narrativa dominante en Washington: la gran mayoría de la población mundial considera hoy a Estados Unidos como el peligro más urgente para la estabilidad y la paz del planeta. Al mismo tiempo, la preferencia hacia China como actor global clave continúa ganando terreno, afianzándose en regiones estratégicas de Asia, África, Oriente Medio e incluso en amplios sectores del continente europeo, lo cual evidencia un desgaste sostenido en la valoración mundial de Estados Unidos. Lea también: Estados Unidos y la trampa de Tucídides en la era Trump 2.0 El informe fue elaborado por la Alianza de Democracias, una entidad cuya procedencia invalida cualquier intento de descalificación por presunto sesgo antioccidental. La organización fue fundada por Anders Fogh Rasmussen, ex primer ministro danés y exsecretario general de la OTAN. Además, su financiamiento proviene directamente de una amalgama de organismos gubernamentales de la Unión Europea, firmas tecnológicas de primera línea como Microsoft y Palantir, la Fundación para la Democracia de Taiwán, el Fondo Europeo para la Democracia y centros de pensamiento de la derecha liberal como la Red Atlas y Freedom House. Que un aparato institucional incrustado en el corazón del atlantismo certifique este diagnóstico sobre el aislamiento diplomático y social de la potencia norteamericana dota a las cifras de un peso geopolítico insoslayable. Al profundizar en la radiografía estadística del estudio, las cifras resultan elocuentes. Ante la pregunta concreta sobre cuál es la nación que representa la mayor amenaza para el mundo, los ciudadanos de 65 de los 84 países consultados identificaron en primer lugar a Estados Unidos. La percepción de peligro asociada a otras potencias quedó reducida a zonas geográficas delimitadas: solo diez países —mayoritariamente pertenecientes a la órbita europea occidental— señalaron a Rusia como la principal amenaza; siete naciones de Oriente Medio y el norte de África marcaron a Israel; Israel colocó a Irán en la cima de sus preocupaciones; y Japón hizo lo propio con China. Este contraste evidencia que la inquietud por el accionar estratégico de la Casa Blanca ha dejado de ser un fenómeno marginal para transformarse en un consenso transversal a escala global. El rechazo a la proyección bélica de Washington se refleja también en la postura ciudadana respecto a la infraestructura de defensa. En un módulo de la encuesta que abarcó a 97 países, se indagó si la población consideraba deseable el establecimiento o mantenimiento de bases militares estadounidenses en su propio territorio nacional. La respuesta fue abrumadoramente negativa en 86 de las naciones consultadas. La presencia de tropas e instalaciones de Estados Unidos únicamente cosechó un respaldo mayoritario en un reducidísimo grupo compuesto por cuatro territorios: Israel, Polonia, Corea del Sur y Puerto Rico. En el resto del globo, la percepción dominante asocia la presencia militar norteamericana no a un factor de protección o estabilidad, sino a un vector de riesgo y subordinación soberana. Lea también: EE.UU.: la bestia morirá matando Esta desconfianza estructural se traduce en una erosión acelerada de la imagen pública de la superpotencia. El Índice de Percepción de la Democracia revela que Estados Unidos acumula un saldo de imagen netamente negativo en el 74 % de los países evaluados. Salvo por bastiones puntuales como Israel, la República Dominicana, Georgia y Nigeria, el desafecto hacia la política exterior estadounidense abarca prácticamente todas las regiones, registrando sus niveles más agudos en Europa, el norte de África, Asia Occidental y la cuenca del Asia-Pacífico. En la vereda opuesta, el posicionamiento internacional de China atraviesa una trayectoria ascendente sustentada en su estrategia de desarrollo, cooperación económica y no injerencia. Al solicitar a los encuestados en 83 países que ponderaran sus preferencias entre ambas potencias, las poblaciones de 63 naciones manifestaron inclinarse de manera clara por el gigante asiático. Las únicas excepciones notables donde Washington conservó un margen de favorabilidad superior fueron Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Ucrania. En contraposición, en el Sur Global —especialmente en África subsahariana y el mundo árabe—, así como en diversos puntos de Eurasia, China se consolida como el socio preferido, un fenómeno impulsado por proyectos de infraestructura de gran escala y por una diplomacia comercial que contrasta con las intervenciones militares y las sanciones unilaterales del bloque occidental. El estudio abordó asimismo la postura de la opinión pública internacional frente a las recientes escaladas bélicas. En la evaluación sobre el conflicto unilateral iniciado por Estados Unidos contra Irán en la primavera de 2026, una pluralidad compuesta por 41 de 98 países expresó su respaldo a la posición iraní, en comparación con solo 28 naciones que se alinearon con las acciones de Washington. Una tendencia similar se constató en el análisis del conflicto de Oriente Medio: 51 de los 98 países encuestados manifestaron su apoyo a la causa palestina, mientras que solo 17 países se posicionaron del lado de Israel, destacándose entre estos últimos Ucrania, Estados Unidos, Panamá, Georgia y la República Dominicana. Lea también: Donald Trump juega con fuego mientras el imperio se desmorona Finalmente, la investigación midió el grado de optimismo ciudadano sobre el rumbo interno de las respectivas sociedades. En este apartado, China volvió a situarse en el primer lugar del escalafón mundial, registrando los índices más altos de confianza de la población sobre la dirección económica y social que sigue el país. Por el contrario, en el hemisferio occidental los niveles de desilusión alcanzaron cotas históricas. Con las excepciones de El Salvador y Nicaragua, la inmensa mayoría de las sociedades de las Américas y Europa expresaron un profundo pesimismo sobre el futuro de sus naciones, situándose Estados como Francia, Alemania y Puerto Rico entre los más desencantados. Los hallazgos recopilados por la Alianza de Democracias confirman que el mundo atraviesa una reconfiguración estructural. El deterioro del poder blando estadounidense y la pérdida de legitimidad de su política exterior han dejado de ser meras hipótesis analíticas para convertirse en un hecho estadístico constatado por las propias instituciones de Occidente. En un escenario signado por la multipolaridad, las mayorías globales parecen estar buscando activamente horizontes de equilibrio ajenos a la hegemonía de Washington.

En las dinámicas del Capitolio Nacional, pocas jornadas resultan tan reveladoras sobre la distribución del poder real como la definición del jefe de la Contraloría General de la República. La sesión del Congreso Pleno del 12 de agosto de 2026 culminó con una votación aplastante de 269 votos a favor de Jorge Eliécer Laverde Vargas, abogado y hasta entonces secretario de la Comisión Sexta del Senado. El resultado no solo le aseguró a Laverde las riendas del máximo organismo de fiscalización del país en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez para el periodo 2026-2030, sino que expuso la anatomía de las alianzas, las prevenciones y los cálculos pragmáticos que moverán los hilos del quinquenio. El camino hacia la votación no estuvo exento de tensión. La cita legislativa, programada inicialmente tras el sismo del inicio de semana que alteró la movilidad de varios congresistas, reconfirmó la férrea voluntad de las mayorías parlamentarias por mantener el cronograma y sellar un acuerdo sin mayores sobresaltos jurídicos ni procedimentales. La jornada, más que un debate abierto de proyectos contrapuestos, terminó convertida en la formalización de un engranaje político construido minuciosamente en los pasillos de la Rama Legislativa. Lea también: Jorge Laverde fue elegido como nuevo Contralor General La anatomía del acuerdo y la consolidación de Laverde El proceso de elección, que integró convocatorias públicas, evaluación de méritos académicos y audiencias ante las plenarias, contaba en su fase final con una lista de diez aspirantes entre los que figuraban perfiles de alto peso. Nombres como el del actual personero de Bogotá, Andrés Castro, y el de Carlos Mario Zuluaga, impulsado por sectores del Partido Conservador, se avizoraban como cartas competitivas. No obstante, el tablero cambió drásticamente cuando los puentes de concertación política comenzaron a favorecer a Laverde, cuya trayectoria de más de una década en el engranaje interno del Congreso le daba un conocimiento milimétrico de las bancadas. La consolidación de su candidatura se selló la víspera de la plenaria mediante la firma de un manifiesto público de respaldo por parte de los presidentes y voceros de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Partido de la U y Cambio Radical. Esta alianza inicial congregó una masa de 55 senadores y 98 representantes a la Cámara, dejando la disputa matemática prácticamente resuelta antes de abrir la urna en el Salón Elíptico. Con la suerte echada, la inercia del consenso arrastró al resto del espectro político. Colectividades como En Marcha, la Alianza Verde, Creemos y Salvación Nacional se apresuraron a sumar sus votos al candidato victorioso. Laverde, calificado entre bastidores como el candidato impulsado por las jefaturas tradicionales del liberalismo, capitalizó su perfil técnico y su imagen de garante para los distintos matices partidistas. La triangulación estratégica entre la bancada de gobierno y la oposición Uno de los capítulos más agudos del proceso fue la distancia táctica y el posterior punto de encuentro entre el Centro Democrático, colectividad clave del oficialismo, y la bancada opositora del Pacto Histórico. En la memoria reciente del Capitolio pesaba la elección de las mesas directivas de las cámaras, donde el uribismo y la izquierda opositora habían cruzado votos en un pacto pragmático que permitió la llegada de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado. De cara a la Contraloría, desde el petrismo se sondeó la posibilidad de reeditar esa comunicación bilateral, sugiriendo instancias de diálogo de alto nivel entre las jefaturas de ambos movimientos para acordar un nombre conjunto. Sin embargo, la dirigencia del Centro Democrático optó por la cautela. Para el uribismo era prioritario desmontar la narrativa de un "petrouribismo" que sus detractores pretendían posicionar mediáticamente. En consecuencia, decidieron articular su mayoría en bloque exclusivamente con las colectividades tradicionales de centro y derecha. Al asegurar más de 150 votos de forma autónoma, prescindieron del Pacto Histórico para la conformación del núcleo duro de la victoria. Por su parte, el Pacto Histórico enfrentó la disyuntiva de postular un nombre simbólico abocado al aislamiento o alinearse con la fuerza aplastante de la mayoría. Tras deliberaciones internas, la bancada progresista anunció su voto a favor de Laverde. La justificación pública de voceros como la senadora Patricia Caicedo y el representante Marco Emilio Hincapié se centró en que Laverde ofrecía garantías explícitas de independencia, comprometiéndose a velar por el control fiscal en proyectos de transición energética y conservación de fuentes hídricas, además de cerrar la puerta a eventuales persecuciones administrativas hacia la saliente administración. En el fondo, fue una jugada de autopreservación política para no quedar marginados. Lea también: El Congreso inicia entrevistas a candidatos para Contralor General El balance para el Gobierno de De la Espriella Para evaluar si el resultado significa un triunfo o una derrota para el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, es preciso distanciar el análisis del deseo de controlar un "contralor de bolsillo". En las semanas previas, la figura vista con mayor simpatía por el entorno cercano al mandatario era Ana Elena Monsalvo, quien integró los equipos de empalme en materia económica de la nueva administración. No obstante, el Ejecutivo entendió de forma temprana que forzar un candidato de la entraña directa del despacho presidencial sin un apoyo suficiente habría generado un desgaste innecesario con sus aliados en el Congreso. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, mantuvo de forma constante un discurso de neutralidad, recalcando que el Gobierno respetaría el fuero del Congreso Pleno sin imponer vetos ni imposiciones. Una vez configurada la aplanadora partidista a favor de Laverde, la Casa de Nariño emitió señales de respaldo y complacencia con la figura del elegido. Por ende, el balance para la administración De la Espriella resulta en un saldo de ganancia pragmática por tres razones esenciales: Preservación de la coalición: Evitó una fractura costosa con los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, indispensables para el trámite de las reformas legislativas y la agenda económica del Gobierno en las comisiones constitucionales. Neutralización de riesgos: Impidió el ascenso de un perfil de oposición que pudiera convertir el ente fiscalizador en una trinchera de confrontación constante contra el gabinete central. Gobernabilidad garantizada: El respaldo expresado por el ministro Lara a la figura de Laverde asegura canales abiertos de interlocución y coordinación institucional entre el Ministerio de Hacienda, las carteras ejecutivas y los auditores de la Contraloría. Lea también: Uribe y Petro le ganan la presidencia del Senado a De la Espriella Consecuencias institucionales para el cuatrienio 2026-2030 La llegada de Jorge Eliécer Laverde a la Contraloría General trae consigo implicaciones profundas para la arquitectura institucional de Colombia en los próximos años. Contralor cercano al Congreso: Al igual que en otros organismos de control, la elección recae en una figura que hizo su carrera profesional en la trastienda técnica y administrativa de las comisiones del Capitolio. Esto augura una gestión concentrada en la filigrana procedimental, con buena recepción entre los parlamentarios, pero bajo la lupa atenta de la opinión pública respecto a la independencia que mantendrá frente a sus antiguos electores. Reconfiguración de la fiscalización preventiva: Con una formación académica en derecho constitucional y gestión territorial, se anticipa que la Contraloría ponga el acento en el seguimiento a la ejecución presupuestal de los entes territoriales y las grandes contrataciones de infraestructura. Laverde asumió públicamente el compromiso de mantener una entidad técnica y alejada de los sesgos partidistas. Blindaje de legitimidad jurídica: La votación casi unánime de 269 congresistas despeja las dudas sobre vicios de trámite o vicios de representación política que en periodos pasados derivaron en demandas ante el Consejo de Estado e interinidades en la dirección del organismo. La contundencia del resultado le otorga una solidez institucional que le permitirá asumir sus funciones de inmediato y sin sombras de invalidez legal. El mapa político tras esta votación deja una lección clara: mientras la administración de Abelardo de la Espriella intenta consolidar su gobernabilidad mediante un tipo de negociación no confrontativa con las bancadas tradicionales, la oposición de izquierda mide sus fuerzas y ajusta sus fichas para garantizar espacios de interlocución y neutralizar golpes de autoridad desde los entes de control. Jorge Eliécer Laverde inicia su mandato con una chequera de confianza parlamentaria inédita, cuyo verdadero valor se probará en la independencia real con la que vigile el tesoro público de la nación.

En el catálogo de las invenciones neolíticas, las tecnologías gigantescas como los megalitos de piedra o los canales de irrigación suelen acaparar la atención historiográfica. Sin embargo, existe una herramienta modesta, portátil y de escala diminuta que reconfiguró de forma silenciosa la economía, la adaptabilidad biológica y la complejidad social de la especie humana: el huso de hilar manual con tortera (fusayola). Antes del advenimiento del huso, el ser humano padecía una restricción física insuperable impuesta por la biología vegetal y animal. Las fibras naturales aprovechables —los filamentos del lino, el algodón o los mechones de lana de las primeras ovejas domesticadas— son intrínsecamente discontinuas. Un filamento individual de lino o lana mide apenas entre 2 y 15 centímetros de longitud. Unir esas hebras sueltas mediante simple anudado habría generado un cordón grotesco, voluminoso e inservible para el tejido fino. El huso de hilar resolvió este dilema utilizando por primera vez en la historia los principios de la física de la torsión coloidal, la fricción inter-superficial y la conservación del momento angular, permitiendo transformar una masa caótica de microfibras cortas en una hebra de longitud infinita, sección uniforme y extraordinaria resistencia a la tracción. Lea también: La aguja de hueso: la microtecnología que conquistó los hielos La física de la torsión: la fricción de capilaridad en hélice ¿Por qué una mecha de lana suelta se deshace con un tirón insignificante, mientras que esa misma lana, tras pasar por el huso, es capaz de sostener pesos considerables? La respuesta reside en la transición de un estado de fibras paralelas libres a una geometría helicoidal comprimida. Matemáticamente, la resistencia al deslizamiento entre las fibras de un hilo sigue una variación del modelo de fricción capilar de Euler-Eytelwein. La fuerza de retención es proporcional al coeficiente de fricción inter-superficial y crece de manera exponencial con el ángulo de torsión acumulado. Es decir, a medida que el hilandero aplica vueltas de rotación (medidas habitualmente en torsiones por pulgada o TPI), la fuerza de compresión radial incrementa drásticamente la fricción estática entre la red de escamas microscópicas de la lana o las microfibrillas de celulosa del lino. Si la torsión es insuficiente, el hilo se deshilacha; si la torsión es excesiva, las fibras sufren cizallamiento y se rompen. El huso permitió alcanzar el punto de equilibrio óptimo de forma metódica y predecible. Ingeniería del huso: la tortera como volante de inercia El huso de hilar manual consta de dos componentes mecánicos acoplados: El Husillo (Eje): Una vara cilíndrica y pulida de madera, hueso o caña, afinada en ambos extremos, de entre 20 y 30 cm de longitud. La Tortera o Fusayola (Volante de Inercia): Un disco o esfera achatada de material denso (arcilla cocida, piedra talco, hueso, plomo o madera dura) perforado exactamente en su centro de gravedad e insertado en la base o parte superior del husillo. La física del volante de inercia La adición de la tortera no es un simple contrapeso estético; es una aplicación idónea de la dinámica de rotación del cuerpo rígido. Para que la torsión se transmita de manera uniforme a lo largo del hilo, el huso debe girar a una velocidad constante y no detenerse intermitentemente tras el impulso digital del hilandero. El momento de inercia de la tortera depende de su masa total y, fundamentalmente, de la distribución de esa masa respecto al eje de rotación. Dado que el momento de inercia varía con el cuadrado del radio, las torteras neolíticas mejor diseñadas presentaban una geometría lenticular o toroidal: delgadas en el centro y gruesas en la periferia. Esta distribución concentraba la masa lejos del eje, maximizando el momento de inercia con el mínimo peso total posible. Cuando el hilandero imprime un giro al huso (girándolo sobre el muslo o soltándolo en suspensión aérea, técnica conocida como huso flotante0, la energía cinética rotacional acumulada en la tortera sostiene la rotación. Asimismo, por el principio de conservación del momento angular, la tortera actúa como un giroscopio estabilizador. Esto evita la precesión o "cabeceo" del husillo, garantizando que el hilo mantenga un grosor métrico idéntico sin experimentar estrangulamientos locales. Lea también: Herramientas de hueso creadas un millón de años antes de lo creído Las fusayolas como huellas de la industria invisible Dado que las varillas de madera y las fibras orgánicas se descomponen rápidamente en la mayoría de los estratos arqueológicos, el husillo suele desaparecer del registro fósil. Sin embargo, las torteras de cerámica o piedra son virtualmente indestructibles. Para la arqueología moderna, la presencia de fusayolas en un yacimiento es el marcador irrefutable de una industria textil estandarizada. Periodo Material Predominante Especie de Fibra Procesada Neolítico Inicial (c. 8.000 – 6.000 a.C.) Piedra pulida / Arcilla sin cocer Lino silvestre (Linum) y ortiga (Urtica) Neolítico Tardío / Calcolítico (c. 5.000 a.C.) Cerámica cocida pesada (> 30 g) Lino doméstico y primeras variedades de lana gruesa Edad del Bronce (c. 3.000 a.C.) Fusayolas livianas (5 – 15 g) Lana fina de oveja y algodón (Gossypium) La firma funcional del peso de la tortera La arqueología experimental ha demostrado que existe una correlación biomecánica directa entre el peso de una tortera y la naturaleza de la fibra hilada: Torteras pesadas (>30-50 gramos): Producen un par de torsión elevado y una alta tensión vertical. Son ideales para fibras bastas, largas y de gran resistencia mecánicas, como el lino grueso, el cáñamo o el esparto. Torteras livianas (5-15 gramos): Generan una rotación rápida pero con una tensión vertical mínima. Son indispensables para hilar fibras cortas y delicadas, como el algodón o la lana fina de oveja, las cuales se romperían de inmediato bajo el peso de un disco pesado. Desde los yacimientos de la cultura Halaf en Mesopotamia hasta los asentamientos costeros del Perú precerámico (donde se procesaba algodón nativo Gossypium barbadense desde el IV milenio a.C.), la diversidad de fusayolas halladas evidencia una sofisticada especialización tecnológica adaptada a la flora y fauna regional. El cuello de botella textil y la división del trabajo Para comprender el verdadero impacto del huso manual, es necesario analizar la cadena operacional de la producción textil en la Antigüedad. La confección de una sola túnica sencilla de lino o lana requería kilómetros de hilo continuo. Producir esa cantidad de hilo mediante el huso manual exigía horas de trabajo continuo. Esta asimetría métrica convirtió al hilado en la ocupación doméstica más intensiva en tiempo de la historia humana. En la inmensa mayoría de las culturas antiguas —desde el Egipto dinástico y Grecia hasta la América precolombina— el hilado recayó estructuralmente sobre las mujeres. La flexibilidad y portabilidad del huso permitían hilar mientras se caminaba, se cuidaba del ganado o se atendía a la familia, integrando la producción de capital textil en los micro-momentos de la vida cotidiana. Sin el hilo continuo y resistente producido por el huso manual, habría sido imposible abastecer de velamen a las primeras flotas navales del Mediterráneo y del Río Nilo, ni fabricar las inmensas redes de pesca de arrastre que alimentaron a las civilizaciones costeras. El huso de hilar fue el motor invisible que hizo posible la logística marina y el vestuario de la Antigüedad. Lea también: Denisovanos: la huella genética de una humanidad perdida El dominio del movimiento giratorio sostenido En el plano de la historia del pensamiento tecnológico, el huso de hilar representa un hito mental trascendental: el primer dominio humano del movimiento giratorio continuo alrededor de un eje fijo. Del vaivén al giro uniforme: Herramientas más antiguas, como el talado de arco para hacer fuego, utilizaban un movimiento alternado (izquierda-derecha). El huso introdujo el concepto de un cuerpo giratorio que acumula energía lineal para mantener un giro unidireccional prolongado. Precursor directo de la rueda: La tortera es, conceptualmente, una rueda simétrica montada sobre un eje. Las leyes de centrado, equilibrado dinámico de masas y reducción de fricción desarrolladas empíricamente por los alfareros para fabricar torteras de cerámica fueron las mismas que, siglos más tarde, permitieron la invención de la rueda maciza y el eje de tracción. El impacto histórico El huso de hilar manual es la demostración de cómo una necesidad biológica fundamental —la protección térmica del cuerpo a través de la indumentaria— impulsó una respuesta de ingeniería de alta elegancia física. Con solo una vara de madera y un pequeño disco de barro cocido, nuestros ancestros fueron capaces de manipular las fuerzas de compresión radial a nivel microscópico para domesticar las fibras cortas del planeta. Esta invención liberó a la humanidad de las pieles rígidas de animales, facilitó la dispersión humana hacia climas extremos, posibilitó el desarrollo del telar, impulsó la navegación a vela y sentó las bases conceptuales para la tecnología rotativa que transformaría el mundo miles de años después. Cada hebra de ropa que vestimos hoy conserva en su matriz torsional el legado directo de aquellos primeros husos neolíticos que giraron sin descanso en la penumbra de las primeras aldeas de la civilización.

Por: Óscar Julian Molano Vargas Gustavo Petro asumió la presidencia de la República el 7 de agosto de 2022 en medio de una gran tensión política y económica en Colombia, derivada de hitos sin precedentes ocurridos durante el gobierno de Iván Duque, como la pandemia y el estallido social, expresado en diversas movilizaciones ciudadanas que dejaron episodios de uso excesivo de la fuerza, un fuerte incremento de la inflación y el debate alrededor de una reforma tributaria que planteó gravar bienes de consumo básico, entre muchos otros asuntos que movilizaron una cantidad histórica de votantes y terminaron llevando al candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. Con respecto a Petro se dijeron muchas cosas, que el dólar llegaría a diez mil pesos, que era el fin de la Constitución y de las instituciones en Colombia, que el país se convertiría en una dictadura. Muchas de esas afirmaciones respondían más al miedo y a la incertidumbre que a un análisis suficientemente estructurado. En campaña se presentó como un líder cercano al pueblo, carismático, transformador y con propuestas distintas. Lea también: Gustavo Petro: avance estructural, agujero fiscal y fracaso de la Paz Total Gustavo derrotó por un margen estrecho a Rodolfo Hernández, impulsado en gran medida por la irrupción de Francia Márquez, una lideresa afrodescendiente que representó una ruptura con buena parte de la política tradicional. Ese triunfo también respondió a una ciudadanía totalmente inconforme con los gobiernos anteriores y que decidió darle un voto de confianza a una promesa de cambio que ofrecía reformas estructurales, mayor inversión social, fortalecimiento del campo, transición energética, educación pública y una transformación profunda de la relación entre el Estado y los sectores históricamente excluidos. Y bien, le pusieron la estola, mandó a traer la espada de Bolívar, se posesionó ante el Congreso de la República y comenzó su gobierno; logró cosas realmente valiosas; a pesar de sus constantes rifirrafes con el legislativo, salió adelante una reforma laboral que benefició a muchos trabajadores, con mejores recargos, mejores condiciones laborales y la consolidación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas. También impulsó políticas sociales dirigidas a personas en situación de pobreza extrema, fortaleció la agenda de la economía campesina y promovió una reforma agraria orientada a la redistribución parcial de la tierra y a la sustitución de cultivos ilícitos. Otro logro que debe reconocerse es haber intentado cambiar la lógica de un salario mínimo hacia la idea de un salario vital, que, aunque todavía insuficiente para millones de colombianos, terminó representando una suma más digna para muchos trabajadores. Ahí Petro dejó una huella importante al poner nuevamente en el centro del debate público la desigualdad y la dignidad del trabajo. En materia económica, el balance exige más cuidado del que suele hacerse en la arena política. Como parte de un acercamiento multidimensional, sostuve una conversación con una estudiante de economía, donde pudimos precisar que algunos indicadores sociales mejoraron durante este gobierno: el desempleo descendió frente a los niveles registrados en 2022, la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyeron, y el aumento del salario mínimo fortaleció el poder adquisitivo de muchos hogares. Sin embargo, esos resultados no son totalmente atribuibles al gobierno de turno; parte de la reducción de la inflación y de la apreciación del peso responde también al proceso de normalización posterior a la pandemia, a las decisiones del Banco de la República, a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y a factores internacionales como los precios del petróleo. En contraste, un estudiante de derecho consultado, sostiene que varias decisiones del Gobierno y, sobre todo, los mensajes enviados desde el Ejecutivo, terminaron alimentando una percepción de incertidumbre económica e institucional en un momento en que Colombia necesitaba estabilidad, confianza para invertir y claridad sobre el rumbo fiscal del Estado. Pero el éxito del gobierno Petro no fue absoluto. A pesar de que no todo dependía de él, quedaron profundamente cuestionados aspectos centrales de su proyecto político, como la reforma a la salud, la implementación de la reforma agraria y las incertidumbres alrededor del nuevo sistema pensional. Lea también: Con Abelardo, más macondiano imposible En medio de las diversas coyunturas y trámites legislativos, quienes terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos. La atención hospitalaria se deterioró, la entrega de medicamentos se volvió más lenta y persistieron problemas estructurales de supervisión y ejecución de las entidades. La discusión sobre las pensiones sigue marcada por el envejecimiento de la población y por dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Al mismo tiempo, Colombia continúa dependiendo en buena medida de economías ilegales como el narcotráfico, fenómeno que es tanto consecuencia como síntoma de décadas de abandono estatal y concentración de la tierra. Por otro lado, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso estuvo marcada por una confrontación permanente, de cierta forma resulta cuestionable que sectores del congreso hayan trancado reformas sociales que, en sustancia, buscaban atender problemas reales del país, más allá de su ideología política, mientras defendían prebendas particulares como sus altas primas de altos funcionarios; sin embargo, también es evidente que el Gobierno Nacional careció de la destreza para construir consensos estables y entender que, en una democracia, las transformaciones profundas requieren negociación y acuerdos. Desde la perspectiva jurídica, una lección fundamental de este periodo es que ningún presidente puede gobernar desconociendo la estructura del Estado. La Constitución de 1991 organizó un Estado Social de Derecho basado en la tridivisión de poderes, la descentralización territorial y el respeto a los límites constitucionales. Las reformas necesitan instituciones fuertes que garanticen su permanencia, no el abuso del "decretazo". En este punto, un abogado consultado para este análisis resalta que la llegada de Petro representó, para muchos sectores sociales, la posibilidad de materializar promesas históricamente aplazadas de la Constitución de 1991. Destaca especialmente su trayectoria denunciando fenómenos como la parapolítica, el paramilitarismo y prácticas de corrupción dentro de sectores del establecimiento político. Desde esta perspectiva, el Gobierno representó un intento de construir una sociedad con mayores niveles de igualdad y reconocimiento para quienes históricamente habían quedado relegados, desde su perspectiva, el proyecto fue un intento de construir solvencia y reconocimiento para quienes viven del día a día. En esa misma conversación surge un contraste particularmente interesante. Otro abogado en formación considera que el problema central de esta administración fue precisamente la distancia entre el discurso del cambio y la práctica del poder. A su juicio, las constantes polémicas por los nombramientos, las discrepancias públicas dentro del propio gabinete, la alta rotación ministerial y la sensación de improvisación administrativa terminaron debilitando progresivamente la credibilidad del Gobierno y de su promesa transformadora. Además, el discurso presidencial, en varios momentos, estuvo marcado por una confrontación constante con sectores opositores, instituciones y medios de comunicación. La política naturalmente implica diferencias, pero convertirlas en una división permanente entre “buenos” y “malos” termina trasladando la disputa política al comportamiento ciudadano y profundizando un sectarismo que Colombia, por su historia de violencia, no le conviene de ninguna forma avivar. Más allá de las reformas, los gobiernos también se juzgan por la coherencia entre los principios que proclaman y la manera en que reaccionan cuando esos principios son puestos a prueba; precisamente allí, según las consideraciones de algunos de los entrevistados, comenzó a erosionarse buena parte de la legitimidad política con la que Petro llegó al poder. Lea también: Esta tensión también afectó la percepción del proyecto del progresismo y la campaña de Iván Cepeda, pues una parte del electorado interpretó el estilo confrontativo del presidente como una señal de continuidad de esas divisiones. La política si bien es cierto que necesita liderazgo, también debe ejercerse de manera prudente, con capacidad de escuchar, dialogar y de comprender que gobernar no significa convencer únicamente a quienes piensan igual. En materia de seguridad, el balance del orden público demuestra que la política de Paz Total enfrentó resultados claramente insuficientes. Tratar al ELN como un actor político y negociante (pese a las complejas dinámicas criminales que caracterizan a esa organización) terminó debilitando la confianza de amplios sectores ciudadanos en la capacidad del Estado para recuperar el control territorial. El resultado fue la continuidad de altos índices de violencia en varias regiones y una realidad dolorosa donde hay zonas del territorio que, atónitamente, el Estado parece dar por perdidas. Está claro que el enfoque no puede reducirse a la confrontación armada directa, pues la guerra tampoco ha resuelto el conflicto colombiano; sin embargo, el Estado debe ser inteligente en la forma en que asume el problema, recuperando el territorio mediante una combinación de inversión social, presencia institucional y autoridad legítima. Desde una postura consultada para este análisis, precisamente uno de los mayores errores del gobierno fue proyectar una sensación de debilitamiento del principio de autoridad frente a organizaciones armadas que continuaron expandiendo su presencia en distintas regiones. En contravención, es justo reconocer las leyes y proyectos impulsados por Petro para mejorar algunas condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Militares, quienes también han enfrentado históricamente dificultades de bienestar y reconocimiento institucional. En el escenario internacional, es valorable la defensa de la soberanía e independencia de Colombia, dejando momentos icónicos como su discurso excelso ante la ONU en defensa del pueblo palestino. No obstante, allí también aparecieron las constantes "cosas de Petro" manifestado en un tono confrontativo e imprudente ante mandatarios globales como Donald Trump donde, si bien se tenía razón de fondo, se careció de la serenidad que exigen las relaciones diplomáticas como prevención de incluso una guerra. Punto aparte, el gobierno desafortunadamente incurrió en un uso oportunista de ciertas causas; por ejemplo, cuando en campaña se ondearon con fuerza las banderas del feminismo y otros movimientos para posteriormente al olvido institucional. Un caso idéntico es el de la vicepresidenta Francia Márquez, aunque su votación y consolidación política fueron determinantes para ganar la contienda electoral, durante el periodo presidencial la relación entre ambos se enfrió drásticamente, relegando a la Vicepresidencia a un mínimo de expresión, participación y voto dentro del Ejecutivo. A este panorama se suman el clientelismo y prácticas de corrupción frente a las cuales el presidente mostró permisividad, como los cuestionamientos alrededor de ciertos nombramientos, la permanente rotación ministerial y algunos escándalos de corrupción como el de la UNGRD. Lea también: A pesar de inversiones puntuales en infraestructura para universidades, colegios y hospitales, existieron derroches burocráticos como el Ministerio de la Igualdad, una buena iniciativa en su génesis pero que fracasó rotundamente en su planeación y ejecución. Es en este escenario de contradicciones donde el análisis de estudiante de periodismo consultado adopta una postura más crítica. Desde su percepción hay diversas alarmas institucionales de fondo frente a la alternativa del progresismo, además cuestiona firmemente las posiciones históricas de Iván Cepeda frente a la garantía de no extradición de alias "Jesús Santrich" y plantea serias dudas sobre la idoneidad técnica que tenía su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, para asumir responsabilidades de Estado tras el desgaste del rol de Francia Márquez. Asimismo, la crítica periodística pone al descubierto problemas sobre la legitimidad democrática en zonas de orden público dominadas por la insurgencia, donde la presión armada revivió las alarmas históricas sobre el fenómeno del "voto fusil", y cuestiona que las tensiones institucionales pretendan resolverse mediante llamados a la desobediencia civil o la conformación de gabinetes alternos que debilitan la confianza en el sistema electoral. La realidad es que hoy Abelardo de la Espriella asume por los próximos cuatro años la Presidencia de la República. Muchos lo reciben con esperanza e ilusión, convencidos de que podrá corregir buena parte de los errores y deficiencias que dejó el gobierno de Gustavo Petro; otros lo reciben con miedo e incertidumbre ante la llegada de un “outsider” profundamente polémico, de discurso confrontativo y de posiciones que para muchos representan un giro extremo en la política colombiana. Debo decir que no comparto buena parte de sus políticas, de sus discursos ni de su visión de país. Sin embargo, como ciudadano le exijo algo mucho más importante que cualquier afinidad ideológica y política: que gobierne dentro de la Constitución y para la Constitución; que respete la soberanía de Colombia y no la someta a intereses ajenos, especialmente de quienes tanto daño hacen a la humanidad, que escuche a los distintos sectores sociales, políticos, económicos y regionales que conforman esta nación y que tenga la capacidad de construir verdaderos acuerdos que beneficien al país. Lea también: Quiero un país con seguridad, pero no a cualquier precio, debe ser acompañada de presencia estatal, inversión social, justicia y respeto irrestricto por los derechos humanos. Quiero un Estado Social de Derecho que deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad material para millones de colombianos. Quiero un gobierno que actúe con rectitud, honestidad y responsabilidad, y que entienda que la autoridad no se fortalece con el odio, sino con instituciones legítimas y ciudadanos que vuelvan a confiar en ellas. Este artículo no es una defensa de Petro ni un ataque a Abelardo. Es la voz de una generación cansada de la polarización, preocupada por el rumbo del país, pero todavía convencida de que Colombia puede construirse desde la diferencia. Si algo me dejaron las conversaciones con una economista, dos juristas de orillas ideológicas opuestas y un periodista fue que la ideas no tienen por qué destruirnos; pueden confrontarse, debatirse y enriquecerse mutuamente. Ojalá el próximo gobierno comprenda que el verdadero desafío no es derrotar a la otra mitad del país, sino gobernar para ella también. Porque los presidentes pasarán; pero el pueblo siempre permanece en resistencia.

La calma se rompió estrepitosamente el pasado domingo 9 de agosto en las zonas rurales del municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. Lo que comenzó como escaramuzas aisladas entre unidades del Ejército Nacional y guerrilleros de la estructura Jaime Martínez, alineados bajo el mando de las disidencias de alias Iván Mordisco, derivó rápidamente en un choque bélico de proporciones alarmantes. A lo largo de casi una semana de enfrentamientos ininterrumpidos, las ráfagas de fusil y las detonaciones de morteros han retumbado por las veredas La Palma, La Diana, El Edén, La Isla, Achiral y Chaux, pertenecientes al corregimiento de Ortega, dejando tras de sí un desgarrador rastro de zozobra, desolación y una emergencia humanitaria que tiene desbordadas a las autoridades locales. El balance de esta confrontación es tan dramático como complejo. De acuerdo con los reportes oficiales y las denuncias de las propias comunidades, más de 700 familias —lo que equivale a cientos de pobladores entre niños, mujeres y adultos mayores— se encuentran confinadas de forma estricta en sus parcelas o se han visto forzadas a abandonar sus pocas pertenencias para huir a través de los matorrales bajo el asedio constante de los proyectiles. En el epicentro de la conflagración, la población civil paga la cuota más alta de la violencia: el fuego cruzado y las explosiones aéreas han dejado un número indeterminado de personas lesionadas, entre las que destaca el lamentable caso de una menor de edad que resultó gravemente herida tras la detonación de un artefacto en las inmediaciones de su vivienda. La pequeña tuvo que ser auxiliada por los propios enfermeros de combate del Ejército y trasladada de urgencia mediante una compleja evacuación aeromédica en helicóptero hacia un centro hospitalario de alta complejidad en la ciudad de Popayán. Lea también: Alias ´Calarcá´ desafía a De La Espriella: "No copiamos de tigre" El drama de una población civil acorralada entre trincheras La vida cotidiana en las veredas del corregimiento de Ortega se ha paralizado por completo. Las actividades agrícolas, el comercio local y el tránsito habitual por las carreteras destapadas han quedado suspendidos bajo la amenaza constante de las balas. Los campesinos describen jornadas enteras tirados en el suelo de madera o sobre el barro de sus casas de bahareque, buscando refugio tras paredes delgadas que no ofrecen ninguna garantía frente al impacto de la munición pesada. La escasez de alimentos y medicinas empieza a hacer mella entre las familias atrapadas, mientras que los animales de cría y los cultivos quedan a merced de la destrucción operacional. La gravedad del escenario se acentúa por las tácticas de combate adoptadas por el grupo armado ilegal. Según denuncias formuladas por el Mando Militar, los combatientes de la estructura Jaime Martínez han incurrido de manera sistemática en infracciones al Derecho Internacional Humanitario al utilizar la infraestructura comunitaria como parapeto. Viviendas particulares, casetas de acción comunitaria e incluso las instalaciones de las escuelas rurales de la zona han sido ocupadas y transformadas en trinchera militar desde donde los insurgentes abren fuego contra las tropas e improvisan talleres para el armado de artefactos explosivos. Esta utilización de bienes protegidos y el uso de la población civil como escudo humano han elevado exponencialmente el riesgo para la comunidad local, convirtiendo sectores residenciales en auténticos campos de batalla. "La guerrilla se nos viene encima": el angustioso llamado desde la primera línea de fuego La dimensión del infierno que se vive en las montañas de Cajibío quedó al descubierto no solo a través de los partes oficiales, sino mediante el estremecedor testimonio directo de los combatientes. Carlos Andrés, un joven soldado de 26 años adscrito a la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional desplegada en Popayán, logró hacer llegar un angustioso relato en pleno desarrollo de los combates. Su voz, sofocada por el ruido estridente de las ráfagas y las detonaciones lejanas, reflejó la crudeza inaudita con la que la disidencia armada ha embestido a las posiciones oficiales. El uniforme de las tropas, impregnado de barro y sudor tras días ininterrumpidos de asedio, resguarda a soldados que sienten que sus fuerzas se agotan mientras la superioridad numérica del enemigo se hace evidente. El uniformado relató cómo apenas dos pelotones del Ejército intentaban contener el embate masivo de las estructuras guerrilleras, que irrumpieron con el firme propósito de tomarse el casco poblado del corregimiento de Ortega. Con palabras entrecortadas pero tajantes, el joven militar advirtió que la situación dentro de la zona era crítica: reportó la existencia de múltiples compañeros heridos en el suelo, campesinos atrapados con lesiones sangrantes y la angustiosa incertidumbre por la suerte de cuatro soldados cuyo paradero se desconocía tras ser acorralados por el grupo rebelde en medio del caos. Durante sus transmisiones de auxilio, el soldado hizo un llamado vehemente a los mandos superiores y a la cúpula del Ejecutivo, dirigiéndose de manera explícita al Gobierno Nacional para que ordene el envío inmediato de refuerzos aéreos y terrestres. Según su testimonio, el abastecimiento de munición comenzaba a convertirse en un factor de enorme vulnerabilidad para las tropas golpeadas por las horas continuas de combate. El muchacho alertó con desesperación que el grupo ilegal avanzaba de manera progresiva sobre sus posiciones, advirtiendo que la capacidad operativa del contingente militar presente en el sitio corría el riesgo de ser rebasada si no se producía un despliegue operacional de apoyo de forma urgente. Lea también: De la Espriella lanza ultimátum al ELN y disidencias de las FARC Drones de guerra: la amenaza que cambia el rumbo del conflicto Uno de los aspectos más perturbadores y novedosos documentados durante esta sangrienta jornada en el centro del Cauca es el empleo intensivo y letal de tecnología no tripulada por parte de las disidencias de las FARC. Lo que tiempo atrás constituía una herramienta de uso civil o de reconocimiento, hoy se ha convertido en un mortífero vector de ataque aéreo utilizado por la guerrilla para golpear de forma certera a las unidades del Ejército y a la población. Los testimonios coinciden en señalar que sobre el cielo de Ortega sobrevuelan constantemente pequeños drones equipados con mecanismos de liberación remota capaces de soltar granadas de fragmentación y cargas explosivas artesanales de alto impacto directo sobre las trincheras y caseríos. Estas aeronaves no tripuladas aparecen de forma sorpresiva, volando a baja altura entre las copas de los árboles, lo que dificulta notablemente su detección temprana y su neutralización mediante el armamento convencional que portan las tropas en tierra. Los propios militares desplegados en la zona admitieron las severas limitaciones que enfrentan para contrarrestar esta modalidad de ataque. Disparar con fusil de dotación a un objetivo pequeño y en rápido movimiento en el aire resulta sumamente ineficiente y expone aún más la posición del tirador. La falta de sistemas de inhibición de frecuencia o equipos antidron de última tecnología en el sitio de los enfrentamientos ha dejado a las tropas y a los habitantes en una posición de extrema indefensión, convirtiendo cada zumbido de motor en las alturas en un preludio de tragedia y desconcierto. Gobernador del Cauca exige intervención urgente al presidente La escalada desenfrenada de la violencia en Cajibío provocó una inmediata reacción por parte del gobierno departamental. El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, dirigió una vehemente misiva oficial al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, exponiendo la magnitud de la tragedia humanitaria y solicitando una acción estatal para evitar una masacre o un desplazamiento masivo de proporciones históricas. En su comunicación, el mandatario regional advirtió que las capacidades institucionales tanto de la alcaldía local como de la propia gobernación han sido totalmente superadas por la severidad del conflicto. Guzmán enfatizó que el departamento atraviesa una crisis de orden público sin precedentes recientes en esa región, derivada de la disputa territorial encarnizada que sostienen los grupos armados al margen de la ley por el control de los corredores estratégicos para el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. El gobernador fue enfático al declarar que los habitantes rurales no pueden continuar pagando con sus vidas el costo de un enfrentamiento armado en el que no tienen participación alguna. Dentro de las peticiones concretas elevadas al Gobierno Nacional, el mandatario del Cauca solicitó la convocatoria urgente de un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del ministro de Defensa y el ministro del Interior. Asimismo, exigió el diseño y la ejecución inmediata de una estrategia operacional integral de la Fuerza Pública que permita recuperar el control territorial en las veredas afectadas de Cajibío, restablecer la seguridad, despejar las vías de acceso e ingresar con asistencia humanitaria de emergencia para llevar alimentos, insumos médicos y refugio a las cientos de personas que hoy padecen la incertidumbre del confinamiento. Lea también: Disidencias de las FARC estarían planeando atentados con drones El clamor campesino Mientras las balas continuaban retumbando en la montaña, la desesperación de la comunidad de Cajibío cruzó los límites rurales y llegó hasta la capital del departamento. En un acto de protesta y supervivencia, decenas de habitantes e integrantes de organizaciones campesinas del corregimiento de Ortega viajaron masivamente hacia la ciudad de Popayán para concentrarse frente a las instalaciones del Cantón Militar José Hilario López. A las afueras de la sede militar, los campesinos manifestaron con pancartas y arengas su angustia por la suerte de sus seres queridos que permanecen atrapados bajo el fuego cruzado. Contrario a lo que ha ocurrido en otros escenarios del país donde las comunidades piden el retiro de las tropas, en esta oportunidad los pobladores de Cajibío exigieron la presencia permanente, robusta e ininterrumpida del Ejército Nacional en sus territorios. La comunidad argumenta que la ausencia o el retiro temporal de las autoridades deja la puerta abierta para que los grupos armados ilegales impongan su ley a través del terror, las extorsiones y el reclutamiento forzado. La crisis que atraviesa hoy el corregimiento de Ortega en Cajibío sintetiza la dura realidad que golpea a vastas zonas del Cauca, donde la población civil vive acorralada entre la sofisticación de las tácticas bélicas de la guerrilla y la lentitud de las respuestas estatales. Mientras las tropas buscan sostener sus posiciones y contener el avance de los grupos disidentes, cientos de familias aguardan con temor en la penumbra de sus hogares, con la esperanza de que las decisiones políticas y militares pongan fin a seis días continuos de angustia, zozobra y metralla.

La carrera por la hegemonía en la inteligencia artificial no da tregua, y los plazos de desarrollo continuado son cada vez más breves. En un movimiento que evidencia el ritmo vertiginoso de la industria, Google anunció oficialmente el despliegue de Gemini 3.7 Flash. Esta nueva iteración de su arquitectura de modelo ligero hace su aparición apenas tres semanas después del lanzamiento de la versión 3.6 Flash, respondiendo de manera directa a la demanda del sector corporativo y de los desarrolladores por herramientas dotadas de mayor autonomía, capacidad de razonamiento lógico en programación y una drástica reducción en los márgenes de error. Supervisado por el equipo de Google DeepMind, Gemini 3.7 Flash ha sido concebido para asumir el rol de motor principal en la automatización de flujos de trabajo complejos. Más allá de acelerar la velocidad de respuesta, el rediseño algorítmico de esta entrega prioriza la disciplina ejecutiva y la capacidad de planificación secuencial, aspectos críticos para la creación de software y la gestión de agentes inteligentes en entornos de producción. Lea también: Google supera con creces a OpenAI en la generación de video Un salto cualitativo en autonomía, código y análisis documental El progreso de Gemini 3.7 Flash respecto a su antecesor inmediato se refleja con claridad en las evaluaciones estandarizadas de la industria. En el ámbito de la ingeniería de software a largo plazo, evaluado mediante el indicador DeepSWE versión 1.1, el modelo logró incrementar su precisión del 49,0% al 65,3%. Este salto implica una mejora sustancial en la resolución autónoma de fallas en repositorios complejos, donde el sistema debe examinar múltiples archivos, interpretar dependencias y aplicar soluciones sin perder el hilo conceptual del problema. El control operativo de sistemas también muestra un avance significativo. En las pruebas de Terminal-bench 3.0, enfocadas en evaluar la capacidad de interacción directa con la línea de comandos de diversos sistemas operativos, el modelo casi triplicó su rendimiento anterior, pasando de un 5,4% a un 14,9%. Esta mejora facilita la ejecución autónoma de tareas de administración de sistemas y despliegue de infraestructura. Para la automatización de procesos empresariales que requieren coordinar múltiples herramientas externas, la evaluación AutomationBench registró un incremento del 17,0% al 30,4%. Esto confirma que el modelo posee una mayor solvencia para tomar decisiones independientes al encadenar servicios, APIs y bases de datos. Paralelamente, en la extracción y comprensión de documentos densos —medida a través del benchmark GDP.pdf—, el rendimiento subió del 22,0% al 34,0%, optimizando la lectura de archivos PDF extensos con estructuras legales, tablas financieras o diagramas científicos de alta complejidad. Desde la perspectiva de los equipos de desarrollo de producto de Google, la clave de este modelo radica en su capacidad de dedicar más cómputo interno a la fase de planificación previa. Al invertir un esfuerzo superior en estructurar los pasos lógicos y las llamadas a herramientas externas antes de generar la respuesta final, el sistema minimiza los errores en cadena y reduce al mínimo la necesidad de corrección humana. Razonamiento adaptable y generación de interfaces web Una de las innovaciones de arquitectura más relevantes en Gemini 3.7 Flash es la incorporación de controles dinámicos para el nivel de esfuerzo de razonamiento, conocidos como "thinking levels". Esta función permite a los ingenieros ajustar el comportamiento del modelo entre tres modos predefinidos: bajo, medio y alto. Gracias a este mecanismo, las empresas pueden calibrar con precisión el tiempo de inferencia y el consumo de recursos en función del problema a resolver, destinando el máximo poder de cálculo solo a las tareas sintácticas o lógicas de alta dificultad y manteniendo respuestas ultrarrápidas para consultas cotidianas. En el diseño y desarrollo de aplicaciones web, el sistema demostró un progreso notable dentro de evaluaciones comparativas como Code Arena, donde alcanzó una puntuación Elo de 1588 frente a los 1538 puntos registrados por la versión 3.6. En la práctica, esto se traduce en la capacidad de traducir maquetas visuales, capturas de pantalla o guías de estilo en código funcional en una menor cantidad de iteraciones, logrando una fidelidad estética y estructural considerablemente superior. Lea también: AlphaGenome: la IA que puede leer el "sistema operativo" de la vida Incentivos para la adopción masiva El lanzamiento técnico viene acompañado de una estrategia comercial agresiva encaminada a acelerar la adopción en el sector corporativo y afianzar la posición de la marca frente a competidores directos como OpenAI y Anthropic. Google confirmó que aplicará un descuento del 50% en las tarifas de uso de la API durante lo que resta del año. Bajo este esquema promocional, los desarrolladores tendrán acceso a una tarifa de 0,75 dólares por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida. Esta estructura de costos reducida se mantendrá vigente hasta el cierre de 2026, momento en el cual, a partir del 1 de enero de 2027, las tarifas retornarán a los valores estándar de 1,50 dólares por millón de tokens de entrada y 7,50 dólares por millón de tokens de salida. El modelo Gemini 3.7 Flash se encuentra plenamente operativo y disponible a través de la API de Gemini, la plataforma Google AI Studio, el entorno de desarrollo de agentes corporativos en Google Cloud y el asistente personal Gemini Spark.

Las alarmas meteorológicas e hidrológicas se han encendido nuevamente a lo largo y ancho del territorio colombiano. En una advertencia categórica emitida este 13 de agosto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha confirmado que el fenómeno de El Niño no solo continúa fortaleciéndose en las aguas del océano Pacífico tropical, sino que se Encamina a golpear al país con una severidad excepcional hacia el cierre del año. Según los pronósticos más recientes de la entidad, existen probabilidades superiores al noventa por ciento de que estas condiciones secas y de elevadas temperaturas se mantengan sin tregua durante el último tramo de 2026 y prolonguen su impacto hasta el primer trimestre de 2027. Lea también: Gobierno anuncia inversiones para mitigar el impacto de 'El Niño' Las proyecciones técnicas dibujan un panorama sumamente complejo para el país. Los análisis señalan que se ha completado el tercer trimestre consecutivo de registro de señales inequívocas del fenómeno, visibles tanto en el comportamiento de la atmósfera como en la masa oceánica. La información recopilada por el Ideam coincide con las simulaciones globales de agencias internacionales de alto nivel, entre las que destacan la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial. Todos los modelos proyectan una acentuación progresiva de esta anomalía térmica en el transcurso de las próximas semanas. El punto más crítico de esta coyuntura ambiental se prevé para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre. Para este periodo, la autoridad meteorológica nacional calcula un sesenta y nueve por ciento de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad clasificada como "muy fuerte". Esta estimación implica que la temperatura superficial del mar en la zona de monitoreo conocida como Niño 3.4 podría experimentar desviaciones superiores a los dos grados Celsius por encima de los promedios históricos. La propia entidad ha calificado este comportamiento como un fortalecimiento acelerado del sistema de interacción entre el océano y la atmósfera. Las consecuencias de un evento de tal magnitud comenzarán a manifestarse en el ecosistema y la cotidianeidad del país de forma profunda. Se anticipa una drástica disminución en los volúmenes habituales de precipitación en regiones históricamente vulnerables como la Pacífica, la Andina y la Caribe. Este escenario vendrá acompañado por un aumento considerable en las temperaturas del aire, mayores índices de evapotranspiración y cuadros generalizados de estrés hídrico. Como efecto directo, las cuencas hidrográficas sufrirán un desabastecimiento progresivo: se aguarda la caída en los caudales de ríos y quebradas, así como un descenso preocupante en los niveles de almacenamiento de los principales embalses del país. Semejante estrés hidrológico impactará de manera transversal a diversos sectores socioeconómicos fundamentales. La disponibilidad de agua potable para los centros urbanos y rurales podría verse amenazada, de la misma forma que la estabilidad de las actividades agropecuarias y la capacidad de generación energética en un país fuertemente dependiente de la infraestructura hidroeléctrica. A la par, el incremento en la sequía sobre la cobertura vegetal eleva exponencialmente el riesgo de incendios forestales de gran escala, la degradación de la calidad del aire debido al material particulado en suspensión y severas pérdidas económicas para agricultores y ganaderos por el marchitamiento de cultivos y la escasez de pastos. El impacto no se limitará a la producción y al medio ambiente; la salud de la población también figura en el mapa de riesgos de las autoridades. Las olas de calor prolongadas incrementarán la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a episodios de deshidratación grave, golpes de calor e insolación. Adicionalmente, las altas temperaturas y las alteraciones en el manejo del agua estancada suelen crear entornos propicios para la proliferación de vectores de enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña, elevando la presión sobre los sistemas de asistencia médica. Lea también: El reto de la nueva ministra de minas: sortear El Niño sin apagones Ante la contundencia de las predicciones, el Ideam ha dirigido un llamado firme a las instituciones del Gobierno Nacional, así como a las gobernaciones y alcaldías municipales, exigiendo la reactivación inmediata y el fortalecimiento de los planes de contingencia territorial. La prioridad se centra en la gestión eficiente y responsable de las fuentes hídricas, el fomento de campañas masivas de ahorro de agua, el despliegue de protocolos preventivos para la atención de incendios y la operatividad permanente de los comités de alerta temprana. La entidad continuará monitoreando minuto a minuto la evolución del Pacífico tropical para proveer la información técnica necesaria que permita mitigar los efectos de este inclemente periodo de sequía.

El piso de cristal que durante décadas protegió la ortodoxia y la estabilidad macroeconómica de Colombia acaba de resquebrajarse de la manera más intempestiva e irreflexiva. En las carpetas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no solo se manejan números, proyecciones fiscales y emisiones de deuda; se custodia la confianza institucional de un país que históricamente se ha ufanado, incluso en las coyunturas más polarizadas de su historia reciente, de mantener la gestión de sus finanzas públicas blindada frente al apetito desmedido del clientelismo politiquero. Esa tradición, construida a lo largo de incontables administraciones de diversos matices ideológicos, fue desmantelada de un plumazo en la mañana posterior al inicio formal del nuevo mandato presidencial. La decisión adoptada por el recién posicionado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respaldada por la venia de su secretario general, Carlos Alberto Castellanos Araujo, marca un hito funesto en la historia administrativa de la cartera económica. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella La declaración de insubsistencia aplicada de forma fulminante a tres directores técnicos de primer nivel no solo constituye un desplante hacia el mérito y la memoria institucional, sino que envía una señal alarmante a los mercados internacionales, a las agencias calificadoras de riesgo y a la propia ciudadanía sobre los criterios que regirán la política pública en el cuatrienio que comienza. Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, resulta imprescindible entender el funcionamiento interno de una entidad como el Ministerio de Hacienda. Por debajo de la cúpula política —representada por el ministro y los viceministros General y Técnico— opera un motor de tecnócratas cuya permanencia suele trascender los ciclos electorales y los colores políticos. Son profesionales formados en la alta academia, curtidos en la negociación fiscal y dotados de una memoria técnica imprescindible para la continuidad del Estado. En lugar de recibir con la madurez debida la entrega formal de informes de gestión o acudir al trámite protocolario de solicitar renuncias para reorganizar el equipo con decoro, la nueva administración prefirió la vía del exterminio burocrático, barriendo con trayectorias invaluables sin dar la más mínima tregua. El caso de Christian Alejandro Cruz, hasta hace poco director de Política Macroeconómica, es un retrato vivo de lo que significa la idoneidad técnica en el servicio público. Vinculado a la cartera fiscal en 2020 durante la gestión de Alberto Carrasquilla, Cruz demostró una versatilidad e imparcialidad tan sólidas que logró permanecer en su puesto a lo largo de la convulsa administración de Gustavo Petro, sirviendo con ecuanimidad a tres ministros de posturas antagónicas. Su destitución fulminante destruye un puente de continuidad que tardó años en consolidarse y prescinde de un cerebro fundamental en el diseño de las metas macroeconómicas de la nación. Lea también: Abelardo: Entre la histeria de "La Celosa", la salsa y el extravío de Cantinflas Igualmente desconcertante resulta la salida de Javier Andrés Cuéllar de la Dirección de Crédito Público. Tras liderar con solvencia el Fondo Nacional de Garantías, Cuéllar asumió la compleja tarea de gestionar el endeudamiento y la Tesorería Nacional. Su remoción intempestiva para dar paso a fichas previamente alineadas a las órbitas políticas específicas es la evidencia que la prioridad del nuevo gabinete no es la conservación del conocimiento acumulado y la rigurosidad técnica, sino la consolidación inmediata de hegemonías grupales afectas al gobierno. En una coyuntura donde el manejo de la deuda requiere la máxima pericia y credibilidad ante los inversionistas globales, prescindir sin transición de quien dominaba la filigrana del crédito público es una irresponsabilidad de proporciones mayores. El cuadro de la desmantelación se completa con el despido de la economista Diana Arenas, quien encabezaba la Dirección de Seguridad Social. Con más de dos décadas dedicadas al análisis meticuloso de los sistemas pensionales, las prestaciones económicas y la estructura de la seguridad social en Colombia, Arenas personificaba la reserva técnica en un área sumamente sensible para la sostenibilidad del gasto social. Lo más preocupante de su abrupta salida no es únicamente la pérdida implícita de una experiencia acumulada durante 20 años, sino el hecho insólito de que se le declaró la insubsistencia ni siquiera teniendo sobre la mesa el nombre de una persona capacitada para sucederla. Se descabezó una dirección crítica simplemente por el impulso de despejar el terreno. Resulta inevitable cuestionar el fondo político de esta cruzada desintegradora. La llegada de Miguel Gómez Martínez —figura con innegable peso dinástico y estrechas ataduras a los sectores más duros del oficialismo emergente— parecía requerir, en teoría, un contrapeso de sensatez técnica para dar credibilidad al programa económico del vicepresidente José Manuel Restrepo y del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el desembarco de funcionarios procedentes de organismos de control y con perfiles marcadamente políticos ha terminado por subordinar la técnica al favoritismo burocrático. Gobernar con la cuadrilla propia es una tentación común en la política tradicional, pero aplicarla sin tamiz en el templo de la economía nacional es un error estratégico de calado profundo y una irresponsabilidad ramplona. Históricamente, la fortaleza del Ministerio de Hacienda radicaba en que los directores de área no respondían al sesgo de la contienda política diaria. Subir los escalones desde las subdirecciones hasta la dirección general exigía rigor, publicaciones, números, evaluaciones constantes y la validación de sus pares. Ese blindaje técnico garantizaba que, al margen de los vaivenes discursivos de la Casa de Nariño, las cifras del país se manejaran con sobriedad y criterios técnicos. Al romper esa norma no escrita pero sagrada, el actual gobierno instaura un precedente nefasto: de ahora en adelante, la permanencia técnica en la cartera económica estará supeditada a la simpatía política o a la lealtad partidista. Lea también: The Economist cuestiona decisiones de De la Espriella ante el terremoto El impacto de este tipo de maniobras rara vez se queda encerrado en los pasillos de las oficinas públicas. La confianza de los analistas e instituciones financieras no se construye con discursos grandilocuentes ni con nombramientos a dedo, sino con la certidumbre de que las riendas de la macroeconomía están en manos experimentadas y neutrales. Cuando un gobierno decide irrumpir en una entidad eminentemente técnica arrasando con los perfiles más calificados, el mensaje que proyecta hacia afuera es el de un apetito voraz por el control institucional a expensas del conocimiento acumulado que permite confiar en la estabilidad económica del país. La gestión pública requiere renovación, sin duda, y cada administración entrante ostenta la potestad de imprimir su propio sello en la conducción del Estado. No obstante, existe una frontera abismal entre liderar una transición ordenada y ejecutar una purga intempestiva que despoja al Ministerio de Hacienda de sus mentes más conocedoras. Colombia atraviesa un momento económico delicado que exige la máxima cautela fiscal y la presencia de técnicos fogueados capaces de maniobrar ante turbulencias internacionales. Intercambiar la experiencia probada por la obediencia estricta es un juego de ruleta rusa con las finanzas del país cuyas consecuencias no tardarán en pasar la factura.

Por: Ramiro Guzmán Arteaga Hay escenas que parecen escritas por Gabo y que, sin embargo, ocurren delante de nuestros propios ojos. En medio de la fastuosa posesión de Abelardo de la Espriella, entre uniformes, invitados ilustres, cámaras, discursos y toda la parafernalia de un poder que quiso mostrarse en grande, estaba también Luis Felipe Yagüe Cotazo, el señor de la panela, aquel vendedor de 74 años que desde Florencia, Caquetá, llegó hasta la ceremonia convertido en símbolo de la Colombia humilde. Y aunque el presidente tuvo con él un gesto de cercanía y hasta un abrazo, la imagen que me queda es otra: la de un hombre sencillo cuya presencia terminó casi diluida por el estruendo del espectáculo. Porque una cosa es invitar al pobre a la ceremonia y otra muy distinta es que su realidad consiga hacerse visible entre tanta pompa. Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella Eso me hizo recordar Crónica de una muerte anunciada, cuando todo un pueblo se pone sus mejores ropas de lino blanco para esperar al obispo. Esperan durante horas, llenos de ilusión, mientras el gran buque pasa frente a ellos sin detenerse. El obispo apenas alcanza a lanzar desde lejos una bendición de compromiso y continúa su viaje. La escena es magistral porque Gabo entendió algo que todavía nos cuesta aprender: hay poderes que se acercan a los pueblos sin llegar realmente a ellos. Algo de eso me evocó la presencia de Luis Felipe Yagüe en la posesión. No porque el hombre de la panela haya hecho el ridículo —todo lo contrario—, sino porque su dignidad sencilla contrastaba con una ceremonia donde la pobreza podía terminar convertida en símbolo, en imagen, en relato político, sin que necesariamente se escuchara todo lo que esa pobreza tiene por decir. Ahí está la verdadera paradoja. El pobre puede ser invitado al escenario, fotografiado, abrazado y convertido en emblema; pero eso no significa que la pobreza haya dejado de ser invisible. Yagüe no tiene nada de qué avergonzarse. Si alguien merece una reflexión, no es él, sino el sistema de apariencias que necesita exhibir de vez en cuando un rostro humilde para demostrar que también mira hacia abajo. Como buen costeño, mi madre resumió todo esto con esa sabiduría popular que no necesita asesores de imagen. Cuando hoy le conté lo del señor de la panela, me dijo: —Eso le pasa por meterse donde no debe. Y después, como quien pone la última ficha de dominó, soltó otro de sus dichos: —Si vieres al rico y al pobre comer juntos algún día, o el rico le debe al pobre, o es del pobre la comida. Lea también: Entre la histeria de "La Celosa", la salsa y el extravío de Cantinflas Tal vez ahí esté la lección. No hay que burlarse del hombre que llegó desde Florencia con sus sueños de campesino y vendedor. Hay que preguntarse por qué una sociedad puede hacer de su humildad un espectáculo durante un día y olvidarse de ella al día siguiente. Porque, al final, el señor de la panela no fue el personaje menor de esta historia. El personaje menor fue la parafernalia que necesitó tanta grandeza para que la humildad pudiera verse. Y entonces vuelve Macondo a la memoria: el gran buque pasa, resopla, deja su estela y sigue río abajo. Mientras tanto, los que estaban en la orilla quedan preguntándose si alguna vez, de verdad, alguien se bajará del buque.