Las imágenes captadas por el lente helado e imperturbable de un dron militar ruso en las inmediaciones de Orekhov, dentro de la disputada región de Zaporiyia, condensan en pocos segundos la cruda realidad que envuelve a cientos de ciudadanos colombianos en el frente oriental europeo. En la secuencia visual, una combatiente vestida con uniforme táctico de camuflaje, visiblemente herida y rodeada por el estruendo distante del fuego de artillería, recibe instrucciones imperativas para desprenderse de su fusil de dotación y retirarse el casco balístico. Su nombre es Daniela Zapata Aguirre, una joven oriunda de la ciudad de Medellín que, hasta hace muy poco tiempo, distaba de imaginar su destino en una de las zonas de mayor intensidad bélica del planeta. El episodio registrado en el sur ucraniano trasciende el mero marco de un evento táctico en el campo de batalla. De acuerdo con los informes recopilados en la zona, la mujer quedó aislada y expuesta luego de ser abandonada por los integrantes de su propia unidad operativa en medio de una precipita retirada, quedando vulnerable e inhabilitada por las lesiones sufridas antes de ser rodeada y aprehendida por las tropas rusas. Este acontecimiento marca un hito amargo al poner rostro femenino a un fenómeno social y militar que no ha parado de expandirse desde el inicio de la invasión a gran escala: la masiva migración de combatientes colombianos atraídos hacia los campos de batalla de Europa del Este. Lea también: Habla mercenario colombiano que sobrevivió a la guerra en Ucrania Un éxodo motivado por la precariedad y la experiencia operativa La presencia de colombianos en las filas del ejército ucraniano dejó de ser un hecho anecdótico para convertirse en un factor estructural del conflicto. Estimaciones de organismos de inteligencia e informes independientes calculan que más de 7.000 ciudadanos colombianos han viajado a la zona de guerra desde el estallido de las hostilidades. La enorme mayoría de estos hombres y mujeres comparte un perfil homogéneo: poseen instrucción militar previa o entrenamiento en fuerzas de seguridad del Estado y se encuentran atrapados en un entorno socioeconómico local que les ofrece limitadas oportunidades de desarrollo profesional o remuneración justa. La principal carnada radica en las suculentas promesas financieras. A través de campañas agresivas de enganche en redes sociales como TikTok, intermediarios y contratistas privados ofrecen remuneraciones que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 dólares mensuales, cifras astronómicas si se comparan con los ingresos promedio del sector de la seguridad en América Latina. La dinámica de reclutamiento ha cobrado un impulso vertiginoso. Según declaraciones entregadas por el sargento Luis Ortiz a la cadena británica BBC, tan solo en el transcurso de los últimos cuatro meses alrededor de 1.200 colombianos cruzaron las fronteras europeas para incorporarse a las brigadas de combate. Con este flujo constante, Colombia se posicionó en 2026 como el principal país proveedor de combatientes extranjeros para las fuerzas armadas de Ucrania. Promesas incumplidas y la sombra de la carne de cañón No obstante, la distancia entre el discurso publicitario de las redes sociales y la cruda realidad del barro y las trincheras es abismal. Excombatientes como Steven Santiago Christian Cho Vargos han alzado la voz para denunciar las condiciones sistemáticas de vulnerabilidad a las que son sometidos los latinoamericanos. Los testimonios coinciden en señalar que las retribuciones económicas prometidas suelen sufrir descuentos arbitrarios, demoras injustificadas o simplemente no llegar a materializarse, dejando a los combatientes en una situación de absoluta indefensión legal y material en un país distante y con una barrera idiomática insuperable. A esta incertidumbre financiera se suma la peligrosidad de los cometidos asignados. Múltiples denuncias de sobrevivientes indican que las unidades integradas por extranjeros son empleadas de manera recurrente como fuerza de vanguardia o "frente de cañón" en las posiciones de mayor riesgo táctico. La falta de conocimiento detallado del terreno, combinada con la superioridad de la artillería enemiga y el uso masivo de drones de ataque, reducen trágicamente las probabilidades de supervivencia de estos contingentes. Lea también: Colombia se volvió una fábrica exportadora de mercenarios Mercenarios en ambos bandos: engaños y redes clandestinas El fenómeno del mercenarismo no se limita exclusivamente al bando ucraniano. Investigaciones periodísticas han sacado a la luz la existencia de complejas estructuras paralelas dedicadas a la captación de colombianos para combatir en favor de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia. Redes de reclutamiento, que operaban originalmente bajo fachadas empresariales como Jaguar Consultoría y posteriormente reconvertidas en la Compañía Los Osos, desplegaron tácticas de engaño dirigidas a civiles sin experiencia militar previa. A estos ciudadanos se les prometían ofertas laborales en roles aparentemente pacíficos, tales como cocineros, auxiliares de logística o guardias de instalaciones privadas, respaldados por bonos de enganche de hasta 35.000 dólares, salarios mensuales de 3.500 dólares y el otorgamiento rápido de la ciudadanía rusa. Sin embargo, una vez contratados y trasladados al territorio en conflicto, eran equipados apresuradamente e integrados a las primeras líneas del frente. Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación de Colombia inició investigaciones preliminares para desmantelar estas redes tras recibir cerca de un centenar de denuncias formales por parte de familias desesperadas. La incertidumbre diplomática y la persecución judicial El estatus legal de estos ciudadanos resulta sumamente precario. Al viajar de manera independiente y sin notificar su salida a las autoridades colombianas, no existe un registro estatal unificado que permita hacer un seguimiento preciso de su paradero. Este vacío institucional complica de manera severa las labores de búsqueda cuando se produce una pérdida de contacto. Las estimaciones independientes calculan que entre 300 y 550 colombianos han fallecido en combate, mientras que las solicitudes de asistencia por personas desaparecidas oscilan entre los 500 y 670 casos. Lea también: El drama de los mercenarios colombianos en Ucrania Las cifras que maneja la Cancillería colombiana reflejan con frialdad la dimensión de la tragedia: en abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores contabilizaba 438 ciudadanos reportados oficialmente como desaparecidos en la zona de guerra, tras haber reconocido previamente unos 300 fallecidos, lo que consolida a la comunidad colombiana como el grupo extranjero con el número más elevado de bajas dentro del bando ucraniano. Por otro lado, la respuesta judicial de las autoridades rusas se ha intensificado. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia, presidido por Alexandr Bastrykin, informó que mantiene expedientes abiertos contra más de 4.000 combatientes extranjeros. Centenares de colombianos figuran en listas de búsqueda e incursión internacional, y casi 250 ya han recibido condenas por parte de tribunales rusos. Casos como el de William Andrés Gallego Orozco, otro combatiente colombiano capturado en el frente que imploró públicamente a sus allegados denunciar a las empresas reclutadoras que operan desde Bogotá, demuestran la urgencia de frenar el flujo insostenible de ciudadanos latinoamericanos hacia la vorágine de una guerra ajena que continúa cobrándose vidas jóvenes a miles de kilómetros de su patria.

Por: Jorge Vergara Carbó En una sabia decisión, las Comisiones Económicas del Congreso decidieron devolverle al gobierno de ADLE el PGN presentado por el presidente Petro, por considerar que no se presentó de acuerdo a la normatividad vigente y principalmente por estar desfinanciado teóricamente en $30.2 billones, al plantear gastos por $575.7 billones, contra $545.5 billones de ingresos. Cifra que no dudamos aumentará en la revisión a $50 billones. Le corresponde al ministro de Hacienda, con su equipo de gobierno, ministros y gerentes de empresas y establecimientos públicos, revisar con detalle cada uno de los ítems presupuestados, tarea que no será fácil por el corto tiempo que tienen para presentar al Congreso el 30 de agosto del 2026, el nuevo presupuesto. Lo primero que debe hacerse es revisar las proyecciones de las variables macroenomicas que hacen parte del presupuesto, tales como la TRM, el crecimiento del PIB de este y el próximo año, el precio del petróleo y del carbón, porque siguen siendo nuestros principales productos de exportación, la inflación corrida año y la proyectada 2027, y las importaciones que han venido creciendo. Esto es importante, porque el presupuesto de Petro se elaboró con los siguientes parámetros: IPC 4.8% (hoy 6.03); TRM$3.880 (hoy $3.128,65), PIB 2.2% (hoy a junio 2.2%, proyección 2027 2.5%). Importaciones 5% del PIB, cifra que a junio de este año esta alrededor del 20%. Lea también: El PIB debería crecer al 5% para sanear las finanzas públicas: ANDI Lo segundo revisar bien, el recaudo efectivo de la DIAN para el año 2026, que a julio ha recaudado $182 billones, cifra afectada por el recaudo de las emergencias económicas decretadas por el gobierno, se recauda impuestos que deberían pagarse en el año 2027, lo que por supuesto incrementará los ingresos de este año y reducirá los de 2027. Es posible que este año el recaudo sea similar al del 2025, unos $296 billones, cifra lejos de la meta propuesta $317 millones. Este es uno de los puntos más sensibles, el cual debe calcularse con hechos reales y no con expectativas falsas, especialmente la relacionada con la evasión-elusión, siempre aspiran a disminuirla y nunca lo logran. Lo tercero revisar bien el monto del déficit fiscal, sino sabemos con exactitud a cuánto asciende, complica la toma de decisiones. No es lo mismo, un déficit del 6.4% del PIB, que uno del 7.4% u 8%. El PIB del 2025 fue de $1050 billones, a precios constantes lo que indica que si el déficit es del 6.4%, el monto del déficit seria de $67.2 billones y si es el 8%, la suma es de $84 billones. El PIB del 2025, a precios corrientes fue de $1812.7 billones, lo que indica que el déficit primario del 3.6%, equivale a un déficit de $65.2 billones. La tarea del ministerio de Hacienda es auditar bien las cuentas para llegar al déficit primario real y al déficit real del país. No se puede jugar con la cifra del déficit, y menos ahora con el gasto que se tiene que hacer este año por el terremoto cuya reconstrucción mal calcula superará los $40 billones, este año. Lo cuarto ajustar el precio del Diesel que en Colombia se vende a US$3.60 el galón, cuando en USA vale US$5.43, una diferencia significativa US$1.83, unos $5.725 pesos por galón, cifra que no se justifica subsidiar. Petro siguió subsidiando el Diesel, esto es insostenible con el déficit fiscal que su gobierno le deja al gobierno de ADLE. Tema al que le temen por el estallido social, pero que no se puede evadir, hay mecanismos tributarios que el gobierno puede aplicar para subsidiar el transporte sin necesidad de subsidiar a todos los que consumen Diesel. Caso contrario sucede con la gasolina, Petro la ajusto por encima del precio internacional (una reforma tributaria sin pasar por el Congreso), hasta el punto que hoy el galón de la gasolina corriente en USA vale US$3.89, es decir unos $12.170 pesos, y en Colombia ese mismo galón vale $16.000, una diferencia de $3.830, que estamos pagando desde hace más de dos años. En la práctica quienes consumen gasolina subsidian a los que consumen Diesel. La peor decisión de un gobierno es subsidiar los combustibles, lo demostramos en varios de nuestros escritos sobre el tema “VUELVE Y JUEGA” publicado el 7 de septiembre de 2025. El subsidio al Diesel, representa unos $12.0 billones al año, resultado de multiplicar el consume anual de 2100 millones de galones de Diesel, y multiplicarlo por la diferencia en precio $5.725. Los colombianos consumen 1100 millones de galones de gasolina corriente al año, lo que significa que quienes consumen gasolina pagan por encima del precio internacional al año $4.2 billones, cifra que no cubre el déficit que genera el Diesel $12 billones. Dinero que necesitamos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. No es fácil bajar la gasolina y aumentar el Diesel, pero si quieren tener credibilidad deben hacerlo progresivamente. Lo quinto auditar bien la deuda interna y externa, no podemos pagar por el servicio de la deuda $118 billones, el 21.6 de los ingresos previstos $545 billones. Eso no lo aguanta ningún país, y menos nosotros con tantos problemas sociales por resolver que hoy se nos incrementa por el terremoto reciente que hizo mucho daño, no solo por los 288 muertos, y miles de heridos, sino por los daños causados a más de 40.000 viviendas, aeropuertos y vías carreteables, edificios, colegios, hospitales entre otros. Sincerar la deuda es un paso prioritario, no podemos seguir pagando TES al 14%. Lo sexto ajustar la inversión por ministerio, teóricamente la inversión está en $90 billones, un 15.6% del monto del presupuesto $575 billones, digo teóricamente porque la realidad es que año a año en cada ministerio y en las entidades del Estado aparecen unos rubros de inversión, que nadie nunca sabe si se ejecutaron o no, y cada año se incluyen, incluso cuando se hace la regionalización de la inversión que es por ley, aparecen esas partidas. “Es copia y pega”. Ese es uno de los errores que se cometen en la elaboración del presupuesto de inversión, que debería elaborarlo el DNP conjuntamente con los ministerios y entes descentralizados, parce ser ya no se hace. No se prioriza la inversión, se asignan montos que de antemano se sabe que no son suficientes o no se tiene capacidad para ejecutarlo. Si revisan los documentos que hemos publicado sobre el tema, estos últimos años, podrán verificar que el presupuesto de inversión es la repetidera de la repetidera “Golpe Duro del Gobierno de Petro al Atlántico, Disminuyó la inversión de 2025, en el 32.5%” septiembre 27 de 2024. 2025. La inversión programada obedece más a presiones políticas que a decisiones económicas. No se definen los proyectos por su rentabilidad social, lo que significa una mala programación de los dineros públicos. Al gobierno central como al de las entidades territoriales se les olvida que los recursos financieros públicos son escasos, lo que de tenerlo claro debe implicar invertirlos donde mayor beneficio social genere. No se enfrentan proyectos, por ejemplo, un aeropuerto con una vía, o un colegio con un parque. Eso no se hace, de ahí, tantas obras convertidas en elefante blanco u inoficiosas como sucede con el destino de los recursos de las regalías envuelto en escándalos de corrupción. El DNP no debe realizar funciones ejecutoras, debe ser un ente planificador, cuando le entregaron el manejo de las regalías, perdió su razón de ser. Es una Institución que debe recuperar el nuevo gobierno, al igual que el DANE. Lo séptimo, las entidades de control y vigilancia le cuestan al país anualmente $12.4 billones, sin resultado alguno en la protección de los dineros públicos, la corrupción sigue creciendo en todo el país. Instituciones como Auditoria General de la República, Economía Solidaria, UAIEF, UGPPP, Superfinanciera, Fondo de Adaptación, Supervigilancia, SIC, FGN, PGN, CGR, Defensoría del Pueblo. Son entidades que no resisten una evaluación seria de su gestión, dejan mucho que desear. El ministro Miguel Gómez Martínez debería citar a los directivos de las entidades señaladas para pedirle que revisen lo presupuestado para el 2026 y 2027, y pedirles presenten una disminución para el año 2026, de un billón de pesos, y para el 2027, una disminución de $2 billones, entre todas las entidades que tienen que ver con el control. El control cuesta, por ello debe dar resultados. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, ministros han sido investigados y condenados? ¿Cuánto dinero hemos recuperado efectivamente que entrara a Tesorería Nación del 2022 al 2026? Del 2022 al 2026, la CGR ha recuperado $4.4 billones, $3.7 por cobro coactivo y el resto pago o reintegro de bienes. Esos cuatro años, cuanto les costó la CGR a los colombianos $6 billones. Peor, es la situación para la PGN que nos cuesta $1.8 billones anual, y la FGN $6.7 billones. No sancionan a nadie, engavetan las denuncias principalmente en Barranquilla, donde sus denuncias la Procuraduría Regional la traslada al Distrito para que ellos mismos se investiguen “el ratón cuidando el queso” y en la FGN reposan el sueño de los justos en los fiscales 55 y 59, que nada investigan. Creemos, ese es el comportamiento en todo el país, la justicia se aplica para el que se roba un caldero, va a la cárcel, pero los de cuello blanco que se roban la plata de un aeropuerto o la comida de los niños, o las regalías, les dan si es que los investigan y condenan la casa por cárcel o una casa fiscal. Lea también: Congreso devuelve proyecto de Presupuesto 2027 radicado por Petro Es hora señor presiente ADLE, que en el país se debata sobre los organismos y entidades encargadas del control, debate que debe incluir la escogencia de estos funcionarios, como los requisitos que deben llenar para postularse. Mientras sean elegidos por el Congreso, difícilmente podrán sancionar a funcionarios públicos recomendados por los Congresistas de turno. Igualmente, vele para que su gobierno aplique las recomendaciones del reciente estudio sobre la Comisión del Gasto y la Inversión, al igual que otros estudios que se han hecho sobre el presupuesto y la política Tributaria del país. Nada hacemos, si en su administración NO se da la pela, de revisar detalladamente los privilegios otorgados en las reformas tributarias aprobadas, como el IVA, exoneran algunos productos, a otros le fijan una tasa menor, otros son exentos. Esos privilegios nos cuestan anualmente $153 billones. Igual debe hacerse con los subsidios otorgados a personas, empresas y Fondos Especiales (Café, Banano, ganadero, arrocero). Hoy recaudamos $290 a $300 billones, con un presupuesto de $575 billones, necesitamos recaudar entre $400 a $450 billones, en su mandato, para poder cumplir con su plan de desarrollo 2026-2030. Finalmente, entendemos que en 15 días calendario no es fácil revisar el proyecto de presupuesto para el 2027, y ajustar el del 2026, por lo del terremoto. Es claro que nuestro estatuto presupuestal tiene muchas rigideces, que complican la planeación del gasto, es uno de los problemas a corregir, lo han sugerido todas las comisiones nacionales y extranjeras que han estudiado el tema. Hay que seguir insistiendo en los cambios para una mejor utilización de los recursos públicos, así como la composición del presupuesto donde la inversión debe ser lo prioritario y llegar a través de los años, a representar el 50% del monto del presupuesto, el servicio de la deuda un 10º%, y los gastos de funcionamiento un 40%. Logró alcanzado y superado por varias entidades territoriales. Por último, solicitarle respetuosamente al ministro de Hacienda gire el “bono pensional” del primero y segundo semestre del 2026, a la Universidad del Atlántico. Dinero que irresponsablemente el gobierno de Petro a pesar de intervenir la universidad con fines politiqueros, no fue capaz su rector Rafael Castillo de conseguir se los giraran. Su incapacidad fue tal, que con plata en la Fiducia no pago un solo peso a clínicas, médicos y proveedores de medicamentos en lo corrido del año, hasta el punto que hoy la Unidad de Salud no está prestando servicios a sus afiliados. Tampoco pagó la deuda vieja de la Unidad de Salud teniendo recursos, cuentas que han sido auditadas varias veces. Creemos que el gobierno actual y el Consejo Superior de la Universidad deben ordenar una auditoria forense de todos los actos administrativos firmados en la intervención. Igualmente, solicitarle al señor presidente como a la ministra de Educación escojan a su representante en el Consejo Superior a profesionales con conocimiento administrativo, financiero y académico.

La noche de este lunes 17 de agosto de 2026, exactamente una semana después de que la tierra temblara con una furia inusitada en el occidente colombiano, la silueta del palacio presidencial sirvió de escenario para la primera alocución oficial por cadena nacional del presidente Abelardo De La Espriella. Con un tono que buscó distanciar la retórica política habitual para revestirse de la sobriedad que exige la catástrofe, el jefe de Estado se dirigió a una nación conmovida para ofrecer el primer balance integral de la emergencia, trazar las líneas de acción de su administración y enviar un mensaje de firmeza colectiva en uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país. Lea también: The Economist cuestiona decisiones de De la Espriella ante el terremoto Desde los primeros minutos de su intervención, el mandatario reconoció de manera explícita que los albores de su periodo presidencial han quedado indefectiblemente marcados por una tragedia de proporciones extraordinarias. El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 de la mañana del pasado 10 de agosto, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Aunque la profundidad atenuó un escenario que pudo ser aún más devastador, las ondas sísmicas sacudieron con violencia a 15 departamentos y causaron afectaciones severas en al menos 437 municipios, desarticulando redes de infraestructura, centros urbanos y comunidades rurales enteras. En su mensaje, De La Espriella combinó el duelo patrio con una apelación a la entereza de los colombianos. La consigna que articuló su discurso giró en torno a la idea de que, si bien la nación sufre una pérdida irreparable en vidas humanas y bienes materiales, el espíritu institucional y social permanece en pie. La frase con la que resumió el sentir de la jornada caló con fuerza en el electorado y en los sectores de oposición por igual: la patria está vestida de luto, pero Colombia no se ha quebrado. El balance de víctimas e infraestructura El informe presentado por el Ejecutivo, cotejado directamente con las labores en terreno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cruz Roja Colombiana y los organismos de socorro territoriales, refleja una dimensión de desastre que desborda las capacidades de atención rutinarias. Hasta la fecha, las cifras oficiales confirman el fallecimiento de más de 280 personas, una estadística dolorosa que las autoridades temen pueda incrementarse en las próximas horas conforme avanzan las labores de removilización de escombros en las zonas de más difícil acceso. Los servicios de salud reportan cerca de cuatro mil personas atendidas con heridas de diversa gravedad, muchas de las cuales requirieron traslados aéreos de urgencia hacia centros hospitalarios de mayor complejidad en Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Simultáneamente, más de trescientas personas continúan figurando en las listas oficiales de desaparecidos, lo que mantiene en vilo a familias enteras que pernoctan en las inmediaciones de los edificios colapsados con la esperanza de hallar respuestas. Médicos forenses y equipos de Medicina Legal han desplegado unidades móviles en las regiones más golpeadas para agilizar la toma de muestras genéticas y facilitar la identificación de los cuerpos rescatados. El impacto sobre la infraestructura física resulta igualmente abrumador. Los reportes presentados durante la alocución señalan que más de 135.000 ciudadanos se encuentran en calidad de damnificados directos, habiendo perdido la totalidad de sus enseres o sufriendo la inhabilitación de sus predios. Las evaluaciones técnicas de ingeniería dan cuenta de más de 13.000 viviendas completamente destruidas y cerca de 80.000 edificaciones residenciales con averías estructurales de consideración. A esto se suma el colapso definitivo de casi doscientos edificios urbanos y daños sustanciales en más de trescientos centros de salud, tres mil establecimientos educativos y cuatro mil recintos comunitarios. Las redes de acueducto, electricidad y telecomunicaciones experimentaron interrupciones masivas en el Chocó, el Eje Cafetero y varios sectores del Valle del Cauca, de las cuales se ha logrado restablecer un porcentaje sustancial gracias a los trabajos ininterrumpidos de las cuadrillas operativas. Lea también: Lavado de activos y codicia: la receta mortal de la vivienda en Cali Emergencia económica sin nuevos impuestos y respaldo multilateral Uno de los puntos con mayor expectativa política e económica de la alocución presidencial se centró en los mecanismos financieros que utilizará el Estado para solventar el multimillonario costo de la atención humanitaria y la posterior reconstrucción. Abelardo De La Espriella disipó las dudas en torno a posibles reformas tributarias de coyuntura al anunciar formalmente la declaratoria de la Emergencia Económica, una herramienta constitucional que le permitirá al Ejecutivo decretar traslados presupuestales expeditos sin recurrir a la creación de nuevos impuestos para la ciudadanía ni para el sector productivo. El modelo de financiamiento diseñado por el equipo económico de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda descansa sobre una estrategia de apalancamiento múltiple que combina la reasignación de recursos nacionales, la cooperación internacional no reembolsable y líneas de crédito multilateral preferenciales. En este frente, el Gobierno ya aseguró el desembolso inicial de 200 millones de dólares a través de la línea contingente Cat DDO del Banco Mundial, una herramienta financiera diseñada de manera específica para la gestión de desastres naturales que permite contar con liquidez inmediata sin alterar las metas fiscales del país. A esta inyección de capital se suman los compromisos adoptados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la dirección de Ilan Goldfajn, entidad que activó una bolsa de financiamiento por 300 millones de dólares, acompañada de 500.000 dólares en asistencia humanitaria no reembolsable destinada a la compra directa de víveres, medicamentos y refugios temporales. En la misma dirección, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hizo efectiva la donación de otro medio millón de dólares procedentes de sus fondos de desarrollo social. El Ejecutivo continúa adelantando gestiones formales ante la Cancillería y organismos de la Unión Europea para encauzar fondos adicionales de cooperación técnica y material. El "Plan Milagro" y la filosofía del esfuerzo colectivo La hoja de ruta técnica para poner nuevamente en pie las regiones devastadas fue bautizada por el Gobierno Nacional como el "Plan Milagro de Reconstrucción". Este esquema, articulado entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda a cargo de Jaime Andrés Beltrán, busca trascender el mero reparto de subsidios asistenciales para instaurar un modelo de reconstrucción territorial integral basado en la corresponsabilidad, bajo el postulado conceptual de que toda la sociedad debe aportar su capacidad instalada en un ejercicio de solidaridad estructural. Dentro de esta arquitectura institucional, el sector privado desempeñará un papel protagónico. La Cámara Colombiana de la Construcción y los grandes gremios del país han establecido compromisos para suministrar insumos técnicos, materiales a costos preferenciales y esquemas de ingeniería que permitan acelerar el levantamiento de soluciones habitacionales definitivas y sismorresistentes. Por su parte, el sector financiero nacional fue convocado a estructurar líneas de crédito con tasas de interés diferenciales y condiciones de periodo de gracia para los constructores e ingenieros que ejecuten los proyectos de obras públicas y vivienda en los municipios afectados. El tejido social y empresarial ya ha comenzado a responder con aportes concretos. Durante la alocución, el presidente confirmó que la firma minera Drummond oficializó una donación directa de 1,5 millones de dólares orientada de manera exclusiva a la atención de las familias damnificadas. De igual manera, las Cajas de Compensación Familiar, agrupadas en Asocajas, presentaron un plan para disponer de hasta 90.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), recursos que serán destinados a la entrega de subsidios temporales de arrendamiento, el reforzamiento estructural de viviendas averiadas y la reubicación de hogares asentados en zonas de alto riesgo no mitigable. Lea también: Activan centro de acopio para ayuda a damnificados del terremoto Gobernabilidad, orden público y respuesta institucional Más allá de los números y los anuncios económicos, la alocución del mandatario envió mensajes políticos directos respecto al estilo de gobierno con el que pretende encarar no solo esta crisis, sino el resto de su administración. De La Espriella subrayó que la gestión del riesgo de desastres no puede convertirse en un espacio para la dispersión de esfuerzos ni para la politización del dolor humano. El mandatario insistió en que la coordinación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres se mantendrá bajo su supervisión directa, garantizando una comunicación fluida entre el gabinete ministerial, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los alcaldes de los municipios golpeados. En este sentido, el presidente aprovechó el escenario para fijar postura frente a los conatos de alteración del orden público y bloqueos de vías estratégicas que se han registrado en algunas arterias viales del país a raíz del desespero de ciertas comunidades por la llegada de ayudas. Al referirse explícitamente a los cierres en corredores como la vía Barranquilla-Santa Marta, De La Espriella fue enfático en señalar que, si bien el Gobierno entiende la angustia y el sufrimiento de los afectados, la autoridad estatal no tolerará el bloqueo de carreteras que impida el paso de caravanas de asistencia humanitaria, ambulancias o suministros de construcción. El mensaje fue claro: las peticiones se atienden con celeridad y respeto, pero dentro del marco de la ley y el orden institucional. Los retos inmediatos en el horizonte de la reconstrucción Transcurrida la primera semana desde el terremoto del 10 de agosto, Colombia entra en una fase crucial donde la prioridad absoluta de salvar vidas entre los escombros comienza a empalmar con la compleja logística de abastecimiento a largo plazo y la planificación urbana de la reconstrucción. Las zonas rurales del Chocó, caracterizadas por una geografía selvática de difícil acceso y una histórica brecha en infraestructura social, representan el desafío más agudo para la administración entrante. Lograr que la ayuda alimentaria, el agua potable y los módulos hospitalarios de campaña lleguen con fluidez a los caseríos apartados determinará el éxito real de la emergencia económica decretada. La alocución de Abelardo De La Espriella trazó una raya en el piso sobre el rumbo que tomará su mandato frente a la adversidad. La reconstrucción de las 15 entidades territoriales afectadas no se avizora como una tarea de meses, sino como un esfuerzo sostenido que comprometerá el presupuesto y la capacidad operativa del Estado durante varios años. La ciudadanía, golpeada por la magnitud de las pérdidas humanas y materiales, aguarda ahora que las promesas de eficiencia, transparencia en la ejecución de los créditos internacionales y celeridad en la entrega de soluciones habitacionales se traduzcan en hechos palpables en los territorios diezmados por el sismo.

En vísperas de cumplirse medio año del estallido bélico en Oriente Medio, las autoridades de la República Islámica de Irán han decidido llevar la confrontación con Estados Unidos a un terreno inédito de movilización popular y guerra de desgaste. Durante un acto oficial con motivo del Día del Periodista, el comandante en jefe del Ejército iraní, general de división Amir Hatami, anunció la puesta en marcha de un programa de recompensas de carácter ciudadano: el Estado pagará un equivalente a 30.000 dólares a cualquier habitante del país que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense calificado como agresor e invasor. La directriz incorpora además un llamativo componente de género. Hatami precisó de forma explícita que si la captura o neutralización del efectivo militar la lleva a cabo una mujer iraní, la gratificación ascenderá exactamente al doble, alcanzando los 60.000 dólares. Lejos de presentarse como un fondo presupuestario estatal convencional, la jefatura militar sostiene que los recursos provienen de un esquema de financiación colectiva, impulsado por una "avalancha de solicitudes" de personas del común que buscaban una vía directa para contribuir económicamente al esfuerzo de guerra contra la alianza entre Washington e Tel Aviv. Lea también: Ucrania e Irán: destruyendo el mito de las superpotencias La brecha entre el discurso de disuasión y el mapa terrestre A pesar del fuerte impacto mediático del anuncio, la factibilidad táctica de estas capturas tropieza con la realidad del despliegue en el terreno. Transcurridos casi seis meses desde el inicio de las hostilidades abiertas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no han puesto en marcha una invasión terrestre masiva dentro de las fronteras iraníes. La presencia de botas estadounidenses en la geografía persa ha sido prácticamente testimonial y sumamente limitada; el único antecedente confirmado ocurrió el pasado mes de abril, cuando un comando de operaciones especiales ejecutó una incursión relámpago de rescate para extraer con vida a un piloto de combate cuyo avión había sido derribado en territorio enemigo. Analistas militares internacionales coinciden en que la proclama de Hatami busca consolidar un marco de disuasión comunitaria e infundir zozobra ante una hipotética escalada de incursiones por tierra. Al supeditar la recompensa a la figura del "soldado invasor", Teherán proyecta un mensaje de alerta máxima hacia sus fronteras marítimas y territoriales, enviando la señal de que cualquier soldado extranjero que pise suelo iraní enfrentará no solo la resistencia de las tropas regulares, sino la cacería organizada de la población civil fuertemente motivada en términos económicos e ideológicos. La disputa geopolítica por la llave del comercio mundial El movimiento de Teherán no se produjo en un vacío dinámico, sino como respuesta directa al endurecimiento de la retórica procedente de la Casa Blanca. Pocas horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que, tras conseguir una hipotética derrota militar sobre el régimen iraní, su administración procederá a declarar el estrecho de Ormuz como "territorio estadounidense". La contestación desde la cúpula persa no se hizo esperar. Autoridades del Ministerio de Exteriores y mandos castrenses replicaron secamente que el control sobre el paso marítimo más estratégico del planeta "no se puede arrebatar por la fuerza, ni con un tuit, un portaaviones, una orden ejecutiva o un discurso de campaña electoral". Para el general Hatami, el dominio soberano sobre Ormuz constituye un pilar innegociable e irrenunciable para sentar cualquier mesa de negociación que busque la paz, calificando dicha vía navegable como una "capacidad geopolítica otorgada por Dios al pueblo de Irán". Lea también: La nueva guerra de relatos entre Irán y Estados Unidos La situación en esta arteria marítima, por la que transita una fracción decisiva del petróleo mundial, continúa completamente bloqueada. La Armada iraní clausuró de manera efectiva el paso a mediados de julio, tras una oleada de intensos bombardeos de la aviación estadounidense contra instalaciones estratégicas en la franja sur de la nación persa. Desde entonces, el tránsito de buques cisterna ha permanecido prácticamente paralizado, empujando los mercados energéticos a una volatilidad sin precedentes. De la intensidad de Vietnam a la búsqueda de una disuasión definitiva En el plano político interno, la narrativa de la confrontación se ha nutrido de duras comparaciones históricas. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, ofreció una alocución transmitida por la cadena estatal IRIB donde aseveró que la cantidad de explosivos y potencia de fuego lanzada por las fuerzas armadas norteamericanas sobre suelo iraní ha superado con creces los volúmenes utilizados durante toda la Guerra de Vietnam. Según el titular de la asamblea legislativa, este despliegue de fuerza sin precedentes obliga a Teherán a edificar un "punto de disuasión inexpugnable", capaz de romper de una vez por todas el desgastante bucle de treguas frágiles e intercambios de fuego esporádicos. La postura de Ghalibaf sintetiza la visión que prevalece en el alto mando persa: el conflicto no se resolverá con concesiones parciales, sino alcanzando un umbral militar que vuelva prohibitivo cualquier intento externo de imposición política. Esta perspectiva queda ratificada en los comunicados emitidos por el Estado Mayor Conjunto a través de agencias oficiales como Tasnim. La cúpula militar aseguró en su último pronunciamiento que no habrá repliegues ni concesiones ante las presiones internacionales, manteniendo una lealtad irrestricta a las directrices del ayatolá Mojtabá Jameneí y jurando continuar las operaciones hasta forzar la rendición inequívoca del bloque rival. Crónica de una escalada ininterrumpida La génesis de este choque militar a gran escala se remonta al 28 de febrero de 2026, fecha en que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea coordinada de gran envergadura contra infraestructura nuclear, militar y defensiva en territorio iraní. La respuesta de Teherán derivó en ataques con misiles balísticos y drones contra instalaciones militares y de interés estratégico de aliados de Washington situados a lo largo del Golfo Pérsico. Lea también: Irán se burla de Trump y cobrará peaje en el estrecho de Ormuz Tras cuarenta días de combates ininterrumpidos y un severo impacto en la infraestructura de la región, las partes firmaron un cese al fuego temporal en abril, lo que permitió la evacuación de heridos y la mencionada operación de rescate del piloto estadounidense. Hacia el mes de junio, la diplomacia internacional logró estructurar un borrador de acuerdo marco para encaminar conversaciones formales de paz. Sin embargo, las discrepancias insalvables sobre el enriquecimiento de uranio, las sanciones económicas y el estatus de las rutas marítimas terminaron por descarrilar los diálogos antes de que pudieran dar frutos concretos. Tras el colapso de las negociaciones diplomáticas, el conflicto mutó hacia una fase de enfrentamientos intermitentes de alta intensidad, concentrados primordialmente en la costa sur iraní y el entorno inmediato del estrecho de Ormuz. Con el anuncio de la recompensa por tropas enemigas y la reafirmación del cierre de las rutas marítimas, Irán deja en claro que la contienda ha entrado en una fase donde la movilización ideológica y la guerra psicológica juegan un papel tan determinante como el arsenal desplegado en el frente de batalla.

Con el arranque del calendario tributario correspondiente al año gravable 2025, cuyos vencimientos para personas naturales en Colombia se extienden desde el 12 de agosto hasta el 26 de octubre de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha vuelto a desplegar la herramienta de la declaración de renta sugerida. Esta alternativa busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al precompletar el Formulario 210 con base en la información exógena remitida por terceros. No obstante, detrás de la aparente rapidez y comodidad que ofrece este borrador automatizado, autoridades e intermediarios tributarios coinciden en un llamado de advertencia: la responsabilidad legal sobre la exactitud de las cifras recae de manera exclusiva en el contribuyente, lo que exige un proceso riguroso de revisión antes de proceder a la firma y envío del documento. Lea también: DIAN define el calendario para la declaración de renta 2026 Para acceder a la propuesta prediligenciada, los ciudadanos disponen de canales digitales en el portal institucional de la administración impositiva. El método tradicional consiste en ingresar a la página web oficial de la DIAN a través de la sección de Usuario Registrado, iniciando sesión a nombre propio con el tipo, número de documento y contraseña correspondiente. Una vez dentro de la plataforma transaccional, al navegar hacia la opción de diligenciamiento y presentación del Formulario 210, el sistema habilita la visualización de la propuesta sugerida para quienes cuentan con datos cruzados en el sistema. De forma complementaria, la entidad ha dispuesto herramientas de consulta rápida mediante cédula o NIT en sus micrositios web para que las personas confirmen previamente si existe una propuesta generada a su nombre. Aquellos contribuyentes que están obligados a declarar pero aún no han habilitado su cuenta en el portal deben agotar primero el procedimiento por la opción de Usuario Nuevo, ingresando datos básicos como la fecha de expedición del documento de identidad. En el caso de quienes no figuren inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), la formalización del RUT virtual se convierte en un paso previo e ineludible para poder consultar o tramitar cualquier borrador fiscal. La arquitectura sobre la cual la DIAN edifica la declaración sugerida reposa en el reporte masivo de información exógena entregado durante los primeros meses del año por empleadores, entidades bancarias, fondos de pensiones, notarías, compañías de seguros y establecimientos comerciales. Este cruce de datos incluye ingresos laborales, retenciones en la fuente practicadas, saldos e intereses en cuentas financieras, consumos con tarjetas de crédito, transacciones inmobiliarias y pagos por medicina prepagada. A pesar del avance tecnológico de los sistemas de la DIAN, el borrador automatizado dista de ser un reflejo perfecto de la situación económica real de cada ciudadano. Un punto débil recurrente radica en la omisión de deducciones y beneficios fiscales a los que el contribuyente tiene derecho por ley. La propuesta sugerida habitualmente no calcula de forma automática los descuentos por dependientes económicos a cargo, los intereses pagados por créditos hipotecarios o de vivienda, los aportes voluntarios a pensiones o las deducciones del uno por ciento sobre compras respaldadas con factura electrónica de venta. Si una persona acepta el borrador sin incorporar estos elementos, terminará cancelando un impuesto superior al que legalmente le corresponde o perderá la posibilidad de liquidar un saldo a favor. Lea también: Nueva UVT para 2026: impacto en renta, IVA y sanciones En la orilla opuesta se presentan situaciones en las cuales el reporte exógeno no registra la totalidad de los ingresos percibidos durante el año gravable, como cobros en efectivo no bancarizados, arrendamientos informales, rendimientos de inversiones en el exterior o ganancias ocasionales por la venta de activos. Presentar la declaración acogiéndose a un borrador incompleto constituye una inexactitud ante la ley. Si en una fiscalización posterior la autoridad tributaria detecta la omisión de ingresos o la inclusión indebida de costos, el ciudadano enfrentará procesos sancionatorios por inexactitud, sumados a los intereses moratorios que se acumulen sobre el saldo adeudado. Desde el punto de vista jurídico, la DIAN enfatiza que la sugerida es una herramienta de apoyo, facilitación y orientación, pero carece de carácter vinculante o definitivo. La declaración de renta constituye una declaración privada donde el individuo da fe, bajo la gravedad de juramento, de su realidad financiera. Por tanto, alegar un fallo o vacío en el borrador precalculado no opera como eximente de responsabilidad ante el Estatuto Tributario. Frente a esta dinámica, contadores y consultores aconsejan seguir un método sistemático de verificación. El primer paso consiste en ingresar al portal transaccional para descargar el archivo detallado de la información exógena o de terceros atribuida a la cédula del usuario. Con dicho documento en mano, el declarante debe confrontar cada renglón frente a sus soportes físicos y digitales: extractos bancarios cortados al 31 de diciembre del año gravable anterior, certificados de ingresos y retenciones del empleador, constancias de intereses de deuda hipotecaria y facturas electrónicas recibidas. En el evento de detectar un error en los saldos reportados por un banco, una empresa o una notaría, la corrección no debe solicitarse ante la DIAN, sino directamente ante la entidad emisora que suministró la información exógena equivocada. No obstante, mientras la entidad realiza el ajuste en el sistema, el contribuyente debe ingresar a su Formulario 210, modificar la casilla correspondiente y plasmar la cifra correcta respaldada en sus certificados contables reales. Lea también: DIAN imputará a contribuyentes por no pagar impuestos retenidos El calendario tributario fijado para 2026 establece fechas límite ordenadas según los últimos dos dígitos del NIT o cédula del ciudadano, arrancando el 12 de agosto y concluyendo el 26 de octubre. Ignorar estos plazos acarrea la imposición de la sanción por extemporaneidad, cuyo monto mínimo equivale a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), independientemente de si la declaración arrojaba o no un valor a pagar. Postergar el trámite para las últimas horas del día de vencimiento suele derivar en contratiempos por congestión en los servidores del sistema o dificultades con el instrumento de firma electrónica. Actualizar previamente los datos de notificación en el RUT y contar con la clave de firma digital vigente son medidas de prevención recomendadas para asegurar la presentación fluida de la obligación y evitar sanciones innecesarias.

Por: Diego M Zuluaga O Solo faltó que el director Christopher Nolan entregara a los cinéfilos su adaptación de La Odisea de Homero para que, de nuevo y a escala mundial, se despertara la curiosidad por uno de los personajes más discutidos, maltratados por unos y reivindicados por otros, y para un grupo más intelectual, por la influencia decisiva de esta obra en el desarrollo de la literatura occidental. Para escribir este artículo, volví a leer el libro y a ver la película en mención; disfruté de sus efectos especiales y de algunas actuaciones, y también leí otros artículos, como el de Fredy Naranjo Pérez en LinkedIn, para comprender que La Odisea no es solo un libro más, sino una forma temprana de pensar la convivencia social, el gobierno, el rol de esposo y padre y, sobre todo, el resurgir de Odiseo como rey de Ítaca. La reciente adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan no solo reactivó el interés por un clásico de la tradición occidental, sino que volvió a mostrar hasta qué punto los grandes relatos antiguos conservan su potencia interpretativa en el presente. No se trata simplemente de una nueva versión de un poema célebre, sino de una mediación contemporánea que permite volver a una pregunta esencial: ¿qué significa regresar después de haber atravesado el mundo y haber sido transformado por él? Lea también: Los riesgos del espectáculo político de Abelardo De la Espriella ¿Cuál es la fascinación de la Odisea en este momento actual no solo del mundo sino de la sociedad, de los gobiernos y sus políticos? Desde esta perspectiva, el valor de La Odisea no reside únicamente en su condición de obra fundacional, sino en su capacidad para representar una experiencia profundamente humana: la de quien pierde el rumbo, atraviesa la prueba, resiste la dispersión y busca recuperar una forma de unidad interior. Odiseo no es solo el héroe que retorna a su patria; es también la figura del sujeto que intenta reconciliarse con su historia, con sus responsabilidades y con el sentido de su propia existencia. En él convergen el rey, el esposo, el padre, el navegante y el hombre extraviado que aprende, a través del dolor, que el viaje exterior siempre deja huellas en la conciencia. “Todos somos, en algún momento, Odiseo o Ulises. Su vida es espejo de la de cada uno y nido de historias de la travesía de la existencia física, interior y soñada”. La lectura filosófica del poema permite comprender que el regreso a Ítaca no debe interpretarse como una restitución simple del orden anterior. El retorno implica transformación. El hogar al que vuelve Odiseo ya no es exactamente el mismo que dejó, y él tampoco es el mismo que partió hacia Troya. La guerra, la pérdida de sus compañeros, la distancia y la espera han alterado su mirada sobre sí mismo y sobre el mundo. En este sentido, La Odisea no narra solo una serie de aventuras, sino el proceso mediante el cual un ser humano aprende que el tiempo modifica la identidad y que toda vuelta verdadera exige una reconfiguración del sujeto. Uno de los aspectos más vigentes de la obra es la forma en que vincula inteligencia y supervivencia. Odiseo no triunfa por la fuerza bruta, sino por su capacidad de prever, diseñar y resolver. El episodio del caballo de Troya, aunque pertenece al ciclo bélico previo al regreso, sintetiza esa lógica: la victoria depende del pensamiento estratégico más que de la violencia directa. Del mismo modo, su enfrentamiento con Polifemo y su paso frente a las sirenas muestran que la prudencia, el cálculo y el dominio de sí constituyen formas decisivas de relación con el mundo. La figura de Odiseo, en consecuencia, anticipa una comprensión del sujeto como ser reflexivo, capaz de elaborar respuestas ante lo imprevisible. Pero la obra no idealiza esa inteligencia. Homero deja claro que el ingenio no elimina el sufrimiento ni garantiza una felicidad sin costo. Odiseo sobrevive, pero paga un precio alto: pierde compañeros, enfrenta la ira divina, soporta el exilio y soporta también la distancia de todo aquello que da sentido a la vida. Esta tensión vuelve al poema profundamente filosófico, porque obliga a reconocer que la existencia humana está atravesada por decisiones cuyas consecuencias no siempre son previsibles. La inteligencia, en La Odisea, no es omnipotencia; es apenas la forma más alta de resistencia frente a la fragilidad. Lea también: La mayor amenaza que enfrenta el mundo se llama Donald Trump De ahí que el tema del regreso tenga una densidad que excede lo literal. Ítaca funciona como un símbolo del hogar, pero también como una imagen del centro interior al que el ser humano desea volver. En ese sentido, la obra puede leerse como una meditación sobre la identidad, la memoria y la pertenencia. Volver a casa no significa solamente recuperar un territorio; significa reencontrar una forma de estar en el mundo que no esté disuelta por la guerra, el tiempo o la pérdida. Por eso el poema sigue interpelando al lector contemporáneo: porque todos, en algún momento, vivimos algún tipo de extravío y buscamos, de distintas maneras, recuperar una morada interior. La permanencia de La Odisea en la cultura no depende, por tanto, de su antigüedad, sino de la intensidad con que continúa planteando preguntas decisivas sobre la condición humana. La obra persiste porque habla del amor, la espera, la esperanza, la fidelidad, la astucia, el dolor, la memoria y la necesidad de regresar. Su actualidad no es anecdótica ni decorativa; es estructural. Cada época vuelve a Homero porque encuentra en Odiseo una imagen de sí misma: una humanidad que avanza entre ruinas, se expone al desarraigo y, aun así, no deja de buscar un lugar propio en el mundo. Queda entonces la pregunta si hay necesidad de leer la Odisea, para interrogarnos: ¿Qué significa volver? ¿Qué ocurre cuando el viaje nos cambia? ¿Cómo se conserva la identidad en medio de la pérdida? ¿Qué papel tienen la inteligencia, la paciencia y la palabra frente a la fuerza?, porque reconocer la importancia de los clásicos, es una literatura que ha desarrollado muchas adaptaciones usadas para educar el pensamiento del individuo y entender la política y su democracia. En la lectura que sugiere la película de Nolan, este retorno adquiere una resonancia todavía más visible. El cine, como lenguaje de nuestro tiempo, no reemplaza al poema, pero sí lo reinscribe en una sensibilidad contemporánea y lo devuelve al debate público. De ahí que la adaptación no deba entenderse únicamente como espectáculo, sino como una oportunidad para recordar que los clásicos siguen vivos precisamente porque nos obligan a pensar quiénes somos, qué perdimos y qué significa, en verdad, volver. Lea también: ¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella? CONCLUSIONES En última instancia, La Odisea permanece vigente porque su tema central no es la navegación, sino la condición humana misma. El viaje de Odiseo es también el viaje del pensamiento, de la voluntad y de la conciencia. Y su regreso no concluye en Ítaca solamente, sino en una verdad más honda: el hogar que buscamos no está solo en el espacio que habitamos, sino en la posibilidad de reconciliarnos con nuestra propia vida. La Odisea sigue viva porque no se agota en su argumento. Su valor está en la forma en que convierte un regreso en una pregunta literaria: quiénes somos después de haber atravesado el mundo y cómo es posible seguir perteneciendo a esa posibilidad existir a las heridas de la guerra, en donde la historia conserva viva la esperanza en una civilización donde la dignidad de las personas y los vínculos humanos prevalecen sobre la violencia. Todo ello conduce al gran aprendizaje de la Odisea: reconocer y asumir las consecuencias de nuestros actos. Porque nadie regresa de un viaje siendo el mismo que partió.

Mientras que la domesticación vegetal fijó a las poblaciones humanas al territorio y redefinió el concepto de propiedad, la domesticación de animales modificó la propia biología, la epidemiología y la capacidad bioenergética de la especie humana. Durante más de 200.000 años, Homo sapiens interactuó con la fauna salvaje bajo una dinámica estrictamente depredadora. La transición hacia la zootecnia no consistió simplemente en capturar y enjaular bestias salvajes, sino en intervenir de forma deliberada —y a menudo inintencionada— en los procesos evolutivos de otras especies. Al seleccionar rasgos de mansedumbre, los primeros pastores desencadenaron transformaciones genéticas, anatómicas y de conducta que convirtieron a peligrosos ungulados y carnívoros en los cimientos vivos de la economía moderna. Lea también: La transformación que cambió el destino de la humanidad El "síndrome de domesticación" y la cresta neural En la década de 1950, el genetista soviético Dmitry Belyaev inició un experimento histórico con zorros plateados salvajes (Vulpes vulpes). Seleccionando únicamente un criterio —la falta de agresividad hacia los humanos—, Belyaev logró en pocas generaciones zorros mansos. Sorprendentemente, junto con el temperamento, aparecieron cambios físicos imprevistos: orejas gachas, colas enroscadas, despigmentación del pelaje (manchas blancas) y acortamiento del hocico. Este fenómeno se conoce hoy como el síndrome de domesticación y se explica mediante la hipótesis de los Crestocitos (Cresta Neural). Al seleccionar animales menos temerosos, los humanos redujeron indirectamente el flujo de células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. Esto acarreó dos consecuencias fundamentales: Atrofia del sistema suprarrenal: Menor producción de adrenalina y respuesta reducida al estrés o a la amenaza. Neotenia: Retención de rasgos físicos y comportamentales juveniles en la edad adulta (pedir alimento, docilidad, vocalizaciones infantiles). El Principio de Anna Karenina en la domesticación No todos los animales salvajes eran aptos para esta alianza. Como postuló el biólogo Jared Diamond aplicando la máxima de Tolstoy ("todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera"), para que una especie fuera domesticable debía cumplir seis criterios biológicos simultáneos: Requisitos de domesticabilidad Criterio Biológico Factor de Exclusión en Especies Salvajes Dieta Eficiente Carnívoros puros (Inviabilidad energética) Crecimiento Rápido Elefantes / Gorilas (Maduración muy lenta) Cría en Cautiverio Guepardos (Ritos de apareamiento complejos) Disposición Apacible Cebras / Hipopótamos (Agresividad innata) Ausencia de Pánico Gacelas (Mueren por colisión al huir) Estructura Jerárquica Rinocerontes (Territoriales y solitarios) Cronología y focos biogeográficos de la alianza animal La domesticación no ocurrió en un único lugar ni al mismo tiempo. Surgió de manera independiente en diversos nodos del planeta, comenzando con una alianza previa a la agricultura (el perro) y consolidándose durante el Holoceno temprano con los ungulados de abasto. Sucesión cronológica de las principales domesticaciones Especie Doméstica Ancestro Salvaje Foco Geográfico Aparición Perro (Canis familiaris) Lobo gris (Canis lupus) Eurasia (Cazadores-Recolectores) c. 15.000 – 30.000 a.C. Cabra (Capra hircus) Cabra salvaje (Capra aegagrus) Montes Zagros / Anatolia c. 10.500 a.C. Oveja (Ovis aries) Muflón asiático (Ovis gmelini) Sudoeste de Asia (Creciente Fértil) c. 10.000 a.C. Cerdo (Sus domesticus) Jabalí (Sus scrofa) Creciente Fértil y China (Independiente) c. 9.000 a.C. Ganado Vacuno (Bos taurus) Uro salvaje (Bos primigenius) Creciente Fértil e Valle del Indo c. 8.500 a.C. Caballo (Equus caballus) Caballo salvaje eurasiático Estepa Pónstica (Cultura Botai) c. 3.500 a.C. Lea también: La historia de la domesticación del perro La firma arqueozoológica: la domesticación en el fósil Dado que los tejidos blandos desaparecen, los arqueozoólogos emplean indicadores osteológicos y demográficos cuantitativos para identificar cuándo un grupo humano dejó de cazar para comenzar a gestionar un rebaño: Reducción de la masa corporal y cambio morfológico Las primeras generaciones de animales domésticos sufrieron una marcada reducción de tamaño respecto a sus ancestros silvestres. Un uro salvaje (Bos primigenius) alcanzaba cerca de 1,80 metros de altura en la cruz y pesaba más de una tonelada; sus descendientes neolíticos eran sustancialmente más pequeños. Asimismo, la presión defensiva disminuyó, lo que provocó una reducción biomecánica de la cornamenta en ovejas y cabras, o incluso la aparición de individuos encornes (sin cuernos). Perfiles de mortalidad por edad y sexo (Curvas de Sacrificio) En un yacimiento de cazadores-recolectores, la fauna abatida muestra una selección aleatoria o enfocada en adultos jóvenes reproductores. En un asentamiento pastoril neolítico, el registro dental y epifisario revela patrones artificiales: La revolución de los productos secundarios En 1981, el arqueólogo Andrew Sherratt formuló una distinción crítica en la historia económica de la humanidad: la diferencia entre la explotación primaria y la explotación secundaria de la fauna. PRODUCTOS PRIMARIOS (Extracción Única) PRODUCTOS SECUNDARIOS (Extracción Continua) • Carne • Leche y derivados (Queso, Mantequilla) • Cueros y Pieles • Lana y Pelaje (Tejeduría regular) • Huesos y Tendones (Herramientas) • Fuerza de Tiro (Tracción para Arado/Carro) • Tuétano • Estiércol (Abono Agrícola / Combustible) La adopción de los productos secundarios transformó a los animales en un depósito de energía y una máquina biológica: La Fuerza de Tiro y la Biomecánica del Trabajo: Enganchar un par de bueyes a un arado de madera multiplicó por diez la capacidad de roturar la tierra de un agricultor humano. Esto permitió cultivar suelos pesados de arcilla que eran inalcanzables con la simple azada manual. El Estiércol como Catalizador Agrícola: La concentración de deyecciones animales proporcionó el nitrógeno y fósforo necesarios para evitar el agotamiento de los suelos de cultivo, rompiendo el ciclo de la agricultura itinerante y consolidando el sedentarismo permanente. La paradoja epidemiológica y la coevolución biológica humana La convivencia estrecha y continuada con miles de animales en espacios reducidos y poco higiénicos alteró la biología humana en dos frentes masivos: La barrera zoonótica y las grandes pandemias La inmensa mayoría de las patógenos infecciosos que han azotado a las sociedades complejas son enfermedades zoonóticas que saltaron de la fauna doméstica al ser humano mediante mutaciones de adaptación de hospedador: Patógeno Humano Ancestro Doméstico / Zoonótico Viruela Peste bovina / Viruela vacuna Sarampión Peste de los pequeños rumiantes (Ganado) Gripe A (Influenza) Aves acuáticas y Cerdos Tos Ferina Bovinos / Cánidos Tuberculosis (M. tuberculosis) Mycobacterium bovis (Ganado) Lea también: Estudio revela inicios del caballo como medio de transporte Las poblaciones euroasiáticas que convivieron durante milenios con estos patógenos desarrollaron una selección natural epidemiológica (inmunidad adaptativa de rebaño). Este factor biológico tendría, milenios más tarde, consecuencias devastadoras durante el contacto con las poblaciones americanas que no poseían dicha carga infectocontagiosa previa. La selección genotípica: Persistencia de la Lactasa Biológicamente, los mamíferos pierden la capacidad de sintetizar la enzima lactasa (necesaria para digerir la lactosa de la leche) tras el destete. Sin embargo, en comunidades pastoriles del norte de Europa y del África subsahariana, surgió y se propagó con rapidez una mutación en el gen LCT que permite la persistencia de la lactasa en la edad adulta. Esta mutación ofreció una ventaja adaptativa colosal durante periodos de malas cosechas: la leche era una fuente inagotable de proteínas, grasas y calcio libre de contaminantes bacterianos presentes en las aguas estancadas. El impacto histórico Si la domesticación vegetal confirió a la humanidad el dominio sobre el espacio vegetal, la domesticación animal le otorgó fuerza motriz no humana, protección biológica contra la hambruna y una aceleración demográfica sin precedentes. Sin el buey uncido al arado, las llanuras aluviales del Tigris, del Éufrates o del Nilo no habrían podido generar los excedentes cerealistas requeridos para mantener a reyes, escribas, sacerdotes y artesanos. Sin el caballo domesticado en las estepas, la velocidad de comunicación y la logística militar no habrían traspasado las fronteras regionales. Sin embargo, este pacto simbiótico tuvo un costo amargo: la aparición de las grandes pandemias infecciosas que marcaron la historia sanitaria de la humanidad y la transformación radical de los ecosistemas globales. Al domesticar al animal, el ser humano no solo cambió la naturaleza de las bestias; se rediseñó a sí mismo.

SERIE HISTORIA DE COLOMBIA. TEMPORADA 3: Modernidad, Violencia y Transformación (1900 - 1989). Mientras las élites políticas en Bogotá continuaban enredadas en los debates parlamentarios y la reconstrucción institucional tras los traumas de principio de siglo, en el norte del país el futuro se gestaba a otra velocidad. A finales de la década de 1910, Colombia seguía siendo un país fragmentado por su propia geografía: un viaje desde la costa Caribe hasta la capital andina podía tardar semanas en barcos de vapor que encallaban en los bancos de arena del río Magdalena, seguidos por extenuantes jornadas a lomo de mula. Sin embargo, entre 1919 y 1920, la audacia empresarial y la necesidad de conectividad convirtieron a Colombia en un pionero global. En Barranquilla, la "Puerta de Oro" de la nación, nació SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos), la primera aerolínea comercial de América y la segunda en todo el mundo. Lea también: 1903: La separación de Panamá, la herida internacional El encuentro que cambió la historia del transporte El 5 de diciembre de 1919, en una Barranquilla que bullía gracias al comercio exterior y la migración, un grupo de cinco empresarios colombianos y tres alemanes se reunieron para firmar la escritura pública número 2374. Entre ellos destacaba el industrial barranquillero Ernesto Cortissoz, quien asumió la primera presidencia de la compañía, acompañado por visionarios como Alberto Tietjen y Werner Kämmerer. El plan parecía una locura digna de una novela de aventuras: establecer una línea de transporte regular utilizando aviones en un país que carecía por completo de aeropuertos, pistas de aterrizaje, torres de control o mapas aeronáuticos precisos. Las "aves de hierro" sobre la gran arteria fluvial Para resolver la falta de infraestructura terrestre, los fundadores de SCADTA recurrieron a una genialidad logística: si la geografía andina impedía construir pistas de aterrizaje, la hidrografía del país ofrecía una solución natural. Compraron dos hidroaviones alemanes Junkers F 13, construidos completamente de duraluminio, un material revolucionario para la época. Los aviones, bautizados significativamente como Colombia y Bogotá, no necesitaban pistas de asfalto; utilizaban el río Magdalena como una inmensa y líquida pista de despegue y amarizaje. El piloto alemán Helmuth von Krohn realizó el primer vuelo de prueba entre Barranquilla y Puerto Berrío en septiembre de 1.920. El avión transportaba apenas unas cuantas cartas de correo y al ingeniero aeronáutico Fritz Hammer. En los meses siguientes, los vuelos se regularizaron, conectando los puertos fluviales clave y permitiendo que el correo y los pasajeros de la costa llegaran a Girardot, desde donde se ascendía en tren a Bogotá en un tiempo récord. La revolución de las distancias El impacto de SCADTA en la vida cotidiana de los colombianos adinerados y el comercio fue inmediato y demoledor. La aviación civil borró de un plumazo el aislamiento histórico de las regiones. Ruta de Viaje Época Colonial / Siglo XIX Con SCADTA (1920) (Barranquilla - Bogotá) Medio de transporte Barco de vapor por el río Hidroavión Junkers principal Magdalena + Mula / Tren de hasta Girardot + Tren montaña a la capital Tiempo estimado de viaje De 15 a 30 días (dependiendo Únicamente 8 horas. del caudal del río) Lea también: 1902: La Paz de Neerlandia y Wisconsin. El país en ruinas El legado cultural: El país se hace más pequeño La llegada de la aviación transformó la mentalidad de los habitantes del país. El cielo, que antes solo se miraba para predecir las lluvias de las cosechas, ahora se observaba con asombro ante el rugido de los motores alemanes. Las noticias de Europa, la mercancía fina, la correspondencia comercial y los periódicos locales ya no llegaban con semanas de retraso. SCADTA —que décadas más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en Avianca— demostró que el ingenio regional podía sortear el histórico determinismo geográfico del país. Mientras la política centralista iba despacio, la tecnología y el espíritu del Caribe volaban alto.

Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez Al momento de escribir esta columna se anunció el aplazamiento de la visita que el Presidente De la Espriella tenía prevista realizar a La Guajira los días 12 y 13 de agosto. La razón lo justifica plenamente: el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado lunes y que merece toda la atención del Gobierno. La Guajira lleva esperando veinte años y merece una fecha reprogramada y cumplida. De manera respetuosa, le sugiero un ejercicio, Presidente De la Espriella, vuelva mentalmente a hace veinte años. La Guajira de 2005 ya cargaba una deuda social insoportable: apenas 51,3% de cobertura de acueducto, frente a 83,4% nacional, y una mortalidad infantil de 35 niños por cada mil nacidos vivos. Diez años después, en 2015, esa cifra apenas bajaba a 33, mientras el país promediaba 17. Lea también: Así operan los ´contrataderos´ que saquean el presupuesto de La Guajira Ahora regresamos al presente. Los indicadores cambiaron de metodología, los gobiernos cambiaron de discurso, pero la realidad esencial sigue siendo una vergüenza nacional. En 2024 La Guajira registró pobreza monetaria de 65,7%, que es la segunda más alta del país, y pobreza extrema de 43,2%: cerca de 676.000 personas pobres y 444.000 en pobreza extrema. La pobreza multidimensional cayó de 42,6% a 39,3%, avance que no borra que casi cuatro de cada diez guajiros sigan privados de educación, salud, vivienda o servicios básicos, con coberturas rurales de apenas 21% en acueducto y 33% en alcantarillado. Y no ha sido por falta de plata. Solo en 2023 los municipios recibieron $1,2 billones del SGP, y todos los gobernadores de los últimos veinte años han terminado presos por corrupción. Un contrato de 42 megacolegios de 2009 sigue investigado penalmente, y 25 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) por $82.000 millones tienen la mitad sin avance real. En La Guajira gobierna la corrupción, no el Estado. Frente a las costas guajiras se confirman nuevos hallazgos de gas: el pozo Copoazú-1 y los bloques Tayrona y Guajira Offshore 10, que se suman a los históricos campos Chuchupa-Ballena. Le sugiero estudiar la pignoración por 30 años de las regalías de estos nuevos yacimientos, destinadas a un paquete cerrado de megaobras: la doble calzada Sur-Norte desde el puente del río Pereira hasta el puente de Palomino, con ramales Maicao-Venezuela y Uribia-Punta Gallinas; la ampliación del aeropuerto Almirante Padilla, ya iniciada pero con atrasos; y la terminación de la represa del río Ranchería, abandonada tres años y cuya conclusión ordenó el Consejo de Estado Pero hay un segundo activo estratégico que La Guajira no puede seguir regalando: su viento. Ya existen 490 megavatios de proyectos eólicos en reactivación, Alpha y Beta, con procesos de consulta previa ante 108 comunidades indígenas. Le propongo que el departamento no vuelva a ser simple espectador de esa riqueza, como lo fue con el carbón del Cerrejón. Es momento de crear una sociedad de economía mixta de energía eólica, con participación accionaria de la Gobernación, los 15 municipios y los resguardos indígenas guajiros, pero con mayor participación patrimonial del sector privado, que aporte el capital, la tecnología y la eficiencia operativa que el Estado local ha demostrado no tener. Así, las regalías dejarían de ser la única renta del viento: los guajiros serían también socios y dueños de los parques que se levantarían sobre su territorio, con dividendos permanentes más allá de cualquier ciclo político. Lea también: Hablar claro es el primer paso para transformar La Guajira Ningún peso de regalías pignoradas ni ningún dividendo de esa sociedad mixta debe manejarse sin vigilancia ciudadana vinculante. La prueba de que interventorías y órganos de control no garantizan nada está en la represa del Ranchería, en los megacolegios y en cada gobernador preso. Cada proyecto debe publicarse en un tablero abierto, con avance físico, contratista y pagos, verificables por comunidades, juntas de acción comunal y medios locales en tiempo real. Presidente, con todo respeto, atienda primero la tragedia del Eje Cafetero y el Chocó, como corresponde. Pero cuando reprograme su visita, que no sea otra foto con corbata: que sea la firma del compromiso de que el gas y el viento de La Guajira, esta vez, no terminen hundidos por la misma corrupción que gobernó los últimos veinte años. Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”.

SERIE HISTORIA DE COLOMBIA. TEMPORADA 2: El Siglo de las Guerras y las Constituciones (1832 - 1899) En mayo de 1863, un grupo de intelectuales, abogados y políticos de corte liberal radical se reunió en el histórico municipio de Rionegro, Antioquia. Venían de ganar una cruenta guerra civil contra los sectores conservadores y centralistas, liderados por el imponente general Tomás Cipriano de Mosquera. La misión de esta asamblea no era simplemente reformar el Estado, sino refundarlo desde sus cimientos éticos y filosóficos. El resultado fue la Constitución de Rionegro, el documento jurídico más audaz, utópico y marcadamente liberal que ha tenido la nación. Al estampar sus firmas, cambiaron no solo las reglas del juego, sino el nombre mismo de la patria: nacían oficialmente los Estados Unidos de Colombia. Aquella era la época del "Olimpo Radical", un período donde una élite intelectual creyó firmemente que una ley de libertades absolutas bastaría para civilizar a un país acostumbrado al ruido de las bayonetas. Lea también: 1851: La abolición definitiva de la esclavitud Un decálogo de libertades absolutas La Carta Política de 1863 se convirtió de inmediato en un faro de vanguardia legal para el mundo. El mismísimo escritor francés Víctor Hugo, al enterarse de su contenido, llegó a exclamar que aquella era una constitución "para una nación de ángeles". Y es que los constituyentes granadinos llevaron el liberalismo clásico a su máxima expresión práctica. El documento consagraba un abanico de derechos civiles sin precedentes: Abolición de la pena de muerte: Convirtiendo a la República en uno de los primeros territorios del mundo en proteger el derecho a la vida de manera absoluta. Libertad absoluta de imprenta y expresión: Sin ningún tipo de censura previa por parte del Estado o la Iglesia. Libertad de cultos y conciencia: Separando formalmente el poder de la Iglesia Católica de los asuntos públicos y de la educación estatal. Garantías procesales individuales: Nadie podía ser juzgado por tribunales especiales ni sometido a penas corporales o de prisión por deudas. La importancia histórica de Rionegro: El Gran experimento federal La relevancia de la Constitución de 1863 en la historia de los derechos humanos y el constitucionalismo latinoamericano radica en que desafió por completo la herencia colonial centralista. El Olimpo Radical creía que la única forma de evitar la tiranía de un presidente todopoderoso asentado en Bogotá era atomizar el poder. Por lo tanto, la importancia de esta carta política se resume en tres dimensiones estructurales que cambiaron la faz de las regiones: Dimensión Impacto Real de la Constitución de 1863 Soberanía Regional El país se dividió en 9 Estados Soberanos (Antioquia, Absoluta Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima). Cada uno tenía su propio ejército, sus propias leyes, su sistema de votación e incluso su propia moneda. Debilitamiento del Para evitar dictaduras, el período del Presidente de la Poder Central Unión se redujo a tan solo 2 años, y se le prohibió la reelección inmediata. El mandatario central era poco más que un coordinador de relaciones exteriores y un árbitro entre estados. Laicización de Se decretó la libertad de cultos, se confiscaron bienes de la Sociedad manos muertas a la Iglesia y se impulsó la educación laica y científica como pilar de la modernización. Lea también: 1832: Nace la Nueva Granada. Un país tratando de entenderse a sí mismo La utopía herida: El reverso de la moneda Pese a sus nobles intenciones de construir un país moderno y civilizado, la Constitución de Rionegro adolecía de un optimismo jurídico ciego. Al otorgarle tanta soberanía a las provincias y dejarlas armarse de forma independiente, el texto constitucional terminó atomizando no la paz, sino la guerra. Durante los 23 años de vigencia de esta carta política, la Unión presenció más de cuarenta guerras civiles locales y dos de carácter nacional (1876 y 1885). Si el presidente de un Estado Soberano no compartía la ideología del vecino, las fronteras internas se convertían en campos de batalla. El comercio se asfixiaba bajo aduanas provinciales y el tendido de las redes de ferrocarril o de telégrafo se volvía una pesadilla logística debido a las legislaciones contradictorias de cada región. El experimento del Olimpo Radical demostró que las leyes más progresistas del planeta pueden quedar reducidas a "letras muertas" si no van acompañadas de una infraestructura económica real y de un tejido social integrado. Sin embargo, Rionegro dejó una huella imborrable: demostró que Colombia era capaz de pensarse desde la diversidad regional y los derechos individuales más avanzados, un eco ideológico que tardaría más de un siglo en volver a plasmarse plenamente en nuestra actual Constitución de 1991.

SERIE HISTORIA DE COLOMBIA. TEMPORADA 2: El Siglo de las Guerras y las Constituciones (1832 - 1899). En agosto de 1886, el cartagenero Rafael Núñez pronunció desde el balcón del palacio presidencial una de las sentencias más tajantes de nuestra historia: "La Constitución de Rionegro ha dejado de existir". Con esa frase se clausuraba el audaz experimento federal del Olimpo Radical y se daba inicio a La Regeneración, un movimiento político y jurídico colosal coliderado por el intelectual conservador Miguel Antonio Caro. Este giro de timón liquidó los "Estados Unidos de Colombia" para fundar una república unitaria, centralista y clerical bajo la Constitución de 1886. No fue un simple cambio de leyes; fue un volantazo ideológico radical cuyas repercusiones moldearon la política, la educación y la violencia en el país durante los siguientes 105 años. Lea también: 1863: La Constitución de Rionegro y los Estados Unidos de Colombia ¿Por qué el giro? Del "país de ángeles" al caos de la pólvora Para entender por qué Colombia pasó de tener la constitución más liberal del mundo a un régimen profundamente autoritario y restrictivo, hay que mirar el colapso del orden federal instaurado en 1863. El Olimpo Radical había diseñado un país idealizado, pero la realidad granadina era terca. El modelo de los nueve Estados Soberanos independientes terminó por asfixiar la viabilidad de la nación debido a tres factores críticos: Anarquía armada: Al permitir que cada estado tuviera su propio ejército, el país vivió en una guerra civil perpetua. Si una facción perdía las elecciones en Bogotá, se armaba en su provincia y marchaba hacia la capital. Bloqueo económico: Cada región cobraba aduanas e impuestos a los productos de los estados vecinos, destruyendo el comercio interno. Construir un ferrocarril nacional era imposible si cada provincia exigía trazados, trochas y regulaciones distintas. El detonante de 1885: La gran guerra civil de 1884-1885, donde los liberales radicales se levantaron contra el propio Núñez (quien había llegado a la presidencia mediante una coalición moderada), convenció a las élites de que el federalismo puro era sinónimo de caos. El lema del gobierno se volvió pragmático y severo: "Regeneración administrativa o catástrofe". Los pilares del nuevo orden de 1886 Miguel Antonio Caro, el principal redactor del nuevo texto, tenía una visión clara: la identidad colombiana no debía basarse en leyes abstractas francesas, sino en la tradición hispánica, el idioma español y la fe católica. La nueva constitución reorganizó el Estado bajo una fórmula simple: centralización política y descentralización administrativa. Constitución de Rionegro (1863) Constitución de la Regeneración (1886) Forma de Estado: Federal (9 Estados Forma de Estado: Unitario y Centralista (las Soberanos con ejército y leyes propias) provincias se vuelven Departamentos dirigidos por gobernadores nombrados a dedo desde Bofotá). Relación Iglesia-Estado: Separación Relación Iglesia-Estado: Alianza íntima. La absoluta y confiscación de bienes religión católica se declara pilar del orden eclesiásticos. social y toma el control total del sistema educativo nacional. Período Presidencial: 2 años, Período Presidencial: 6 años, con amplias sin reelección inmediata. Poder facultades de estado de sitio (el presidente ejecutivo muy débil. podía legislar por decreto suspendiendo derechos). Derechos Civiles: Abolición de la Derechos Civiles: Regreso de la pena de pena de muerte; libertad absoluta muerte; censura previa a la prensa por de prensa. "alterar el orden público". Un siglo de repercusiones: El largo eco de 1886 La arquitectura institucional diseñada por Núñez y Caro funcionó como una camisa de fuerza. Aunque logró unificar la moneda nacional (creando el Banco Nacional) y dotar al país de un ejército único, sembró las semillas de los grandes traumas del siglo XX. Sus repercusiones duraron un siglo exacto, hasta que fue derogada por la Asamblea Constituyente de 1991: Lea también: 1830: La muerte de Simón Bolívar y el fin de la Gran Colombia La exclusión política como motor de la violencia Al centralizar todo el poder en Bogotá y condicionar el voto y la participación a criterios de propiedad y alfabetismo, el partido gobernante monopolizó el Estado. Los liberales quedaron completamente excluidos de la administración pública, los juzgados y el Congreso. Esta asfixia democrática fue el detonante directo del último gran desastre del siglo XIX: la Guerra de los Mil Días (1899). El control moral y cultural de la sociedad Mediante el Concordato de 1887 con la Santa Sede, la Iglesia Católica adquirió la potestad de vetar libros de texto, censurar a profesores universitarios y prohibir publicaciones que considerara contrarias a la fe. El matrimonio civil y el divorcio fueron liquidados. Colombia se convirtió en un país monocultural y profundamente conservador en sus costumbres, donde la disidencia ideológica o religiosa era perseguida como un delito. Una rigidez institucional asfixiante El sistema de la Regeneración le otorgó tal blindaje al ejecutivo que volver a reformar la constitución se convirtió en una tarea casi imposible. Cuando el país se urbanizó en las décadas de 1930 y 1950, y aparecieron nuevas demandas sociales, movimientos obreros y fuerzas políticas, el andamiaje de 1886 no supo absorber los cambios, respondiendo sistemáticamente con el uso del "Estado de Sitio" y la represión militar, perpetuando el ciclo de violencia política que marcó nuestra modernidad.

SERIE HISTORIA DE COLOMBIA. TEMPORADA 3: Modernidad, Violencia y Transformación (1900 - 1989). Colombia no recibió el siglo XX con celebraciones ni optimismo. Lo recibió con el sonido de los fusiles y el hedor de los camposantos improvisados. Para 1902, la Guerra de los Mil Días —ese enfrentamiento fratricida entre liberales y conservadores que había comenzado en 1899— ya no era una gesta heroica por ideales políticos; era una sangrienta guerra de desgaste que tenía al país completamente exhausto, quebrado y moralmente destruido. El fin del conflicto no llegó por una victoria militar absoluta, sino por puro agotamiento físico y económico. Dos tratados firmados en el último trimestre de 1902 le pusieron el sello final a la mayor tragedia del siglo XIX colombiano, dejando un lienzo de desolación sobre el cual se intentaría construir la Colombia moderna. Lea también: 1899: La Guerra de los Mil Días y el desangre de la patria El saldo de la locura: ¿Cómo quedó el país? Antes de entender la paz, hay que mirar las cenizas. La Colombia de 1902 era un espectro de nación. Aunque los censos de la época eran imprecisos, se calcula que la guerra se cobró la vida de aproximadamente 100.000 colombianos, una cifra aterradora si pensamos que la población total del país apenas rondaba los 4 millones de habitantes. Toda una generación de jóvenes agricultores, artesanos y profesionales desapareció en las trincheras de Palonegro o en las ciénagas del Caribe. La economía estaba en una situación aún peor, caracterizada por un descalabro financiero total: La fiebre del papel moneda: Para financiar las campañas militares, el gobierno conservador emitió billetes de forma descontrolada. El peso colombiano se devaluó a niveles nunca antes vistos; la inflación era tan asfixiante que la gente necesitaba fardos de billetes para comprar un simple pedazo de tasajo o una libra de sal. Campos estériles: La agricultura, motor del país, quedó paralizada. Las haciendas cafeteras estaban quemadas o abandonadas, el ganado había sido confiscado por los ejércitos de ambos bandos para alimentarse, y las vías de comunicación —de por sí precarias— estaban destruidas. Claramente, en 1902 Colombia era un territorio de huérfanos, viudas y mutilados, donde el dinero no valía nada y el odio político lo valía todo. "Dos firmas para el silencio: Neerlandia y Wisconsin La paz no se negoció en los elegantes salones de Bogotá, sino en los escenarios donde la guerra se había vuelto insostenible: el Caribe y el istmo de Panamá. El Tratado de Neerlandia (24 de octubre de 1902): El general Rafael Uribe Uribe, la figura militar más brillante del liberalismo, comprendió que continuar la lucha era un suicidio colectivo. Rodeado y sin suministros en el departamento del Magdalena, firmó la paz en la hacienda bananera Neerlandia. Este tratado buscaba salvar la vida de los combatientes liberales. El gobierno conservador prometió una amnistía total, la liberación de los presos políticos y, crucialmente, la inclusión de la oposición en los debates del Congreso. Uribe Uribe entregó sus armas y sus hombres, dando el primer paso real para apagar el incendio nacional. Lea también: 1886: La Regeneración de Núñez y Caro. El autoritarismo de un siglo El Tratado del Wisconsin (21 de noviembre de 1902): Aunque Neerlandia apagó la guerra en el interior, el istmo de Panamá seguía encendido. Allí, los liberales liderados por el general Benjamín Herrera mantenían una fuerte resistencia. Sin embargo, un actor externo decidió intervenir: Estados Unidos. Preocupados por sus intereses comerciales y sus planes de construir un canal interoceánico, los estadounidenses presionaron a ambos bandos para firmar el fin de las hostilidades. La firma definitiva se dio a bordo del USS Wisconsin, un imponente acorazado de la marina norteamericana anclado en la bahía de Panamá. El Tratado del Wisconsin selló la paz definitiva, pero dejó una sensación agridulce y una ominosa sombra de injerencia extranjera. Colombia volvía a estar en paz, sí, pero era la paz de los sepulcros. El país estaba mutilado anímicamente y listo, sin saberlo, para sufrir el golpe internacional más doloroso de su historia apenas un año después: la separación de Panamá.