Lo que debe considerar ADLE en la revisión del presupuesto de 2027

Por: Jorge Vergara Carbó

En una sabia decisión, las Comisiones Económicas del Congreso decidieron devolverle al gobierno de ADLE el PGN presentado por el presidente Petro, por considerar que no se presentó de acuerdo a la normatividad vigente y principalmente por estar desfinanciado teóricamente en $30.2 billones, al plantear gastos por $575.7 billones, contra $545.5 billones de ingresos. Cifra que no dudamos aumentará en la revisión a $50 billones.

Le corresponde al ministro de Hacienda, con su equipo de gobierno, ministros y gerentes de empresas y establecimientos públicos, revisar con detalle cada uno de los ítems presupuestados, tarea que no será fácil por el corto tiempo que tienen para presentar al Congreso el 30 de agosto del 2026, el nuevo presupuesto.

Lo primero que debe hacerse es revisar las proyecciones de las variables macroenomicas que hacen parte del presupuesto, tales como la TRM, el crecimiento del PIB de este y el próximo año, el precio del petróleo y del carbón, porque siguen siendo nuestros principales productos de exportación, la inflación corrida año y la proyectada 2027, y las importaciones que han venido creciendo. Esto es importante, porque el presupuesto de Petro se elaboró con los siguientes parámetros: IPC 4.8% (hoy 6.03); TRM$3.880 (hoy $3.128,65), PIB 2.2% (hoy a junio 2.2%, proyección 2027 2.5%). Importaciones 5% del PIB, cifra que a junio de este año esta alrededor del 20%.

Lea también: El PIB debería crecer al 5% para sanear las finanzas públicas: ANDI

Lo segundo revisar bien, el recaudo efectivo de la DIAN para el año 2026, que a julio ha recaudado $182 billones, cifra afectada por el recaudo de las emergencias económicas decretadas por el gobierno, se recauda impuestos que deberían pagarse en el año 2027, lo que por supuesto incrementará los ingresos de este año y reducirá los de 2027. Es posible que este año el recaudo sea similar al del 2025, unos $296 billones, cifra lejos de la meta propuesta $317 millones. Este es uno de los puntos más sensibles, el cual debe calcularse con hechos reales y no con expectativas falsas, especialmente la relacionada con la evasión-elusión, siempre aspiran a disminuirla y nunca lo logran.

Lo tercero revisar bien el monto del déficit fiscal, sino sabemos con exactitud a cuánto asciende, complica la toma de decisiones. No es lo mismo, un déficit del 6.4% del PIB, que uno del 7.4% u 8%. El PIB del 2025 fue de $1050 billones, a precios constantes lo que indica que si el déficit es del 6.4%, el monto del déficit seria de $67.2 billones y si es el 8%, la suma es de $84 billones. El PIB del 2025, a precios corrientes fue de $1812.7 billones, lo que indica que el déficit primario del 3.6%, equivale a un déficit de $65.2 billones. La tarea del ministerio de Hacienda es auditar bien las cuentas para llegar al déficit primario real y al déficit real del país. No se puede jugar con la cifra del déficit, y menos ahora con el gasto que se tiene que hacer este año por el terremoto cuya reconstrucción mal calcula superará los $40 billones, este año.

Lo cuarto ajustar el precio del Diesel que en Colombia se vende a US$3.60 el galón, cuando en USA vale US$5.43, una diferencia significativa US$1.83, unos $5.725 pesos por galón, cifra que no se justifica subsidiar. Petro siguió subsidiando el Diesel, esto es insostenible con el déficit fiscal que su gobierno le deja al gobierno de ADLE. Tema al que le temen por el estallido social, pero que no se puede evadir, hay mecanismos tributarios que el gobierno puede aplicar para subsidiar el transporte sin necesidad de subsidiar a todos los que consumen Diesel. Caso contrario sucede con la gasolina, Petro la ajusto por encima del precio internacional (una reforma tributaria sin pasar por el Congreso), hasta el punto que hoy el galón de la gasolina corriente en USA vale US$3.89, es decir unos $12.170 pesos, y en Colombia ese mismo galón vale $16.000, una diferencia de $3.830, que estamos pagando desde hace más de dos años. En la práctica quienes consumen gasolina subsidian a los que consumen Diesel. La peor decisión de un gobierno es subsidiar los combustibles, lo demostramos en varios de nuestros escritos sobre el tema “VUELVE Y JUEGA” publicado el 7 de septiembre de 2025. El subsidio al Diesel, representa unos $12.0 billones al año, resultado de multiplicar el consume anual de 2100 millones de galones de Diesel, y multiplicarlo por la diferencia en precio $5.725. Los colombianos consumen 1100 millones de galones de gasolina corriente al año, lo que significa que quienes consumen gasolina pagan por encima del precio internacional al año $4.2 billones, cifra que no cubre el déficit que genera el Diesel $12 billones. Dinero que necesitamos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. No es fácil bajar la gasolina y aumentar el Diesel, pero si quieren tener credibilidad deben hacerlo progresivamente.

Lo quinto auditar bien la deuda interna y externa, no podemos pagar por el servicio de la deuda $118 billones, el 21.6 de los ingresos previstos $545 billones. Eso no lo aguanta ningún país, y menos nosotros con tantos problemas sociales por resolver que hoy se nos incrementa por el terremoto reciente que hizo mucho daño, no solo por los 288 muertos, y miles de heridos, sino por los daños causados a más de 40.000 viviendas, aeropuertos y vías carreteables, edificios, colegios, hospitales entre otros. Sincerar la deuda es un paso prioritario, no podemos seguir pagando TES al 14%.

Lo sexto ajustar la inversión por ministerio, teóricamente la inversión está en $90 billones, un 15.6% del monto del presupuesto $575 billones, digo teóricamente porque la realidad es que año a año en cada ministerio y en las entidades del Estado aparecen unos rubros de inversión, que nadie nunca sabe si se ejecutaron o no, y cada año se incluyen, incluso cuando se hace la regionalización de la inversión que es por ley, aparecen esas partidas. “Es copia y pega”. Ese es uno de los errores que se cometen en la elaboración del presupuesto de inversión, que debería elaborarlo el DNP conjuntamente con los ministerios y entes descentralizados, parce ser ya no se hace. No se prioriza la inversión, se asignan montos que de antemano se sabe que no son suficientes o no se tiene capacidad para ejecutarlo. Si revisan los documentos que hemos publicado sobre el tema, estos últimos años, podrán verificar que el presupuesto de inversión es la repetidera de la repetidera “Golpe Duro del Gobierno de Petro al Atlántico, Disminuyó la inversión de 2025, en el 32.5%” septiembre 27 de 2024. 2025.

La inversión programada obedece más a presiones políticas que a decisiones económicas. No se definen los proyectos por su rentabilidad social, lo que significa una mala programación de los dineros públicos. Al gobierno central como al de las entidades territoriales se les olvida que los recursos financieros públicos son escasos, lo que de tenerlo claro debe implicar invertirlos donde mayor beneficio social genere. No se enfrentan proyectos, por ejemplo, un aeropuerto con una vía, o un colegio con un parque. Eso no se hace, de ahí, tantas obras convertidas en elefante blanco u inoficiosas como sucede con el destino de los recursos de las regalías envuelto en escándalos de corrupción. El DNP no debe realizar funciones ejecutoras, debe ser un ente planificador, cuando le entregaron el manejo de las regalías, perdió su razón de ser. Es una Institución que debe recuperar el nuevo gobierno, al igual que el DANE.

Lo séptimo, las entidades de control y vigilancia le cuestan al país anualmente $12.4 billones, sin resultado alguno en la protección de los dineros públicos, la corrupción sigue creciendo en todo el país. Instituciones como Auditoria General de la República, Economía Solidaria, UAIEF, UGPPP, Superfinanciera, Fondo de Adaptación, Supervigilancia, SIC, FGN, PGN, CGR, Defensoría del Pueblo. Son entidades que no resisten una evaluación seria de su gestión, dejan mucho que desear. El ministro Miguel Gómez Martínez debería citar a los directivos de las entidades señaladas para pedirle que revisen lo presupuestado para el 2026 y 2027, y pedirles presenten una disminución para el año 2026, de un billón de pesos, y para el 2027, una disminución de $2 billones, entre todas las entidades que tienen que ver con el control. El control cuesta, por ello debe dar resultados. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, ministros han sido investigados y condenados? ¿Cuánto dinero hemos recuperado efectivamente que entrara a Tesorería Nación del 2022 al 2026? Del 2022 al 2026, la CGR ha recuperado $4.4 billones, $3.7 por cobro coactivo y el resto pago o reintegro de bienes. Esos cuatro años, cuanto les costó la CGR a los colombianos $6 billones. Peor, es la situación para la PGN que nos cuesta $1.8 billones anual, y la FGN $6.7 billones. No sancionan a nadie, engavetan las denuncias principalmente en Barranquilla, donde sus denuncias la Procuraduría Regional la traslada al Distrito para que ellos mismos se investiguen “el ratón cuidando el queso” y en la FGN reposan el sueño de los justos en los fiscales 55 y 59, que nada investigan. Creemos, ese es el comportamiento en todo el país, la justicia se aplica para el que se roba un caldero, va a la cárcel, pero los de cuello blanco que se roban la plata de un aeropuerto o la comida de los niños, o las regalías, les dan si es que los investigan y condenan la casa por cárcel o una casa fiscal.

Lea también: Congreso devuelve proyecto de Presupuesto 2027 radicado por Petro

Es hora señor presiente ADLE, que en el país se debata sobre los organismos y entidades encargadas del control, debate que debe incluir la escogencia de estos funcionarios, como los requisitos que deben llenar para postularse. Mientras sean elegidos por el Congreso, difícilmente podrán sancionar a funcionarios públicos recomendados por los Congresistas de turno. Igualmente, vele para que su gobierno aplique las recomendaciones del reciente estudio sobre la Comisión del Gasto y la Inversión, al igual que otros estudios que se han hecho sobre el presupuesto y la política Tributaria del país. Nada hacemos, si en su administración NO se da la pela, de revisar detalladamente los privilegios otorgados en las reformas tributarias aprobadas, como el IVA, exoneran algunos productos, a otros le fijan una tasa menor, otros son exentos. Esos privilegios nos cuestan anualmente $153 billones. Igual debe hacerse con los subsidios otorgados a personas, empresas y Fondos Especiales (Café, Banano, ganadero, arrocero). Hoy recaudamos $290 a $300 billones, con un presupuesto de $575 billones, necesitamos recaudar entre $400 a $450 billones, en su mandato, para poder cumplir con su plan de desarrollo 2026-2030.

Finalmente, entendemos que en 15 días calendario no es fácil revisar el proyecto de presupuesto para el 2027, y ajustar el del 2026, por lo del terremoto. Es claro que nuestro estatuto presupuestal tiene muchas rigideces, que complican la planeación del gasto, es uno de los problemas a corregir, lo han sugerido todas las comisiones nacionales y extranjeras que han estudiado el tema. Hay que seguir insistiendo en los cambios para una mejor utilización de los recursos públicos, así como la composición del presupuesto donde la inversión debe ser lo prioritario y llegar a través de los años, a representar el 50% del monto del presupuesto, el servicio de la deuda un 10º%, y los gastos de funcionamiento un 40%. Logró alcanzado y superado por varias entidades territoriales.

Por último, solicitarle respetuosamente al ministro de Hacienda gire el “bono pensional” del primero y segundo semestre del 2026, a la Universidad del Atlántico. Dinero que irresponsablemente el gobierno de Petro a pesar de intervenir la universidad con fines politiqueros, no fue capaz su rector Rafael Castillo de conseguir se los giraran. Su incapacidad fue tal, que con plata en la Fiducia no pago un solo peso a clínicas, médicos y proveedores de medicamentos en lo corrido del año, hasta el punto que hoy la Unidad de Salud no está prestando servicios a sus afiliados. Tampoco pagó la deuda vieja de la Unidad de Salud teniendo recursos, cuentas que han sido auditadas varias veces. Creemos que el gobierno actual y el Consejo Superior de la Universidad deben ordenar una auditoria forense de todos los actos administrativos firmados en la intervención. Igualmente, solicitarle al señor presidente como a la ministra de Educación escojan a su representante en el Consejo Superior a profesionales con conocimiento administrativo, financiero y académico.