Traslado de cabecillas busca frenar la extorsión desde las cárceles

La mañana del martes marcó un giro estratégico en la lucha contra la delincuencia organizada que azota a Barranquilla y su área metropolitana. A las 10:22 a. m., un estricto despliegue de seguridad irrumpió en los alrededores de la Penitenciaría El Bosque para coordinar la salida de los primeros reclusos incluidos en la lista de traslados aéreos hacia la capital del país. La operación, ejecutada de forma conjunta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía, responde a una instrucción presidencial que busca desmantelar la capacidad de mando que las estructuras criminales mantenían desde el centro penitenciario.

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El contingente inicial estuvo compuesto por diez personas privadas de la libertad que permanecían en la Penitenciaría El Bosque y la Cárcel Distrital, sumadas a otras diez que se encontraban bajo custodia en distintas estaciones de policía de la ciudad. Todos ellos abordaron vehículos oficiales fuertemente custodiados hasta la pista del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, desde donde abordaron un vuelo con rumbo a Bogotá. En la capital colombiana permanecerán durante un período máximo de quince días mientras el Inpec formaliza su distribución definitiva hacia centros de máxima seguridad como La Picota en Bogotá, Cómbita en Boyacá y la penitenciaría de Girón en Santander.

Entre los reclusos trasladados figuran nombres de alto perfil dentro del mapa delictivo del Atlántico, vinculados a las organizaciones de 'Los Pepes' y 'Los Costeños'. Las autoridades identificaron a Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias 'Rodrigo' o 'El Gamo', y a Erick Fabián Molina Mendoza, ambos señalados como piezas clave de 'Los Pepes'. Por el lado de 'Los Costeños', la lista la encabezan Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias 'El Lobo' o 'Comandante Gabino'; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias 'Caballo'; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias 'El Miquito'. El grupo de trasladados lo completan Carlos Mario Polo Pérez, alias 'Pastel'; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias 'Makelele'; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias 'Chocolate'; José Eulises Flórez Blanco, alias 'Ñeco'; José Luis Barrios Álvarez, alias 'El Huequito'; Dairo Luis García Quintero, alias 'El Pequeño'; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias 'El Gordo Pan'.

La decisión gubernamental se gestó tras un consejo de seguridad celebrado el fin de semana previo, donde los organismos de inteligencia de la Policía Nacional y el Gaula expusieron los mecanismos con los cuales estos individuos continuaban operando. Según los informes oficiales, diversos pabellones locales se habían transformado en auténticos centros de llamadas delictivos. Desde allí, mediante dispositivos móviles de alta gama que ingresaban de forma irregular con la complicidad de funcionarios corruptos, los procesados accedían a bases de datos comerciales y registros públicos para ubicar a propietarios de negocios en la ciudad.

El mercado negro detrás de estas comunicaciones mueve sumas considerables dentro de los penales. Reportes de la fuerza pública detallan que un teléfono celular usado puede alcanzar un precio de hasta 5 millones de pesos en los patios, mientras que cada tarjeta SIM se comercializa hasta por 300 mil pesos. Con este equipamiento, los cabecillas no solo coordinaban llamadas extorsivas e intimidaciones a comerciantes, sino que también impartían órdenes directas a sicarios en los barrios para ejecutar disparos contra fachadas o cometer homicidios selectivos cuando las víctimas se negaban a pagar las cuotas exigidas.

Las autoridades esperan que el traslado masivo impacte de manera inmediata la logística de la extorsión en el plano local. La interrupción del contacto directo entre los articuladores del delito y sus redes en el territorio generará una reducción en los indicadores delictivos a corto plazo.

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Uno de los principales obstáculos institucionales radica en la ubicación geográfica de los penales, muchos de los cuales quedaron inmersos en medio de zonas urbanas consolidadas. La activación de inhibidores de señal de gran potencia en estos establecimientos suele interferir con las telecomunicaciones de los barrios residenciales vecinos, provocando choques de índole constitucional y legal con las comunidades aledañas.

Para hacer frente a esta limitación, la cartera de Justicia y el Ministerio de las TIC han adelantado mesas de trabajo con los operadores de telefonía móvil para desarrollar bloqueos focalizados de señal. Asimismo, las autoridades evalúan fortalecer el régimen de aislamiento en celdas individuales con monitoreo continuo durante las 24 horas, una modalidad que ha demostrado mayor efectividad para cortar el flujo de información y neutralizar el accionar delictivo desde la cárcel.