La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Región Caribe asegura que por primera vez en la historia del país el kilovatio hora supera la barrera de los mil pesos ($1.123,69 kilovatio) en las facturas del mes de noviembre de 2023 (que corresponden al mes de octubre de 2023).
El fenómeno tiene que ver con que el precio de la energía en bolsa (mercado diario) superó los mil quinientos pesos el kilovatio hora y la normatividad vigente dictada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) indica que cuando suceden estos aumentos, las empresas comercializadoras pueden trasladar el 30% del precio promedio de los contratos a largo plazo a los usuarios y el otro 70% lo pueden trasladar con posterioridad, lo que podría ser otra opción tarifaria.
Norman Alarcón, coordinador en Atlántico de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Región Caribe, afirmó que la tarifa del mes de octubre estaba en $944,28 el kwh, la diferencia fue de $180, de un mes al otro.
La Liga también hace referencia a lo indicado por Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien expresó anunció que las empresas de carácter público no han sido capitalizadas por el gobierno nacional, requiriendo $500.000 millones de pesos para aliviar el flujo de caja y evitar que se apaguen.
Así mismo, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis dice que a esas empresas se les adeuda siete billones de pesos por no pagos de opción tarifaria de la pandemia, por subsidios para los estratos 1, 2 y 3, por deudas de los usuarios oficiales (colegios, hospitales, oficinas públicas) y por deudas de usuarios protegidos constitucionalmente por ser vulnerables; reclaman de opción tarifaria $5,1 billones y la línea de crédito de Findeter que aprobó el gobierno es de un billón de pesos.
También reclaman la Resolución de la Creg para el cobro a los usuarios de la opción tarifaria, que significa nuevos aumentos tarifarios para todos los usuarios del país.
“Este cúmulo de aspectos se torna explosivo en el corto y mediano plazo, con mayor severidad para la población de la Costa Caribe y su sector productivo por cuanto el régimen especial tarifario contra los costeños lo mantiene vigente el actual gobierno, siendo que se comprometió a modificarlo en tiempos de campaña electoral el año pasado”, afirma la Liga Nacional de Usuarios, que insta al gobierno nacional y a las empresas del sector a discutir y concertar políticas públicas que desactiven esta bomba de tiempo a la mayor brevedad.